Sentencia 8993 de febrero 20 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO

INTERRUPCIÓN DEL PLAZO PARA QUE SE CONFIGURE

EXTRACTOS: «El problema jurídico que se plantea a la Sala consiste en definir si se configuró o no el beneficio del silencio administrativo reclamado por el actor, o lo que es lo mismo, si en el caso presente la negativa del Ministerio de Minas a autorizar la cesión del contrato de concesión contenida en la Resolución 120 del 15 de octubre de 1992 cuya nulidad se demanda, fue extemporánea porque ya había transcurrido el plazo de noventa (90) días establecidos por el artículo 142 del código de petróleos.

1. El silencio administrativo positivo en materia de petróleos.

El Código Contencioso Administrativo —Decreto-Ley 01 de 1984— es norma rectora para el trámite de las peticiones que se presenten por los particulares ante la administración, para la expedición de los actos administrativos en general y su notificación y regula igualmente el silencio administrativo.

Presentada una petición ante la administración, ésta cuenta con los términos que para el efecto establezcan normas especiales y en subsidio el CCA, vencidos los cuales y ante el silencio de la administración, la ley crea la ficción generalmente de tener por negada la petición y en los casos especiales que consagren a favor del peticionario el silencio administrativo positivo, se tendrá como aprobada o aceptada la petición, en concordancia con los artículos 40 y 41 del código en comento.

En efecto, el silencio administrativo negativo se concibe como aquel en virtud del cual si transcurrido el plazo de que dispone la administración para pronunciarse no ha notificado decisión alguna, la ley le da efecto desestimatorio a la petición o al recurso; la referencia específica está dada en los artículos 40 y 60 ibídem.

La finalidad del silencio administrativo positivo en cambio, tiene efectos estimatorios, es decir, se consideran resueltas favorablemente al administrado sus peticiones, si transcurrido el tiempo hubo silencio sobre las mismas. Lo consagra de la siguiente manera el artículo 41 del CCA:

“Solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva.

Se entiende que los términos para decidir comienzan a contarse a partir del día en que se inició la actuación.

El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocatoria directa en las condiciones que señalan los artículos 71, 73 y 74”.

En lo que concierne al trámite ante el Ministerio de Minas y Energía por los concesionarios de contratos de exploración y explotación de petróleo de propiedad de la Nación, particularmente para la cesión o traspaso de sus derechos, consagró el Decreto 1056 de 1953 —Código de Petróleos— en su artículo 142:

Ningún traspaso de concesión otorgado por el gobierno para exploración y explotación de petróleo de propiedad nacional surtirá efecto alguno para la Nación, sino mediante la aceptación del gobierno, quien podrá negarla, siempre que el nuevo adquiriente no reúna las condiciones legales para ser admitido como proponente en negociación directa, por ejemplo, si no acredita tener capacidad financiera suficiente, o si se trata de compañías que no hallen cumplido los requisitos del artículo 10. Puede obtener traspaso válidamente toda persona natural o jurídica que reúna las condiciones expresadas en este artículo.

De todo traspaso se dará cuenta al gobierno por medio de un memorial al que se acompañará copia debidamente autenticada de la escritura correspondiente, en la cual constará de manera explícita que el negocio sólo tendrá validez si el gobierno lo acepta. El memorial será firmado por las dos partes contratantes y presentado personalmente al ministerio o ante la primera autoridad política del lugar, si el negocio no se celebra en la capital de la República. (...)

Si dentro de un período de noventa (90) días, a partir del recibo de las diligencias en el ministerio, no se ha dictado auto en que se niegue la aceptación del traspaso, se presume que queda admitido por el gobierno.

Los interesados pueden solicitar del ministerio las certificaciones que tengan a bien sobre fecha del recibo de las diligencias, días corridos, sin que se dicte providencia, etc.” (Negrillas de la Sala).

