Sentencia 9040 de noviembre 7 de 2001 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. Nº 2001904001, nov. 7/2001.

M.P. Leonor Perdomo Perdomo.

Aprobado según Acta Nº ciento tres (103) de la fecha.

Asunto

Estudia la Sala la viabilidad de pronunciarse sobre el fondo del asunto, respecto de la impugnación impetrada por el señor Jorge Enrique Arrieta Caro, contra el fallo del 27 de septiembre del año que discurre, por medio del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar denegó por improcedente la petición de amparo de los derechos fundamentales a la seguridad social y a la vida de su mayor hija Isela o Icela Lucía Arrieta Ortega, presuntamente vulnerados por la Industria Licorera de Bolívar.

Antecedentes

1. De la demanda de tutela.

El pasado 19 de septiembre el ciudadano ya referido demandó del juez de tutela de primera instancia la protección de los derechos constitucionales invocados, informando que desde mayo 15 de 1978 hasta el 17 de julio de 1991, fecha en que fue despedido sin justa causa, prestó sus servicios a la Industria Licorera de Bolívar. Agregó el actor, que el día 21 de octubre de 1980 nació su hija quien a los 9 años desarrolló la enfermedad astrocistomas cerebeloso grado III en fosa posterior, padecimiento que ha requerido de varias intervenciones quirúrgicas y valoración especializada cada seis meses en el Instituto Nacional de Cancerología de la ciudad capital.

Para el momento en que Arrieta Caro incoara la presente demanda, adujo que el 25 de septiembre del año en curso, a las 9 de la mañana, la joven tenía valoración médica, circunstancia que motivaba el petitum de amparo toda vez que él no cuenta con los recursos económicos indispensables para sufragar los gastos que ocasionan el desplazamiento de la persona que debe acompañar a Isela —Icela— Lucía a Bogotá, “...situación esta que pone en peligro de muerte a mi hija...”.

Además explica que el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena en sentencia del 19 de agosto de 1997 resolvió condenar a la Industria Licorera de Bolívar al pago de $ 30.841.021, a su favor, obligación que a la fecha no ha sido pagada en su totalidad por parte de la empresa en comento, circunstancia que en términos del accionante “...pone en peligro de muerte a mi hija Isela Lucía Arrieta Ortega”, porque no tengo recursos financieros para pagar la atención médica especializada y mantener la forma de vida como lo ordenan los informes médicos que anexo”.

Consecuente con lo anterior depreca la protección del derecho fundamental a la vida y a la seguridad social de su hija, para que el juez constitucional ordene a la Industria Licorera de Bolívar le cancele las prestaciones sociales que aún le adeuda que “...permitan que mi hija Isela Lucía Arrieta Ortega sea trasladada a la ciudad de Bogotá para cumplir con su cita en el Instituto Nacional de Cancerología y tener los recursos suficientes para aplicar los tratamientos que se ordenen” (fls. 1 al 5).

2. Actuación procesal.

Al expediente fue aportado resumen de la historia clínica de la hija del accionante en el cual se explica que la paciente ha sido intervenida quirúrgicamente en 3 oportunidades de la dolencia que se reseñó resaltándose que “...En la última resonancia magnética cerebral de mayo de 2001, no presenta evidencia de tumor... Presenta como secuelas ataxia cerebelosa y diplopía”.

Obra igualmente resumen de la historia clínica de la joven —Salus Centro Médico lPS—, fechada el 18 de septiembre hogaño, en la cual entre otras cosas se reseña que Isela —Icela— Lucía cuenta con 21 años, es soltera y se encuentra estudiando. Además se señalan los antecedentes de la dolencia que le aqueja (1) .

(1) Cfr. folio 14, c.o.

Luego de que el Consejo Seccional de instancia avocó el conocimiento de la acción (fl. 25, c.o.), el señor Rafael Guillermo Borre Camargo gerente y representante Legal de la Industria Licorera de Bolívar al ejercer su derecho de defensa explicó que el actor carece de legitimidad para incoar a nombre de su hija la acción de tutela, toda vez que los derechos fundamentales que se suponen conculcados están en cabeza de Isela —Icela—, Lucía.

