Sentencia 9138 de agosto 30 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

JURISDICCIÓN PENAL MILITAR

INCOMPETENCIA PARA JUZGAR CIVILES

EXTRACTOS: «a) El artículo 170 de la anterior Carta Política, vigente para la época de los hechos (marzo de 1990) disponía que: “De los delitos cometidos por militares en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar”.

De la clara y diáfana redacción de esa norma superior y del espíritu que la animó, se infiere con toda claridad, que el ámbito de validez de esta jurisdicción especial, es la de juzgar los hechos punibles cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo, pero, además, cuando el delito ha sido cometido en relación con el mismo servicio, sin que pueda extraerse de esa preceptiva constitucional alguna excepción. Ningún civil o particular, sea cual fuere su vinculación a las Fuerzas Armadas, podía ser juzgado por la jurisdicción penal militar.

Tal interpretación la ha venido sosteniendo la Corte de tiempo atrás. En sentencia de agosto 10 de 1948 se subrayó:

“La ley de justicia militar no puede sustraer de los jueces ordinarios el conocimiento de delitos comunes cometidos por personas que no se hallan revestidas de título castrense porque a ello se opone el principio consagrado en el artículo 170 de la Carta, según el cual el régimen efectivo sólo es aplicable a los delitos cometidos por los militares en servicio (subraya la Corte). De aceptar la tesis contraria se llegaría al absurdo jurídico de que el Código Penal Militar absorbe la legislación penal ordinaria o común y destruye los principios fundamentales que informan el Código Penal, en relación con los delitos previstos y sancionados en los títulos I y II de la parte especial de esta última obra. (G.J. T. 65, págs. 21 a 27, sentencia de octubre 4 de 1971, M.P. doctor Eustorgio Sarria)”.

Siendo fiel a su pensamiento, en sentencia de octubre 4 de 1971, la Sala Plena de esta Corporación declaró inexequible los ordinales 2º, 5º y 6º del artículo 308 del Código de Justicia Penal Militar que permitían tal juzgamiento. Lo propio se hizo en sentencia de abril 9 de 1980 respecto del artículo 351 del Código de Justicia Penal Militar, los Decretos 250 y 284 de 1958 y el artículo 1º de la Ley 141 de 1961 que cobijaban dentro del fuero castrense a los civiles del gabinete del Ministro de Guerra y del cuartel general del comando de las Fuerzas Armadas.

Finalmente, en sentencia de noviembre 1º de 1984 se declaró inexequible el ordinal 1º del artículo 324 del Código de Justicia Penal Militar “...en cuanto se refiere al juzgamiento de jueces de instrucción penal militar o de auditores de guerra que sean civiles y no militares...” por parte de la jurisdicción castrense. Luego el tema comenzó a reiterarlo invariablemente la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, una vez conocido el pronunciamiento mayoritario que la Corte plasmó mediante sentencias del 5 de marzo y 20 de agosto de 1987, en las que definitivamente liberó a la justicia castrense de la tarea de juzgar personal civil al servicio de las Fuerzas Armadas, independientemente de toda consideración.

En el primero de los mencionados fallos, aclaró:

“El juzgamiento de civiles por tribunales militares no obedece, como se ha dicho con deplorable ligereza, a un simple traslado de competencia entre unos órganos judiciales previstos por la propia Constitución. Ya se dijo atrás que el artículo 170 de ésta contempla los tribunales militares exclusivamente para conocer de las faltas cometidas por militares en servicio y dentro del mismo, en razón de un fuero especialísimo que se explica por la naturaleza de institución armada. Asignarles el conocimiento de delitos cometidos por sujetos civiles implica algo más de fondo: una alteración sustancial del equilibrio de los poderes públicos y un cambio radical de la concepción de la administración de justicia.

Las urgencias del momento, por apremiantes que lleguen a ser, no son móvil plausible para disponer y tolerar un desbordamiento de las órbitas que la Constitución les asigna a cada una de las ramas del poder público. La anormalidad en los hechos no puede combatirse creando anormalidad en las estructuras jurídicas de la República, pues en todo tiempo deben prevalecer los mandatos constitucionales sobre las normas de inferior categoría”.