La norma transcrita es uno de los casos en que expresamente se ha dispuesto la ocurrencia del silencio administrativo positivo ante el no pronunciamiento en tiempo del Ministerio de Minas. Pero dicha norma no es autónoma en su aplicación y procedimiento, toda vez que el trámite de la respectiva solicitud de cesión, además de los requisitos y término propios que establece la disposición, está sujeta igualmente a las prescripciones generales del CCA, toda vez que ella en sí misma no contempla un procedimiento especial.

Señala la norma que “si dentro de un período de noventa (90) días, a partir del recibo de las diligencias en el ministerio no se ha dictado auto en que se niegue la aceptación del traspaso, se presume que queda admitido...”. Es fundamental para una correcta determinación del plazo en que debió expedirse el acto, esclarecer el momento en que aquel empezó a correr, la forma de computar los días, esto es, si son hábiles o calendario y los eventos en que se pueden interrumpir.

El artículo 142 de la legislación petrolera es claro, establece que el término se cuenta “a partir del recibo de las diligencias”, y en concordancia con el inciso segundo del artículo 41 del CCA, “a partir del día en que se inició la actuación”.

En cuanto a si los días son hábiles o calendario, el artículo 62 del CRP y M aclara toda duda sobre el particular al señalar:

En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario, pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil”.

Y en lo relativo a su interrupción, es aplicable el artículo 12 del CCA que reza:

“Si las informaciones o documentos que proporcione el interesado al iniciar una actuación administrativa no son suficientes para decidir, se le requerirá, por una sola vez, con toda precisión y en la misma forma verbal o escrita en que haya actuado, el aporte de lo que haga falta. Este requerimiento interrumpirá los términos establecidos para que las autoridades decidan. Desde el momento en que el interesado aporte nuevos documentos o informaciones con el propósito de satisfacer el requerimiento, comenzarán a correr los términos pero, en adelante, las autoridades no podrán pedir más complementos, y decidirán con base en aquello de que dispongan”.

A diferencia de lo que plantea el Ministerio Público, la Sala considera que esta norma sí resulta aplicable al procedimiento administrativo especial que reguló el Código de Petróleos, dado el carácter supletivo que de conformidad con el artículo 1º Inciso 2º del CCA revisten las normas de este último estatuto, la cual además antes que resultar incompatible con las reglas del procedimiento especial de petróleos busca garantizar la efectividad del derecho fundamental de petición (art. 23 Constitución Política).

Discrepa la Sala también de los planteamientos de la demandada en cuanto sostiene que el término con el que contaba para pronunciarse empezó a correr una vez se completaron las diligencias para resolver de fondo, y por consiguiente, que este se empieza a contar a partir de la presentación de la solicitud.

Para la Sala el espíritu y el querer de la ley es el de que una vez se presente una petición surge para la administración el deber de atenderla y el artículo 142 citado es una de aquellas normas declarativas de un caso donde opera el silencio de la administración con efectos positivos y con efectos preclusivos para la misma.

Si se analiza detenidamente esta figura, los casos específicos en los que se consagran términos perentorios para que la administración resuelva y que comportan la operancia del silencio administrativo positivo ante su inactividad, están consagrados en normas especiales en distintas leyes. Dan cuenta de ello por ejemplo, los artículos 12 y 25 de la Ley 57 de 1985 (solicitud de información y copias a las entidades públicas) 25, numeral 16 de la Ley 80 del 1993 (solicitud de los contratistas en ejecución del contrato), 158 de la Ley 142 de 1994 (recursos y quejas de los usuarios o suscriptores de los servicios públicos domiciliarios), el 142 y 147 del Código de Petróleos (traspaso y prórroga de los contratos de concesión para la explotación de petróleo), entre otras.

