Sentencia 92123 de marzo 30 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad. 13001 23 31 000 2005 92123 01. Ref. 92123

Magistrado Ponente:

Dr. Reinaldo Chavarro Buriticá

Actor: Sociedad Aeroportuaria de la Costa

Acción de Cumplimiento

Bogotá, D.C., treinta de marzo de dos mil siete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

El artículo 87 de la Constitución Política desarrollado por la Ley 393 de 1997, tiene prevista la acción de cumplimiento con el objeto de otorgar a toda persona la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para lograr el cumplimiento de normas con fuerza de ley o de los actos administrativos, frente a las acciones u omisiones de las autoridades públicas, o de los particulares que los incumplan cuando actúen o deban actuar en ejercicio de funciones públicas y solo para el cumplimiento de las mismas. Al respecto, dentro del desarrollo jurisprudencial dado a dicha normatividad, esta corporación ha precisado que para que prospere una acción de cumplimiento es necesario que se presenten en forma concurrente los siguientes presupuestos: “a) Que la obligación que se pida hacer cumplir esté consignada en ley o acto administrativo, lo cual excluye de su fundamento las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y directrices; b) Que el mandato sea imperativo, inobjetable y que esté radicado en cabeza de aquella autoridad frente a la cual se aboga por el cumplimiento; y, c) Que se pruebe la renuencia del exigido a cumplir, o se pruebe que el cumplimiento se ha pedido directamente a la autoridad de que se trate” (1) .

La parte resolutiva de la Resolución 919 “Por medio de la cual se hacen unos requerimientos y se dictan otras disposiciones” expedida por el secretario general de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique Cardique es del siguiente tenor literal:

“ART. 1º—Requerir a las siguientes autoridades:

1.1. A la Aeronáutica Civil y a la Sociedad Aeroportuaria, para que se implementen sistemas de ayuntamiento no letales, sujetos a la aprobación de la autoridad ambiental, y para que en el término perentorio de un (1) mes, contado a partir de la ejecutoria de este acto administrativo, presente a la corporación un plano de las áreas inundadas aledañas a la pista, distintas a las de manglar y playones, con el fin de evaluar la posibilidad de nivelarlas y así eliminar un atrayente para ardeidos y chadridos.

1.2. Al establecimiento público ambiental de Cartagena, como interventor de los consorcios de aseo y al Consorcio Lime de Cartagena, para que en el término de tres meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, ponga a consideración de la corporación un programa de trabajo dirigido a la educación para la cultura de no basura de las comunidades aledañas al llamado canal paralelo; de conformidad con lo estipulado en el artículo 120 del Decreto 1713 de 2002. La Sociedad Aeroportuaria deberá coordinar sus actividades de educación a la comunidad con EPA Cartagena y el Consorcio Lime.

1.3. Al Consorcio Lime de Cartagena, para que en el término de tres meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, adelante una campaña de limpieza del canal paralelo eliminando por completo los residuos sólidos parcialmente descubiertos ubicados en el extremo sur de la pista.

1.4. Al Distrito de Cartagena para que en el término perentorio de un mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, desmonte el puente peatonal construido sobre el canal paralelo puesto que favorece la disposición de residuos sólidos en el extremo sur de la pista generando un gran peligro para la operación del aeropuerto; así mismo para que como propietario del terreno aledaño al Club de Suboficiales, realice el cerramiento con muro de material el acceso para evitar que siga siendo utilizado como basurero satélite; de acuerdo con lo establecido en el artículo 125 del Decreto 1713 de 2002.

ART. 2º—Copia del presente acto se remitirá a Capitanía de Puerto Cartagena y a la Subdirección de Gestión Ambiental de Cardique, para su seguimiento y control.

ART. 3º—Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación”.

En el sub examine mediante la acción de cumplimiento la demandante solicita que se le ordene a la demandada realizar las obras previstas en el numeral 1.4. del acto administrativo trascrito en precedencia.

La Sala señala que la ejecución de obras trae consigo un elemento intrínseco relacionado con los costos que genera la ejecución de las mismas, por lo que tal pretensión resulta ser improcedente tratándose de acciones de cumplimiento por expreso mandato legal (2) .

