SALA DE CASACIÓN LABORAL

CONVENCIONES Y LAUDOS

ASPECTOS DE SEGURIDAD SOCIAL

EXTRACTOS: «I. Ha sido doctrina reiterada de esta Sala, con arreglo artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 14 del Decreto-Ley 616 de 1954, que la denuncia de la convención colectiva constituye un derecho para las partes obligadas a ella, el que se materializa mediante la manifestación escrita de cualquiera de sus titulares a la otra parte, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de la voluntad de darla por terminada.

No se ha dicho por esta corporación que el empleador no pueda hacer uso de ese derecho; pero se ha precisado que su utilización por el empresario no apareja la posibilidad de plantear un conflicto de naturaleza económica a los trabajadores que se beneficien de dicha convención porque solamente éstos, una vez constituidos en asamblea general de afiliados a la organización sindical, son los titulares del derecho a promover el conflicto mediante la presentación de un pliego de peticiones al empleador dentro de los dos meses siguientes a la celebración de dicha asamblea.

De suerte que ese derecho sustancial de promover conflictos de intereses conducentes a la celebración de una convención colectiva es ejercitable exclusivamente por las organizaciones sindicales y de él se encuentra excluido el empleador, quien en virtud de la ley no puede presentar formalmente pliegos de peticiones a sus trabajadores con la aspiración de desmejorar o aminorar el mínimo legal obtenido en las convenciones colectivas vigentes.

Empero, una vez presentado el pliego, los efectos de inderogabilidad de dichas convenciones colectivas no necesariamente se mantienen férreos e inflexibles frente al proceso de negociación colectiva en los eventos en que ha habido denuncia por cualquiera de las partes, pues en desarrollo de las conversaciones ellas, a través de sus delegados, pueden dialogar cuando quiera que pretendan introducir cambios imprescindibles a los derechos anteriormente estipulados para la existencia de la empresa, el cumplimiento real de lo convenido o la actualización del convenio a las nuevas necesidades de los trabajadores, porque es de esa manera como la negociación colectiva cumple la función de buscar soluciones posibles al conflicto, en virtud de su naturaleza mutable.

Debe resaltarse que la negociación colectiva realiza la función de regular las relaciones laborales y el derrotero de lograr los deberes de paz en la solución de los conflictos colectivos de trabajo que la normatividad vigente le han asignado, si se desarrolla de manera fluida y móvil en perfecta armonía con los derechos y obligaciones que la ley le concede a las partes para efectos de garantizar la igualdad de los antagonistas frente al conflicto. De lo contrario, el pretender sacar ventajas, pretextando derechos que la ley no les reconoce, comporta retrotraer el conflicto a su estado natural, creando una polarización indeseable en que las partes de manera radical se repliegan en términos de la confrontación a una auténtica guerra de posiciones, en la que los contendientes no concurren a escuchar sus propuestas sino a defender de antemano lo que tienen preconcebido. De esa manera se desvirtúa el importante instituto de la negociación colectiva cargando todo el peso de la solución del conflicto a la etapa de heterocomposición, en la que los árbitros ordinariamente actúan de manera limitada frente al mismo, dado que por mandato legal su decisión está limitada a aquellos puntos que no fueron materia de acuerdo en las etapas anteriores y, además, porque no pueden disponer de derechos de las partes consagrados en la Constitución Nacional, la ley o las convenciones colectivas de trabajo, como sí podrían hacerlo directamente las partes mediante la autocomposición.

Cuando la convención vigente es denunciada por el empleador, la jurisprudencia ha precisado los casos en que ordinariamente procede decisión arbitral sobre los puntos a que se contrae la denuncia, circunscribiéndolos a aquellos en que ha podido darse la conflictividad en la etapa de arreglo directo, pero ha aclarado también que “no tiene aceptación jurídica afirmar que los empleadores no puedan denunciar la convención colectiva porque es lo contrario lo que tiene respaldo en la ley, conforme se explicó en la sentencia del 29 de octubre de 1982, radicación 9120, y tampoco que no se puedan variar por las partes o por el tribunal de arbitramento las condiciones que se han pactado con anterioridad y que han sido denunciadas legalmente” (sentencia de homologación del 17 de octubre de 1991). Naturalmente, en cuanto a este último aspecto —agrega ahora la Sala—, tal posibilidad es la excepción y no la regla general.

Resulta significativo que en algunos casos son las mismas partes quienes a través de su propia voluntad autorizan al tribunal a adoptar la decisión correspondiente en materias de su exclusiva disposición, tal como aconteció en el conflicto colectivo de trabajo entre la Universidad de Antioquia y el sindicato de sus trabajadores (sentencia de homologación del 12 de noviembre de 1993), o el más reciente entre la compañía Interconexión Eléctrica S.A. ISA y el sindicato de sus trabajadores (sentencia de homologación del 4 de diciembre de 1995), donde se empleó ese mecanismo para solucionar controversias que las partes por razones de su incumbencia no se resolvieron de manera directa.

II. Situación distinta y especial es la que surge del nuevo ordenamiento legal y constitucional de la seguridad social.

En efecto, el artículo 55 de la Carta Política de 1991 garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale el legislador. A su turno, el canon 48 ibídem concibe la seguridad social como un servicio público obligatorio con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley.

