Sentencia 9117 de agosto 2 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN

ES EL MARCO PARA DESARROLLAR EL JUICIO

EXTRACTOS: «1. La inconformidad del recurrente se concreta en que su defendido fue llamado a juicio por el delito de homicidio atenuado por haber obrado en estado de ira e intenso dolor, al tenor de lo previsto en el artículo 60 del Código Penal, y sin que hubiere variado la prueba en la etapa de la causa fue condenado por homicidio sin la atenuante concedida en el calificatorio.

Así las cosas, es claro que el sentenciador se apartó de la resolución de acusación en cuanto al reconocimiento de la ira e intenso dolor, porque no estuvo de acuerdo con la apreciación fáctica, probatoria y jurídica del juez de instrucción criminal, y no porque surgieran otras pruebas durante el juicio.

3. Esto pone de presente el tema de si el juez puede al momento de dictar sentencia hacer más gravosa la situación del enjuiciado, bien sea imputándole agravantes modificadoras de la punibilidad no deducidas en el pliego de cargos, o desconociéndole circunstancias de atenuación expresamente reconocidas en ese proveído.

Desde el 1º de julio de 1987 hasta el 1º de julio de 1992, el Código de Procedimiento entonces vigente (Decreto 050 de 1987) dispuso que la calificación del sumario tenía carácter provisional, en la medida en que era posible su variación durante la etapa del juicio, cumpliendo el rito previsto en el artículo 501.

Inicialmente la variación de la adecuación típica sólo era posible dentro del mismo título, y siempre que surgiera como consecuencia de las diligencias practicadas en el término probatorio del juicio o en la audiencia pública. A partir del 18 de agosto de 1989, en virtud de la modificación introducida al mencionado artículo 501 por el Decreto 1861 de ese año, las limitaciones se abolieron, de modo que la variación era posible como consecuencia de las pruebas recaudadas en la causa o sin ellas, y dentro del mismo título o de un título a otro.

4. En el asunto que ocupa la atención de la Sala el llamamiento a juicio se produjo en vigencia del Código de 1987, y la sentencia cuando ya había empezado a regir el Decreto 2700 de 1991, actual estatuto procesal.

Como la atenuante de la ira e intenso dolor fue reconocida al procesado Jaime Orlando Reyes Niño en la resolución de acusación, es evidente que le asiste razón al demandante, pues la sentencia no se encuentra en consonancia con los cargos formulados en el auto acusatorio, lo que conduce a que se case parcialmente para ajustar la pena a lo que corresponde aplicando la aminorante mencionada.

El juzgado de primera instancia fijó la pena en el mínimo de diez años de prisión, argumentando que no concurren circunstancias de agravación y en cambio sí algunas de atenuación, de modo que esa es la base de la que se debe partir para hacer la rebaja del artículo 60 del Código Penal, dejando como pena aplicable la tercera parte del mínimo, esto es, cuarenta (40) meses de prisión, tiempo al cual también se reducirá la interdicción de derechos y funciones públicas. Los perjuicios morales se dejarán en los quinientos (500) gramos oro en que fueron tasados.

Atendiendo a que el acusado Reyes Niño se encuentra en detención desde el 15 de octubre de 1991, se ordenará su libertad incondicional inmediata, pues en la fecha ya ha descontado la totalidad de la pena de prisión que le corresponde.

5. La decisión tomada obliga a que se aborde el tema de si con el actual sistema procesal es posible que el juez, apoyado en pruebas practicadas en el juicio, desborde la acusación incluyendo en la sentencia circunstancias de agravación modificadoras de la punibilidad, o no teniendo en cuenta atenuantes expresamente reconocidas en el pliego de cargos.

Como es ampliamente conocido, el Código de Procedimiento Penal que hoy rige no surgió como consecuencia de una simple variación legislativa, sino como efecto obligado del cambio de Constitución Política, en donde se dio un giro importante hacia la adopción del sistema acusatorio para el proceso penal, creando la Fiscalía General de la Nación y asignándole la misión de investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes (art. 250 de la C.P.).

De manera que es dentro de la filosofía del sistema acusatorio que se deben interpretar las normas del código, muy especialmente las que se refieren a las responsabilidades propias de los fiscales y de los jueces, tarea que no es fácil, como quiera que conlleva todo un cambio de mentalidad.

En desarrollo del mandato constitucional, el estatuto procesal distribuyó las competencias entregando a los fiscales la misión de “investigar, calificar y acusar, si a ello hubiere lugar”, ante los jueces y tribunales, a quienes otorgó la función de juzgar. A partir de la ejecutoria de la resolución de acusación el fiscal adquiere la condición de sujeto procesal y pierde la dirección de la investigación (art. 444 CPP).

