Sentencia 9230 de febrero 4 de 2003 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll

Aprobado acta Nº 018

Bogotá, D.C., cuatro de febrero del año dos mil tres.

Resuelve la Corte el recurso de reposición interpuesto por el defensor del doctor Juan José García Romero, contra el auto proferido el diez de diciembre de la pasada anualidad, mediante el cual no accedió a la solicitud de nulidad del dictamen pericial allegado a la actuación, y adopta otras determinaciones.

1. Antecedentes.

1.1. La Corte calificó el mérito de la investigación seguida contra el actor Juan José García Romero, formulando en su contra resolución de acusación por el concurso homogéneo y sucesivo de delitos de peculado por apropiación previsto en el libro segundo, título tercero, capítulo primero del Código Penal (D. 100/80), modificado por el artículo 2º de la Ley 42 de 1982 (fls. 47 y ss. cno. 6 Corte), en determinación que mantuvo al resolver el recurso de reposición interpuesto por la defensa (fls. 194 y ss. Ib.).

1.2. Por auto que corre a folios 96 y siguientes del cuaderno original número 7, la Corte dispuso “la ampliación de la prueba pericial número 379 que corre a folios 2002 y ss. cno. 1 fiscalía y 300 y siguientes del cuaderno Nº 1 de la Corte”.

1.3. Los profesionales universitarios adscritos al cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación, con apoyo en la prueba recaudada a la actuación emitieron la pericia requerida, de la cual se corrió el traslado correspondiente, y el defensor demandó su aclaración, ampliación y adición, en petición que fue resuelta negativamente por la Sala en auto proferido el ventidós de octubre último (fls. 178 y ss.) contra el cual posteriormente interpuso recurso de reposición que se resolvió en auto del diez de diciembre siguiente (fls. 11 y ss. cno. 13).

1.4. Mediante escrito que corre a folios 207 y siguientes del cuaderno 12, el defensor solicitó la nulidad del referido dictamen pericial “o por lo menos, de la parte conceptuada el 30 de agosto de 2002 por los tres peritos nombrados a última hora y requerir la presencia de Luis Eduardo Camargo para que complete la misión”, invocando al efecto el motivo contemplado en el artículo 306-2 del Código de Procedimiento Penal “por haberse violado el debido proceso”.

Sostuvo al efecto que en la práctica de la prueba pericial se produjeron irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, toda vez que debió someterse a las prescripciones de los artículos 249 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, “pero cuando el perito legalmente nombrado señor Luis Eduardo Camargo iba a conceptuar sobre el último punto del temario del dictamen ya voluminoso, con marcado abuso de poder, no le dieron los viáticos necesarios para su permanencia en Bogotá, desacatando la exigencia de la Corte”.

Consideró que ante ello se debió exigir ineludiblemente la presencia del perito en Bogotá, o enviar despacho comisorio a Cartagena con remisión del expediente, o ante la imposibilidad de rendir el dictamen dentro del nuevo término que fijó la Corte, se le debió reemplazar sin sanción alguna por tener justificación.

No obstante, se optó por algo que consideró “exótico”, nombrarle tres investigadores judiciales de apoyo, lo cual si bien se puede hacer desde el principio no resulta viable cuando se ha evacuado la casi totalidad de la prueba por un perito a quien se le negaron viáticos, pues además cuando se nombran varios peritos deben practicar las diligencias y hacer los estudios e investigaciones pertinentes de manera conjunta.

En este caso, agregó, ante la imposibilidad de hacerlo en torno a lo ya conceptuado en su mayor parte, en la exigua parte final no intervino Luis Eduardo Camargo porque la falta de viáticos ya no permaneció ni regresó a Bogotá, sino que viajó a Cartagena y luego a Valledupar a donde fue trasladado, para lo cual sí contó con viáticos.

En tales condiciones, sostuvo, Luis Eduardo Camargo no podía firmar, como no firmó, la última parte del dictamen, porque no fueron practicadas de manera conjunta las diligencias, estudios e investigaciones pertinentes, por imposibilidad física de hacerlo. De manera que Luis Eduardo Camargo no estuvo apoyado por los nuevos peritos sino sustituido de facto y al repetir el análisis hasta lo contradijeron, por lo que resulta el dictamen repetitivo y contradictorio sobre todo en la parte pertinente a la validez de la contabilidad de Mesdob, de lo que deduce que los peritos de última hora no leyeron los 348 folios del concepto de Luis Eduardo Camargo a quien tenían que colaborarle “y armaron un cataclismo”.

