Sentencia 9124 de marzo 12 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: Expediente 9124

Acta Nº 10

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Iván Palacio Palacio

Santafé de Bogotá, D.C., a 12 de marzo de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTOS «El reparo del impugnante se concreta en la infracción directa de las normas que con anterioridad a la Ley 100 de 1993 establecían el derecho a la pensión de sobrevivientes, pues considera que en el sub judice, y por haberse completado los supuestos fácticos propios de esos preceptos, nació el derecho por éstos consagrado, antes de la vigencia de la mencionada Ley 100.

Pero debe la Corte observar que el proveído acusado ni siquiera alude a tales presupuestos de hecho, de donde el cargo no podía orientarse por la vía directa toda vez que, aun cuando también se debate el punto sobre la ley que regula el caso concreto, la cuestión de saber si se reunían o no los requisitos de la anterior normatividad es esencialmente de hecho, y si no se parte de la evidencia sobre los mismos es imposible determinar si se presentó o no el quebranto legal que la acusación atribuye a la sentencia censurada.

Es más, admitiendo, en gracia de discusión, los planteamientos de la censura, en sede de instancia la Corte se encontraría ante la imposibilidad de estudiar las pretensiones de la parte actora porque esta última no aportó los elementos de prueba que acrediten los requisitos que exigía la normatividad anterior para adquirir el derecho a la pensión de sobrevivientes, cuales eran, haber cotizado para el seguro de invalidez, vejez y muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del fallecimiento del asegurado, o trescientas (300) semanas en cualquier época (arts. 6º y 25 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por Decreto 758 del mismo año).

(...).

La tesis muy clara que planteó quien promovió el proceso desde la demanda inicial y que reiteró en la demanda mediante la cual sustentó el recurso extraordinario es la siguiente: dado que William Adel Velásquez Muñoz adquirió en vida el derecho a la pensión de sobrevivientes, la Ley 100 de 1993 no era aplicable, pues por ministerio del artículo 58 de la Constitución Política las situaciones consolidadas en vigencia de la ley antigua no pueden ser desconocidas ni cercenadas por la ley nueva, de manera que con fundamento en la normatividad anterior, ella, como viuda, y sus hijos menores, todos en su condición de beneficiarios, deben recibir la pensión adquirida por su difunto esposo.

La respuesta por ello también debió ser clara, ya que o se aceptaba la tesis de la recurrente y se reconocía el derecho, lo que implicaba casar la sentencia por haber violado la ley, o, por no estarse frente a un derecho adquirido o una situación concreta consolidada, se imponía concluir que la mera expectativa que tenía Velásquez Muñoz fue truncada por la Ley 100 de 1993.

Así de claro se planteó el problema. Por lo mismo el deber de la Corte era responder el cargo dándole a la recurrente una razón suficiente, y no soslayando la respuesta al asunto mediante la aducción de una supuesta falta de técnica.

Por este motivo, y aun cuando comparto obviamente la decisión de no casar el fallo, pues fue esa misma solución la que propuse a la sala, debo aclarar que las razones que han debido expresarse son las que a continuación transcribo, por ser las que presenté en la ponencia.

A la recurrente debió respondérsele así:

No fue motivo de controversia entre las partes que William Adel Velásquez murió el 24 de abril de 1994. Así se afirmó en la demanda inicial y se aceptó por el Instituto de Seguros Sociales al contestarla. La discrepancia, en lo esencial, radica en que la demandante considera que ella y sus hijos tienen derecho a la pensión de sobrevivientes de conformidad con las disposiciones del Acuerdo 49 de 1990 del Instituto de Seguros Sociales, aprobado por el Decreto 758 de 1990, mientras que dicha entidad niega que les asista el derecho por considerar que la normatividad aplicable al caso era la Ley 100 de 1993, que derogó las anteriores regulaciones sobre la materia, dada la fecha de la muerte del esposo y padre de los recurrentes, criterio que acogió el tribunal en la sentencia impugnada.

El artículo 25 del Acuerdo del (sic) 49 de 1990 establecía:

“Pensión de sobrevivientes por muerte por riesgo común. Cuando la muerte del asegurado sea de origen no profesional, habrá derecho a la pensión de sobrevivientes en los siguientes casos:

a) Cuando a la fecha del fallecimiento, el asegurado haya reunido el número y densidad de cotizaciones que se exigen para adquirir el derecho a la pensión de invalidez por riesgo común, y

b) Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando o tenga causado el derecho a la pensión de invalidez o de vejez, según el presente reglamento”.

