Sentencia 9083 de enero 15 de 2002 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Aprobado según Acta Nº Uno (1) de la fecha

Rad. Nº 20019083-01, ene. 15/02

M.P. Dra. Leonor Perdomo Perdomo

Asunto:

Resuelve la Sala la impugnación formulada por el señor Rafael Alcides Sandoval Geraldino, contra el fallo del 7 de noviembre de dos mil uno, mediante el cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Atlántico le negó por improcedente la solicitud de amparo que impetrara.

Antecedentes

1. Argumentos del actor:

Debidamente legitimado, en tanto en el expediente obra memorial poder, el abogado representante del accionante formuló la presente acción constitucional como mecanismo transitorio, aduciendo la vulneración de los derechos fundamentales de igualdad, pronto pago, trabajo, pago oportuno y mínimo vital entre otros, por parte de la empresa social del Estado “Ceminsa”.

El profesional del derecho informa que Sandoval Geraldino, conforme se constata en el orden de trabajo Nº 030 del 1º de febrero de 2001, prestó el servicio de conductor por un período de tres meses, vale decir, febrero, marzo y abril del año en cita, percibiendo en contraprestación una asignación mensual de $ 400.000. Sobre el punto se anexaron sendas certificaciones expedidas por la subgerente científico doctora Iliana Naar Oliveros (1) .

(1) Cfr. Folios 6 al 8 c.o.

Igualmente, anota que su procurado laboró en idénticos términos los meses de mayo y junio, y señala que de los cinco períodos que trabajó, sólo le han cancelado uno, es decir febrero y recibió un abono de $ 100.000.

Agrega, que en la actualidad a su cliente le adeudan $ 1.500.000, con el agravante de que cualquier tipo de arreglo con la demandada se ha visto frustrado.

Consecuente con lo anterior el togado demanda pronunciamiento del juez de tutela en el sentido de que en el término de 48 horas ordene a la entidad obligada a cancelar la totalidad de las mesadas adeudadas, toda vez que su poderdante se encuentra en un estado crítico “en cuanto a su subsistencia y la de su familia por cuanto van transcurrido (sic) más de siete meses sin que se le haya cancelado, y en la actualidad no trabaja, es decir, carece de otros ingresos. Y estos dineros son su única entrada económica, por lo cual solicito, se le Ampare (sic) el derecho al mínimo vital, que es una extención (sic) del derecho a la vida, tal y como está consagrado en nuestra Constitución” (2) (fls. 1 al 3 c.o.).

(2) Cfr. Folio 3 escrito de tutela.

2. Devenir procesal:

Una vez el magistrado ponente en primera instancia avocó el conocimiento de la acción, instó al gerente de la empresa social del Estado Ceminsa, o a quien hiciera sus veces, emitiera pronunciamiento sobre los hechos referidos en la demanda de tutela, para tal fin se le remitió al citado copia del escrito en cuestión e igualmente se integró el litisconsorcio necesario notificando de la acción constitucional al señor alcalde municipal de Sabanalarga (fls. 15 y 16 c.o).

Así las cosas y en respuesta al anterior requerimiento, se allegó al expediente escrito aportado por el gerente de la empresa accionada en el cual entre otras cosas acepta que el actor prestó su servicio como conductor en dicha entidad durante los meses que refirió el memorial de tutela así como también que a la fecha de presentación de la acción constitucional sólo se le ha cancelado el mes de febrero y se le hizo un abono de $ 100.000.

Discrepa eso sí con el monto que asegura el accionante se le adeuda pues, según el gerente, son $ 1.324.000 y no $ 1.500.000, precisando que aún no se le ha cancelado la suma en cita, “...debido a que el señor alcalde municipal de Sabanalarga, tiene retenidos los dineros enviados por la Nación correspondientes a los ingresos corrientes (ICN)”.

En el anterior orden de ideas, pide se declare improcedente la acción porque el accionante cuenta con otros medios de defensa para lograr la protección de los derechos que supone violentados (fls. 21 al 23 c.o.).

