Sentencia 9002 de marzo 14 de 2002 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Sent. 9002 mar. 14/2002. Rad. 20029002. T. (335/XII)

M.P. Jorge Alonso Flechas Díaz

Ref.: Impugnación del fallo de tutela proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima.

Aprobado según Acta de Sala Nº 21 de marzo 14 de 2002.

Vistos

Sería del caso que la corporación se ocupara de conocer el fondo del asunto debatido en esta sede constitucional y conforme al cual el Consejo Seccional del Tolima, Sala Disciplinaria, con fallo del 6 de febrero de 2002, amparó el derecho al debido proceso dentro de la acción de tutela interpuesta por el señor Hermógenes Prada Alape, en pretensión de reivindicación de sus derechos al debido proceso y juez natural, igualdad, acceso a la administración de justicia y autonomía cultural, que estima objeto de violación con las decisiones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior de Ibagué, Sala Penal y Juzgado 3º de ejecución de penas y medidas de seguridad de Ibagué, Tolima.

Precisa el actor, que el Tribunal Superior de Ibagué, Sala Penal, con decisión del junio de 1995 confirmó integralmente la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Purificación, Tolima, conforme a la cual se condenó al procesado, hoy actor, a la pena de 25 años de prisión por el punible de homicidio en la persona de Héctor Gentil Alape Poloche; igualmente, que con fecha 21 de noviembre de 2000, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, profirió decisión inadmitiendo la demanda de revisión instaurada ante esa instancia por su apoderada el 24 de abril de 2000, decisión esta última, ahora sí, contra la cual concreta el ataque en punto del desconocimiento de la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional como doctrina al amparo de la cual se invocó la causal 6ª del recurso de revisión en matera penal por cambio jurisprudencial.

Antecedentes

Con escrito del 22 de enero de 2002, el actor acude en vía tutela con la pretensión de que se ampare en su favor los derechos a la defensa, debido proceso y acceso a la administración de justicia y demás que barrunta conculcados por las decisiones judiciales ya dichas, en particular la de la Corte Suprema de Justicia del 21 de noviembre de 2000, al amparo de la cual se inadmitió la demanda de nulidad.

Aceptada la demanda y notificados los despachos judiciales acusados de las presuntas vías de hecho, con fallo del 6 de febrero de 2002, el a quo amparó el derecho alegado por el actor, en particular el debido proceso por defecto orgánico, al estimar que de conformidad con la doctrina constitucional proferida por el máximo guardián de la Carta Fundamental, en eventos como el objeto de tratamiento el funcionario competente para conocer del delito imputable al actor era la jurisdicción indígena y en consecuencia dispuso acerca de la nulidad de todo el proceso y ordenó su remisión a la jurisdicción indígena.

Uno de los intrigantes de la Sala Penal del Tribunal Superior, oportunamente impugnó el fallo y con ocasión de tal pretensión arriban las diligencias a esta Superioridad.

Consideraciones de la Sala

Procedencia formal de la acción.

La acción de tutela se consagró en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, como un procedimiento preferente y sumario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de toda persona, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, y aún, en determinados eventos, de los particulares.

Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Por ello, se ha dicho, su naturaleza es eminentemente cautelar y su procedibilidad, en principio, residual y en su defecto subsidiaria.

En el evento que nos ocupa, el actor ha agotado todos lo dispositivos ordinarios que la ley prevé, en virtud de lo cual el ejercicio de tutela es formalmente procedente por lo que, eventualmente estaría habilitado el juez constitucional para adentrarse en la disertación acerca de la supuesta vía de hecho que invoca el actor contiene las decisiones cuestionadas, de no ser porque se hace manifiesta su improcedencia pero ya en punto de la oportunidad de la acción constitucional.

En efecto, esta corporación viene sosteniendo (Cfr., entre otras, Sents. dic. 10/2001 Rad. 20019222. T. feb. 22 y jun. 26 del cursante año, Rads. 20009354 y 20019390, respectivamente), a partir de la inmediatez que es connatural a la tutela, que su interposición debe efectuarse en forma oportuna y razonable, haciendo acopio para el efecto de manera reiterativa de la postura jurisprudencial de la Corte Constitucional (ver por todas C-543/92 y SU-961/99).

En el sub lite, es manifiesta la inoportunidad con que el accionante interpuso la presente acción de tutela, si se advierte que a pesar de proferirse el auto que inadmitió la demanda de revisión el 21 de noviembre de 2000, tan sólo fue atacado por esta vía el 22 de enero de 2002, esto es, pasado un año y más de la decisión de la Corte Suprema de Justicia y 7 años después del fallo de segunda instancia, decisiones que censura el actor, engendran una vía de hecho.

En tal orden de cosas, si el actor juzgaba que la sentencia del ad quem, que confirmaba integralmente la decisión del juzgado de primera instancia y la postrer decisión de la Corte de inadmitir la demanda de revisión son la expresión de actos caprichosos y arbitrarios y, más concretamente, que en dichos pronunciamientos se incurrió en vía de hecho, nada explica que no hubiere interpuesto la tutela inmediatamente o en un término prudencial posterior y, sí por contra, haya esperado 6 años en un evento y más de un año frente a la de la Corte, para proceder conforme lo hizo en el tiempo, término que indudablemente se torna irrazonable en este caso, para pretender invocar a estas alturas la protección de derechos fundamentales supuestamente vulnerados.