En este orden de ideas, en la demanda en estudio es claro que existía un término perentorio de 90 días para resolver sobre la aprobación de la cesión presentada, la cual debió resolverse a la luz del inciso 4º del artículo 142 del Código de Petróleos y en lo pertinente por las normas de procedimiento vigentes al momento de resolver la solicitud. Es así como el término de noventa (90) días de que disponía el Ministerio de Minas y Energía para resolver la solicitud de cesión presentada por Hocol S.A. y Petroases Ltda., en condición de cedente y cesionario respectivamente, debió computarse así:

Los contratantes presentaron la solicitud el 5 de marzo de 1992 (fls. 19 a 21) fecha en la cual comenzó a correr el término para que la demandada se pronunciara; dicho término se interrumpió el 27 de abril de 1992, fecha en que se hizo el primer requerimiento al cedente (según su propia manifestación y ratificada por la demandada en el punto quinto de la contestación de la demanda a folios 135), para esta fecha ya habían transcurrido 34 días hábiles que se reanudaron el 27 de mayo del mismo año cuando se dio contestación del requerimiento (no hay en el expediente copia del mismo pero es la manifestación del actor y no fue controvertida por la demandada). Por Resolución 3-1466 del 18 de agosto de 1992 (fls. 137) el ministerio interrumpió los términos para todas las actuaciones que se estuvieran adelantando en esa entidad durante los días 19, 20 y 21 de ese mes, que se reanudaron el 24 de agosto, día hábil siguiente, fecha para la cual ya habían transcurrido 87 días de los noventa (90) de que disponía para pronunciarse; por ende, el término máximo de que disponía la demandada para pronunciarse era hasta el 26 de agosto de 1992.

El segundo requerimiento efectuado por el Ministerio de Minas a la parte cesionaria el 4 de junio de 1992 y que fuera contestado por éste el 16 de julio de 1992, no interrumpió el término para decidir así fuera necesario para la demandada la información solicitada para tomar una decisión de fondo, puesto que el artículo 12 del CCA es explícito al establecer que la administración puede requerir “por una sola vez”. En tales condiciones, el ministerio debió solicitar en un solo requerimiento toda la información que consideraba indispensable para su decisión, porque la norma no se presta a interpretaciones distintas. lo contrario implicaría el desconocimiento de los perentorios plazos señalados en la ley y dejar al arbitrio de la administración la configuración del silencio administrativo.

2. La exigencia de documentos no esenciales para resolver la petición no interrumpe el plazo para que se configure el silencio administrativo positivo.

Ante todo, debe tenerse en cuenta que la petición debió estar formulada de manera completa, acompañada de la documentación precisa para que la administración tuviera la oportunidad de pronunciarse de manera expresa y es aquí cuando debe distinguirse entre documentación esencial y la no trascendental al caso concreto. Cuando se trate de documentación esencial, la administración está legitimada para solicitarla al interesado, teniendo éste la carga de la prueba de aportarla si quiere ver resuelta su petición de conformidad con el artículo 12 del CCA. Desde el momento en que la administración requiera al interesado, el plazo para que opere el silencio positivo se verá suspendido y no se reanuda su cómputo en tanto éste no cumpla debidamente con lo solicitado. En este sentido resulta aplicable el artículo 13 ibídem, de tal forma que si transcurrido el plazo otorgado al interesado para que aporte la documentación precisa sin que éste lo haya efectuado, la administración podrá advertir que por haber transcurrido más de dos (2) meses precede al archivo del expediente, sin perjuicio de que el interesado presente posteriormente una nueva solicitud.

Para algunos estudiosos del tema, es más lógico que el plazo se comience a computar de nuevo una vez sea aportada la documentación por el interesado y es ésta la posición en la que se apoya la demandada cuando en su defensa (fl. 140 del expediente) expresa que se trata de un procedimiento especial y que como no existe una enunciación de los requisitos que deben llenarse al momento en que se entrega a la administración la petición para que emita un concepto de fondo, debe tenerse en cuenta lo señalado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en la sentencia del 20 de octubre de 1977, según la cual sólo se empieza a contar el término para configurar el silencio positivo de la administración cuando la reclamación “cumple con la totalidad de los requisitos que la ley señala para que la administración pueda proferir una respuesta de fondo...”.