A su vez, el apoderado judicial del alcalde municipal de Sabanalarga deprecó del juez de instancia se declarara improcedente la acción en tanto, el actor no tiene ni ha tenido vínculo alguno con el municipio que regenta su representado (fls. 33 al 35 c.o.).

3. El fallo que se revisa:

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, en Sentencia del 7 de noviembre de dos mil uno, negó por improcedente la tutela impetrada, como quiera que la pretensión del señor Sandoval Geraldino es la de que por vía de tutela se le reconozcan los derechos laborales, lo cual en sentir del a quo no es posible a través del mecanismo excepcional que prevé el canon 86 superior.

Aprecia el colegiado de primer grado, que en el caso a estudio se está frente a una controversia de tipo legal relacionada con la forma de vinculación y el no pago de los salarios al actor por parte de Ceminsa, aspectos que afirma, se deben ventilar ante la jurisdicción laboral.

Por último, concluye que en el presente evento no se está en presencia de un perjuicio irremediable “...porque el accionante ha recibido una cantidad de dinero por concepto de pago del mes de febrero de 2001 y se le entregó $ 100.000 como abono del mes de marzo del mismo año” (fls. 45 al 51 c.o.).

4. Argumentos del impugnante:

Inconformes con la anterior determinación tanto el actor, como su representante al momento de ser enterados del fallo de instancia de su puño y letra dejaron consignado su disentimiento al escribir “Apelo o impugno”, sin que aparezcan en el expediente de manera concreta las razones por las cuales los señalados se apartaron de la determinación de la Sala a quo.

Concedida la impugnación y evidenciada la falta de elementos de juicio que permitieran sentencia de segunda instancia esta superioridad el 5 de diciembre del año próximo pasado, al amparo del mandato que prevé el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 comisionó a la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla para que oyera en declaración a Sandoval Geraldino a fin de que el mismo concretara las razones de su solicitud, en especial, informara con precisión cómo se vería afectado su mínimo vital, si en la actualidad se encontraba laborando, obligaciones a cargo y demás datos que permitieran colegir la real atectación de los derechos fundamentales invocados en el libelo de tutela (fls. 3 y 4 c.o. Consejo Superior de la Judicatura).

Así, a los 12 días del mes y año en comento, fue oído en exposición el actor quien dijo contar con 40 años de edad, no laborar en la actualidad, y tener la obligación de pagar las matrículas de sus tres hijos Silvana, Rafael y Andrea de 14, 5 y 9 años de edad.

Igualmente, acotó que tiene pendientes por pagar los servicios públicos de los cuales debe seis meses de agua y cuentas por pagar en la tienda por comida. Al respecto dijo aportar certificado de la deuda por pago de matrículas de uno de sus hijos, recibo de consignación que debe pagar por otro de sus hijos y un registro civil. Señaló que con posterioridad aportará los demás registros civiles (fls. 15 al 17 c.o. Consejo Superior de la Judicatura).

Consideraciones de la Sala

1. Competencia de la Sala.

Al tenor de lo previsto en el inciso primero del artículo 116 de la Constitución Política, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y las respectivas salas de los consejos seccionales de la judicatura como órganos integrantes de la rama judicial les asiste la facultad de administrar justicia, razón por la cual tienen competencia para conocer de las acciones de tutela formuladas por cualquier persona que reclama el amparo de sus derechos fundamentales presuntamente conculcados.

Así mismo, por ser esta corporación su superior jerárquico, es competente para conocer en segunda instancia de los fallos proferidos por los consejos seccionales, tal como lo prevé el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2. Características de la acción de tutela.

Del contenido del artículo 86 de la Carta Política de 1991 y de los abundantes desarrollos jurisprudenciales emanados de la Honorable Corte Constitucional, se desprende que la acción de tutela constituye una garantía y un mecanismo constitucional de protección, directa, inmediata y efectiva, de los derechos fundamentales de las personas cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que establezca la ley, cuyo trámite compete a los distintos jueces de la República, a fin de que resuelvan sobre las situaciones de hecho que por esas circunstancias se presenten.

