Sentencia 9137 de marzo 3 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

DELITO DE SECUESTRO

JUECES COMPETENTES

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Carreño Luengas

Radicación Nº 9137. Aprobado Acta Nº 22, marzo 2/94.

Santafé de Bogotá, D.C., marzo tres de mil novecientos noventa y cuatro.

Vistos

Decide de plano la Corte, el conflicto de competencia que se ha suscitado entre los juzgados regionales de Cali y el 26 Penal del Circuito de la misma ciudad, en relación con el juzgamiento de R..., contra quien se adelanta proceso bajo la sindicación de haber consumado un delito de secuestro extorsivo en grado de tentativa.

La Fiscalía Regional de Cali que adelantaba la investigación, recibió formal solicitud del sindicado R..., para que se profiriera en su caso la sentencia de terminación anticipada del proceso, que contempla el art. 37 del C. de P.P.

Celebrada la audiencia, se llegó a un acuerdo entre el señor fiscal y el acusado, que fue consentido por la defensa y el señor agente del Ministerio Público.

Cumplido lo anterior, la fiscalía remitió la actuación al señor juez regional de Cali para que profiriera la sentencia de rigor, pero dicho funcionario consideró que no tenía la competencia para conocer del proceso por el delito de secuestro extorsivo, en virtud de lo dispuesto en el art. 9º de la Ley 81 de 1993 en armonía con lo consagrado en la Ley 40 del mencionado año, que en su concepto facultó a los jueces penales del circuito para juzgar el comportamiento punible que aquí se trata.

Aduce en favor de su tesis el señor juez regional que el art. 9º de la Ley 81 de 1993, al fijar la competencia de los jueces regionales, dispuso en su numeral 5º, que a dichos funcionarios correspondía conocer “De los delitos de secuestro extorsivo o agravado en virtud de los numerales 6º, 8º y 12 del art. 3º de la Ley 40 de 1993”, precepto del cual deduce, que debido a que no existe el delito de secuestro simple agravado, quiso el legislador atribuir a los jueces penales del circuito el conocimiento de los delitos de secuestro, con excepción del secuestro extorsivo agravado por las tres causales que cita la norma, únicos tipos penales que en su concepto competen a los jueces regionales.

Analizando el tenor literal de la norma antes citada, sostiene el juez regional que

“...si la “o” es disyuntiva, se llega al resultado de pensar que existe un secuestro simple, es decir, no extorsivo, susceptible de ser agravado por las causales previstas en el art. 3º de la Ley 40 de 1993 y que en tal evento, sólo será de competencia de los jueces regionales todo el secuestro extorsivo y el secuestro simple agravado por las causales establecidas en los numerales 6º, 8º y 12 de dicho artículo. Pero esta interpretación es contraria a derecho, pues como ya se dijo, la Ley 40 de 1993 dejó sin agravantes el secuestro simple y precisamente por ello aumentó la penalidad de esta conducta típica...”.

Con apoyo en este modo de pensar, remitió el expediente al señor Juez 26 Penal del Circuito.

Este funcionario, no compartió los razonamientos del señor juez regional, pues en su concepto, ellos se apoyan en base equivocada, como es la de afirmar contra el contenido claro y preciso de la ley (arts. 1º, 2º y 3º de la Ley 40 de 1993), que no existe el tipo penal de secuestro simple agravado.

Con fundamento en lo anterior, sostiene que la conjunción “o” ha sido incorporada al texto legal en su forma disyuntiva y de acuerdo a dicha preceptiva a los jueces regionales corresponde el conocimiento de los delitos de secuestro extorsivo y el secuestro simple agravado por los numerales ya citados.

Para que se dirima la colisión remitió el expediente a la Corte.

Se considera

Por tratarse de un conflicto de competencias suscitado entre un juez regional y un juez penal de un circuito judicial, compete a la Corte dirimirlo según lo dispuesto en el art. 685 del CPP.

Para la Corte, indudablemente la razón asiste al señor juez del circuito de Cali, pues las argumentaciones del señor juez regional pierden todo su peso jurídico si se tiene en cuenta que ellas se fundamentan en una premisa equivocada, como es la de sostener que la Ley 40 de 1993 no contempla la figura del secuestro simple agravado.

