Sentencia 9091 de junio 17 de 2002 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 20029091 01, jun. 17/2002

Aprobado según Acta Nº Cuarenta y nueve (49) de la fecha

M.P. Leonor Perdomo Perdomo

Objeto de decisión

Resuelve la Sala la impugnación formulada por Gregorio Antonio González Barraza, contra el fallo del 11 de abril del año en curso, mediante el cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena, negó la tutela instaurada por el citado, al suponer conculcado su derecho fundamental al debido proceso, por parte del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga, a propósito del pronunciamiento que por vía de consulta profirió dicho estrado cuando revocó “...el incidente de desacato consultado, donde se sancionó a la representante legal del Hospital San Cristóbal, Idanea Esther Cantillo García...”.

Reseña

1. La petición de tutela.

Al formular la presente acción el señalado libelista precisó que el Juzgado Segundo Penal Municipal de Ciénaga en sentencia del 19 de abril de 2001, al declarar procedente la acción de tutela que había deprecado contra el Hospital San Cristóbal de la misma ciudad, le ordenó al entonces representante del centro hospitalario doctor Armando Madrid que contaba con un plazo de 8 días a partir de la notificación de ese fallo, para que iniciara “...los trámites necesarios para hacer efectivo el pago oportuno de los salarios atrasados al accionante señor Gregorio Antonio González Barraza”.

Agregó el actor, que en razón al incumplimiento de la orden en comento, el pasado 8 de enero presentó incidente de desacato contra el gerente del hospital, por lo que el Juzgado Segundo Penal Municipal de Ciénaga resolvió sancionar a la señorita Idanea Cantillo García en calidad de representante legal de la institución demandada, con cinco días de arresto y multa de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Determinación que al ser examinada en grado jurisdiccional de consulta por el Juzgado Segundo Penal del Circuito —hoy accionado—, fue revocada, en tanto el titular de dicho estrado judicial estimó, que de fallarse de nuevo sobre el punto, se estaría violando el principio que impide la doble incriminación por los mismos hechos, pues, la referida representante del hospital allegó a las diligencias el auto interlocutorio mediante el cual el 26 de julio de 2001, el Juzgado Segundo Penal Municipal declaró sin fundamento el incidente de desacato para entonces propuesto por el mismo actor.

Para el demandante, el anterior pronunciamiento comporta una vía de hecho que impide dar cumplimiento a la orden del juez de tutela que hace un año le amparó entre otros, su derecho fundamental al mínimo vital.

Consecuente con lo anterior, González Barraza pide al juez de tutela “...Revocar el fallo de segunda instancia dictado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga, e imponer a la gerente del hospital la sanción por desacato” (fls. 1 al 2 c.o.).

2. Sentencia de primera instancia.

Integrado debidamente el litisconsorcio necesario, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena, negó la tutela presentada por quien hay impugna, al señalar:

“...Una vez analizada la providencia que generó inconformidad a la que hoy promueve la tutela se puede establecer que, según los parámetros esbozados al principiar las consideraciones de esta providencia, al analizar una decisión judicial, que en el presente caso, no existió vía de hecho, pues la providencia atacada no fue fruto de la espontaneidad referida a una determinación adoptada sin el debido respaldo probatorio sino por el contrario ella obedeció al principio del nom bis in idem, situación que al dejarse pasar puede quebrantarse, el derecho de defensa que le asiste a este último” (sic para todo el texto) (fls. 34 al 38 c.o.).

3. Razones del inconforme.

Notificado de la decisión adaptada por la Sala a quo, el accionante aportó al expediente escrito de impugnación en el cual advirtió, que las autoridades estaban instituidas para velar por el cumplimiento de los derechos y garantías sociales y preferencialmente, de los derechos fundamentales.

Y terminó acotando: “...La violación de la norma de tutela ha sido demás (sic) claramente claramente arbitraria. Todo fallo de tutela concede un término dentro del cual la autoridad accionada deberá cumplir. Y si no lo hace dentro de ese término ha incurrido en desacato" (fls. 44 y 45 c.o.).