El silencio positivo está concebido por el legislador para que produzca efectos de manera automática. De ahí que no pueda dejarse al arbitrio de la administración la posibilidad de suspender el plazo previsto para el mismo con la simple excusa de pedir datos, informes o documentación no estrictamente necesaria.

En el caso que se examina se observa lo siguiente: Los interesados, cedente y cesionario, acorde con lo dispuesto en el artículo 142 del Código de Petróleos, sometieron a consideración del Ministerio de Minas la escritura pública 1106 del 21 de febrero de 1992, mediante la cual formalizaron el traspaso de la concesión. Al tenor de este artículo debía el cesionario acreditar “capacidad financiera suficiente” y la constitución de la sucursal en Colombia en el evento de que tuviese el asiento principal de los negocios en algún país extranjero (art. 10 ibídem); son los supuestos previstos en la norma con fundamento en los cuales el Ministerio de Minas podía válidamente negar la solicitud de cesión.

Aparece en el expediente (a fls. 21) que con la solicitud presentada al ministerio se adjuntaron los siguientes documentos de la cesionaria: balance de la compañía a 31 de diciembre de 1992, certificación bancaria para demostrar la capacidad de crédito de la cesionaria, ejercicio económico de la operación de explotación en el área cedida, hoja de vida técnica y referencia bancaria del gerente y accionista de la compañía. Con esta información se buscaba indudablemente cumplir con el primero de los requisitos. El segundo en particular, quedó demostrado con el certificado de la cámara de comercio acerca de la constitución de la sociedad (fl. 2).

El requerimiento hecho por la demandada al cedente en abril 27 de 1992 se encaminó a solicitar “el listado del inventario de materiales, equipos y bienes de capital de la concesión, existentes en bodegas y en campo, para poder determinar los bienes objeto de la cesión...” (según manifestación de la demandada a folios 141). Como se observa, el requerimiento hizo relación a una situación distinta a la capacidad financiera del cesionario a que se refiere el artículo 142, de lo cual se deduce que la información para acreditar dicha capacidad fue satisfecha con los documentos adjuntos a la petición inicial.

Además, aclaró la demandada que dicho requerimiento “era la única forma que tenía el ministerio para adquirir una información verídica y esencial para determinar la conveniencia del traspaso...” (fls 135, punto quinto de la contestación de la demanda).

El segundo requerimiento efectuado al cesionario en junio 4 de 1992, se refirió al pago de las regalías a la Nación, “ya que en la escritura de cesión no se específica si el cesionario seguirá pagándolas de la misma forma como lo venía haciendo el cedente”. Es de advertir que por tratarse de la contraprestación del contrato dicha exigencia revestía para el ministerio toda la importancia del caso, tal como se desprende de la documentación que repose en el expediente, ya que fue la respuesta del cesionario a este punto concreto la que motivó la negativa a la aprobación de la cesión impartida por el ministerio en la Resolución 120 del 15 de octubre de 1992, cuya nulidad se demanda, no obstante haberse reservado los motivos de la decisión como lo permite el inciso 5º del artículo 22 del Código de Petróleos y según lo dispuesto en la parte considerativa del acto administrativo.

La Sala quiere llamar la atención sobre este último requerimiento. En la escritura pública contentiva del traspaso del contrato de concesión que obra a folios 24 del expediente, los interesados acordaron: “Primero: Por medio del presente instrumento Hocol cede a Petroases el contrato de concesión carnicerías, así como los derechos y obligaciones que de él se derivan en los cuales subroga la sociedad cesionaria”.

