Sentencia 9022 de diciembre 7 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

COMPETENCIA DE LOS FISCALES

REASIGNACIÓN Y DESPLAZAMIENTO

EXTRACTOS: «Habiendo sido planteada una nulidad, es imperioso que la Corporación se pronuncie en primer lugar respecto a ella, pues en caso de prosperar haría inútil las consideraciones de las restantes causales que han sido postuladas.

El actor circunscribe la nulidad a la incompetencia del Fiscal de diligencias previas, que hizo la calificación del mérito sumarial, en cuanto considera que la competencia radicaba en la Fiscalía de la Unidad Vida, que es la adscrita a los juzgados de circuito.

De la misma manera, estima irregular que el funcionario acusador designado para intervenir ante el juzgado de circuito no hubiera sido el mismo que formuló la acusación, sino un fiscal de la Unidad de Patrimonio Económico.

Tal como lo señala el señor Procurador Primero Delegado en lo penal, no le asiste razón al censor, porque la Constitución Nacional confirió a la Fiscalía General la competencia instructiva y acusatoria; y en estas circunstancias, serán competentes para cumplir tales funciones todos los fiscales que se encuentren dentro de la categoría de los circuitos, por tratarse en este caso de un delito asignado a esta competencia.

Dadas las atribuciones y la estructura de la Fiscalía, es perfectamente posible que las autoridades jerárquicas puedan tomar las determinaciones que estimen prudentes para asignar el conocimiento de determinados procesos en cualquiera de sus etapas a otros funcionarios de la misma categoría, pero inicialmente destinados a otras funciones, de conformidad con las circunstancias del momento, volumen de trabajo a cargo de todos y cada uno de los fiscales, mayor congestión en un momento determinado por las diligencias practicadas en la indagación preliminar o en el sumario.

Por lo anterior, que la instrucción y la calificación haya sido atribuida por el funcionario competente de la Fiscalía, al fiscal inicialmente destinado a la Unidad de investigaciones previas, no quiere decir, que este último careciera de facultad para cumplir aquellas funciones, en la medida en que con esto no se vulneraron los factores que determinan la competencia, ni se afectó el debido proceso como lo pretende el impugnante; por el contrario, se quiso crear una Fiscalía que tuviera la suficiente elasticidad y capacidad para adecuarse a las necesidades de cada día, para que de conformidad con la criminalidad, vista desde sus perspectivas cualitativas y cuantitativas, las autoridades superiores de la Fiscalía pudieran asignar el conocimiento de determinados procesos a los fiscales que en ese momento se estimen más especializados o menos congestionados de trabajo, aun cuando no les correspondiera conforme a la inicial asignación de labores.

Sobre ese punto, recuerdase que el legislador ha querido darle la máxima agilidad al funcionamiento de esta institución y por ello consagra nuevos criterios, tales como la capacidad de desplazamiento que se le confiere al Fiscal General de la Nación para que, cuando lo considere pertinente, asuma el conocimiento de cualquier proceso, en principio asignado a uno de los fiscales delegados.

Igualmente, la capacidad que se le confiere a la cabeza de la Fiscalía para separar del conocimiento de un proceso a un fiscal determinado y asignárselo a otro. Estos criterios aparecen consagrados en el numeral 3º del artículo 121 del CPP que dispone:

“Corresponde al Fiscal General de la Nación: (...).

3. Cuando lo considere necesario, y en los casos excepcionales que requieran su atención directa, investigar, calificar y acusar desplazando a cualquier fiscal delegado. Contra las decisiones que tome en desarrollo de la instrucción sólo procede el recurso de reposición”.

A otros fiscales se les otorga esa misma capacidad de desplazamiento que se confiere a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, ante el Tribunal Nacional y ante los tribunales de distrito (arts. 123, num. 3º; 124 num. 5º y 125 num. 3º).

La posibilidad de separar del conocimiento de un proceso a un determinado fiscal para asignárselo a otro la establece el numeral 5º del artículo 121 del CPP que dispone:

“Durante la etapa de instrucción, y cuando sea necesario para asegurar la eficiencia de la misma, ordenar la remisión de la actuación adelantada por un fiscal delegado al despacho de cualquier otro, mediante resolución motivada. Contra esta determinación no procederá recurso alguno, pero siempre deberá informarse al agente del Ministerio Público y los demás sujetos procesales”.

Se recuerdan las disposiciones anteriores para enfatizar que la competencia instructiva de la Fiscalía General de la Nación le fue conferida por la Constitución Nacional (art. 250) a esa institución y por consiguiente, en los distintos niveles de jerarquía, como ocurre con el Fiscal General, los fiscales delegados ante la Corte, Tribunal Nacional y tribunales de distrito se pueden producir desplazamientos. Y el Fiscal General tiene la capacidad de separar del conocimiento de un proceso a un fiscal para asignárselo a otro, teniendo en cuenta la especialidad del proceso y del funcionario, la complejidad del asunto, el volumen de trabajo que tuvieren los funcionarios y en general cualquier aspecto que hiciere aconsejable la medida para garantizar una mejor y más efectiva administración de justicia.

Bajo estos supuestos, no existen parámetros rígidos; y desde que se trate de desplazamiento o separación de superior a inferior no existen problemas que hagan pensar en la vulneración de los factores que tradicionalmente han determinado la competencia. De la misma manera, la competencia no queda viciada por el hecho de que el superior facultado por la ley determine que un funcionario inicialmente asignado al conocimiento de determinados aspectos investigativos (la preliminar) sea designado para instruir y calificar el sumario, siempre y cuando que se trate, como en el caso presente de funcionarios del mismo nivel, puesto que en el caso que se analiza ambos son de la misma categoría del juzgado del circuito.

En las condiciones precedentes y tal como lo solicita el Procurador Delegado no se decretará la nulidad solicitada por la supuesta incompetencia de los instructores».

(Sentencia de casación, diciembre 7 de 1995. Radicación 9022. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Enrique Córdoba Poveda).

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