Teniendo en cuenta la pretensión de la demanda y el acto administrativo citado como incumplido, la Sala concluye que se configura en forma clara la causal de improcedencia de la acción prevista por el parágrafo único del artículo 9º de la Ley 393 de 1997 en cuanto prescribe que la acción de cumplimiento no procede para el cumplimiento de normas que establezcan gastos.

En efecto, con ocasión de la revisión de constitucionalidad del parágrafo del artículo 9º de la Ley 393 de 1997, la Corte Constitucional en Sentencia C-157 de abril 29 de 1998, con ponencia de los doctores Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera Vergara, expresó:

Las órdenes de gasto contenidas en las leyes, por sí mismas, no generan constitucionalmente a cargo del Congreso o de la administración correlativos deberes de gasto. No puede, en consecuencia, extenderse a este componente de las normas legales, la acción de cumplimiento. La aprobación legislativa de un gasto es condición necesaria, pero no suficiente para llevarlo a cabo. En efecto, según el artículo 345 de la Constitución Política, no puede hacerse erogación alguna con cargo al tesoro que no se halle incluida en la ley de presupuesto. Igualmente, corresponde al gobierno decidir libremente qué gastos ordenados por las leyes se incluyen en el respectivo proyecto de presupuesto (C.P., art. 346).

En el marco de la acción de cumplimiento, facultar al juez para que el gasto previsto en una ley se incorpore en la ley de presupuesto o que la partida que en esta se contempla se ejecute, quebranta el sistema presupuestal diseñado por el constituyente, lo mismo que el orden de competencias y procedimientos que lo sustentan. La acción de cumplimiento tiene un campo propio en el que ampliamente puede desplegar su virtualidad. La eficacia del novedoso mecanismo debe garantizarse y promoverse por la ley. Sin embargo, ello no puede perseguirse a costa de alterar las restantes instituciones y mecanismos constitucionales. Por lo demás, resulta insólita la pretensión que se expresa con la fórmula según la cual “todo gasto ordenado por las normas legales habrá de ejecutarse”, que pretende erigir un sistema presupuestal inflexible, apto para servir de escarmiento al abuso o ligereza de la democracia que ordena gastos que a la postre no se realizan. Los recursos del erario provienen de los impuestos de los ciudadanos. De su manejo desordenado y descuidado no puede surgir la receta para curar el mal que con razón se censura” (3) .

Así las cosas, al solicitar el cumplimiento de un acto administrativo que claramente establece un gasto para el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, en el sentido de disponer de recursos para el desmonte del puente peatonal construido sobre el canal paralelo, así como para realizar el cerramiento con muro de material del terreno aledaño al Club de Suboficiales, y por contar la demandante con otro mecanismo de defensa judicial para discutir sus pretensiones y obtener un pronunciamiento respecto de las mismas, la acción de cumplimiento presentada es improcedente.

De otra parte, la Sala precisa que la acción de cumplimiento no está prevista para que a través de ella se exija que la administración ejecute obras, toda vez que el legislador previó otro mecanismo judicial cuando se trata de obtener el cumplimiento de obligaciones de hacer, en los artículos 500 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Por lo anterior se impone revocar la sentencia impugnada en el sentido de rechazar por improcedente la acción de cumplimiento instaurada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA:

REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el veintitrés (23) de junio de dos mil seis (2006), y en su lugar se dispone RECHAZAR por improcedente la acción de cumplimiento presentada.

ADVIÉRTESE de la prohibición legal de intentar una nueva acción con la misma finalidad.

NOTIFÍQUESE conforme a lo previsto en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Magistrados: María Nohemí Hernández Pinzón, Presidenta—Reinaldo Chavarro Buriticá—Filemón Jiménez Ochoa—Darío Quiñones Pinilla.».

(1) Consejo de Estado —Sección Segunda— sentencia del 6 de noviembre de 1997.

(2) Artículo 9º de la Ley 393 de 1997.

(3) Corte Constitucional, Sentencia C-157 del 29 de abril de 1998.

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