El concesionario en respuesta al requerimiento de la entidad demandada expresó que “...se encuentra dispuesto a cumplir con todas las obligaciones que se deriven y puedan derivarse del contrato de concesión para explorar y explotar petróleo de propiedad nacional...” no obstante hizo algunas consideraciones acerca de la cantidad de barriles producidos, no coincidentes con la producción acordada en el contrato a cederse y de la cual dependería la liquidación de las regalías. Pero estima la Sala que tratándose de la cesión de un contrato es comprensible que lo que se cede es el contrato mismo, el contrato original, y que quien pretenda asumir la posición de nuevo concesionario ejecutará el contrato en las mismas condiciones en que fue celebrado por el cedente y la Nación, o sea, para cumplirlo en los términos inicialmente acordados. Por ello, no tenía ningún sentido el requerimiento efectuado para indagar sobre algo que ya se había definido en el instrumento de la cesión.

En relación con el cómputo del plazo para la operancia del silencio administrativo la doctrina española ha dicho:

“... el plazo del silencio se cuenta desde el ingreso de la solicitud o proyecto en el órgano correspondiente hasta la fecha de notificación al interesado de la resolución adoptada. La referencia a la fecha de la notificación de la resolución y no a la de esta última es una cautela elemental que adoptan sistemáticamente las leyes en todos los supuestos de silencio, ya sea positivo o negativo (arts. 94 y 125, LPA, 54 LJ, 9 RSCL, etc.), puesto que, de otro modo, quedaría en manos de la administración la producción misma del silencio, siendo suficiente para impedirla el cómodo expediente de antedatar la resolución tardía (...) El cómputo del plazo puede complicarse cuando en el curso del mismo el órgano administrativo llamado a decidir señala al interesado la existencia de defectos de orden técnico o de cualquier otro tipo que sea preciso subsanar. En estos casos, el requerimiento consiguiente interrumpe el plazo del silencio, que se reanudará, una vez subsanadas las deficiencias observadas. Es explícito en este sentido el artículo 9.1, 6º RSCL, según el cual el cómputo de los plazos de silencio queda suspendido durante el período de subsanación para reanudarse (y no iniciarse de nuevo) una vez producida la subsanación. La misma tesis viene sosteniendo la jurisprudencia con relación a la aprobación de planes de urbanismo regulada por el artículo 41 LS. Así las sentencias (...) tienen declarado que el plazo del silencio es un plazo de caducidad y no de prescripción, por lo que, como lo señala la sentencia del 16 de marzo de 1974, “al movernos en el campo de tal figura jurídica la interrupción del silencio producida por el primer acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo no supone o produce el efecto de tener que iniciar nuevamente el cómputo de la totalidad del plazo, pues tan sólo suponer la paralización del plazo durante el tiempo que el expediente se encuentra fuera del ámbito de intervención del órgano resolutorio, volviendo a correr por el tiempo que reste una vez ingresado de nuevo el expediente en la comisión provincial, criterio el expuesto enteramente coincidente con el régimen jurídico de las caducidades” y “único congruente —sigue diciendo la referida sentencia” con la figura jurídica del silencio positivo, puesto que cuando la ley sanciona la inactividad de la administración con la declaración de derechos que supone el silencio positivo, sería contrario a la propia institución que la administración dispusiese de facultades de producir sucesivos actos de interrupción del plazo del silencio para comenzar a computar el taxativo plazo fijado por la norma legal una y otra vez hasta el infinito”. (1)

(1) Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo. Madrid, Edit. Civitas. 1993, cuarta edición T.I. pág 558.

La Sala hace suya la anterior perspectiva jurídica y por los mismo concluye que en el caso en comento los demandantes tenían a su favor un verdadero acto administrativo por ministerio de la ley desde el vencimiento del plazo (26 de agosto de 1992), en virtud del cual quedó aprobado el traspaso de la concesión “Carnicerías 1202” que hizo el concesionario Hocol S.A a favor de Petroases limitada mediante la escritura pública 1106 del 21 de febrero de 1992.