De otro lado, en relación con las acreencias a cargo de la licorera y a favor del accionante explicó que en virtud de providencia debidamente ejecutoriada el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena libró mandamiento de pago en contra de la Industria Licorera de Bolívar dentro del proceso ejecutivo adelantado por Jorge Arrieta Caro en contra de Indulibol “... pero como quiera que dentro de ese proceso se decretó el embargo y secuestro del establecimiento de comercio de propiedad de la Industria Licorera de Bolívar y se nombró un secuestre administrador, (Sixto Asprilla Sánchez), el mencionado secuestre administrador con los recursos económicos que le ha entregado el Consorcio S.M. S.A. ... ha efectuado abono a este proceso y a otros procesos según su leal saber y entender”.

En el anterior orden de ideas Borre Camargo pide al juez de tutela se sirva “... desestimar por improcedente la presente acción de tutela” (fls. 34 al 37, c.o.).

El neurólogo-oncólogo Gonzalo Melo allegó al expediente de tutela resumen de la historia clínica de Isela Lucía Arrieta Ortega en la cual a más de destacarse el proceso de cirugías que se le han practicado a la citada, se resalta la siguiente anotación: “... Se desconoce la urgencia médica neurológica en la actualidad por cuanto la paciente no asiste a control desde mayo 4 de 1999 cuando se le solicitó R.N.” (2) .

(2) Cfr. folio 40, c.o.

Por su parte la Juez Sexta Laboral del Circuito de Cartagena remitió al juez de instancia copia del escrito de tutela que el señor Arrieta Caro interpuso a finales de 1999 contra la Industria Licorera de Bolívar, así como la respectiva decisión proferida en el asunto por el Tribunal Superior de Cartagena —Sala Laboral—, en la cual se despacharon desfavorablemente las pretensiones del actor, fallo que a su vez fue confirmado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (fls. 55 al 76, c.o.).

3. Sentencia de instancia.

El 27 de septiembre del año en curso el Consejo Seccional a quo al poner fin a la instancia resolvió denegar por improcedente la acción constitucional, habida consideración que el libelista tiene a su haber un medio idóneo diferente a la tutela cual es el proceso ejecutivo “...en el que por lo demás ya debió haberse dictado el auto ordenando seguir adelante la ejecución, lo que se infiere de que el secuestre, como aquél, como lo ha dicho, le ha hecho algunos abonos a su crédito”

De igual manera la Sala a quo precisó que:

“...el señor Arrieta Caro actúa a nombre y representación de su hija, quien de acuerdo con los documentos que obran en autos es persona mayor de edad y aunque es claro que se encuentra enferma, no se tiene certeza acerca de su capacidad(sic) para promover su propia defensa, cuestión de importancia para deducir si su padre podía agenciarla y que éste tenía el deber de manifestar en el escrito de tutela, como lo previene el inciso 2º del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.

No habiéndolo hecho así, el señor Arrieta Caro carece de legitimación activa en la causa, cuestión que no puede considerarse de simple forma sino de fondo, porque no se trata de un presupuesto procesal, sino sustancial para la sentencia de mérito”.

Por último, la Sala de conocimiento explicó que como por los mismos hechos el actor ya había formulado demanda constitucional resultaba imperioso dar aplicación al inciso 1º del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 (fls. 78 al 83).

4. Razones del impugnante.

Inconforme con la anterior decisión Arrieta Caro allegó al encuadernamiento escrito de impugnación en el cual al discrepar con la determinación del a quo señaló que si bien existe otro mecanismo judicial acudió a la presente acción con el fin de evitar un perjuicio irremediable presente y futuro de su hija.

Insiste en que el proceso ejecutivo que adelantó para lograr la cancelación del monto que le adeuda la Industria Licorera de Bolívar no ha dado el resultado, no ha sido eficaz.

