Sentencia 3838 de diciembre 6 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

MESADAS PENSIONALES ILEGALMENTE PAGADAS

SE DEBEN DEVOLVER CON AJUSTE DE VALOR

EXTRACTOS: «El departamento de Córdoba, por conducto de apoderado, pretende mediante la presente acción la declaratoria de nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución 1958 de 3 de noviembre de 1994 (fls. 13-14), proferido por el gerente de la Caja Departamental de Previsión Social de Córdoba, por la que se reconoció el pago de la pensión mensual vitalicia de jubilación en cuantía de $ 129.644, efectiva a partir del 7 de febrero de 1992 siempre y cuando se acredite el retiro definitivo del servicio del señor Prisciliano Oquendo Molina.

Como consecuencia de lo anterior solicita condenar al demandado al reintegro de la suma recibida por concepto de la pensión de que disfrutó, debidamente actualizada y con intereses por haber obrado de mala fe.

Con la probanza visible de folios 13 a 16 y que corresponde a la Resolución 1958 de 3 de noviembre de 1994, la Caja Departamental de Previsión Social de Córdoba resolvió reconocer a favor de Prisciliano Oquendo Molina una pensión mensual vitalicia de jubilación en cuantía de $ 129.644 siempre y cuando acredite el retiro definitivo del servicio. En la citada resolución se advierte que el demandado cuenta con más de 50 años de edad ya que nació el 27 de marzo de 1941 y que el último cargo desempeñado fue el de chofer nivel 0, grado 7 de la Caja Departamental de Previsión Social de Córdoba.

Esta pensión fue reconocida aplicando las siguientes disposiciones: decretos 1848 de 1969; 2921 de 1948; 2420 de 1968; 3135 de 1968; 2733 de 1959; Ley 6ª de 1945; Ley 65 de 1946 y 4ª de 1966.

El tiempo que se tuvo en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión fue el comprendido entre el 14 de septiembre de 1970 y el 31 de enero de 1990 y del 15 de marzo de 1991 a febrero de 1992.

Empero con la certificación que corre a folio 89 del informativo quedó demostrado que el actor laboró al servicio del departamento en el cargo de agente 1, categoría 7 de la Policía Departamental de Transporte, Tránsito desde el 14 de septiembre de 1976 hasta el 30 de enero de 1987; por espacio de 10 años y 4 meses; y en el cargo de chofer de la Caja Departamental de Previsión desde el 15 de marzo de 1991 hasta el 6 de febrero de 1992.

Así las cosas, es la entidad la que está demandando su propio acto, porque el demandado Oquendo Molina no cumplió con el tiempo de servicio para efectos del reconocimiento de la pensión.

La Sala con el fin de aclarar y establecer el verdadero tiempo de servicio dispuso en auto de 9 de agosto de 2001 (fl. 85) solicitar a la gobernación de Córdoba certificación donde conste el tiempo de servicio laborado por el actor; la Gobernación de Córdoba certificó que el señor Oquendo Molina fue empleado del departamento en el cargo de agente 1, categoría 7 de la Policía Departamental de Transporte y Tránsito desde el 14 de septiembre de 1976 hasta el 30 de enero de 1987 y en el cargo de chofer de la Caja Departamental de Previsión del 15 de marzo de 1991 hasta el 6 de febrero de 1992 (fl. 89). Lo anterior indica que el demandante no cumplió con el requisito del tiempo de servicio para ser acreedor del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.

En consecuencia, como está demostrado que en la documentación que aportó el demandado para el reconocimiento de su pensión constaba un tiempo de servicio que no había laborado al servicio del departamento de Córdoba es procedente decretar la nulidad del acto acusado por no haber completado el demandado los requisitos para el reconocimiento de la pensión de jubilación,

Adicionalmente el demandado será condenado a devolver todas las sumas de dinero que la parte actora le canceló con ocasión del reconocimiento a la pensión a la cual no tenía derecho, habida cuenta de que la ley ampara las prestaciones recibidas de buena fe.

La Sala considera pertinente decretar el ajuste de valor o indexación de las sumas de dinero que está en la obligación de devolver el demandado por concepto de mesadas pensionales ilegalmente pagadas, porque es evidente que cuando la administración se abstiene injustificadamente de pagar oportunamente lo que adeuda tales valores son afectados por la devaluación y quienes lo reciben tardíamente ven menguada su capacidad de compra de bienes y servicios y por ende empobreció su patrimonio, y, en el caso contrario, cuando es al demandado a quien le corresponde devolver sumas de dinero se presenta el mismo fenómeno.

Por lo tanto, disponer la indexación no es sólo una decisión ajustada a la ley sino un acto de elemental equidad, con base en el artículo 230 de la Carta Política, en armonía con el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo.

Al obligar a la parte vencida en juicio a pagar el valor real de lo adeudado no se le está haciendo más gravosa su situación ni ocasionándole un empobrecimiento sino condenándola a pagar lo que en justicia debe, asumiendo como consecuencia de su conducta los efectos que la devaluación ha producido en el poder adquisitivo del dinero adeudado.

En consecuencia, la Sala dispondrá el ajuste de valor de las sumas que el demandado está en la obligación de devolver a la entidad demandante por concepto de las mesadas pensionales ilegalmente reconocidas.

De igual modo se ordena la actualización de las condenas en los términos del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, dando aplicación a la siguiente fórmula:

 

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (R.H.), que es lo pagado al demandado por concepto de mesadas pensionales desde el 3 de noviembre de 1994 fecha en la que se reconoció la prestación hasta la fecha en que se suspenda el pago, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causaron las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los aumentos o reajustes producidos o decretados durante dicho período.

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente por cada suma correspondiente a las mesadas pensionales canceladas al demandado desde el 3 de noviembre de 1994, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de causación de cada uno de ellos.

Por las razones que anteceden la sentencia objeto de la alzada amerita ser confirmada con la aclaración atinente a la indexación de las sumas que debe devolver el demandado.

En este orden de ideas las pretensiones de la demanda alcanzan prosperidad y así el proveído recurrido que accedió a las mismas merece ser confirmado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "B" administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Confírmase la sentencia de 1º de junio de 2000 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda incoada por el departamento de Córdoba contra Prisciliano Oquendo Molina, con la aclaración de que las sumas a devolver deben ser indexadas en la forma anotada en la parte considerativa de este proveído.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase».

(Sentencia de diciembre 6 de 2001. Expediente 9186-3838-2000. Consejero Ponente: Dr. Jesús María Lemos Bustamente).

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