Esto significa que el fiscal no puede pretender en la etapa del juicio adicionar la acusación, ya que los cargos deben estar formulados en su totalidad en el proveído calificatorio, de manera que el enjuiciado tenga la certeza de que es exclusivamente de ellos que debe defenderse.

La dimensión de la responsabilidad asignada a los fiscales por la nueva Constitución obliga a que su cumplimiento se realice con el mayor esmero, cuidado y profundidad, y a su vez hace necesario que el Ministerio Público esté atento a interponer los recursos de ley cuando la calificación no sea correcta. A la etapa del juicio no se puede llegar con incertidumbre sobre cuáles son los cargos, ni ese es momento oportuno para tratar de concretarlos.

La elaboración de los cargos en cuanto a la tipicidad implica precisión sobre los hechos investigados, con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que los especifiquen, señalando los tipos penales correspondientes a la denominación jurídica y a las circunstancias agravantes y atenuantes modificadoras de la punibilidad, así como a las genéricas que deben ser advertidas desde ese momento, esto es, aquellas que requieren de una valoración o análisis previos a su deducción.

El marco dentro del cual se debe desarrollar el juicio está determinado por la resolución de acusación, en donde el Estado por conducto del fiscal le indica al acriminado cuáles son los cargos que le formula, para que él pueda proveer a su defensa con la seguridad de que no va a ser sorprendido con una condena por hechos o situaciones distintas. De igual modo, los sujetos procesales tendrán en dicha resolución un punto de referencia definido sobre las pruebas que pueden presentar y solicitar en el período probatorio de la causa, las cuales se deben limitar a las que sean conducentes y eficaces para corroborar, degradar o desvirtuar la acusación, no siendo de recibo las que pretendan dar lugar a nuevos cargos.

Desde luego que lo dicho es sin perjuicio de que el juez frente a una resolución que afecta el debido proceso, bien por inobservancia de sus requisitos formales o por error en la denominación jurídica, deba invalidarla para que el fiscal subsane la irregularidad advertida.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Penal— administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR PARCIALMENTE la sentencia recurrida.

2. Decretar que la pena aplicable en virtud de la atenuante reconocida en el pliego de cargos es de cuarenta (40) meses de prisión. Al mismo término se reduce la interdicción de derechos y funciones públicas.

3. En los demás se mantiene el fallo impugnado.

4. Como en este momento el condenado ha descontado en detención la totalidad de la pena impuesta, se ordena su libertad incondicional. Líbrense las comunicaciones de ley.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».

(Sentencia de casación, agosto 2 de 1995. Radicación 9117. Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel).

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «El proyecto que en este asunto presenté a consideración de la Sala no fue aceptado en ésta. Insisto, pues, en lo mío, toda vez que las razones de la decisión mayoritaria no lograron conmoverme en lo más mínimo:

“1. Variadas son las posibilidades de discrepancia que pueden presentarse entre la resolución de acusación y la sentencia, como también lo son sus alcances y, por ende, su alegación en esta sede extraordinaria. El actor no posee la claridad necesaria sobre el tema y este el motivo para que sus aspiraciones no tengan la acogida que esperaba. Unas precisiones al respecto son necesarias antes de abordar el tema en cuestión y entre otros supuestos, se tiene:

a) Una primera disparidad puede surgir cuando el juez, al fallar el caso, trasciende los límites o parámetros impuestos por el núcleo central de la acusación, es decir, condena por una especie delictiva que no se enmarca dentro del pliego de cargos como cuando se enjuicia por peculado y se condena por hurto agravado. Esta desarmonía o falta de consonancia de la sentencia con los cargos formulados en la resolución de acusación ha de denunciarse en el ámbito de la causal segunda.

b) En tratándose de un error en la denominación jurídica de la infracción, la censura debe invocarse al amparo de la causal tercera de casación al tipificarse la conducta de manera errada, falencia que vicia de nulidad todo lo actuado a partir del calificatorio.

c) Cuanto a las circunstancias específicas de agravación obligatoriamente deben consignarse en el auto calificatorio con el fin de dar oportunidad a las partes de elaborar su estrategia respectiva, en procura de sacar avante sus propios intereses. Por consiguiente, si son ignoradas en la resolución de acusación y luego formuladas en la sentencia, se vulnera el derecho de defensa, falencia atacable por la vía de la causal tercera de casación.

d) También podrían presentarse errores que cabrían dentro del ámbito de la causal primera de casación, partiendo del hecho de su existencia previa en el vocatorio a juicio. Es posible que el sentenciador, al motivar su proveído, tenga por acreditada una atenuante y no empece su reconocimiento, no la hubiese considerado al tomar la decisión, omisión que indudablemente lo hace incurso en una violación directa de la norma respectiva por exclusión evidente.