Consideraciones

1. Competencia de la Sala.

Acorde con el inciso primero del artículo 116 de la Constitución Política la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y las respectivas salas de los consejos seccionales de la judicatura como órganos integrantes de la rama judicial les asiste la facultad de administrar justicia, razón por la cual, tienen competencia para conocer de las acciones de tutela formuladas por cualquier persona que reclama el amparo de sus derechos fundamentales presuntamente conculcados.

Así mismo, por ser su superior jerárquico esta corporación es competente para conocer en segunda instancia de los fallos proferidos por los consejos seccionales, tal como lo prevé el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2. Características de la acción de tutela.

Del contenido del artículo 86 de la Carta Política de 1991 y de los abundantes desarrollos jurisprudenciales emanados de la Corte Constitucional, se desprende que la acción de tutela constituye una garantía y un mecanismo constitucional de protección, directa, inmediata y efectiva, de los derechos fundamentales de las personas cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que establezca la ley, cuyo trámite compete a los distintos jueces de la República, a fin de que resuelvan sobre las situaciones de hecho que por esas circunstancias se presenten.

Esta acción muestra por su finalidad, un carácter extraordinario, en la medida en que su utilización parte del respeto legal de las jurisdicciones ordinarias y especiales, así como de las respectivas acciones, procedimientos, instancias y recursos que ante las mismas se surten, lo que supone un uso en forma supletiva con carácter subsidiario; de manera que, la procedencia de la tutela se restringe a la inexistencia de otros medios de defensa judicial o a la ineficacia de los mismos, como también a su utilización transitoria ante la presencia de un perjuicio irremediable que permita contrarrestar tal efecto en forma temporal, con una operancia inmediata, urgente, rápida y eficaz, mediante el trámite de un procedimiento preferente y sumario, hasta tanto la autoridad correspondiente decida el fondo del asunto.

3. Lo que se debate.

En el presente evento se trata de establecer si en efecto, como lo informa el actor, el Juez Segundo Penal del Circuito de Ciénaga —Magdalena—, funcionario que revocó la sanción impuesta por el juzgado segundo penal municipal de la misma ciudad a la señorita Idanea Esther Cantillo García, dentro del trámite incidental que propuso el actor contra el Hospital San Cristóbal de la municipalidad en comento, le vulneró sus derechos fundamentales, en los términos que describió en su libelo de demanda constitucional.

En las condiciones anteriores, resulta imperioso determinar si el accionado al suscribir la providencia materia de censura por vía de tutela, incurrió, de manera protuberante, en alguno de los vicios o defectos que desde sus orígenes la Corte Constitucional ha señalado, para avalar de manera excepcional el estudio de fondo y la enmienda de rigor por parte del juez constitucional, entratándose de un aparente caso de autonomía funcional.

Para los efectos anteriores, prima facie es menester hacer claridad sobre la forma como se agotó el trámite incidental de desacato, refiriendo y examinando las consideraciones que en su momento esbozó el demandado y que según el petente, conculcaron sus derechos fundamentales. Veamos:

1. Se sabe que el Juzgado Segundo Penal Municipal de Ciénaga —Magdalena—, en sentencia del 19 de abril de 2001, resolvió la acción de tutela interpuesta por Gregorio Antonio González Barraza, contra el Hospital San Cristóbal, a favor del primero a quien le amparó su derecho fundamental al mínimo vital, ordenándole al entonces representante legal del centro de atención médica, que dentro de los ocho días siguientes a la notificación del fallo en cita, iniciar “...los trámites necesarios para hacer efectivo el pago oportuno de los salarios atrasados al accionante...”. (fls. 1 al 4, cdno. anexo).

2. Que para el mes de julio de 2001 el actor, aduciendo incumplimiento de la orden ya citada por parte la entidad accionada, formuló un primer incidente de desacato ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Ciénaga —Magdalena—, estrado judicial que lo declaró carente de fundamento, habida consideración del abono que para la época recibió González Barraza en suma equivalente a un millón de pesos de parte del representante del centro hospitalario (fls. 18 al 19, cdno. anexo).

3. Que transcurridos algo más de seis meses, el actor instauró de nuevo incidente de desacato, toda vez que la institución obligada con el fallo de tutela a la fecha tan sólo había cumplido parcialmente, la orden emanada de la providencia por medio de la cual se le había amparado su derecho fundamental al mínimo vital.