Luego, el 20 de agosto de 1987, la Corte reiteró su pensamiento al declarar inconstitucional la competencia de la justicia penal militar para juzgar al personal civil al servicio de las Fuerzas Armadas, otorgada en el artículo 1º del Decreto Legislativo 1196 del 30 de junio de ese mismo año.

b) Siendo este el criterio jurisprudencial que siempre ha imperado desde entonces, ninguna razón se encuentra ahora para variarlo ante todo si se tiene en cuenta la claridad y rotundez de la nueva preceptiva constitucional que enseña el artículo 213 conforme al cual en “ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar”. Esta norma superior para nada afectó lo que ya el legislador había elevado a la categoría de principio en el artículo 14 del vigente Código Penal Militar (Decreto 2550 de 1988), al definir el ámbito de aplicación de esa jurisdicción “a los militares en servicio activo que cometan hecho punible militar o común relacionado con el mismo servicio, dentro o fuera del territorio nacional, salvo las excepciones consagradas en el derecho internacional. También se aplicarán a los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional”.

c) De acogerse el pensamiento ensayado por el apelante, esto es, que la prohibición tiene única y exclusiva operancia para los denominados estados de excepción, tal criterio implicaría reformar el texto constitucional, abriendo tremenda brecha para que al través de una ley ordinaria se crearan procedimientos y cortes marciales vinculantes para los civiles.

La prohibición, es lo cierto, y no admite distinta interpretación, es que, en ningún caso, podrá la jurisdicción penal militar, investigar o juzgar a la población civil o particular.

Es esta, la intención sabia del constituyente. Si la plasmó en el título VII, capítulo 6º, correspondiente a la organización y funcionamiento de la rama ejecutiva del poder público, fue precisamente para cerrar cualquier posibilidad de soslayar esos límites.

4. Ahora bien: que la calidad de juez penal militar del doctor C..., le otorga la condición de “miembro” de la Fuerza Pública, pudiendo asimilarse su status, en consecuencia, a los linea-mientos que sobre este aspecto contiene el nuevo ordenamiento constitucional para los militares en servicio activo y, por ende, caer dentro del ámbito de aplicabilidad de la ley penal militar, prevista en el artículo 14 del Código Penal Militar, es interpretación que no resiste ningún examen.

El pretendido alcance es de no muy fácil comprensión. Extender la calidad de militar en servicio activo, o miembro de las Fuerzas Militares a todos los civiles vinculados al servicio de ellas —en el fondo ésta es la aspiración del recurrente—, es desnaturalizar el concepto claro que del contenido de las prescripciones constitucionales sobre la materia se posee. Obsérvese.

Las Fuerzas Militares tienen como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. Para hacer expedita su misión se les permite el uso de armas de todo tipo y el empleo de la fuerza dentro de los límites que les imponga la Carta y las leyes.

Ello implica para lograr la debida eficiencia y la mayor responsabilidad, una rígida jerar-quización en su interior, en la que cada acto de sus miembros responda a una directriz determinada dada por sus superiores. Por ello, resulta explicable que las acciones que se aparten de este orden estricto tengan sus propios jueces y sus particulares sanciones ya que sólo dentro de la órbita militar es que resultan explicables, pues, de acuerdo con sus normas hallan una cabal calificación tales conductas.

Ahora bien, es claro que aparte de su función militar propiamente dicha, el estamento castrense requiere de colaboraciones aledañas que no puede o no está en capacidad de realizar. Labores administrativas, científicas, técnicas o jurídicas deben cumplir los particulares si bien es cierto que adquieren un compromiso laboral esta condición no implica su incorporación a las tareas típicamente militares. Un médico, por ejemplo, tendrá la obligación de cuidar a los pacientes que se le encomienden. Pero ello no quiere decir que esté obligado a servir como centinela o a dar órdenes de mando a cualquier uniformado.

Lo propio sucede con los jueces penales militares. Su misión es la de administrar justicia dentro de las Fuerzas Armadas. Su quehacer, por consiguiente, es eminentemente jurídico y sus actos deben ser calificados dentro de un ámbito netamente particular pues su relación con las fuerzas castrenses es por completo ajena a los fines que la Constitución y las leyes les han fijado, como ya se explicó atrás.

En este sentido, correctos fueron los razonamientos expuestos en el Tribunal Superior Militar, al negar las súplicas del procesado para que avocara el conocimiento de este asunto pues ello implicaría “predicar que la justicia penal militar tiene competencia para conocer de los ilícitos perpetrados por conductores, mecánicos, aseadoras, rancheros, secretarias, médicos, ingenieros, economistas, etc., y que aun podría darse aplicación a todas aquellas normas que tipifiquen reatos especiales con sujeto activo indeterminado, verbigracia, la desobediencia, atribuible al médico, conductor o estafeta, civiles, que, por ejemplo, se abstengan de dar cumplimiento a una orden del comandante respectivo”.

La norma constitucional no tiene discusión. Es la condición de civil la que excluye su juzgamiento por los militares, es decir, su ajeni-dad a las funciones militares propiamente dichas, las que con sus grados, jerarquías, obligaciones y órdenes explican el porqué a sus miembros debe cobijarlos el fuero.