Dicha acción muestra por su finalidad un carácter extraordinario en la medida en que su utilización parte del respeto legal de las jurisdicciones ordinarias y especiales, así como de las respectivas acciones, procedimientos, instancias y recursos que ante las mismas se surten, lo que supone un uso en forma supletiva con carácter subsidiario; de manera que, la procedencia de la tutela se restringe a la inexistencia de otros medios de defensa judicial o la ineficacia de los mismos, como también a utilizarla transitoriamente ante la presencia de un perjuicio irremediable que permita contrarrestar dicho efecto en forma temporal, con una operancia inmediata, urgente, rápida y eficaz, mediante trámite de un procedimiento preferente y sumario, hasta tanto la autoridad correspondiente decida el fondo del asunto.

En este orden de ideas, se debe entender que la acción de tutela fue concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la vulneración o la amenaza de un derecho fundamental respecto de los cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces o autoridades correspondientes a objeto de lograr la protección del derecho; es decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional, para dar solución eficiente y oportuna a circunstancias en que, por carencia de normatividad concreta para el caso, el afectado queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión frente a los actos u omisiones que lesionan su derecho fundamental.

3. El caso concreto.

A. Lo que se reclama:

En el presente evento la reclamación del accionante se dirige en contra del comportamiento omisivo por parte de la empresa social del Estado Ceminsa, respecto del no pago de los salarios que le adeudan, referidos en el escrito de tutela correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2001, como contraprestación de su labor de conductor.

B. Improcedencia general de la acción de tutela en asuntos laborales:

Conforme a los plurales pronunciamientos de nuestro más alto tribunal de tutela, es claro que las controversias originadas en una relación de trabajo, bien por vinculación mediante contrato o por nexo legal y reglamentario con entidades públicas, tienen suficientes mecanismos de control, defensa y resolución en los procesos ordinarios, ampliamente desarrollados de tiempo atrás en nuestro sistema jurídico.

La Corte Constitucional ha sido enfática en sostener que la liquidación y pago de obligaciones laborales escapa al ámbito propio de la acción de tutela, y si bien es cierto ha admitido su procedencia en algunos casos, ellos han sido excepcionales y primordialmente sustentados en la falta de idoneidad del medio ordinario, lo cual excluye de plano que pueda concederse el amparo judicial para los indicados fines, masiva e indiscriminadamente.

Sobre el punto la Alta Corporación en Sentencia T-467 de 1998, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa señaló:

“La acción de tutela, dada su naturaleza subsidiaria y residual, no procede, en principio, para obtener el pago de deudas que han surgido de las relaciones laborales, pues el ordenamiento jurídico prevé para ello los recursos y los mecanismos ordinarios para satisfacer este tipo de pretensiones”.

Eventualmente es posible a través del mecanismo de la tutela, obtener el pago de acreencias laborales, cuando se configuran los supuestos que desde la Sentencia T-01 de 1997 vienen requiriéndose; (afectación al mínimo vital, ineficacia de los otros medios de defensa, no obstante, personas de la tercera edad,) lo anterior, sin perjuicio de la obligación que tiene la demandada de responder —afirmativa o negativamente—, las peticiones respetuosas que se le formulen, pues es claro que la omisión de dicho deber genera el desconocimiento del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta.

El artículo 18 del Decreto 2591 de 1991, preceptúa que el juez podrá tutelar el derecho, siempre que el fallo se funde en un medio de prueba del cual se pueda deducir una grave e inminente violación o amenaza del derecho. Esto equivale a decir, que el fallador sólo podrá acoger la solicitud, cuando los medios de prueba que se encuentren a su alcance, le demuestren incuestionablemente que los hechos endilgados vulneran o amenazan algún derecho fundamental, que deba ser protegido por la vía de la acción de tutela.

En el caso a estudio se tiene que si bien el actor aduce verse afectado en su mínimo vital, tal aseveración aparece huérfana de respaldo toda vez que con el escaso material probatorio aportado por éste, la Sala no puede avalar su dicho (3) , máxime si, como se vio los salarios que la administración municipal de Sabanalarga le adeuda, se remontan a los meses de marzo, abril, mayo y junio del año próximo anterior.

