Sentencia 9057 de diciembre 1° de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

FALLA DEL SERVICIO

LESIONES A CAPTURADOS POR LA POLICÍA

EXTRACTOS: «1. Para la Sala no hay duda de que en el presente caso la Policía Nacional incurrió en falla del servicio; y en consecuencia debe responder por los perjuicios antijurídicos ocasionados con la conducta de sus agentes.

Está demostrado en el proceso que Azael Rodríguez Ruiz, luego del incidente que se presentó en el parque principal de Moniquirá, en el cual hirió a los agentes de la Policía José Rubio Méndez y David Lizarazo, huyó y se escondió en la casa de habitación de la señora Dulcelina Saavedra; que allí fue encontrado por el comandante de la estación local de policía, capitán José Vicente Rodríguez Suarez, y fue golpeado por miembros de dicha institución; que posteriormente fue conducido al hospital donde se encontraban los agentes, quienes lo golpearon de nuevo; y que, finalmente, fue llevado al calabozo de la policía donde también le ocasionaron lesiones corporales.

Así las cosas, aparece claro que las lesiones recibidas por Azael Rodríguez, que le ocasionaron una incapacidad de 35 días de acuerdo con la certificación obrante en el folio 23 del expediente, le fueron producidas por los agentes de la policía luego de su captura.

3. Incurrió entonces la Policía en falla del servicio cuando sus agentes, luego de capturar a Azael Rodríguez, en lugar de adoptar las medidas legales correspondientes, procedieron a golpearlo, causándole las lesiones de que da cuenta el expediente, violando así su derecho a la integridad personal, cuya protección está precisamente atribuida legalmente a dicha autoridad pública.

“Si corresponde al Estado por intermedio de sus autoridades la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos, según expreso mandato constitucional, tal protección debe cumplirse con apego a las normas legales, dentro de las limitaciones que tal facultad les otorga pero por sobretodo con un indeclinable respeto hacia los derechos humanos de los administrados.

Aceptar tan ilegítimos procedimientos sólo llevaría a un agotamiento del mínimo de las garantías que tiene el ciudadano frente a la administración, conduciría a que nuestro estado de derecho quedara convertido en una simple ficción, cuyas normas y principios estructurales no superarían la condición de ser apenas teóricos enunciados o solo intrascendentes declaraciones”. (Sentencia del 13 de mayo de 1994. Expediente 8020. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández).

La integridad personal del capturado, luego de producida la detención, era en este caso, responsabilidad de la policía. Sobre este punto, la Sala, en sentencia del 17 de septiembre de 1993, actor: Federico Sánchez y otros, expediente N° 8420, con ponencia del doctor Julio César Uribe Acosta, dijo:

“Al encontrarse privado de la libertad el ciudadano... las autoridades de la prisión le debían protección y seguridad en su integridad corporal y mental. En otros términos, por encontrarse “a buen recaudo” de las autoridades de la prisión, éstas deben custodiarle y cuidarle para mantenerle en las mismas condiciones sicofísicas que presentaba el detenido al momento de la privación de la libertad. Cualquier daño en la salud que llegasen a presentar las personas privadas de su libertad, por acción u omisión de las autoridades que vigilan y controlan, se adecua al concepto genérico de falla de la administración y por consiguiente surge la obligación de indemnizarlas, desde luego que se presenta un daño antijurídico de los previstos en el artículo 90 de la Carta Política”.

De otra parte, así se considere que la circunstancia que originó la detención fuera precisamente la agresión a dos de sus agentes, éstos no estaban legitimados para golpear al retenido; él debía ser puesto a disposición de las autoridades competentes para imponerle la sanción que legalmente le correspondía. La venganza contra el autor de un delito está proscrita en un Estado de derecho en el cual los administrados deben confiar la sanción de los actos ilícitos al aparato jurisdiccional; y si esa conducta merece reproche cuando proviene de los particulares, ella es francamente inadmisible si pertenece precisamente a la autoridad pública encargada en dicho Estado de derecho de velar por la integridad de los ciudadanos.

Esta obligación de protección de los ciudadanos atribuida a las autoridades públicas, está consagrada en el artículo 2° de la actual Carta y 16 de la anterior que dispone que “las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los par-ticulares”.

Como ha tenido oportunidad de señalarlo la Sala, “cuando la autoridad asume ese papel, pierde su basamento moral y legal y de protectora de la vida, honra y bienes de los demás (deberes y obligaciones que justifican su existencia) se convierte en la monstruosa dueña de la vida, de la honra y de los bienes. Es el primer paso para la anarquía social y el mundo está plagado de esos ejemplos”. (Sentencia del 5 de junio de 1992, expediente 6986, Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo).

4. Considera la Sala que se equivocó el Tribunal de primera instancia cuando consideró que se presentaba aquí una concurrencia de culpas y erró también al deducir que esa circunstancia acarreaba como consecuencia negar los perjuicios morales para la madre y los hermanos de la víctima, pues en el caso de que ella se hubiera admitido simplemente debía aplicarse una reducción de la condena igual para todos ellos.

5. La culpa de la víctima, para que produzca el efecto de exonerar parcialmente a la administración responsable del daño, debe haber contribuido a la producción de dicho daño; debe haber concurrido a su causación, como ocurrió en el caso aquí estudiado.

Resalta la Sala que en forma alguna patrocina la conducta ilícita del demandante de oponerse a la autoridad pública y disparar contra los agentes de la policía ocasionándoles lesiones; pero dicha conducta, por ser antecedente no puede implicar exoneración parcial de responsabilidad para la entidad demandada, por cuanto ella no determinaba la agresión de los agentes al sindicado luego de que se produjo su captura.

Las lesiones que se causaron a la víctima después de su detención no tuvieron como objetivo desarmarlo, ni eran necesarias para defender la vida o integridad personal de los agentes. Los actos de los agentes de la policía que ocasionaron dichas lesiones fueron actos de venganza; fueron la expresión de la ira que en ellos generó el hecho de que el capturado hubiese lesionado a dos de sus compañeros; constituyen una reacción injustificada, pues ella no tenía ningún objetivo distinto del anteriormente anotado, y cobarde en la medida en que dicha conducta se presentó luego de que la víctima se encontraba indefensa ante el poder de una autoridad a la que estos actos debería avergonzar.

6. Por lo anterior, la Sala condenará a la entidad demandada al pago de los perjuicios morales ocasionados al demandante, los cuales se fijan en la suma de 300 gramos oro; igualmente condenará al pago de perjuicios morales para su madre Mercedes Ruiz Hurtado, los que se tasan en 200, y para cada uno de sus hermanos Nicolás, Marco Antonio, Jairo Edilson, María Delia, Esther Julia y Gonzalo, los que se fijan en 50 gramos oro».

(Sentencia de diciembre 1º de 1994. Expediente 9057. Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo).

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