Termina acotando que al persistir el síndrome cerebelos bilaterales como secuela de la lesión en fosa posterior resulta viable el amparo incoado (fls. 91 y 92, c.o.).

Consideraciones

1. Competencia de la Sala.

Acorde con el inciso primero del artículo 116 de la Constitución Política la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y las respectivas Salas de los Consejos Seccionales de la Judicatura como órganos integrantes de la rama judicial les asiste la facultad de administrar justicia, razón por la cual, tienen competencia para conocer de las acciones de tutela formuladas por cualquier persona que reclama el amparo de sus derechos fundamentales presuntamente conculcados.

Así mismo, por ser su superior jerárquico esta corporación es competente para conocer en segunda instancia de los fallos proferidos por los consejos seccionales, tal como lo prevé el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2. El problema planteado.

Lo primero que debe establecer la Sala es si el demandante, en su condición de padre de la joven Isela —Icela— Lucia Arrieta Ortega, se encuentra legitimado para promover directamente la tutela que hoy nos ocupa, toda vez que el citado incoa la acción pretendiendo el amparo de los derechos a la vida y a la seguridad social de su hija enferma.

3. Carácter personal y concreto de la acción de tutela.

El artículo 86 de la Carta magna institucionalizó la acción de tutela con el fin de que quien se considerase afectado en sus derechos fundamentales reclamara la salvaguarda de los mismos, de manera inmediata ante cualquier juez, dando a conocer e identificando las circunstancia de tiempo, lugar y modo así como la autoridad o el particular causante del agravio o amenaza de lesión.

Así las cosas, el titular de la acción de tutela, no es otra persona diferente a quien se le han vulnerado o puesto en peligro de quebranto sus derechos constitucionales fundamentales y por lo tanto, es ella, bien directamente, o en su defecto a través de representante, quien puede acudir ante el juez de tutela, según las reglas de competencia, para que se restablezca su derecho o cesen las amenazas que pesan sobre él.

El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario de la acción de tutela establece:

“Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos”.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud” (negrilla fuera de texto).

De allí, entonces, que el titular de la acción sea la persona directamente vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien podrá actuar directamente o por representante.

Consecuente con lo anterior, se deduce que la acción de tutela es de carácter personal y concreto, y el titular es el agraviado o amenazado en uno de sus derechos, sujeto que está en la obligación de intentar y promover su propia acción, salvo que se encuentre dentro de las circunstancias señaladas por el decreto en cita, que le permitan ejercerla a través de representante, o bien por medio del Defensor del Pueblo o de un personero municipal.

4. Eventos en los cuales se pueden agenciar derechos ajenos.

Con el igual propósito, el legislador hace posible que se puedan agenciar derechos ajenos, siempre y cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. En este supuesto, deberá manifestarse al juez en la solicitud que la persona se encuentra en dificultades para acudir directamente a demandar la protección de su derecho.

En el caso sometido a revisión como se dejó dicho en precedencia, se advierte que el memorialista no es la persona directamente afectada con la supuesta omisión de la Industria Licorera de Bolívar, pues formula la petición en su calidad de padre de Isela Lucía Arrieta Ortega, para que se protejan de manera inmediata los derechos fundamentales de ésta, a su juicio desconocidos por la conducta del gerente de la entidad, quien omite o incumple la obligación a su cargo, cual es, la cancelación total de la deuda que mediante sentencia judicial un Juzgado Laboral del Circuito de Cartagena ordenó a favor del libelista.

Es claro, entonces, que los únicos eventos en que el padre de un mayor de edad puede ejercer la defensa directa de los derechos fundamentales de éste, es cuando éste, se encuentre en imposibilidad de ejercer directamente su defensa, hecho que tendrá que ponerse en conocimiento del juez al momento de instaurarse la acción de tutela, o en el trámite de la misma.