Es suficiente hojear el articulado de la precitada ley para observar que en ella en su artículo primero, tipifica el delito de secuestro extorsivo, considerando como tal el que se realiza con el propósito de obtener por la libertad del secuestrado un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo con fines publicitarios o de carácter político. También tipifica como secuestro extorsivo aquel que tiene como sujeto pasivo “...a una persona de reconocida notoriedad o influencia pública...”.

El artículo segundo de dicha ley, estructura el tipo penal del secuestro simple, considerando como tal el que se consuma por fines distintos a los contemplados en el artículo anterior y aquél que tiene como ingrediente subjetivo, el deseo del agente de contraer matrimonio con la víctima, o el ánimo de satisfacer una finalidad erótico-sexual.

El artículo tercero consagra trece circunstancias de agravación punitiva, entre ellas la 6ª, cuando el delito se comete en empleado oficial, periodista o candidato a cargo de elección popular. La 8ª, si se realiza con fines terroristas y la 12, si el sujeto pasivo es o ha sido dirigente comunitario, sindical, político o religioso.

Todas estas circunstancias de agravación punitiva, incluidas las de los numerales 6º, 8º y 12, se predican tanto del secuestro simple como del extorsivo. El parágrafo de este artículo tercero es muy claro al estatuir: “... La pena señalada en el artículo 2º de la presente ley (es decir, el secuestro simple, resalta la Corte), se aumentará hasta en la mitad cuando concurra alguna de las circunstancias anteriores...”.

Quiere decir lo anterior, que la Ley 40 de 1993 en su artículo 3º, ha señalado circunstancias específicas de agravación punitiva que son predicables tanto del secuestro extorsivo como del simple. Idéntico tratamiento reciben otros tipos penales, como por ejemplo el hurto, donde el art. 351 del C.P. consagra circunstancias de agravación que son comunes al hurto simple y al calificado.

Con fundamento en lo anterior, es preciso concluir que el legislador quiso en el art. 9-5 de la Ley 81 de 1993, otorgar competencia a los jueces regionales, para conocer de aquellos delitos de secuestro que ofenden con mayor intensidad el bien jurídico protegido por la norma y que conllevan una mayor punibilidad. Por eso en dicho precepto al estatuir que los jueces regionales conocen “...De los delitos de secuestro extorsivo o agravado en virtud de los numerales 6º, 8º y 12 del art. 3º de la Ley 40 de 1993”, les está otorgando a dichos funcionarios competencia para juzgar no sólo el secuestro extorsivo, sino además el secuestro simple agravado por las tres circunstancias específicas de mayor punibilidad a que alude la norma.

En su sentido natural, obvio y de lógica jurídica, la letra “o” debe entenderse como una conjunción disyuntiva, que diferencia y separa los dos conceptos del secuestro extorsivo y el del secuestro simple agravado por los numerales 6º, 8º y 12 tantas veces citados, dejando como de competencia de los jueces penales del circuito, únicamente el secuestro simple y el simple agravado por cualquiera de los motivos de que trata el art. 3º de la Ley 40 de 1993, excepción hecha del agravado por las tres circunstancias a las cuales se refiere el art. 9-5 de la Ley 81 de 1993 que modificó la competencia que para los jueces regionales otorgaba el art. 71 del Código de Procedimiento Penal.

Como obligada consecuencia de los anteriores razonamientos se debe concluir, que el delito de secuestro extorsivo que se imputa en estas diligencias al acusado, debe ser juzgado por los jueces regionales por disponerlo así el art. 9º de la Ley 81 de 1993, que por tratarse de norma de carácter procesal es de aplicación inmediata. Por lo anterior, la Corte dirimirá la presente colisión atribuyendo la competencia para conocer de este proceso al señor juez regional de la ciudad de Cali.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, DIRIME la colisión aquí suscitada, atribuyendo el conocimiento del proceso por el delito de secuestro extorsivo al señor juez regional de la ciudad de Cali, a quien se remitirá el expediente. Comuníquese lo aquí dispuesto al señor Juez 26 Penal del Circuito de la misma ciudad.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Édgar Saavedra Rojas—Ricardo Calvete Rangel—Jorge Carreño Luengas—Guillermo Duque Ruiz—Gustavo Gómez Velásquez—Dídimo Páez Velandia—Juan Manuel Torres Fresneda—Jorge Enrique Valencia M. 

Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

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