Sentencia de homologación 8989 de julio 8 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

HOMOLOGACIÓN DE LAUDOS ANTE LA CORTE

NO SE EXIGE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO

EXTRACTOS: «Previamente debe la Sala proceder al examen de la solicitud de declaratoria de desierto del recurso de homologación.

Ante todo, se impone advertir que la empresa social Hospital Mental de Antioquia solicitó oportunamente la anulación del laudo proferido por el tribunal de arbitramento y expuso algunos argumentos respecto de su ilegalidad. El Tribunal concedió para ante la Corte Suprema de Justicia, el recurso de homologación, quedando dicha decisión ejecutoriada. En consecuencia esta Sala, a luz del artículo 25 del Decreto 196 de 1971, no puede entrar a anular lo actuado.

Consagra el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo:

“El laudo que profiera un tribunal especial de arbitramento, cuando el arbitraje fuere de carácter obligatorio, será remitido con todos sus antecedentes al Tribunal Supremo del Trabajo (hoy Sala Laboral de la Corte Suprema), para su homologación, a solicitud de una de las partes o de ambas, presentada dentro de los tres días siguientes al de su notificación. El tribunal, dentro del término de cinco días, verificará la regularidad del laudo y lo declarará exequible, confiriéndole fuerza de sentencia, si el tribunal de arbitramento no hubiere extralimitado el objeto para el cual se le convocó, o lo anulará en caso contrario.

Si el tribunal hallare que no se decidieron algunas de las cuestiones indicadas en el decreto de convocatoria, devolverá el expediente a los árbitros, con el fin de que se pronuncien sobre ellas, señalándoles plazo al efecto, sin perjuicio de que ordene, si lo estima conveniente, la homologación de lo ya decidido”.

Obsérvese que el artículo 141 del estatuto procesal del trabajo estatuye el “recurso de homologación” para otros eventos, el 143 ibídem, aplicable al caso bajo examen, gobierna la “homologación de laudos de tribunales especiales”.

De la transcripción precedente, surge que para acudir ante la Corte Suprema de Justicia, con el objeto de que se anule un laudo arbitral proferido por un tribunal de arbitramento convocado para dirimir un conflicto de intereses suscitado en entidades de servicio público, basta con que cualquiera de las partes así lo solicite dentro del término señalado en la ley.

Así las cosas, no se contempla un rigorismo especial respecto del llamado “recurso de homologación de laudos proferidos por tribunales especiales” pues el artículo 143 atrás transcrito no exige que deba sustentarse, por cuanto la ley en ninguna parte consagra de manera explícita o implícita ese formalismo, toda vez que ni siquiera emplea el vocablo “interponer” y sólo exige la “solicitud” de una de las partes o de ambas, ya sea extensa o corta, fundamentada o no.

No podría, entonces, la Corte declarar desierto el recurso de homologación concedido por el tribunal de arbitramento, y desatendiendo lo solicitado abstenerse de verificar la regularidad del laudo proferido para resolver un conflicto de intereses de naturaleza especial y de innegable importancia tanto para el empleador como para los trabajadores, cuando la Constitución Política en su artículo 228 establece como principio rector de las decisiones judiciales la prevalencia del derecho sustancial sobre la forma, y con mayor razón si como ocurre en el caso bajo examen la necesidad de sustentación no está expresamente prevista en el ordenamiento jurídico.

Lo expuesto se aviene más a la naturaleza misma que rodea el conflicto colectivo, ya que éste, a diferencia del jurídico o de derecho, es eminentemente económico o de intereses, esto es, que la controversia entre las partes no gira sobre la interpretación o aplicación de un derecho sino sobre la expectativa de modificar uno ya constituido o de crear uno nuevo. De suerte que las formalidades procesales que gobiernan el recurso de homologación en los juicios de derecho no son aplicables a esta clase de asuntos.

Debe tenerse en cuenta, además, que la característica que comporta la decisión del tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir un conflicto colectivo, es la de que ella debe ser en equidad y no supeditada al rigor de los juicios en derecho. Esta razón edifica aún más la posición en cuanto a que existe independencia entre los preceptos que regulan la homologación y otro cualquiera de los recursos, como sería el de casación, del que también conoce la Corte Suprema de Justicia, como parte final dentro del trámite de un proceso.

Desde el antiguo Tribunal Supremo del Trabajo, en sentencia del 20 de octubre de 1949, respecto de esa misma normatividad (art. 143 del CPL), se sentó la siguiente doctrina:

“A su turno, el apoderado de las empresas pidió que se declarara desierto el recurso interpuesto por los trabajadores contra el laudo arbitral de Medellín por no haberse sustentado en tiempo oportuno.