(3) “Así las cosas, habrá de demostrarse, al menos sumariamente, que el cese en el pago de los salarios está afectando el mínimo vital” (Sent. T-030/98)

Extraña pues a la Sala el porqué si la afectación que dice padecer el actor es del talante que presenta sólo hasta finales del mes de octubre optó por demandar el pago de las sumas de dinero que dice le adeuda la entidad accionada, sería entonces, debido a que como bien lo adujo el propio demandante de manera esporádica percibió unos dineros trabajando en un taller de pintura, lo cual le permitió solventar al menos de manera temporal algunas de sus necesidades básicas. Nótese además, a la fecha no existe constancia de que el interesado haya agotado las acciones de ley eficaces e idóneas previstas por el legislador para eventos como el que nos ocupa (4) .

(4) “Esta corporación ha reconocido que las acciones ante la jurisdicción laboral o administrativa para obtener el pago de salarios son idóneos y eficaces, haciendo de la acción de tutela un mecanismo improcedente, cuando la cesación de pagos no represente para el empleado como para los que de él dependen, una vulneración o lesión de su mínimo vital...” (Sent. T-283/99, Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

Entratándose de un tema similar la Corte Constitucional ha precisado:

“Como ya se manifestó, la Corte Constitucional debe velar por la vigencia de las demás jurisdicciones y de los recursos judiciales ordinarios. Solamente situaciones muy especiales ameritan la procedencia de la tutela cuando existen otros medios de defensa. Entre ellas está la amenaza que se cierna sobre el mínimo vital de las personas. Pero dado que esta situación constituye una excepción, lo mínimo que se puede esperar es que el demandante aporte pruebas del peligro que enfrenta. En el caso bajo estudio, la demandante se limitó a manifestar que requería del pago de las prestaciones para atender los costos del embarazo, pero no aportó ninguna prueba acerca de su situación socioeconómica ni del peligro que entrañaría para ella y para el hijo en gestación tener que acudir a los procedimientos judiciales ordinarios. Por esta razón, la tutela deberá ser rechazada por improcedente” (Sent. T-119/97, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

De manera alguna, puede perderse de vista que la acción de tutela es un mecanismo meramente residual, cuyo único objetivo es la protección supletiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos y no una manera de obviar los trámites que la legislación establece para ventilar ante las autoridades competentes los litigios entre los particulares y la administración, como en este caso, donde no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable conforme a lo dispuesto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional (5) , en el sentido de que ese perjuicio tenga las características de inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad, lo cual se infiere en este caso, de la posibilidad con que cuenta el actor de acudir ante la justicia ordinaria en procura del restablecimiento de sus derechos (6) .

(5) Ver Sentencia T-077 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(6) Cfr. Sentencia T-143 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

No puede entonces el juez de tutela desplazar al juez ordinario en la solución de los conflictos que por su competencia le correspondan, ni en particular, para el asunto sub examine, reconocer ni ordenar el pago de salarios ni de ningún otro tipo de prestaciones sociales, pues ello no sólo desconoce la naturaleza misma de esta acción, sino que además escapa al ámbito propio de sus competencias e invade las que le corresponden al juez laboral, salvo el evento en que exista debidamente comprobado y acreditado, un perjuicio irremediable, que haga indispensable la adopción en forma urgente, inminente e impostergable de medidas transitorias para la protección del derecho, situación —se repite—, no es la que se configura en el asunto que hoy se revisa.

Así las cosas, no se aprecia vulneración alguna del mínimo vital del accionante, ni se está ante un daño inminente e irremediable que acelere la protección por esta vía. Es claro, que la situación del actor no se enmarca dentro de aquellas circunstancias excepcionales que la jurisprudencia ha enunciado para efectos de conceder la tutela frente a acreencias laborales. Además resulta claro para esta Sala, que en el asunto de marras, está en discusión el cobro de salarios atrasados, luego de finalizado el vínculo laboral, pretensión que no es de competencia de la jurisdicción constitucional pues exceden ampliamente el campo propio de la acción de tutela, cuyo único objeto, por mandato del artículo 86 de la Constitución y consolidada jurisprudencia de la Corte, radica en la protección efectiva, inmediata y subsidiaria de los derechos constitucionales fundamentales ante actos u omisiones que los vulneren o amenacen.