En suma, estima la Sala que en este caso se ha acudido por parte del accionante al instrumento judicial de la tutela en un tiempo que se erige demasiado alejado de aquél en que ocurrieron los hechos en desarrollo de los cuales, según el prenombrado, se produjo la vulneración de los derechos fundamentales, lo cual torna en improcedente la acción, razón suficiente para revocar la sentencia de primera instancia, y en su lugar declarar la improcedencia formal de la acción por vicios de oportunidad, lo que impide entrar a estudiar el fondo del asunto cuestionado.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia del 6 de febrero de 2002, proferida por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, y en su lugar declarar la improcedencia formal de la acción por las razones de oportunidad anotadas en la parte motiva de este proveído.

2. Oportunamente, remítase la presente actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Temístocles Ortega Narváez, presidente—Jorge Alonso Flechas Díaz, vicepresidente—Fernando Coral Villota, no asistió con excusa—Eduardo Campo Soto, no asistió con permiso—Guillermo Bueno Miranda—Rubén Darío Henao Orozco—Leonor Perdomo Perdomo, salvó voto.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

SALVAMENTO DE VOTO

Comedidamente me permito exponer brevemente las razones por las cuales salvo voto.

Estas radican en que la Sala debió analizar el fondo del asunto y no optar por la improcedencia de la acción, porque si bien es cierto, el actor Hermógenes Prada Alape, tardó considerablemente en promover la presente acción de tutela, desconociéndose de esta forma, el principio de inmediatez, en mi criterio, por el hecho de ser miembro de una de las comunidades indígenas, que aún subsisten en nuestro país, esta situación debió ser sopesada y naturalmente tomada en cuenta en el momento de analizarse los requisitos para la procedibilidad de la acción.

Dicho en otras palabras, por ostentar el accionante la calidad de indígena, sujeto de especial protección por la Constitución Política, no ha debido aplicarse el referido principio de la inmediatez.

A juicio de la suscrita, con esta decisión la Sala mayoritaria desconoció que el constituyente del 91, le dio a la comunidad indígena un tratamiento de protección especial. Baste citar a manera de ejemplo, cómo reconoció la diversidad étnica y cultural (art. 7º, creó una jurisdicción especial, para que las autoridades indígenas ejercieran funciones jurisdiccionales, de acuerdo con sus propias normas y procedimientos (art. 246).

Por todo esto la Sala debió asumir una posición jurídica completamente antiformalista, dejando de aplicar la causal de improcedencia atrás mencionada, con el propósito de determinar, si tal como lo concluyó la corporación a quo a través del fallo impugnado, dentro del proceso penal que se adelantó contra el citado indígena, se le transgredió o no el derecho fundamental al debido proceso.

De haberse procedido de esa manera, el fallo que se hubiere dictado en esta instancia, se habría compadecido con una elemental consideración de justicia.

Deplorablemente con la aplicación de la mencionada causal de improcedencia de la acción de tutela, al indígena Prada Alape se le cierra toda posibilidad de defensa.

Pero lo más grave radica en que las autoridades que conocieron del proceso penal adelantado contra el accionante, guardaron silencio en torno a las súplicas que desde el mismo interior de tal asunto, hicieron y aún siguen haciendo las autoridades indígenas, para juzgarlo por el delito cometido. Estas últimas no obtuvieron ningún pronunciamiento de la justicia ordinaria.

Obsérvese cómo esta grave omisión fue puesta de relieve por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, al consignar en el fallo que concedió el amparo pretendido lo siguiente: “... la entonces Gobernadora del Cabildo Indígena de Chenche Amayarco, manifestó a la fiscalía instructora, que tenía competencia para adelantar ese juzgamiento, petición frente a la cual ni siquiera se dio respuesta, desconociéndose, como se encuentra probado en dicho proceso penal, que el hecho tuvo ocurrencia el 26 de marzo de 1994, en vigencia de la Constitución Política expedida en 1991, dentro de un territorio o resguardo indígena “Pijao” y entre dos indígenas como actores del hecho; luego constitucionalmente, el juez natural lo es la autoridad de su propia comunidad, no siendo dable a la jurisdicción ordinaria inmiscuirse en tal hecho, resultando equivocado el planteamiento de que el verdadero juzgamiento, sólo lo hacen los jueces ordinarios” (fl. 141). (negrillas fuera de texto).

En conclusión, las anteriores razones, eran suficientes para que, de manera excepcional, la Sala hubiere procedido a analizar el fondo del asunto, pues, insisto, no se trata el accionante de una persona común y corriente, sino de un indígena, a quien nuestra Constitución Política, le reconoció una especial protección.

Respetuosamente,

Leonor Perdomo Perdomo 

Bogotá, D.C., 19 de abril de 2002.

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