En términos de la Corte Constitucional:

“La agencia oficiosa sólo se justifica en la medida en que el agente oficioso procure hacer valer el interés del titular de los derechos fundamentales que aparecen como vulnerados o amenazados y por el cual se actúa; por lo tanto no se puede intentar proteger el “propio beneficio o interés” del agente a expensas de una solicitud presentada a nombre y beneficio de otra persona; pues se requiere la formulación independiente de la propia acción. Si los elementos básicos para la formulación de una acción de tutela mediante el ejercicio de la agencia oficiosa no se cumplieron, necesariamente la acción no puede prosperar por indebida legitimación por activa en la causa” (3) .

(3) Sentencia T-082 de 1997.

En el anterior orden de ideas, y debido a que el señor Arrieta Caro simplemente solicitó el amparo de los derechos esenciales de su hija, refiriendo de manera genérica su dolencia, sin expresar en concreto la imposibilidad de ésta para incoar personalmente el amparo, la Sala se ve en la necesidad de ponderar las circunstancias del caso, para definir si, en efecto, la persona de cuyos derechos fundamentales se trata podría haber presentado por sí misma la demanda, evento en el cual carecería de sustento jurídico la agencia oficiosa y se configuraría la ilegitimidad en la causa por el aspecto activo.

La norma legal es suficientemente comprensiva y guarda relación con hechos de cualquier naturaleza o con situaciones que imposibilitan la comparecencia directa del interesado. No puede elaborarse de antemano una lista de circunstancias justificantes de la forma en que se ha llegado a los estrados. Empero, en el marco normativo encajan todas las eventualidades que limitan a quien se considera afectado para acudir ante el juez, siendo claro que debe tratarse de circunstancias que lleven razonada y fundadamente al agente oficioso a obrar sin poder expreso, como debería ocurrir normalmente.

Además, la Corte Constitucional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, ha señalado que la agencia oficiosa en materia de tutela únicamente procede cuando el afectado esté en incapacidad para defender sus derechos (4) , situación que debe aparecer debidamente acreditada en el proceso.

(4) Sentencias T-503 de 1998, T-555 de 1996, T-217 de 1998, SU-707 de 1996.

Desde luego, una enfermedad que incapacita al individuo, en razón de su gravedad, haciendo que en la práctica le sea imposible actuar por su propia cuenta, vale como motivo para admitir al agente oficioso, sin embargo, y en atención a que en el escrito de tutela, presentado, se manifestó que el firmante actuaba como padre de la enferma, sin que en acápite alguno se adujera de manera expresa incapacidad de la joven hija del actor para deprecar el amparo de manera personal, limitándose el libelo a resanar la dolencia que de tiempo atrás aqueja a Isela Lucía, sin precisarse —se repite—, si la misma limitaba su capacidad de hacer valer sus derechos fundamentales, para la colegiatura resulta obligado saber en qué consiste la enfermedad de la joven, sus características y si para el actual momento el padecimiento impide que Isela Lucía ejercite personalmente la acción constitucional que nos ocupa. Veamos:

Como se desprende del acopio probatorio integrado al expediente es claro que la hija del actor luego de haber sido intervenida quirúrgicamente presenta como secuelas ataxia cerebelosa y diplopía, padecimientos de los cuales el juez de tutela debe tener siquiera de manera sumaria información a efectos de poder establecer su alcance desde el punto de vista incapacitante con el objeto de resolver sobre la pretensión de amparo que hoy ocupa la atención de la Sala.

Sobre el punto es menester precisar en primer término que ataxia proviene de una palabra griega que significa “sin orden“. Actualmente, la palabra ataxia la entendemos como incoordinación, conforme lo resana la doctora Martha A. Nance, en su obra “Living with ataxia”, propiedad literaria de la National Ataxia Foundation. Recopilación de extractos y traducción libre al español de Miguel-A. Cibrián, en el cual entre otras cosas, referentes al padecimiento que aqueja a la hija de Arrieta Caro se señala:

“Ataxia (síntoma) y ataxia (enfermedad). La ataxia puede ser un síntoma de muchas enfermedades, incluidos algunos desórdenes asociados con ciertas toxinas, infecciones, y cambios degenerativos en el sistema nervioso. La palabra ataxia puede utilizarse para referirse a una coordinación pobre como síntoma, o puede usarse para denominar una enfermedad degenerativa concreta del sistema nervioso.

