Sentencia 9130 de octubre 18 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

FIJACIÓN DE LA PENA

CARENCIA DE ANTECEDENTES PENALES

EXTRACTOS: «Es cierto que el Tribunal, teniendo en cuenta que los hechos delictivos se cumplieron en el año de 1983 y “no se sabe de antecedentes penales en contra de Guarín, Puentes y Trujillo”, reconoció el beneficio contemplado en el artículo 1º de la Ley 48 de 1987, pero ello no puede interpretarse como un reconocimiento de la buena conducta de los procesados como equivocadamente se consigna en las demandas.

Admitir la carencia de antecedentes penales no significa que al mismo tiempo se esté reconociendo que una persona ha sido de buena conducta, sino que es necesario que el proceder del acusado haya sido de tal naturaleza que lo haga acreedor a la benevolencia de la sociedad y de los jueces.

Es por ello que la simple aseveración del Tribunal en el sentido de que “no se sabe de antecedentes penales”, no significa por sí sola que se haya reconocido la circunstancia contemplada en el numeral 1º del artículo 64 del Código Penal, razón que explica el por qué sólo fue tenida en cuenta como circunstancia que no excluye a los procesados de la rebaja de pena prevista en la Ley 48 de 1987.

En cuanto a la causal de atenuación punitiva prevista en el numeral 7º del artículo 64 del Código Penal: “Resarcir voluntariamente el daño, aunque sea en forma parcial”, es importante precisar que no solamente aminora la gravedad del hecho, sino que permite inferir que el sujeto activo del delito es justo, ya que el resarcimiento “voluntario” es un acto de justicia correlativa realizado por el agente.

Lo anterior quiere decir que son dos los aspectos que se deben tener en cuenta para reconocer la atenuación punitiva que pretende el actor a favor de los procesados Puentes; a) el resarcimiento en forma parcial y b) la voluntariedad.

Es cierto que el Tribunal estimó que “sólo se trató de un pago parcial de los perjuicios”, pero además agregó una consideración que permite inferir que nunca se tuvo la voluntad de resarcir el daño, razón suficiente para que no se reconociera la circunstancia de atenuación que ahora se pretende.

Así se pronunció el Tribunal al respecto:

“... se tiene que aunque desde 1983 se suscribió el pagaré respaldado en crédito hipotecario, sólo con la escritura 1996 de abril 30 de 1991 de la Notaría 21 de Bogotá se materializó el pago de los perjuicios luego de dilatados trámites en donde Jorge Puentes intentó invalidar el acuerdo alegando coacción en su producción” (subraya fuera de texto).

Como fácil puede verse, no se trata de que el Tribunal haya desconocido o ignorando la existencia de las diminuentes contempladas en los numerales 1º y 7º del artículo 64 del Código Penal, sino que las rechazó por no darse los presupuestos exigidos para su reconocimiento».

(Sentencia de casación, octubre 18 de 1995. Radicación 9130. Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel).

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