Sentencia 9124-02 de febrero 2 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 110013103006-1997-9124-02

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Octavio Munar Cadena

Bogotá, D.C., dos de febrero de dos mil cinco.

Se despacha el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 19 de octubre de 2000, proferida por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario adelantado por Laureano Gómez Botero frente a la sociedad Industria Colombiana de Artefactos S.A. Icasa.

EXTRACTOS: «Se considera:

1. En orden a establecer la veracidad de las imputaciones de la censura, advierte la Corte que, ciertamente, el sentenciador ad quem incurrió en diversos y evidentes yerros de apreciación probatoria.

En efecto, examinó fragmentariamente el escrito demandatorio, de modo que solamente percibió en él que “... el punto medular lo constituye, para la pretensión atinente a la responsabilidad deprecada, la mala fe endilgada a Icasa por parte del accionante ya que mientras este sostiene que aquella procedió a negociar el título ya estando cancelado, obligándola con ello a efectuar un doble pago, la sociedad se defiende aduciendo que lo hizo atendiendo la ley de circulación ...”.

Empero, es patente que allí también, y fundamentalmente, se dijo que en desarrollo de la actividad comercial realizada por las partes, la demandada le despachó al actor mercancía por valor de $ 58.218.317, que este garantizó con la letra de cambio Nº 01/3, a vencerse el 2 de febrero de 1991 (hechos 2 y 3); que el 4 de febrero de ese mismo año, los señores Rafael Angulo González y Mario Uribe, empleados de Icasa S.A., se acercaron a las oficinas del señor Laureano Gómez Botero, con el propósito de recaudar la obligación contenida en la letra de cambio reseñada en el punto anterior, motivo por el cual el actor procedió a pagar cumplidamente la obligación, entregando para tal efecto el cheque Nº 6947537 a cargo del Banco de Crédito y Comercio de Colombia, por valor de $ 58.218.317.00 (hechos 4, 5 y 6).

Así mismo, que la mencionada sociedad actuó “dolosamente” al exigirle que solucionara el título valor sin devolverlo debidamente cancelado, lo cual reiteradamente prometió (hechos 14 y 23); y que “el pago se efectuó directamente, sin que mediara entrega de la letra, porque la costumbre comercial con Icasa S.A., fue siempre la misam (sic), habida cuenta que previamente a la devolución de los títulos valores debía la compañía efectuar sus asientos contables y verificar la efectividad del pago”.

En ese orden de ideas, es palpable que el sentenciador interpretó indebidamente la demanda al restringir el supuesto fáctico de la pretensión indemnizatoria a la supuesta extemporaneidad del endoso a favor de “Financiera Industrial S.A.”, cuestión francamente marginal en ella.

Soslayó el tribunal, igualmente, la declaración del señor Mario Tomas Uribe Restrepo, quien como ex empleado de la demandada, aseveró, entre otras cosas, que “ ... fueron muchas las veces que fuimos ante Laureano Gómez a recibir cheques y de esas cuantías, o de varias cuantías, porque él compraba muchas mercancías, era un cliente muy bueno, muy honesto, era un cliente a cabalidad ...”. Luego, al referirse al modus operandi de los pagos derivados de esa relación comercial, señaló: “Solamente uno firmaba un comprobante del cheque pues todos los clientes de Icasa hacían eso y uno lo firmaba con sello inclusive. Y recuerdo que en algunas oportunidades Icasa me mandaba las letras que habían hecho los clientes para que yo las devolviera, a hechos, (sic), esto se hacía al tiempo de haber pagado alguna obligación. Es decir, cuando el cliente pagaba un cheque, ahí mismo no se le devolvía la garantía, eso era al tiempo que yo recibía lotes de letras de parte de Icasa para devolverlas ...”.

Tampoco advirtió el sentenciador de segundo grado que el declarante Fernando Pieschacón González, antiguo trabajador de la sociedad demandada, afirmó que el demandante “ ... le canceló a un funcionario de Icasa una letra no me acuerdo el valor, esta plata entró a las arcas de Icasa (... y esta) no le devolvió la letra que ... se encontraba en la Financiera Industrial”. Agregó, más adelante, que “... En esa época Icasa le vendía artículos electrodomésticos al señor Laureano Gómez y de estas operaciones se generaban letras de cambio que Icasa en algunas ocasiones entregó a la Financiera Industrial como garantía de sus obligaciones con la misma, el señor Laureano Gómez, cancelaba a Icasa las letras (y esta) las recogía de la Financiera Industrial y se las entregaba debidamente canceladas, en el caso de la letra en mención no me acuerdo muy bien el señor Laureano Gómez, como lo dije anteriormente la canceló a un funcionario de Icasa no me acuerdo a quien esta persona se los entregó a los directivos de Icasa (la cual) no le devolvió la letra ...”.

2. En orden a determinar la trascendencia de los anotados yerros, basta con señalar que dentro del ordenamiento civil patrio la noción de buena fe suele ser contemplada desde tres perspectivas distintas: en primer lugar, aquella que mira el interior de la persona y, por ende, toma en cuenta la convicción con la que esta actúa en determinadas situaciones; en segundo lugar, como una regla de conducta, es decir como la exigencia de comportarse en el tráfico jurídico con rectitud, y lealtad; y, finalmente, como un criterio de interpretación de los contratos, aspecto que para este caso se dejará de lado.

