Sentencia de casación 9196 de mayo 14 de 1996

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN

ARMONÍA ENTRE LA CALIFICACIÓN Y EL FALLO

EXTRACTOS: «La delegada plantea oficiosamente una inquietud relacionada con el cambio de imputación hecha al procesado en la sentencia por las heridas causadas a Bernal Ruiz debido a que fue acusado por la fiscalía de tentativa de homicidio y condenado por lesiones personales, criterio que prohijó el Tribunal con el argumento de la teoría de la imputación fáctica, y consistente en haberse generado una desarmonía entre el pliego de cargos y la sentencia, corregible por la causal 2ª del artículo 220 que no impetra por resultar mayormente gravoso para el procesado, recurrente único del fallo en lo desfavorable.

Aun cuando es verdad que este aspecto no fue impugnado extraordinariamente, ha de ocuparse la Sala de él por tener clara incidencia dentro del debido proceso con repercusiones punitivas para el procesado en el fallo recurrido, en la medida en que se trata de un problema de errónea calificación de la conducta investigada, lo que obliga a su corrección oficiosamente en esta sede.

Significa lo anterior que la Corte no dará el enfoque que inquieta a la delegada, porque con él ciertamente se llegaría a desconocer principios constitucionales de rango fundamental, sino el que se enmarca dentro del rito esencial debido que ha de asumirse oficiosamente, en procura de la legalidad de la actuación.

Planteadas así las cosas, se observa que la cuestión por dilucidar radica en precisar si de acuerdo con el sistema procesal vigente el pliego de cargos que formula la Fiscalía en la resolución acusatoria es un requisito meramente formal de procedibilidad o, por el contrario, se trata de uno esencial del debido proceso que amerita claridad fáctica y precisión jurídica como presupuesto para el ejercicio pleno del derecho fundamental de defensa. Dicho con otras palabras: ¿la calificación que con resolución acusatoria hace la Fiscalía General de la Nación a través de sus diversas unidades debe ser una “acusación de imputación fáctica” o una de “imputación jurídica”?, que fue la discusión que se dio en este caso en el seno de la Sala de Decisión del Tribunal en el fallo mayoritario impugnado, prevaleciendo el primer criterio.

Empieza la Corte por reconocer que el tema es importante como interesantes las diversas tesis que se han expuesto. Sin embargo, debe recordarse que en desarrollo del mandato constitucional del artículo 230, esta colegiatura ya tuvo ocasión de examinar las diversas disposiciones legales sobre el particular y con base en ellas adoptó un criterio jurisprudencial que reconoce la acusación como jurídica y no fáctica, sin desconocer desde el punto de vista de la “lege ferenda” que la teoría de la imputación fáctica es una alternativa interesante que debe considerar el legislador para evitar las dilaciones procesales a que casi siempre conduce la corrección que debe hacerse de los quebrantos al rito fundamental, frecuentes por desgracia debido a la complicidad silenciosa de los sujetos procesales que tienen a su cargo “velar por la defensa del orden jurídico” en representación de la sociedad, o también a la tozudez de algunos funcionarios que olvidan que uno de los fines de la casación es “la unificación de la jurisprudencia nacional” (art. 219, CPP).

Dijo la Corte, en sentencia de agosto 2 de 1995, con ponencia del magistrado Ricardo Calvete Rangel:

“En desarrollo del mandato constitucional, el estatuto procesal distribuyó las competencias entregando a los fiscales la misión de “investigar, calificar y acusar, si a ello hubiere lugar”, ante los jueces y tribunales, a quienes otorgó la función de juzgar. A partir de la ejecutoria de la resolución de acusación el fiscal adquiere la condición de sujeto procesal y pierde la dirección de la investigación (art. 444, CPP).

Esto significa que el fiscal no puede pretender en la etapa del juicio adicionar la acusación, ya que los cargos deben estar formulados en su totalidad en el proveído calificatorio, de manera que el enjuiciado tenga la certeza de que es exclusivamente de ellos que debe defenderse.

La dimensión de la responsabilidad asignada a los fiscales por la nueva Constitución obliga a que su cumplimiento se realice con el mayor esmero, cuidado y profundidad, y a su vez hace necesario que el Ministerio Público esté atento a interponer los recursos de ley cuando la calificación no sea correcta. A la etapa del juicio no se puede llegar con incertidumbre sobre cuáles son los cargos, ni ese es el momento oportuno para tratar de concretarlos.

La elaboración de los cargos en cuanto a la tipicidad implica precisión sobre los hechos investigados, con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que los especifiquen, señalando los tipos penales correspondientes a la denominación jurídica y a las circunstancias agravantes y atenuantes modificadoras de la responsabilidad, así como a las genéricas que deben ser advertidas desde ese momento, esto es, aquellas que requieren de una valoración o análisis previos a su deducción.