4. Que en consecuencia, el Juzgado Segundo Penal Municipal con proveído del 25 de febrero de la presente anualidad resolvió sancionar a la demandada con cinco días de arresto y multa de tres salarios mínimos legales mensuales al precisar entre otras cosas: “...De lo anterior se nota que a la fecha no se ha obtenido el pago total al accionante, tiempo este para que la gerente doctora Idanea Esther Cantillo García, hubiera cancelado lo ordenado mediante sentencia de fecha abril 19 de 2002, al petente Gregorio Antonio González Barraza, donde ha incumplido una orden judicial proferida dentro del trámite de un proceso de tutela, por lo que se estima que la representante legal doctora Idanea Esther Cantillo García debe ser sancionada...” (fl. 9 y 10, cdno. anexo).

5. Finalmente, se estableció que surtido el grado jurisdiccional de consulta el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga —Magdalena—, avalando los descargos que aportó en oportunidad la doctora Cantillo García, revocó "...el incidente de desacato consultado, donde se sancionó a la representante legal del Hospital San Cristóbal, Idanea Esther Cantillo García...”, precisando además:

“... Evidénciase entonces, que ha habido un pronunciamiento de fondo en lo relativo a un incidente por desacato planteado por González Barraza y de oportunidad —julio 26 del 2001—, el juzgado segundo penal municipal, se pronunció.

Por manera que este interlocutorio de fecha 26 de julio del 2001, ha hecho tránsito a cosa juzgada ya se refirió y agotó dicho tema.

Planteadas así las cosas, creemos que en este caso puede haberse dado el fenómeno penal o procesal penal contenido con la voz latina del nom pris is idem, por manera que sobre unos mismos hechos no puede ese mismo juzgado hacer sendos pronunciamientos, agregándose el desconocimiento del principio de la cosa juzgada que impugna también al debido proceso, artículo 27 constitucional...” (sic para todo el texto) (fls. 22 y 23, cdno. anexo).

4. Principio non bis in idem y cosa juzgada.

Reseñados en detalle los antecedentes del asunto sub lite, resulta oportuno detenernos un poco en el desarrollo jurisprudencial que la Corte Constitucional le ha dado a la garantía constitucional que impide el doble juzgamiento de un sujeto por idéntica situación fáctica:

“El principio de la cosa juzgada hace parte inescindible de las reglas del debido proceso aunque no se halle mencionado de manera expresa en el artículo 29 de la Constitución. Todo juicio, desde su comienzo, está llamado a culminar, ya que sobre las partes no puede ceñirse indefinidamente la expectativa en torno al sentido de la solución judicial a su conflicto. En consecuencia, hay un verdadero derecho constitucional fundamental a la sentencia firme y, por tanto, a la autoridad de la cosa juzgada (...). La sentencia con autoridad de cosa juzgada representa, para la parte favorecida, un título dotado de plena validez y oponible a todo el mundo, pues crea una situación jurídica indiscutible a partir de la firmeza del fallo” (1) .

(1) Corte Constitucional Sentencia C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

Y, en cuanto al principio non bis in idem, cabe anotar que éste se encuentra íntimamente relacionado con la cosa juzgada ya que protege el derecho que tiene toda persona a no ser procesada dos veces por los mismos hechos y, por consiguiente, es parte integral del debido proceso. Dicho principio también se encuentra regulado en los artículos 14 del Pacto de derechos civiles y políticos, aprobado por la Ley 74 de 1968 y 8º de la Convención americana de derechos humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, aprobada por la Ley 16 de 1972.

Sobre el mismo tema, la Corte Suprema de Justicia con ponencia del magistrado Doctor Herman Galán Castellanos el 13 de junio de 2001 dentro del proceso radicado 15833 enseñó:

“Constituyen una manifestación del debido proceso las garantías procesales relacionadas con la cosa juzgada (res iudicata pro veritate habetur) y la prohibición de la doble valoración (ne bis in idem), desarrolladas como norma rectora en los artículos 9º del Código Penal, 1º y 15 del Código de Procedimiento Penal.

(...).