Algunos tipos de ataxia son hereditarios, es decir: son transmitidos por los progenitores. En cambio, otros tipos de ataxia no parecen tener ninguna conexión hereditaria. En ocasiones, un tipo de ataxia puede distinguirse de otro por los síntomas. Todos los tipos de ataxia causan ataxia como síntoma (coordinación pobre). Algunas formas también producen otros síntomas adicionales que las hacen distinguirse de otras variedades con facilidad. A menudo, si los síntomas son apacibles, un médico tiene dificultades para determinar el tipo de ataxia que tiene el paciente.

Ataxia simplemente significa inestabilidad y torpeza, suele relacionarse con problemas en la comunicación de neuronas del cerebelo (órgano que está detrás del cerebro, más o menos en la nuca y que se encarga de regular el equilibrio y los movimientos finos), o de los nervios que lo conectan con otras partes del sistema nervioso. Se sabe que el cerebelo es, en su mayor parte, un “sistema inhibidor”, es decir, que sirve de filtro a la energía que el cerebro envía a los músculos. Hace los movimientos más armoniosos, finos y coordinados. También regula el equilibrio, la plasticidad, el ritmo cardiaco.

Por tanto, “ataxia“ no es el nombre de una enfermedad, es una forma de describir un problema neurológico. Es un síntoma, o mejor, un grupo de síntomas“.

Ataxia cerebelosa y enfermedades relacionadas.

Por Vicente Sáenz.

Las ataxias, en el lenguaje común, forman un grupo de enfermedades del sistema nervioso que son degenerativas, la mayor parte de ellas son hereditarias y que afectan al movimiento, al equilibrio y a la coordinación.

Podemos comparar el sistema nervioso con un circuito eléctrico, con centro en el cerebro, y que manda mensajes a centros alejados o cercanos por medio de los nervios, los cuales están formados por las células nerviosas (llamadas neuronas). Los mensajes deben ser transmitidos para que el cuerpo pueda funcionar y controlar las funciones cotidianas. Los mensajes tienen que circular para que lleguen a su destino, porque si una neurona entorpece el mensaje que transmite el cerebro, éste no lo puede transmitir correctamente o no lo recibe en condiciones, entonces, el mensaje llega distorsionado a su destino (la siguiente neurona, otro nervio o un músculo, por ejemplo), o no llega al haber un cortocircuito total (al morir una neurona o al no poder ésta recibir o transmitir nada). La gente que tiene enfermedades degenerativas del sistema nervioso, sufre de varios “cortocircuitos“ porque algunas células nerviosas mueren o no se comunican bien.

Ataxias tempranas (el comienzo antes de los 20 años).

La ataxia de Friedreich es el tipo más conocido de Ataxia hereditaria; produce síntomas en la infancia o antes de los 20 años y es la que antes se reconoce entre las ataxias, porque hay muchos tipos. Debe su nombre al neurólogo Alemán Nikolaus Friedreich quien en 1863, aisló y estudió esta enfermedad por vez primera.

La ataxia temprana propiamente dicha o ataxia espástica, tiene síntomas similares a la ataxia de Friedreich, pero es más benigna y, a pesar de mostrar síntomas parecidos (desórdenes en corazón, diabetes, rigidez en las piernas...), son menos intensos” (5) .

(5) Consultar en internet htt//members.es.tripod.es.de/hispataxia/ATAXIA/YATX3.htm.

Acorde con lo anterior se tiene que si bien, la secuela que padece la joven Isela Lucía, limita el desempeño normal del sistema motriz, para la Sala es claro que la ataxia que la afecta, no la limita al extremo de no poderse valer por sí sola; así se establece de las pruebas aportadas al paginario, tanto es así que en ninguna parte del escrito de tutela el señor Arrieta Caro aduce que su hija se halle postrada a tal punto que no pueda intervenir en forma personal para hacer valer los derechos que se aducen vulnerados.