El marco dentro del cual se debe desarrollar el juicio está determinado por la resolución acusatoria, en donde el Estado por conducto del fiscal le indica al acriminado cuáles son los cargos que le formula, para que él pueda proveer a su defensa con la seguridad de que no va a ser sorprendido con una condena por hechos o situaciones distintas. De igual modo, los sujetos procesales tendrán en dicha resolución un punto de referencia definido sobre las pruebas que pueden presentar y solicitar en el período probatorio de la causa, las cuales se deben limitar a las que sean conducentes y eficaces para corroborar, degradar (dentro del mismo capítulo, se agrega) o desvirtuar la acusación, no siendo de recibo las que pretendan dar lugar a nuevos cargos.

Desde luego que lo dicho es sin perjuicio de que el juez frente a una resolución que afecta el debido proceso, bien por inobservancia de sus requisitos formales o por error en la denominación jurídica, deba invalidarla para que el fiscal subsane la irregularidad advertida” (el paréntesis, fuera de texto).

Uno de los argumentos torales en que se apoya la tesis de la imputación fáctica se relaciona con el calificativo “provisional” que da el legislador en el artículo 442 del Código de Procedimiento Penal a la calificación “jurídica” del sumario, porque sus seguidores lo entienden como “un simple derrotero que puede sufrir precisiones y variaciones en la etapa del juicio que se condensarán, en últimas, en la sentencia”.

Esta apreciación no es exacta en su totalidad, como pasa a demostrarse: obsérvese que dicho artículo hace referencia a “los requisitos formales de la resolución de acusación”, uno de los cuales es la obligación de hacer una “calificación jurídica” de los hechos probados en el proceso con “señalamiento del capítulo dentro del título correspondiente del Código Penal” con lo cual está exigiendo claridad y precisión en la imputación. Si ello es así, como en efecto lo es, hay que inferir que la “provisionalidad” de esa calificación solamente hace referencia a la facultad de algunos de los sujetos procesales para pedir o aportar pruebas conducentes y eficaces en el juicio con la única finalidad de “desvirtuar o degradar la acusación”, pero en el entendido claro está, de que la degradación de la acusación sólo es posible siempre que no genere desarmonía entre la calificación y el fallo condenatorio como ocurriría en el caso de un homicidio agravado a uno simple o de éste a uno culposo, pues lo contrario implica necesariamente una falla, remediable únicamente en la forma señalada por el artículo 220-3 del Código de Procedimiento Penal, que es el caso presente.

Pero hay algo más, como bien lo recuerda el magistrado que salvó el voto en el Tribunal. Los antecedentes legislativos sobre el punto conducen a desentrañar la verdadera voluntad del legislador: primeramente, el artículo 501 del anterior estatuto facultaba al juez fallador, con un procedimiento especial desde luego y con señalamiento expreso de la competencia para el evento en que ésta sufriera modificación, a variar la calificación que hacían los jueces de instrucción criminal, disposición derogada por el actual ordenamiento; y, en segundo lugar, cuando el gobierno quiso reimplantarla con el proyecto que presentó en 1993 al Congreso, fue expresamente denegada por dicha colegiatura. Por manera que es insostenible frente a la legislación actual la tesis de la “imputación fáctica” la que, de paso, implicaría alterar la competencia fijada por la ley, en el evento en que ésta sufriese modificación con la variación de dicha calificación, lo cual no es posible en un Estado social y democrático de derecho en donde la competencia es un aspecto de orden público, modificable en forma expresa tan sólo por la ley.

Ahora bien: frente a la realidad procesal ciertamente no hay duda alguna para sostener un delito de lesiones personales respecto de la conducta desarrollada por el procesado Pedro Pablo Peña en relación con el señor Bernal Ruiz, como bien lo puntualizó el juez de primera instancia, lo cual permite sostener fundadamente que la Fiscalía al calificar dicha conducta como una tentativa de homicidio erró en la denominación jurídica del hecho en forma insalvable con evidente afectación del debido proceso, por lo que resulta imperativo decretar la nulidad parcial de lo actuado a partir inclusive de la providencia calificatoria.

(...).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CASAR la sentencia recurrida. En consecuencia disponer:

a) ANULAR oficiosa y parcialmente lo actuado a partir inclusive de la resolución acusatoria, únicamente en cuanto calificó la conducta del procesado como tentativa de homicidio con relación a las lesiones sufridas por Carlos Mauricio Bernal Ruiz. Consecuentemente, disponer se compulsen copias de lo pertinente y se envíen a la unidad respectiva de la Fiscalía General de la Nación para lo de su cargo».

(Sentencia de casación, mayo 14 de 1996. Radicación 9196. Magistrado Ponente: Dr. Dídimo Páez Velandia).

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