El non bis in idem no permite que simultáneamente los funcionarios judiciales persigan a una persona más de una vez por un mismo hecho, independientemente de si ha sido absuelta o condenada. Esta garantía fundamental y procesal opera bajo una triple identidad: de persona (eadem personam) o elemento subjetivo, de objeto (eadem re) o aspecto fáctico resuelto y de causa (eadem causa petendi) o fundamento de la pretensión jurídica ante la jurisdicción penal.

Razones de seguridad o certeza jurídica, eficacia de la jurisdicción, economía procesal, justicia material, la misma naturaleza de derecho fundamental que ostenta, la necesidad de impedir el proferimiento de decisiones contradictorias, imponen a los jueces el deber de no desconocer decisiones anteriores o revivir asuntos finiquitados, nociones estas comprendidas en la garantía procesal del non bis in idem...” (negrilla fuera de texto).

Visto lo anterior, para la Sala es claro que el Juez Segundo Penal del Circuito de Ciénaga —Magdalena— al revocar la sanción que le fuera impuesta a la representante del Hospital San Cristóbal, erró cuando omitió estudiar el fondo del asunto sujeto a examen por vía de consulta, toda vez que como se vio, la situación fáctica que motivó la presentación por parte del actor del incidente de desacato, no coincide con la que para el mes de julio de 2001 ameritó pronunciamiento por parte del juzgado segundo penal municipal.

En efecto, del examen de las diligencias constitucionales es dable aseverar que si bien el señor González Barraza acudió en primer término al trámite incidental para lograr el cumplimiento del fallo de tutela que obligaba al centro de atención médica tantas veces citado, a adelantar los trámites necesarios para lograr el pago de sus salarios, el cual fue resuelto a favor de la institución en comento, en atención al abono de un millón de pesos que le hiciera al accionante, no se puede pretender como ligeramente lo razonó la sala de instancia, que dicha decisión cobije profuturo el incumplimiento cabal de la sentencia de tutela originaria, encontrando justificada la omisión del hospital so pretexto de no vulneración del principio non bis in indem.

Nótese que bajo ninguna circunstancia se pueden avalar los argumentos plasmados por el juez accionado, ni por el colegiado de instancia, toda vez que de encontrar eco lo considerado por los referidos funcionarios, se estaría introduciendo una novedosa y no menos desafortunada práctica por parte de los sujetos obligados con los fallos de tutela, cual seria el de justificar en primer término el no cumplimiento de la orden impartida por vía constitucional, a efectos de impedir la sanción por desacato, para esgrimir hacia el futuro tal determinación aduciendo desconocimiento de la cosa juzgada, con lo que se tornaría imposible cumplimiento cabal de las ordenes impartidas por los jueces de tutela.

Está claro entonces que el proveído dictado por el Juez Segundo Penal del Circuito de Ciénaga, tal y como lo precisará el actor, se opone a las normas constitucionales y legales, se convierte en un acto arbitrario e injusto que es necesario enmendar o corregir en forma inmediata, con el fin de impedir la vulneración del derecho fundamental del debido proceso en conexidad con el de acceso a la administración de justicia, pues, el incidente que enervó el actor después de seis meses de ser requerida por primera vez la representante del hospital, corresponde a un nuevo hecho que aunado al transcurso del tiempo, legitimaba al accionante a demandar el acatamiento de la orden proferida por el juez de tutela, a fin de que el funcionario de conocimiento —quien dicho sea de paso mantiene su competencia hasta tanto se cumpla su orden constitucional— evalúe de nuevo los motivos que con posterioridad al abono aislado del millón de pesos han motivado la presentación del nuevo incidente.

La ya consolidada doctrina constitucional, ha admitido que las providencias judiciales pueden presentar vicios en su configuración denominados vías de hecho, de conformidad con los criterios esbozados por la Corte Constitucional, a partir de la Sentencia C-543 de 1992. En términos generales dicha figura resulta de la actuación de los funcionarios con poder judicial de manera arbitraria o caprichosa, sin fundamento objetivo y razonable, apartada de los parámetros constitucionales y legales, sin operancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica.