En tales condiciones, mal puede pretender la accionante el amparo excepcional que norma el canon 86 de la Carta Magna, con el objeto de obtener el pago de los salarios atrasados, como quiera que éste tiene a su haber los mecanismos ordinarios previstos en la legislación, circunstancia que veda a la Sala a pronunciarse sobre dicho tópico so pena de remplazar el procedimiento ordinario consagrado por el legislador para dirimir asunto como el sub examine, habida cuenta que, el propósito específico de la acción pública de tutela, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria, en orden a la garantía de sus derechos fundamentales, encontrándose vedada la posibilidad de que la intención del inconforme tenga vocación de éxito cuando tiene a su alcance otros medios de defensa judicial (7) .

(7) “...Vista así las cosas, en nuestro sistema pugna con el concepto mismo de esta acción la idea de aplicarla a procesos en trámite o terminados, ya que unos y otros llevan implícitos mecanismos pensados cabalmente para la guarda de los derechos...” (Sent. C-543 oct. 1º/92, M.P. Dr. José Gregorio Hernández.

No habiéndose encontrado en el expediente prueba que amerite la urgencia de una protección tutelar, ni siquiera de carácter transitorio, en tanto si bien el actor fue oído en diligencia de declaración, de la misma se puede extraer que el citado cuenta con 40 años de edad, no se advierte que adolezca de algún tipo de limitación que le impida valerse por sí mismo, pues tal y como se vio él dice haberse empleado en un taller de pintura.

Nótese, que el actor adujo tener pendiente cuentas por pagar con el colegio, con la tienda de la cual provee sus alimentos, e incluso aseveró deber seis meses de servicios públicos y no contar con los recursos suficientes para comprarle una droga a uno de sus hijos que se hallaba enfermo, sin que de manera siquiera sumaria y no obstante haberse comprometido a aportar las pruebas del caso, hubiese allegado al expediente constancia de sus anteriores dichos (8) .

(8) “En efecto, la actora afirma que las entidades demandadas vulneraron su derecho de petición por cuanto resolvieron sus solicitudes en forma evasiva, eludiendo su deber de contestar de fondo. Sin embargo, no explica por qué considera que éstas son insuficientes, ni adjunta copia de tales respuestas a su escrito de tutela. En este sentido, la Sala estima que la demandante al no acreditar los hechos en que fundamenta su pretensión, incumplió con la carga mínima que se le impone cuando decide acudir a la protección constitucional de sus derechos“. (C. Const. Sent. T-110/2001).

Consecuente con lo anterior la Sala confirmará la decisión judicial proferida en primera instancia de acuerdo con los argumentos aquí expuestos, habida consideración que al no estarse ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable o la afectación de derecho fundamental alguno, ni siquiera del mínimo vital, esta corporación considera, que para lograr el efectivo pago de los salarios reclamados, puede acudir a los mecanismos judiciales ordinarios establecidos legalmente para tal efecto, pues la acción de tutela no resulta ser el mecanismo judicial más adecuado.

Por lo anteriormente expuesto el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR en su totalidad el fallo objeto de impugnación proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional del Atlántico, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia.

2. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia la secretaria Judicial de esta Sala REMITIRÁ el presente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese y comuníquese a las partes en los términos de los artículos 16 del Decreto en cita y 5º del reglamento 306 de 1992.

Cúmplase.

Magistrados: Guillermo Bueno Miranda, presidente—Jorge Alonso Flechas Díaz, vicepresidente—Rubén Darío Henao Orozco—Temístocles Ortega Narváez—Leonor Perdomo Perdomo.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

__________________________________