Al respecto, se observa que conforme al artículo 143 del Código Procesal del Trabajo, esta corporación está obligada a examinar los fallos arbitrales recibidos por vía de homologación, aunque no se sustente el recurso, aparte de que no existe trámite especial para la presentación de los alegatos de las partes ni se ha establecido expresamente la deserción del recurso. En atención a ello el Tribunal Supremo estudió los escritos respectivos obrando con la mayor amplitud”.

A su turno, en sentencia de octubre 30 de 1959, la Corte precisó:

“Conforme al artículo 143 del C.P. del T. la Corte Suprema está obligada a examinar los fallos arbitrales recibidos por vía de homologación, aunque no se sustente el recurso, aparte de que no existe trámite especial para la presentación de los alegatos de las partes, ni se ha establecido expresamente la deserción del mismo”.

Igualmente, en sentencia de homologación del 19 de julio de 1982 esta corporación, en Sala Plena Laboral, consideró:

“A diferencia del recurso extraordinario de casación que es esencialmente dispositivo, el recurso de homologación aunque no es oficioso, tiene naturaleza inquisitiva, permitiéndose a la jurisdicción que lo resuelve examinar el fallo recurrido, así el recurso no se sustente, y definir la exequibilidad o la anulación del laudo no sólo por los planteamientos que hacen las partes sino por los aspectos distintos que se pueden observar por el sentenciador, en cuanto afecten la Constitución, la ley y la jerarquía normativa laboral que es por esencia de orden público”.

Por lo anterior, se negará la solicitud presentada por el apoderado judicial del sindicato de trabajadores de la empresa social Hospital Mental de Antioquia y entrará la Sala a estudiar en el fondo la homologación».

SALVAMENTO DE VOTO

Nos separamos de la mayoría en lo atinente a la decisión de la Sala de tener por improcedente la petición del sindicato, en cuanto la misma se basa en la consideración de ser innecesario el sustentar la impugnación del laudo.

Sabemos que el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo realmente no habla de interponer un recurso, ya que se limita a establecer que el laudo que profiere el tribunal especial de arbitramento, en los casos de arbitraje obligatorio, se remitirá al Tribunal Supremo del Trabajo —en la actualidad a la Corte Suprema de Justicia— “para su homologación, a solicitud de una de las partes o de ambas”. Sin embargo, quienes suscribimos este salvamento apreciamos que en este caso los términos de la ley no son relevantes en orden a desentrañar el verdadero significado de la norma, y ello debido a que las palabras que aquí emplea el legislador no son apropiadas.

En efecto, si el intérprete se atuviera exclusivamente a la literalidad de las expresiones utilizadas en la redacción del artículo 143 del Código Procesal del Trabajo, podría extraer de allí que el recurso se emplea por quien impugna para obtener que a la decisión se le dé fuerza de sentencia y no para anular los aspectos del laudo que considera afectan sus derechos o extralimitan el decreto de convocatoria. Esto por cuanto, según el Diccionario de la Lengua Española, en las acepciones propias de la ciencia del derecho el verbo homologar significa: “dar firmeza las partes al fallo de los árbitros o arbitradores, en virtud del consentimiento tácito, por haber dejado pasar el término legal para impugnarlo” y también “confirmar el juez ciertos actos y convenios de las partes, para hacerlos más firmes y solemnes”.

Empero, y como constituye verdad averiguada, esos que define el diccionario no corresponden al significado que, en estricto rigor, tiene el vocablo dentro del contexto en que lo utiliza el Código Procesal del Trabajo, ya que el sentido con el que lo emplea la norma es el de que se utilice la impugnación por una de las partes involucradas en el conflicto colectivo de intereses económicos, o por ambas, para obtener la anulación de lo decidido por los arbitradores.

Es por ello que estimamos que la circunstancia de haberse dicho en la ley que basta la “solicitud de una de las partes o de ambas” para que se adquiera la competencia que en este momento tiene la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no da pie para fundar un argumento que permita concluir que el denominado “recurso especial de homologación” carezca de la característica esencial de cualquier recurso judicial, y que no es otra distinta a la de permitirle a un juez o corporación diferente de quien produjo la decisión la posibilidad de revisarla para determinar si lo resuelto se ajusta o no a derecho, cuando se trata de un fallo o providencia dictada por el juez de derecho o quien hace sus veces; o en el específico caso de los laudos proferidos por tribunales especiales de arbitramento, cuando el arbitraje fuere de carácter obligatorio y versare sobre cuestiones económicas y no jurídicas, a fin de resolver si el tribunal de arbitramento especial extralimitó “el objeto para el cual se le convocó”, para decirlo con las textuales palabras del artículo 143.