Al punto, el alto tribunal en asuntos de tutela en reiteradas oportunidades, ha sostenido que si bien el juez constitucional puede revisar la decisión tomada, esto no lo convierte en un juez de instancia toda vez que mientras éste último verifica que se cumplan integralmente las reglas legales y constitucionales, aquel se limita a establecer que la decisión del juez de instancia, no resulte arbitraria a la luz de la Constitución Política.

La misma instancia en Sentencia T-327, señaló los requisitos que se deben dar en una decisión judicial para que constituya vía de hecho:

“a) Que la conducta del agente carezca de fundamento legal;

b) Que la conducta del agente obedezca a la voluntad subjetiva de quien desempeña la autoridad judicial;

c). Que tenga como consecuencia la vulneración de derechos fundamentales de manera grave e inminente;

d) Que no exista otra vía de defensa judicial, o que, existiendo se interponga la acción como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o que el examen particular que realice el juez de tutela verifique que la otra vía, en cuanto a su eficacia, no es la más adecuada para la protección inmediata del derecho fundamental violado o amenazado...”.

De esta manera, es en el presente proceso en el cual la acción de tutela surge como el mecanismo adecuado e idóneo para remover la vía de hecho que como se vio en el sub examine se concreta en el razonamiento del todo errado que hizo el juez accionado, cuando al identificar la situación fáctica y los sujetos, dejó de considerar el fondo del asunto sometido a su consideración, pretendiendo salvaguardar el derecho fundamental al debido proceso cuando lo cierto fue que precisamente su actuar vulneró dicha garantía en cabeza del señor González Barraza.

En este orden de ideas, la Sala tutelará el derecho fundamental personal al debido proceso en conexidad con el de acceso a la administración de justicia del señor Gregorio Antonio González Barraza, conculcado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga —Magdalena—, a propósito del pronunciamiento que por vía jurisdiccional de consulta emitiera el pasado 14 de marzo del año en curso.

En consecuencia, se deja sin valor y efecto el pronunciamiento dictado por el referido estrado judicial, por medio del cual revocó la sanción que con ocasión del trámite de desacato impuso en primera instancia el Juzgado Segundo Penal Municipal de la misma municipalidad a la señorita Idanea Esther Cantillo García, representante legal del hospital San Cristóbal de la misma ciudad, consistente en arresto de cinco días y multa de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Finalmente, se ordena al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga —Magdalena—, que dentro del improrrogable y perentorio término de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente proveído, resuelva de fondo el grado jurisdiccional de consulta de la sanción impuesta a la representante legal del hospital San Cristóbal de Ciénaga, con ocasión del trámite incidental de desacato que formulara el señor Gregorio Antonio González Barraza, en consonancia con los razonamientos que se expusieron en la parte considerativa del presente fallo.

Por lo anteriormente expuesto el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR con las precisiones hechas en el cuerpo de esta sentencia, el fallo impugnado, para en su lugar tutelar el derecho fundamental al debido proceso del actor Gregorio Antonio González Barraza.

2. Dejar sin valor y efecto el pronunciamiento dictado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga —Magdalena— de fecha marzo 14 de 2002, por medio del cual revocó la sanción que con ocasión del trámite de desacato impuso en primera instancia el Juzgado Segundo Penal Municipal de la misma municipalidad a la señorita Idanea Esther Cantillo García, representante legal del hospital San Cristóbal de la misma ciudad, consistente en arresto de cinco días y multa de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3. ORDENAR al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga —Magdalena—, que dentro del improrrogable y perentorio término de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente proveído, resuelva de fondo el grado jurisdiccional de consulta de la sanción impuesta a la representante legal del hospital San Cristóbal de Ciénaga, con ocasión del trámite incidental de desacato que formulara el señor Gregorio Antonio González Barraza, en consonancia con los razonamientos que se expusieron en la parte considerativa del presente fallo.

4. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia la secretaría judicial de esta Sala REMITIRÁ el presente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese notifíquese y cúmplase.

Magistrados:Temistócles Ortega Narváez—Jorge Alonso Flechas Díaz, aclaró voto—Guillermo Bueno Miranda—Eduardo Campo Soto—Fernando Coral Villota—Rubén Darío Henao Orozco—Leonor Perdomo Perdomo.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria General.

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