Sentencia 9186 de agosto 1º de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

FALLA DEL SERVICIO

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

EXTRACTOS: «A juicio de la Sala, en el presente proceso debe declararse la caducidad de la acción, tal como lo sostuvo el a quo en la decisión aquí cuestionada:

En efecto:

1. La muerte de la víctima, Guillermo Alberto Urrutia Ordóñez, que es el hecho imputado a la administración, del cual los demandantes pretenden derivar el pago de perjuicios, ocurrió el 27 de abril de 1986 de acuerdo con la copia del registro civil de defunción allegada al expediente (fl. 6 c. 2); y la demanda fue presentada el 9 de junio de 1989.

2. Con el objeto de demostrar que la acción fue instaurada dentro del término de caducidad consagrado en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en el libelo se afirmó que sólo hasta el 3 de agosto de 1987 los demandantes tuvieron conocimiento de que el autor del homicidio había sido el cabo Manuel María Roldán Salcedo, pues sólo en dicha fecha se profirió por la justicia penal llamamiento a juicio en su contra.

3. Ahora, con las pruebas que obran en el expediente se evidencia, en este momento procesal, que los demandantes tuvieron conocimiento de que la muerte de la víctima fue causada por miembros de la Policía Nacional, desde el 3 de mayo de 1986, esto es dentro de la semana siguiente a la fecha de su ocurrencia.

4. Las pruebas anteriores, llevan a la Sala a la plena convicción de que los demandantes también tuvieron conocimiento de que la muerte de la víctima fue ocasionada por miembros de la Policía Nacional, inmediatamente después de la ocurrencia del hecho y no sólo después, cuando se llamó a juicio a uno de los autores materiales del homicidio.

5. El hecho de que en la investigación penal se hubiera incriminado primero al agente Valencia Flórez y luego al propio cabo Manuel María Roldán, quien causó la muerte de la víctima y a su vez fue llamado a juicio el 3 de agosto de 1987 (fl. 11 c.1), no quiere decir en forma alguna que sólo a partir de esta última fecha debe contarse el término de caducidad de la acción.

6. El término debe contarse a partir del momento en que los demandantes tuvieron conocimiento de que la muerte de la víctima fue ocasionada por miembros de la Policía Nacional, pues es este el hecho que genera responsabilidad administrativa, la cual no requiere de la plena identificación del miembro de la policía autor del hecho, toda vez que no existe duda alguna sobre la imputación que se le hace a un miembro de la institución armada. No puede olvidarse que la falla del servicio es, en principio, anónima por no requerir la plena identificación del agente responsable. Así, frente a la responsabilidad administrativa que al Estado se le imputa por los hechos objeto del proceso, resulta indiferente que la muerte de la víctima hubiera sido causada por el agente Valencia Flórez o por el cabo Manuel María Roldán. En cualquiera de los dos casos se evidencia una falla del servicio que compromete la responsabilidad de la administración.

Las maniobras a que se hace referencia en la demanda, que obviamente merecen reproche, no tuvieron como objeto incriminar a personas desconocidas. Mediante ellas se culpó, en principio, al agente de la policía Henry Valencia Flórez, quien fue llamado a juicio mediante auto del 16 de octubre de 1986; posteriormente, en virtud de la declaración de una testigo presencial de los hechos, dicho agente fue absuelto y se llamó a juicio al cabo Manuel María Roldán.

Desde el primer llamamiento a juicio (16 de octubre de 1986), que determinaba la finalización de la etapa sumarial y por ende de la correspondiente reserva, la investigación estaba orientada a determinar como autor del hecho a uno de los miembros de la Policía Nacional que acompañó a la víctima; en consecuencia, no puede admitirse que sólo a partir del segundo llamamiento a juicio dirigido en contra de quien realmente fue el autor del hecho, deba contarse el término de caducidad de la acción.

7. La responsabilidad penal del agente, e incluso su responsabilidad civil, son distintas y autónomas respecto de la responsabilidad que para la administración se deriva de una falla en el servicio, y ello se evidencia si se tiene en cuenta que puede aparecer comprometida la patrimonial de la entidad, sin que el hecho del agente que la causó genere para él ni responsabilidad penal ni responsabilidad civil.

Afirmar que la acción administrativa sólo puede iniciarse una vez termine el proceso penal en el que se juzga la falta personal del agente, significaría desconocer la autonomía de la responsabilidad administrativa frente a la penal y establecer una especie de prejudicialidad que no está contemplada en la ley.

8. Atrás se dijo que la responsabilidad del Estado por falla en el servicio es ordinariamente anónima, porque para su declaración no se requiere en todos los casos individualizar al funcionario o agente que con su conducta la comprometió.

Por eso mismo la doctrina habla de la falla del servicio del funcionario y de la falla del servicio de la administración o anónima, identificándose en la primera los dos sujetos responsables y en la segunda sólo uno.

Lo que sucede es que cuando esa identificación es posible, el debate de la responsabilidad en cierto sentido se facilita, porque al evaluar la conducta de un funcionario determinado se puede detectar con cierta seguridad si actuó o no en función del servicio y para él, o si lo hizo en forma tal que su proceder pudo entenderse en un todo desvinculado de la función misma (casos de la culpa personal exclusiva del funcionario).

En el presente caso los damnificados, sin lugar a dudas, supieron desde un principio que la policía había sido la autora material de la muerte del señor Urrutia Ordóñez; si acaso tuvieron alguna duda, ésta radicó en el nombre del agente homicida, a quien se le quiso proteger por los superiores desde un principio; pero nunca en cuanto al organismo policial que causó la tragedia. Y a la semana siguiente de los hechos uno de los codemandantes, como se dijo atrás, había recibido la información de que miembros de la policía habían sido los autores del ilícito. Y con esta sola noticia se había podido iniciar la acción, para la cual la identificación del agente responsable no se requería.

Hubo, pues, un notorio descuido en la parte demandante, quien ahora pretende esgrimir doctrina no aceptada por la jurisprudencia. Quizás hubiera tenido razón si no se hubiera imputado el hecho desde un principio a la autoridad, pero esta circunstancia era conocida de todos, en forma coetánea, en el medio donde sucedió la tragedia.

Para despejar cualquier equívoco, basta recordar que el agente Henry Valencia Flórez fue llamado a juicio en primer lugar mediante proveído de 16 de octubre de 1986 por la muerte de Urrutia Ordóñez. Y aunque con posterioridad se le excluyó para hacer llamamiento al cabo Manuel María Roldán por el mismo hecho, estas circunstancias muestran que los mismos jueces penales, desde un principio, orientaron su investigación contra los agentes de la policía y no contra ningún particular».

(Sentencia de agosto 1º de 1995. Expediente 9186. Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo).

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