Y precisamente por tratarse de un recurso, y no de una consulta, por la naturaleza misma de las cosas resulta indispensable que quien se sienta afectado con el laudo exprese las razones por las cuales considera que han sido vulnerados sus derechos, o diga por qué estima que ha habido extralimitación de los arbitradores al fallar sobre una cuestión que no era materia del conflicto, bien porque nunca hizo parte de él o porque dejó de ser conflictivo al haber las partes enfrentadas logrado un acuerdo directo.

Consideramos que no debe pasarse por alto que el laudo que le pone fin a un conflicto colectivo de naturaleza económica no es equiparable a una sentencia de las que resuelven conflictos jurídicos sino que viene a hacer las veces de una convención colectiva de trabajo, tal como lo establece con toda claridad el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo al disponer que “el fallo arbitral pone fin al conflicto y tiene el carácter de convención colectiva en cuanto a las condiciones de trabajo” (subrayamos).

Y si el objeto de una convención colectiva es el de “fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia”, de acuerdo con la definición que de esta sui géneris modalidad de acuerdo de voluntades hace el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, nos parece del todo indispensable que los afectados por el conflicto que se soluciona mediante ese sucedáneo de la convención colectiva deban expresar necesariamente en qué consiste su inconformidad. Otra cosa diferente es que no se exijan formalismos especiales para manifestar esa inconformidad, ni haya menester de fórmulas sacramentales para expresarla. Lo que no tiene sentido —y esto lo decimos con el mayor de los respetos para con los magistrados que integran la mayoría— es entender que el laudo, que constituye el sustituto legal de una convención colectiva, pueda ser modificada oficiosamente por la Corte, y en su caso por el Tribunal Superior, únicamente porque una de las partes solicitó la anulación o, para ceñirnos estrictamente a la terminología legal, la “homologación” del fallo arbitral y posteriormente se abstuvo de explicarle a la Corte o al Tribunal Superior su inconformidad, o lo que es lo mismo, las razones que cree le asisten para impugnar el laudo.

No desconocemos que desde el Tribunal Supremo del Trabajo se da dicho lo que la mayoría reitera en la decisión de la cual nos apartamos; pero consideramos —y ésta es una apreciación que hacemos con todo comedimiento— que la sola circunstancia de que una opinión se repita, no le añade ni un ápice de fundamento al argumento si la razón es equivocada, sin que importe el número de veces en que se haya dicho lo mismo.

Tampoco nos parece que puede invocarse lo establecido en el artículo 228 de la Constitución Política para deducir que un recurso no requiera de sustentación, porque el que se deban explicar las razones de inconformidad por quien impugna, no atenta contra el debido proceso, derecho éste que es sabido tiene carácter de fundamental constitucional.

En cuanto al argumento de que la falta de sustentación del recurso especial de homologación se aviene más a la naturaleza del conflicto colectivo, debemos decir que tampoco nos convence, porque si el laudo hace las veces de la convención colectiva en los casos en que las partes directamente no lograron ponerse de acuerdo para establecer las condiciones generales que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia, creemos sinceramente que resulta más ajustado a la naturaleza de ese conflicto que las partes precisen los aspectos del fallo arbitral que consideran contrarios a lo que podría haber sido su voluntad, puesto que pretender que la Corte —o el Tribunal Superior cuando conoce de arbitramentos obligatorios distintos al establecido para conflictos colectivos en actividades de servicio público— pueda ser mejor abogado de quien se considera afectado que la propia parte envuelta en el conflicto, resulta cuando menos ingenuo. Por ello, siendo indiscutible que al conocer la Corte del llamado recurso de homologación debe limitarse a establecer la regularidad del laudo, vale decir, a determinar si el tribunal de arbitramento extralimitó el objeto para el cual se le convocó, tal revisión está condicionada a que las partes interesadas no solamente así lo soliciten sino que también sustenten el recurso, indicándole las decisiones con las cuales se encuentran inconformes.

Confiados en que algún día las razones que aquí expresamos lleguen a ser compartidas por la mayoría, y que, por lo mismo, este criterio se convierta en jurisprudencia, por el momento nos limitamos a explicar nuestro disentimiento.

Rafael Méndez Arango—Ramón Zúñiga Valverde 

(...)

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