Resáltese además que en últimas lo que pretende el actor es lograr a través del medio excepcional que prevé el artículo 86 superior que se ordene a la Industria Licorera de Bolívar le cancele la acreencia laboral en comento, para lo cual se escuda citando la dolencia que le aqueja a su hija.

Ahora bien, suficiente ilustración brinda a la corporación el resumen de la historia clínica que se citó en el acápite de los antecedentes en donde se señala que la actividad de la enferma es la de ser estudiante, para deducir y suponer de manera lógica que si además la enferma dejó —sin explicación aparente de asistir a los controles médicos de rutina—, es porque su estado general de salud le permitió valerse por sí misma y sin complicaciones.

Nótese que la dolencia en mención, según lo informó el señor Arrieta Caro y conforme se constata con la historia clínica de la joven aparece a raíz de las cirugías que se le han practicado luego de habérsele diagnosticado “... tumor en fosa posterior”, el cual dicho sea de paso y según la última resonancia magnética cerebral que le fuera practicada desapareció por completo. Igualmente el 13 de marzo del año en curso la doctora Enith Rodríguez Wong al evaluar a la joven de su puño y letra señaló. “...Buen estado músculo nutricional, peso 47 Kg TA 100/60, valoración por sistemas es normal...” (6) .

(6) Cfr. folio 16, c.o.

Así las cosas, en la actuación cumplida no se vislumbró ningún elemento que indique que Isela Lucía se encontrara en condiciones de impedimento o sometimiento físico o síquico que la imposibilitara para obrar por sí misma en defensa de sus derechos esenciales, presuntamente desconocidos en el asunto de que se trata, contrario sensu; se aprecia que el demandante formuló la presente acción de tutela prevalido de su calidad de progenitor, partiendo de un supuesto equivocado al suponer que la mera calidad que adujo lo habilita para demandar, por la vía de la tutela, la protección de los derechos que supuso se le violaban a su hija —vida y seguridad social.

Igual predicamento se puede hacer respecto de la diplopía más comúnmente conocida como visión doble, desorden que consiste generalmente en un doble contorno de la imagen que desaparece al taparse un ojo. “La diplopía es consecuencia de un trastorno en la movilidad ocular, sea por afectación de los músculos que mueven los ojos, sea por alteración de los nervios que gobiernan estos músculos“ (7) . Es una alteración muy molesta para los pacientes, pero que de ninguna manera implica incapacidad total de quien la padece.

(7) Consultar en internet http://webs.comb.es/oftalmoabc/cas/urgencias.htm.

De esa manera, la petición formulada riñe con las normas antes anotadas, contenidas en el artículo 86 de la Constitución y en el Decreto 2591 de 1991, en cuanto a la titularidad para la presentación de la acción de tutela.

En el caso en revisión, el juez de instancia ha debido declarar la improcedencia de la acción, ante la ausencia de legitimidad del señor Arrieta Caro para interponer la acción de la referencia, en nombre y representación de su hija mayor de edad, pues éste no demostró que aquella estuviese imposibilitada para interponerla directamente y en el expediente tampoco se evidencia esta circunstancia.

Consecuente con lo anterior el a quo a debido declarar improcedente por falta de legitimidad por activa la acción y no denegarla como en efecto lo hizo, razón por la cual esta superioridad modificará la determinación impugnada en tal sentido.

Por lo anteriormente expuesto,

El Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. MODIFICAR la sentencia objeto de impugnación, que denegó improcedente el amparo deprecado para en su lugar declarar improcedente por falta de legitimidad por activa, según se explicó en la parte considerativa de la presente decisión.

2. REMITIR le presente expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

Comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Guillermo Bueno Miranda, Presidente—Jorge Alonso Flechas Díaz—Eduardo Campo Soto—Fernando Coral Villota—Rubén Darío Henao Orozco—Temístocles Ortega Narvaez—Leonor Perdomo Perdomo.

Yira Lucía Olarte Avila, Secretaria General.

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