Sentencia 9131 de agosto 31 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

COMPETENCIA DE LAS UNIDADES DE FISCALÍA

FUNCIONARIOS QUE ATIENDEN ASUNTOS DE VARIAS UNIDADES

EXTRACTOS: «Para ser extremadamente sintéticos, la causal de nulidad que se invoca se hace consistir en que la situación jurídica del procesado fue resuelta por un fiscal adscrito a la Unidad de patrimonio económico, cuando, según las informaciones suministradas al respecto, correspondía a uno perteneciente a la Unidad de vida y pudor sexual.

La ninguna importancia de las aludidas censuras, en orden a destruir mediante el recurso de casación un fallo de condena, permite abreviar la respuesta que al recurso extraordinario debe darse ahora, siguiendo para ello el acertado lineamiento de la delegada.

En primer lugar, la censurada definición de la situación jurídica se cumplió por fiscal delegado ante los jueces de circuito, que es el aspecto importante de la cuestión, lo cual ya determina la legitimidad de la atribución ejercida. Que lo fuera por funcionario destinado más frecuentemente a atender los procesos relacionados con delitos contra el patrimonio económico y no contra la vida y el pudor sexual, es aspecto secundario que puede simplemente repercutir en la esfera disciplinaria por desconocimiento, si acaso lo hubo, de fenómenos propios de reparto o de una distribución interna de trabajo de las unidades de fiscalía. De otro lado, no puede perderse de vista, considerando el asunto en esta específica esfera, que nada impide la actuación de un fiscal así éste no sea el que habitualmente debe atender esa gestión y que, por razones mismas del servicio judicial, se disponga transitoria u ocasionalmente ese desplazamiento. Pero, además, esa decisión procesal, que pudo recurrirse, cumplió sus efectos y fue superada por otras determinaciones de mayor trascendencia —resolución acusatoria—, que el censor no ha objetado. Entonces, resulta imposible que se combata ahora la idoneidad de una tramitación por factor que no resulta tener la importancia que se le quiere dar ni puede entenderse la ocurrencia, así tomase visos de pertinente, como que el trámite posterior no fuera susceptible de cumplirse y éste, por motivo tan único, representase la negación de los principios básicos y fundamentales de un debido proceso.

También conviene recordar la siguiente atinada glosa de la delegada:

“... es bien sabido que la posibilidad que le confiere la ley a la Fiscalía General de la Nación de dividirse en diferentes unidades administrativas, obedece a una especialización en el conocimiento de delitos, para con ello efectivizar las labores de investigación, mas sin embargo, ello en sí no es presupuesto de la competencia, ya que ella, en la fase sumarial, radica en cabeza del Fiscal General de la Nación quien delega la función instructiva y acusadora para cada caso en particular, al tenor de los artículos 250 de la C.N., 118 y ss. del CPP.

Y es tan clara la facultad delegataria de investigación, que la misma ley le permite al Fiscal General de la Nación la posibilidad de remover a cualquiera de sus delegados, para lo cual sólo exige que anteceda una decisión motivada, siempre y cuando sea funcionario de la misma jerarquía (CPP, art. 119), tal como aconteció en el presente asunto”».

(Sentencia de casación, agosto 31 de 1994. Radicación 9131. Magistrado Ponente: Dr. Gustavo Gómez Velásquez).

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