Y el artículo 6º disponía:

“Requisitos de la pensión de invalidez. Tendrán derecho a la pensión de invalidez de origen común, las personas que reúnan las siguientes condiciones:

a) Ser inválido permanente total o inválido permanente absoluto o gran inválido, y

b) Haber cotizado para el seguro de invalidez, vejez y muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez”.

Para la Corte no hay duda de que la norma que atribuye el derecho contempla dos casos para que nazca el mismo en favor de los beneficiarios del asegurado fallecido, ambos suponen como requisito sine qua non de su causación la muerte del asegurado. La literalidad de su texto, y la naturaleza de la prestación que aparece consagrada entre las “prestaciones en caso de muerte”, no permite entender que el derecho se causa sólo con el cumplimiento de la densidad de las semanas cotizadas establecidas en el artículo 6º atrás copiado; así como tampoco podría pensarse que se causa por el sólo hecho de que el asegurado estuviera disfrutando o tenga causado el derecho a la pensión de invalidez, o de vejez, puesto que el derecho no se configura en favor del afiliado, como erróneamente se afirma en el cargo, sino en el de los beneficiarios, y de acuerdo con los órdenes excluyentes que establece la ley o el reglamento. Por ello, mal puede decirse que William Adel Velásquez dejó causado un derecho, del cual no era titular, en favor de su esposa e hijos.

Es cierto que el artículo 26 del citado reglamento del Instituto de Seguros Sociales dispuso que el derecho “se reconoce y paga a partir de la fecha del fallecimiento del asegurado o pensionado”; pero, desde luego, antes había exigido que se cumplieran los requisitos establecidos en él. Cumplimiento que en cada uno de los casos es inseparable de la muerte del asegurado, hecho que si bien para éste es un suceso cierto, o un plazo inexorable que ha de cumplirse, como se afirma en la demanda, aunque indeterminado en el tiempo, para sus eventuales beneficiarios es una circunstancia que marca el nacimiento de un derecho que podría no llegar a causarse si no le sobreviven, o de no darse los demás requisitos que la ley exige para que puedan reclamarlo.

Si la pensión de sobrevivientes fuera un derecho adquirido para el propio asegurado, una vez reúna las cotizaciones que la ley prevé, y no una expectativa para sus beneficiarios, debería ser posible pedir sobre él una condena de futuro, lo que en realidad no es procedente. Esta razón demuestra que aparece ilógico el planteamiento de la parte recurrente, según el cual es sólo su reconocimiento y exigibilidad, y no el nacimiento del derecho mismo, lo que se difiere a la muerte del asegurado.

Es conclusión forzosa de lo expuesto que, de acuerdo con los hechos que se tuvieron por probados, mientras estuvo vigente el Acuerdo 49 de 1990, William Adel Velásquez no adquirió el derecho a la pensión de sobreviviente, y por lógica consecuencia directa, sus beneficiarios no pueden reclamar un derecho que únicamente de haber ocurrido la muerte del asegurado en vigencia de dicho acuerdo, cabría pensar se causó en su favor; mas como el fallecimiento se produjo en vigencia de la Ley 100 de 1993, que reguló de diferente manera la materia, no se causó en su favor la pensión de sobrevivientes.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley 100 de 1993, el sistema general de pensiones entró a regir el 1º de abril de 1994 y en virtud de su artículo 289 quedaron a salvo los derechos adquiridos y derogadas las disposiciones que le fueran contrarias, vale decir, para el caso, las relativas a la pensión de sobrevivientes; prestación que fue objeto de una regulación expresa, íntegra y distinta en los artículos 46, 47, 48, 74, 75, 76, 77, 78 y 144, al incorporar dicha institución al sistema general de pensiones adoptado en la nueva ley, unificar el sistema para el sector privado y público y establecer la obligación forzosa de todos los trabajadores, salvo contadas excepciones, de ser integrantes del régimen de pensiones de prima media del Instituto de Seguros Sociales o del administrado por los fondos privados.»

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