Sentencia 9094 de junio 14 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

PORTE ILEGAL DE ARMAS

TIPIFICACIÓN

EXTRACTOS: «Como se trata de un cargo por violación directa, es importante destacar las consideraciones que tuvo en cuenta el Tribunal para condenar por este delito al acusado.

“Por lo que respecta al porte ilegal de arma de fuego —se dijo en la sentencia de segunda instancia—, no se puede poner en duda, así no haya habido decomiso del artefacto, que el sindicado portaba uno de tal naturaleza, pues de otra manera no se hubiera ocasionado la muerte con proyectiles de arma de fuego. Como los testigos describen el aparato como revólver o pistola, hay que entenderla como de defensa personal, y que se portaba sin permiso de autoridad competente, como se deduce del hecho de que el procesado se hubiera descargado de ella y que nunca hubiera exhibido un salvoconducto que lo autorizaba a llevarlo consigo. El hecho así descrito encaja en el artículo 1º del Decreto 3664 de 1986, convertido en legislación permanente por el Decreto 2266 de 1991” (fls. 214).

La actora, dígase desde ya que equívocamente, estima que para la tipificación de este ilícito “es indispensable que al momento de la retención” el acusado lleve consigo el arma.

Para la Corte, esta exigencia adicional que plantea la casacionista no está comprendida dentro de la descripción típica de esta conducta, que se concreta, en el caso sub examine, al simple porte del arma de fuego sin permiso de autoridad competente, que fue, precisamente, lo que se logró demostrar en el proceso: que Manuel Salvador Tangarife Jiménez, en las horas del medio día del domingo 30 de agosto de 1992 y en los alrededores de la plaza minorista de Medellín, portaba un arma de fuego —revólver o pistola—, sin el respectivo salvoconducto.

De la circunstancia de que el acusado hubiera logrado desprenderse del arma, razón por la cual no se la halló en su poder cuando fue requisado, no puede de ninguna manera inferirse que minutos antes no la portaba, porque la prueba a este respecto es clara y contundente, tanto, que la casacionista fundamentó la censura en la violación directa, que como se sabe implica necesariamente para el actor la aceptación plena de la situación fáctica que dio por demostrada el fallador.

Es pertinente advertir sí, que si se desconoce que un sujeto anda armado y sometido a requisa nada se le encuentra en su poder, pues obvio resulta que ningún delito podrá imputársele ante la total ausencia de prueba sobre el porte ilegal de armas. Pero cuando el porte del arma —o de cualquier sustancia prohibida— está plenamente demostrado, la simple circunstancia de que el sujeto logre deshacerse de ella y que por tanto, al ser requisado no se encuentre en su poder el elemento prohibido que inmediatamente antes del registro llevaba consigo, es un aspecto que en nada incide en la adecuación típica de esta conducta. Para la Sala, también se equivoca la libelista y con ella la delegada, al sostener que la conducta delictiva no se configuró porque no se determinó si el arma que portaba el acusado era de defensa personal o de uso privativo de la fuerza pública.

Al respecto es pertinente aseverar que de conformidad con el Decreto 2535 de 1993, y la misma afirmación puede hacerse de cara a las normas que regían para el momento de ocurrir los hechos, “cada una de las armas de fuego existentes en el territorio nacional en manos de los particulares, debe tener un permiso para tenencia o para porte” (art. 20), lo que en otros términos significa que en Colombia es prohibido portar armas de fuego (sólo se exceptúan de esta prohibición las armas largas de pólvora negra, incluidas las escopetas de fisto —art. 25—), ya sean éstas de defensa personal o de uso privativo de la fuerza pública, si no se posee el permiso correspondiente. Y la violación a esta prohibición constituye delito.

Ahora bien, cuando el arma que se porta es de uso exclusivo de la fuerza pública, la pena para el delito de porte ilegal, por esta única consideración, es mucho más severa. Y como quiera que dentro de las armas de fuego sólo son consideradas como de uso exclusivo de la fuerza pública las que reúnan determinadas características (art. 8º ibídem), es obvio que para responsabilizar a una persona de este específico ilícito de porte ilegal de armas de guerra o de uso privativo de la fuerza pública, es indispensable establecer si el arma ilegalmente portada reúne estas condiciones especiales.

Mas cuando se trata del delito de porte ilegal de arma de fuego de defensa personal o de uso civil como las denomina el decreto que se ha venido citando, como quiera que esta clase de armas no requieren de ninguna característica especial, basta con demostrar que el arma portada, incáutese o no, es de fuego y que no se encuentra dentro de las excepciones previstas en el artículo 25 ya citado.

En el caso sub júdice es esta última la situación planteada. Dentro del proceso se demostró plenamente que Tangarife Jiménez portaba una pistola o revólver, sin permiso legal para ello, pues no se aportó salvoconducto alguno ni documento que estableciera que el acusado tenía dicha autorización. Recuérdese, a este último respecto, que al momento de su aprehensión fue requisado y no portaba ni siquiera sus documentos de identidad (fl. 40 vto.), y téngase en cuenta, además, que en su indagatoria manifestó no poseerlos, “porque no he sacado tarjeta ni nada”, razón de más para confirmar que no tenía salvoconducto, toda vez que éste no se expide a favor de personas indocumentadas. Y como por esta conducta típica se le condenó, la Corte no encuentra que el Tribunal hubiera incurrido en la aducida violación directa de la ley sustancial».

(Sentencia de casación, junio 14 de 1995. Radicación 9094. Magistrado Ponente: Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll).

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