Sentencia 9076 de octubre 11 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

• SALA DE CASACIÓN PENAL

PROCESO PENAL

DEMORAS EN SU TRÁMITE

EXTRACTOS: «Es innegable que a partir de la Constitución Política de 1991, se elevó a rango superior el principio de que el derecho a un debido proceso, lo es además “sin dilaciones injustificadas” —artículo 29—. Pero sin intentar menospreciar en lo más mínimo esta garantía, es igualmente de recibo afirmar que no toda demora en la adopción de una determinación, ni toda prolongación de la actuación más allá de los términos legalmente establecidos, puede constituir violación a ese derecho del procesado, porque la transgresión no emana de la sola y objetiva dilación, sino tan sólo de aquéllas que pueden se “injustificadas”, y ello conduce a la necesidad de analizar al lado de la entidad de la demora, las causas que la hayan generado, sea que radiquen en obstrucción indebida de las partes, falta de colaboración de los auxiliares de la justicia, en razones nada infrecuentes de congestión en los despachos judiciales, o en la complejidad misma del asunto o el volumen del expediente y piezas procesales objeto de valoración.

Por esta causa, una primera dificultad asoma cuando no pueda conocerse con la debida exactitud y certeza, si en realidad la dilación puede calificarse de justificada, o si ella le resulta atribuible con exclusividad a la desidia o falta de diligencia del Estado a través de sus representantes.

Pero además, es de observar que por lo general las consecuencias de la tardanza en el trámite del proceso se encuentran reguladas, sin que de esa normatividad trascienda la consecuencia que se propone en la demanda, y que como queda visto, no asomaría a un resultado práctico ni provechoso a la justicia ni a los intervinientes procesales. Así, por vía de ejemplo, es de observar que la primera y más rotunda consecuencia de la inactividad del Estado se orienta hacia la prescripción de la acción penal, sea porque no se actuó oportunamente, ora porque a pesar del impulso del proceso, éste se extendió por fuera del límite que se indica en los artículos 79 y siguientes del Código Penal.

Otra secuela vierte sus beneficios sobre la libertad del procesado, cuando el sumario no se alcanzó a calificar en tiempo, cuando se excedió el plazo para la realización de la audiencia, o bien porque se rebasó en detención el tiempo de la pena si no al menos el requerido para la libertad condicional.

Cierto también, que para el funcionario, otros efectos de la demora podrían significarle una sanción penal o una disciplinaria, mientras que para el caso del perjudicado, puede aspirar a un resarcimiento patrimonial a cargo del Estado. Pero otra clase de alcances para ese incumplimiento no se siguen, porque al contrario de otras legislaciones, la colombiana no ha consagrado la recomendación judicial de un indulto integral o limitado a modo de contraprestación en caso de significativas dilaciones, como tampoco la alternativa de una reducción de pena, que son algunas de las fórmulas foráneas introducidas para equilibrar, sin renunciar al ejercicio de la acción penal, aquellos casos en que el transcurso prolongado del tiempo entre la ocurrencia del hecho y la efectividad de la sanción, harían a ésta excesiva o desproporcionada, frente a la rehabilitación que en el entretanto hubiese alcanzado el reo.

No empece, tampoco puede sostenerse que haya permanecido la jurisprudencia de esta Corte ajena o indolente a la necesidad de sopesar para casos extremos consecuencias de desconocimiento real de algún derecho, u obstrucción de su ejercicio, que ciertamente podrían determinar una invalidación que reconduzca la actividad bajo los cauces garantistas de un debido proceso, como así se dijo en providencia del 10 de mayo de 1991, bajo ponencia del magistrado doctor Gustavo Gómez Velásquez, que es precisamente la que evoca la Procuraduría:

“Es verdad... que el término de instrucción sobrepasó con creces el que manda la ley como ordinario y normal. Su incumplimiento no produce, totalmente, la decadencia de todo lo actuado o parte de lo realizado, mientras no se demuestre una turbia intención en el instructor, para actuar de ese modo, mientras no se advierta que tal obrar privó a la defensa, a la parte civil o al Ministerio Público, de la posibilidad de intervenir aportando pruebas, controlando diligencias, rebatiendo oportuna y adecuadamente lo practicado y, en fin, introduciendo los recursos de ley, no es dable invocar el desconocimiento de un término de una fórmula de carácter procedimental, para pedir la declaratoria de nulidad. Si se asumiera criterio diferente, la conclusión lógica pero cerradamente dañina y contraria a los fines de la justicia, sería la inexistencia de los procesos, pues éstos no dejan de ofrecer, unos más otros menos, desobediencia en cuanto a los términos, debido a la carencia de medios adecuados para cumplir religiosamente con los mismos, o por la ola gigantesca de delincuencia que desde buen tiempo atrás amenaza casi que con disolver las instituciones nacionales...

Se estaría sacrificando los fines del procedimiento, considerado en su integridad, a las fórmulas ideadas para objetivos más cuerdos y plausibles. Siempre se ha dicho que no procede la nulidad por la nulidad, que no puede extremarse la obediencia ciega y etérea del prcepto, ni sacrificar el derecho a la forma o al medio de ejecución...

Pero es más, el planteamiento del recurrente llevaría al absurdo, vale decir, que una vez incumplido un término, así este desconocimiento no haya inferido perjuicio a nadie y haya permitido, por el contrario, la satisfacción de los derechos procesales fundamentales o de esencia, tendría que pararse allí todo conato de averiguación y juzgamiento y dar por terminado en vista de la traición a los términos, todo amago de prosecución. En efecto, si ahora se tomara la determinación que propugna la impugnación, no podría retrotraerse la actuación, porque lo que sirvió para dar al traste con ella (incumplimiento de términos) seguiría pesando abstractamente sobre el diligenciamiento...

Aguzando la observación del censor, tendría que concluirse que tan sustancialmente vicioso fue lo que se hizo en ese entonces, al cumplirse tardíamente la instrucción (unos tres meses de exceso), como lo que ahora podía hacerse a ese respecto, en cuanto a comprobaciones o emisiones de piezas de fondo. Todo estaría, ayer y hoy, por fuera de los términos cuasisacramentales que se quieren imponer”.

Volviendo al caso examinado, debe reconocerse que ni el casacionista acreditó que la demora hubiese privado a la defensa de posibilidades de control del proceso, de aporte o controversia de las pruebas, de la interposición de recursos legales u otra prerrogativa sustancial que comprometa sus garantías y derechos, ni la sala otea que ello haya sucedido, como tampoco en detrimento de la parte civil o el Ministerio Público. Ello sólo conduce a desestimar, por las varias razones advertidas, el cargo de nulidad que se formula».

(Sentencia de casación, octubre 11 de 1996. Radicación 9076. Magistrado Ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda).

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