5. Fluye, entonces de lo anterior, que al no ostentar el doctor C..., en su calidad de Juez de Instrucción Penal Militar, la condición de miembro activo del Ejército Nacional, ni de otro de los cuerpos que integran la Fuerza Pública, trátase de un civil cuya situación no está amparada por el fuero militar establecido por la Constitución Nacional, ni ayer en la inteligencia del artículo 170, ni hoy, en el entendimiento del 221, criterio ratificado por el inciso final del 213, ibídem. Jurídica, entonces, la investigación y juzgamiento de su conducta por parte del Tribunal Superior de Bucaramanga».

(Sentencia de segunda instancia, agosto 30 de 1994. Radicación 9138. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Enrique Valencia M.).

SALVAMENTO DE VOTO

No es un misterio y sí un lugar común el acervo de críticas que suele suscitar la justicia penal militar. Tal vez se deba ello, principalmente, a que no se dan factores que propicien su independencia, estabilidad y capacitación. Con decir que está ausente la carrera que debe regirla (lo cual no deja de formar cierto contraste con el celo que el estamento militar ofrece a este respecto cuando se trata de su ordenamiento interno), el origen de los magistrados de su máximo tribunal y la representatividad que tiene, en las primeras instancias de juzgamiento, la oficialidad en servicio activo. Si algo se impone, hoy día, es tratar de salvar estas serias y atendibles objeciones, máxime cuando nadie duda de la permanente vigencia y necesidad de contar con esta clase de vital administración de justicia, determinada por la Constitución.

Pues bien, la Corte ha desaprovechado una feliz ocasión para aportar paulatino remedio a estas carencias o para acelerar el surgimiento de sus pertinentes y legales soluciones. Estoy plenamente identificado con la decisión tomada, en particular con la adscripción del juz-gamiento de los delitos cometidos por los jueces de instrucción y auditores, así se trate del ejercicio de sus específicas funciones como tales. Pero me separo de la renuencia expresada por la Mayoría de la Sala en cuanto a desechar igual criterio para los jueces de primera instancia que simultáneamente están en servicio activo. La coherencia del discurso indicaba, al menos para el suscrito, que debió asumirse para estos militares con desempeño de funciones de justicia, idéntica valoración. No lo ha entendido así la Corte y ese suceso, o mejor insuceso, es lo que tomo como circunstancia desaprovechada para introducir en el sistema actual de justicia penal militar un valioso correctivo que indudablemente repercutiría en un mejoramiento institucional y en un motivo importante de confianza tanto en la comunidad como en el vasto núcleo de personas sometidas a esta jurisdicción.

Fuera de las razones expuestas, lo que define mi opinión en este punto es que de la función propiamente militar, que concede el fuero para ser juzgados dentro del propio estamento y por sus superiores, debe separarse lo atinente a la administración de justicia en este específico campo, porque si así no fuera se tendría que admitir que un auditor o un juez de instrucción, con grado militar y que está en servicio, debería ser juzgado por el estamento militar, contrariándose lo que, acertadamente, ha decidido la Corte en este aspecto. De otro lado, así como no se afecta para nada la institución militar porque uno de sus miembros cometa un delito ajeno a sus funciones, debiendo intervenir la justicia ordinaria, así mismo el delito cometido por un juez de primera instancia, así ostente grado de oficial, debe pasar a conocimiento de la justicia común y alejarse del marco de la penal militar. Si algo trata de preservarse con el sometimiento de los militares en servicio activo, en cuanto sean reos de juzgamiento por su propia justicia, es lo inherente a la subordinación y poder de mando, que no permite deliberación, etc. Y, entonces, ¿se podrá imponer esta visualización para quien como juez de primera instancia debe actuar y actúa en un determinado proceso? En esta función tienen que obrar en forma independiente, ajeno a órdenes, supeditaciones, espíritu de cuerpo, etc., lo cual está indicando que debe distinguirse perfectamente lo que importa al servicio propio de la milicia y la función de justicia. Por eso soy partidario, y esta la razón del disentimiento parcial, que los jueces de primera instancia que ostentan además un servicio activo en la milicia, están sometidos a los tribunales ordinarios, por acciones relacionadas con el desempeño de sus atributos de jueces. Pero ojalá llegue un cambio de sistema que garantice la autonomía y estabilidad de todo el aparato de justicia penal militar, caso en el cual también, por esa separación y resguardada idoneidad, se podría atribuir el cuestionado juzgamiento a esa estructura especial de justicia, con una primera instancia ante su respectivo tribunal, y, una segunda ante la Corte.

Por ahora basten estas breves consideraciones.

Gustavo Gómez Velásquez. 

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