3. La incompetencia de la administración para decidir en forma expresa cuando se configura el silencio administrativo positivo.

La figura jurídica del silencio administrativo busca que la administración pública resuelva las peticiones o solicitudes que en interés particular formulen los ciudadanos dentro de los términos previstos en la ley en orden a garantizar el derecho constitucional fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, y en caso de que se deje vencer dicho plazo sin la notificación de una decisión expresa, darle al peticionario la oportunidad de acudir ante el juez si el silencio de la administración tiene efectos negativos, o de obtener lo solicitado, si ese silencio tiene efectos positivos.

El silencio administrativo consagrado por el Código de Petróleos en el artículo 142 es de la segunda especie: Se tiene como aprobado por el gobierno el traspaso de los derechos para la explotación de petróleo acordada entre el concesionario autorizado y un tercero, cuando el ministerio no se pronunció en tiempo para negarla.

La doctrina moderna del derecho administrativo ha reiterado que el silencio administrativo positivo no es una decisión, sino que la ley le da los efectos de ésta, con el fin de evitar que los derechos de los administrados no sean objeto de burla o para prevenir arbitrariedades de la administración que omite decidir una petición.

Es la ley la que otorga efectos jurídicos positivos en los casos específicamente señalados por la misma, ante la abstención de la administración de resolver un recurso o una petición, que en tal caso el legislador ha previsto que debe entenderse favorable al administrado, el cual adquiere un derecho que no puede ser desconocido sino en los casos previstos en el inciso segundo del artículo 41 del CCA.

Cuando hay pronunciamiento expreso de la administración pero tardío, se ha controvertido si ello era posible. La doctrine se ha inclinado por decir que no habría inconveniente siempre que la resolución tardía fuese confirmatoria de lo obtenido por medio de la técnica del silencio administrativo.

En relación con las resoluciones expresas tardías frente al silencio positivo, el autor español García Trevijano Garnica expresa:

“El principio de automatismo del silencio positivo, aunque subsistente, ha sido seriamente matizado, especialmente por el criterio sentado por la jurisprudencia en el sentido de que en modo alguno puede adquirirse mediante tal vía aquello que no hubiera podido otorgarse de manera expresa.

Podría decirse que el principio de automatismo subsiste en el silencio positivo siempre y cuando que lo que se pida sea conforme con la legalidad. En tal caso, significará que, formulada correctamente una petición no contraria a la legalidad, y agotado en su caso el procedimiento previsto (especialmente el plazo), se entenderá (de manera automática) otorgado lo solicitado.

Interesa resaltar en este lugar que dicho principio comporta la imposibilidad, en términos generales, de dictar una resolución expresa tardía de signo contrario a lo obtenido por silencio. Frente a lo que acontece con el silencio negativo, en el que al tratarse de una mera ficción y al no jugar el automatismo característico del silencio positivo la administración está obligada a resolver expresamente (aunque sea de manera tardía), en éste, por el contrario, queda vedada a la administración dictar sin más una resolución expresa tardía de signo contrario al efecto producido por el silencio positivo. La razón estriba en que tal estimación (presunta) constituye un verdadero acto administrativo, en el que la voluntad de la administración es sustituida por la de la ley. De ahí que goce de idénticas garantías de seguridad y permanencia —según reiterada jurisprudencia— que los actos expresos, no pudiendo ser contradichos o desconocidos por la administración.

Debe resaltarse que para el peticionario el acto presunto por silencio positivo constituirá un acto declarativo de derechos. Su retirada del mundo jurídico únicamente podrá efectuarse a través de las vías legalmente previstas al efecto para los actos expresos...”(2)

(2) El silencio administrativo en el derecho español. Madrid, Edit, Civitas 1990. pág. 207.