En desarrollo de esos postulados la Ley 100 de 1993, para garantizar el derecho irrenunciable a la seguridad social, concibió el “sistema de seguridad social integral” como un servicio público obligatorio y esencial en lo atinente al sistema de salud y reconocimiento y pago de las pensiones.

Por manera que dado el carácter de orden público de estas disposiciones, fuera de las excepciones previstas por el propio legislador, los destinatarios del nuevo sistema integral de seguridad social, unilateralmente o por convenio entre ellos, no pueden sustraerse de la aplicabilidad general de las normaciones que conforman la estructura o lineamientos básicos del mismo, sin perjuicio de los regímenes complementarios de beneficios que establezcan o acuerden.

No concibió ni cohonestó, entonces, el legislador un régimen anárquico o contradictorio de beneficios, por lo que no es dable sostener que exista un divorcio entre la negociación colectiva y la seguridad social. Ninguna de las dos excluye a la otra porque dados sus cometidos les incumbe actuar de manera armónica y complementaria.

Constituyen un cabal desarrollo de ese designio los artículos 11 y 283 de la Ley 100 de 1993 y el 48 del Decreto 692 de 1994. Este último establece:

“Modificación de convenciones colectivas. Con el objeto de armonizar las convenciones o pactos colectivos de trabajo a las disposiciones de la Ley 100 de 1993, los trabajadores y empleadores podrán ejercer el derecho de denuncia que les asiste y el tribunal de arbitramento, si se llegare a convocar, tendrá la facultad de dirimir las diferencias, aun cuando la denuncia sólo hubiere sido presentada por una de las partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de dicha ley”.

Viene de lo dicho que si bien no es dable desconocer las situaciones individuales concretas consolidadas en favor de los beneficiarios de los diversos regímenes, porque constituyen derechos adquiridos, es menester la adecuada articulación del sistema convencional con el contenido en la Ley 100 de 1993 y las normas que la desarrollan. Así surge del artículo 283 precitado —que mientras esté vigente debe aplicarse— y así lo ha expresado esta Sala al considerar:

“Por consiguiente, si por cualquier motivo los empleadores tienen a su cargo regímenes convencionales que cubran en forma total o parcial los mismos riesgos que asume el sistema de seguridad social, con la entrada en vigor de la Ley 100 surge para estos empresarios y sus trabajadores, la necesidad imperiosa de adaptar los respectivos convenios al sistema obligatorio y se explica, entonces, la disposición del artículo 11 de la ley y la del artículo 48 del reglamentario 692 de 1994, textos que recuerdan la facultad, que tienen las partes interesadas, de denunciar los convenios colectivos y someter el punto al arbitramento, incluso por iniciativa de una sola de ellas.

Ahora bien, importa aclarar que ni la Ley 100 de 1993 ni sus reglamentarios obligan a suprimir los regímenes convencionales relativos a los temas propios de la seguridad social, sino que reconocen que la introducción de un sistema obligatorio e ineluctable pueda afectar, en sentido jurídico o por sus repercusiones económicas, las estipulaciones elaboradas para determinadas empresas, en tanto fueron concebidas sin considerar las obligaciones y prestaciones que impuso el sistema de seguridad social integral” (Radicación 7964. Sentencia del cuatro de diciembre de 1995).

En el caso bajo examen, en el escrito de denuncia de la convención colectiva de trabajo vigente, presentado por el empleador al sindicato de sus trabajadores el 3 de noviembre de 1995, uno de los puntos allí contemplados fue el relativo a los “servicios de salud”; respecto del cual manifestó:

“Aspira la empresa a revisar esta normatividad, pues los postulados de la Ley 100 de 1993 indican la obligatoriedad de su cumplimiento y la vigencia del sistema; respetando las prestaciones pactadas anteriormente pero exceptuando las cotizaciones de ley”.

Así las cosas, no podía el tribunal negarse a estimar el punto cualquiera fuera su decisión, en virtud de que la normativa vigente lo obligaba a “armonizar” las cláusulas de las convenciones colectivas de trabajo y laudos arbitrales que se encontraban denunciados por una de las partes con aquellas que sobre la materia contempla la Ley 100 de 1993, con arreglo, desde luego, a los principios y garantías allí previstos.

Como se puede apreciar, se trata de una “potestad” que el legislador confiere a los árbitros para efectos de articular en cada caso concreto un régimen de aplicación de la norma básica de seguridad social que garantiza el sistema, con la contratación colectiva, pero siempre con criterio armónico, sin perjuicio de ser mejorado por esta última ya que el mismo sistema de seguridad social es permeable a ser superado mediante planes complementarios de tipo asistencial o económico (arts. 83, 14 del D.R. 1485/94, 94 del D. 1485/86, entre otros). De suerte que la ley de seguridad social antes que limitar la negociación colectiva innovó y amplió su contenido y alcances.

En esas condiciones, como los árbitros no cumplieron la función legal antes señalada, en relación con ese aspecto concreto y particular de la denuncia de la convención colectiva de trabajo por parte del empleador sobre los temas de salud, la Sala dispone devolverles el laudo para los fines señalados en las disposiciones transcritas de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios».

(Sentencia de homologación, julio 8 de 1996. Radicación 8989. Magistrado Ponente: Dr. José Roberto Herrera Vergara).

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