2. El desconocimiento del tema hace que el recurrente elabore erróneamente sus argumentos con fundamento en la causal segunda, provocando el fracaso de su ataque. Explicable resulta, por tanto, que comience su razonamiento con dos temas diversos, con la pretensión de unirlos y desarrollarlos conjuntamente como si se tratara de uno solo, trayendo oscuridad al debate y confusión a su planteamiento. El primero versa sobre la cosa juzgada y el segundo trata sobre la obligación de respetar los términos de la resolución de acusación si no existiere prueba posterior que la modifique.

3. Es cierto que la providencia calificatoria, una vez queda ejecutoriada, se convierte en ley del proceso. Sin embargo, aunque fija unos cauces dentro de los cuales se debe desarrollar el juicio, ello no quiere decir que, fatalmente, la sentencia deba limitarse a reproducir los razonamientos jurídicos del calificatorio. Si ello fuere así, la etapa del juzgamiento no tendría sentido ni importancia alguna, ni tampoco las pruebas allegadas durante su desarrollo, así como la controversia generada en el debate público. La confusión estriba en el entendimiento equivocado que tiene el libelista de la resolución de acusación, base de una segunda e importante fase procesal pues sobre sus lineamientos —que no admiten desviación del derrotero marcado por el pliego de cargos— se formaliza y se desenvuelve la acusación, y se elabora la defensa del imputado.

Esto no quiere decir, como parece entenderlo el actor, que por tal motivo la providencia acusatoria se constituya prácticamente en la sentencia misma, impidiéndole al fallador examinar los resultados de la segunda etapa, realizando —si es el caso— las variaciones que se extraen del tenor del artículo 442, numeral 3º del Código de Procedimiento Penal, norma que señala como uno de los requisitos del vocatorio a juicio, la calificación jurídica provisional, con señalamiento del capítulo dentro del título correspondiente del estatuto punitivo. Este carácter provisorio indica que el juzgador —como muchas veces se ha dicho— al concretar definitivamente la adecuación típica del hecho punible, acomode en la sentencia la conducta a uno cualquiera de los tipos que integran el capítulo respectivo.

Así las cosas, una incongruencia atacable por la vía de la causal segunda de casación es aquella que se produce por la desarmonía o falta de coherencia entre el fallo de condena y los cargos formulados en la resolución de acusación, o lo que es lo mismo, cuando el delito, objeto del fallo, no guarda identidad típica con el punible imputado en el pliego de cargos.

Para demostrarlo en casación, el demandante simplemente debe enseñar y comparar los textos respectivos, de cuyo examen debe salir diáfanamente, sin necesidad de lucubración alguna, la discordancia alegada. El actor olvida estas preceptivas como en adelante se verá.

4. Como quiera que el ámbito de ataque elevado en este asunto es la causal segunda, el recurrente se encontraba en la obligación de mostrarle a la Corte que la relación jurídica existente entre el auto acusatorio y la sentencia, o por mejor decir, la identidad de la conducta imputada, se ha quebrantado con detrimento de la estructura básica del proceso.

Sin embargo, no procedió de esta manera. Luego de transcribir la parte pertinente de la resolución de acusación, señaló su inmutabilidad por haber hecho tránsito a cosa juzgada, advirtiendo que su variación únicamente puede hacerse cuando las probanzas aportadas en el juicio lo permitan. Si ello no es así, el fallo deberá respetar por completo los términos del calificatorio.

Como claramente se observa la discordancia observada la circunscribe el terreno probatorio. Su razonamiento no indica otra cosa: la prueba existente en el proceso, a juicio del instructor, demostraba la existencia de la diminuente; no obstante, el juzgador al estudiarla, interpretarla y evaluarla, no lo consideró así y descartó su aplicación. Por tanto, la falencia —si es que la hubo— es alegable en los terrenos de la causal primera de casación, segundo cuerpo, por violación indirecta de la ley sustancial.

Como se ve, el panorama probatorio mostró, sin dubitación alguna, que la conducta imputada no respondió a un comportamiento grave e injusto de la víctima. Rayo Arévalo no tenía motivos para generar la situación alegada por la defensa, y Reyes Niño carecía de todo derecho para reaccionar con la agresividad delictiva que hoy se le imputa, pues incluso buscó su compañía para mitigar sus problemas, yéndose de farra, luego de lo cual se presentó el suceso criminoso. Así, los presupuestos contemplados para la aplicación del delito emocional no se dan por parte alguna pero en ningún lado de las fojas de este proceso.

6. Así las cosas, no teniendo el recurrente razón en el reproche presentado a consideración de la Sala, el libelo ha de rechazarse”.

Nada más».

Jorge Enrique Valencia M. 

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