Frente a la ocurrencia del silencio administrativo positivo esta corporación en reiterada jurisprudencia ha sostenido que el simple transcurso del tiempo otorgado a la administración para decidir, la despoja de esa competencia y configura el presupuesto legal para tener por resuelto en favor del interesado el recurso correspondiente. Al respecto la Sección 4ª en sentencia de julio 10 de 1975, señaló:

“...En el silencio positivo, el solo transcurso del plazo priva a la administración de toda competencia sobre ese asunto y no hay transferencia o traslado o apertura de competencia a otra agencia estatal para que se decida sobre el derecho. Tal decisión se la ha reservado la ley”.

En el silencio positivo, el pronunciamiento expreso de la administración después de vencido el término, se asemeja a un acto inexistente por carencia de competencia. Sobre el particular esta corporación dijo en auto de mayo 15 de 1975 de la Sala Plena Contenciosa:

“Cuando la voluntad del legislador suple definitiva e irrevocablemente la del organismo administrativo que no la expresó en tiempo oportuno, como en la hipótesis del silencio regulado por los artículos 36 de la Ley 63 de 1967 y 9º de la Ley 8ª de 1970, los actos administrativos expedidos para expresar tardíamente ese querer del organismo son absolutamente inválidos por incompetencia de la administración para dictarlos y no puede generar, por ende, situaciones jurídicas de ninguna especie, ni siquiera en la apariencia normal, y esa nulidad radical de tales actos puede y debe ser declarada en cualquier tiempo, pues el mero transcurso del tiempo no convierte en existente lo que desde un principio era jurídicamente inexistente (...) En resumen si la administración, se pronuncia extemporáneamente es lo mismo que si no lo hubiera hecho y no hay necesidad de pedir que se declare nulo ese acto: basta con solicitar que se reconozca que el pronunciamiento administrativo fue extemporáneo y que por lo tanto sólo puede tener efectos de resolución tácita favorable”.

4. La existencia y los efectos del silencio administrativo no dependen de su formalización

Advierte la Sala que la protocolización de la copia de la solicitud presentada a la administración a que hace referencia nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 42 del CCA, se ha entendido como un mero trámite encaminado a darle forma a la resolución tácita para que quien pretenda hacer valer sus consecuencias pueda acreditarlo, tarea que la ley le ha confiado al notario en lugar del juez; por tal razón no hay término de caducidad para pedir dicha verificación. En el silencio positivo esa declaración ya está hecha y sólo resta describirla y aplicar sus consecuencias, con mayor razón en nuestra legislación donde no existe la denuncia de la mora.(3)

(3) En tal sentido puede verse la decisión de la sección 4ª del 10 de julio de 1975 ya citada.

Los interesados efectuaron el trámite notarial previsto en el artículo 42 del CCA para hacer valer el silencio administrativo positivo el 11 de noviembre de 1992, es decir, con posterioridad a la decisión expresa emitida por la administración mediante la cual se negó la autorización de la cesión del contrato de concesión.

Al respeto debe anotarse que de acuerdo con los cálculos que conforme a las prescripciones legales hace la Sala, el plazo máximo que tenía el Ministerio de Minas para pronunciarse con respecto a la solicitud del traspaso de la concesión petrolera presentada por las partes interesadas venció el 26 de agosto de 1992; no obstante el ministerio se pronunció con la negativa de la cesión el 15 de octubre de 1992 a través de la Resolución 120, la cual fue notificada a cada uno de los interesados los días 27 y 30 del mismo mes, respectivamente.

Como la administración no podía arrogarse la facultad de resolver en cualquier momento sino dentro de los límites temporales señalados en la ley, debe concluirse que las pretensiones del demandante tienen plena vocación de prosperidad, pues en la fecha en que la administración expidió los actos acusados ya había expirado el plazo para resolver la petición que se le formuló y operó en consecuencia a favor de éste el silencio administrativo positivo»

(Sentencia de febrero 20 de 1998. Expediente 8993 Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque).

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