Pueden citarse como ejemplo de la primera, cuya principal virtud es la de generar derechos, lo prescrito en el artículo 768 del Código Civil, conforme al cual “la buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos exentos de fraudes y de todo vicio”; o las disposiciones contenidas en los artículos 964, 1634, etc., ejusdem , en los que el ordenamiento privilegia cierto estado subjetivo o espiritual de la persona que se caracteriza porque esta abriga la creencia razonada, sensata y ajena de culpa, de estar obrando en conforme a derecho.

Empero, desde otra perspectiva, la buena fe se vislumbra como un genuino hontanar de normas de comportamiento no formuladas positivamente pero implícitas en el ordenamiento que, por consiguiente, ante una situación dada, le imponen al sujeto una conducta determinada con miras a no agraviar los intereses jurídicos ajenos. Desde este punto de vista, la buena fe genera deberes y se califica cotejándola con un prototipo abstracto colocado en el contorno social de la persona.

Refiriéndose a estos aspectos de la buena fe, ha dicho esta corporación que “en tratándose de relaciones patrimoniales, la buena fe se concreta, no solo en la convicción interna de encontrarse la persona en una situación jurídica regular, aun cuando, a la postre, así no acontezca, como sucede en la posesión, sino también, como un criterio de hermenéutica de los vínculos contractuales, amén que constituye un paradigma de conducta relativo a la forma como deben formalizarse y, cumplirse las obligaciones. Todo lo anterior sin dejar de lado que reglas tales como aquellas que prohíben abusar de los derechos o actuar contrariando los actos propios, entre otras, que en la actualidad, dada su trascendencia, denotan un cariz propio, encuentran su fundamento último en la exigencia en comento.

“Aludir a la buena fe en materia de la formación y ejecución de las obligaciones, apareja ajustar el comportamiento a un arquetipo o modelo de conducta general que define los patrones socialmente exigibles relacionados con el correcto y diligente proceder, la lealtad en los tratos, la observancia de la palabra empeñada, el afianzamiento de la confianza suscitada frente a los demás, en síntesis, pues, comportarse conforme se espera de quienes actúan en el tráfico jurídico con rectitud, corrección y lealtad” (Sent. ago. 9/2000, exp. 5372).

3. Así las cosas, los distintos yerros de apreciación probatoria a los que anteriormente se hizo referencia, en los que incurrió el sentenciador ad quem , son trascendentes; desde luego que, como se evidencia en las pruebas preteridas por el tribunal ya especificadas, conforme al habitual desenvolvimiento de las relaciones comerciales establecidas entre las partes, el demandante, confiado en el cabal y honesto proceder de su contraparte, pagaba los títulos valores de contenido crediticio (letras de cambio) que emitía a su cargo, aun sin que se le exhibiesen y, menos aún, sin exigir inmediatamente su devolución, todo ello con miras a que la demandada pudiese atender mejor el giro de sus negocios, e inclusive, en espera a que fuesen honrados los cheques que aquel entregaba para saldar sus deudas, efectuado lo cual, ahí sí procedía a devolverlos, por lo que resulta patente que la sociedad demandada transgredió abiertamente las normas de conducta que le imponían actuar leal y honestamente frente a su deudor, devolviéndole los títulos valores oportunamente descargados.

Por el contrario, faltando a la confianza suscitada durante el transcurso de su relación comercial, no solamente se presentó a cobrar la letra de cambio que previamente había endosado a un tercero, sino que, además, se abstuvo de rescatarla y de informarle al deudor de esta circunstancia, exponiéndolo así al proceso ejecutivo que se siguió en su contra.

4. Establecido como se encuentra que el demandante, dados los antecedentes que particularizan su relación comercial con la demandada, obró legítimamente al pagar la deuda sin exigir la exhibición del título valor, a la vez que confió, razonadamente, en que hacía un pago válido con el que honraba la letra de cambio, amén que la sociedad demandada se abstuvo de cumplir una regla de conducta que le era propia en el contexto del trato entre las partes, vale decir, la devolver (recuperándola si era del caso) el título, es palpable que con su comportamiento contravinolos dictados de la buena fe y, por supuesto, la regla del artículo 624 del Código de Comercio, que lo compelía a devolver el título pagado.

Como quiera que la inobservancia de los dictados de la buena fe denota un comportamiento antijurídico, prontamente se advierte que del mismo deben desgajarse diversas consecuencias adversas para quien incurre en él, secuelas que, según cada caso, van desde la privación de las ventajas que corresponden a quien actúa de buena fe; o la sanción contra la validez o eficacia del acto o negocio jurídico de que se trate; o, justamente, el nacimiento de la responsabilidad civil, con la obligación de resarcir los daños derivados de tal conducta.

Puestas así las cosas, resulta palpable que la sentencia cuestionada debe casarse. Empero, para efectos de disponer lo pertinente, deberá la Corte decretar oficiosamente las pruebas que adelante se indicarán.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del 19 de octubre de 2000, proferida por la Sala Civil de descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario adelantado por Laureano Gómez Botero frente a la sociedad Industria Colombiana de Artefactos S.A. Icasa. Previamente a decidir lo pertinente, decreta oficiosamente la siguiente prueba:

Ofíciese al juzgado décimo civil del circuito de esta ciudad para que informe con precisión cuáles fueron las cuentas bancarias realmente embargadas al demandado en el proceso ejecutivo adelantado por la sociedad “Financiera Industrial S.A.”, contra Laureano Gómez Botero, la cantidad de dinero embargado, la fecha en que la cautela se consumó y aquella en la que la medida fue levantada.

Sin costas en el recurso de casación.

Cópiese y notifíquese».

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