•Sentencia 9229 de febrero 19 de 1999

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

ACCIÓN PÚBLICA DE NULIDAD

PUEDE SER INTERPUESTA POR LAS PERSONAS JURÍDICAS

EXTRACTOS: «Decide la Sala el recurso de apelación que, por conducto de apoderado, interpone la sociedad Terminal de Transportes de Chiquinquirá, S.A., la actora, contra la sentencia de primer grado, de 12 de agosto de 1998, inhibitoria, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el contencioso de nulidad promovido en relación con los artículos 17, 23 y 24 del Acuerdo 004 de 26 de febrero de 1994, expedido por el Concejo Municipal de Chiquinquirá (Boy.).

(...).

La Sala procederá a ocuparse en primer lugar, sobre la observación planteada por el Ministerio Público, dado que de su prosperidad la decisión a proferirse sería también de naturaleza inhibitoria. En efecto, trajo a colación la providencia de abril 21 de 1992, proferida en Sala unitaria por el doctor Guillermo Chahín Lizcano, expediente 4115, según la cual en un caso como el presente se estaría en presencia de “una nulidad procesal, de tipo constitucional al haberle dado curso a una demanda instaurada por personas carentes de titularidad, o lo que es lo mismo, de personería para recurrir a este proceso con el carácter de parte demandante”, y por lo mismo debería rechazarse la demanda con fundamento en lo prevenido en el numeral 6º del artículo 40 de la Constitución.

Para la Sala no es de recibo el anterior planteamiento, toda vez que el texto constitucional citado regula una materia específica, totalmente distinta, como lo es “la conformación, ejercicio y control del poder político”, para cuyo efecto se le concede al ciudadano (único legitimado para ejercer los derechos políticos) una serie de prerrogativas para mejor ejercer tal actividad. Con este fin el texto citado, advierte en forma meridiana que solo “para hacer efectivo este derecho puede” (el ciudadano), entre otras prerrogativas, “6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley”.

De los apartes transcritos se deduce, de suyo y necesariamente, que el derecho conferido a los ciudadanos, con exclusión de las demás personas, para el ejercicio de las citadas acciones públicas, sólo se predica respecto de aquéllos relativos a la “conformación, ejercicio y control del poder político”, que demás esta decirlo, nada tiene que ver con la acción que se plantea en el presente proceso, que se adelanta en desarrollo del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, texto que expresamente legítima a “toda persona” (natural o jurídica, mayor o menor, capaz o incapaz, nacional o extranjero) para que ejerza, directamente o a través de representante, la acción pública de nulidad contra los actos administrativos, según lo estime pertinente. En este evento, tanto la Constitución (art. 237) como la Ley, Código Contencioso Administrativo (arts. 84, 128 y ss.), habilitan a “Toda persona” para incoar las referidas acciones y por lo tanto no es de recibo la solicitud de la Procuraduría en el sentido indicado».

(Sentencia de febrero 19 de 1999. Radicación 9229. Consejero Ponente: Dr. Daniel Manrique Guzmán).

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