En razón de ello consideró que se presentan irregularidades sustanciales en la producción del dictamen pericial que afectan el debido proceso, “pues se desconocen las bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento como es el principio de legalidad de las actuaciones procesales”, ya que fueron transgredidas las disposiciones que reglan la prueba pericial y especialmente el artículo 251 del Código de Procedimiento Penal que establece requisitos de ineludible cumplimiento.

Afirmó, además, que dicha actuación viola el derecho de defensa, “pues de no atenderse el recurso de reposición o en su defecto la presente solicitud, el sindicado quedará crucificado en el cáucaso(sic) de las deducciones sutiles que reemplazarán a una verdadera prueba técnica que tenemos todo el derecho de reclamar”.

Manifestó, finalmente, adjuntar una certificación del Senado de la República sobre las fechas en que el doctor García Romero ha sido parlamentario y actuado en ejercicio de sus funciones, “para que la Corte en su sabiduría tome las determinaciones pertinentes” (fls. 207 y ss. cno. 12).

1.5. Mediante proveído de diez de diciembre de la pasada anualidad, materia de impugnación, la Sala no accedió a la solicitud de nulidad del dictamen pericial, elevada por el defensor del procesado, doctor Juan José García Romero (fls. 1 y ss. cno. 13).

2. El recurso.

En escrito que precede, el defensor del procesado, doctor Juan José García Romero, manifiesta interponer recurso de reposición contra dicho proveído, a fin de que se revoque y se acceda a la solicitud de nulidad del dictamen pericial.

Sostiene que su insistencia en la nulidad tiene por objeto purificar el proceso de una de las irregularidades sustanciales que lo afectan, y de “argumentaciones ad libitum” que no han permitido precisar si se reemplazó al perito o se le nombraron colaboradores de apoyo presentándose el fenómeno de peritos plurales.

Afirma que el artículo 251 del Código de Procedimiento Penal establece requisitos ineludibles en la producción del dictamen de manera que si se designan varios peritos, conjuntamente deben practicar las diligencias y hacer los estudios e investigaciones pertinentes para emitir el dictamen, formalidad que considera no haberse cumplido, sin que resulte plausible sostener que este requisito carece de importancia para el debido proceso y el derecho de defensa porque unifica criterios o estructura discrepancias e impide el espectáculo poco edificante de peritos de apoyo que sin discusión, estudio ni investigación conjunta contradicen al señor Luis Eduardo Camargo.

Se pregunta, entonces, cuáles serían las condicionas para nombrar peritos de apoyo. “Si hay colaboración o apoyo, lo que supone que no ha sido removido el perito inicialmente dictaminante, para qué argumentar en la providencia recurrida para sostener la negativa a declarar la nulidad del dictamen, echando mano de la fungibilidad de los peritos que no son irremplazables como los testigos? (fl. 5 de la Providencia). A secas, sin más, se puede reemplazar un perito porque el peritazgo es una prueba fungible?; o es que la honorable Sala en el fondo tiene la convicción de que reemplazó al perito Luis Eduardo Camargo? Esta motivación supérflua unida al argumento de que hay un número plural de peritos, constituye argumentar fuera del elenco. Hay que decidirse por una de las opciones y no juntarlas para no dejarle salida a la defensa”.

Acepta que el perito es reemplazable, pero solo en determinadas circunstancias, como por ejemplo no rendir el dictamen dentro del término, el impedimento, la muerte, la enfermedad o incapacidad física o mental grave, el dejar de ser servidor público cuando se trata de perito oficial, etc. En este caso, sostiene, el perito Luis Eduardo Camargo no ha sido removido del cargo que desempeñaba en la fiscalía, no ha fallecido ni se encuentra enfermo o impedido, de manera que para fundamentar el planteamiento se debió citar la imposibilidad física o funcional de orden laboral o personal que lo aquejan, en cuyo evento no se le debería nombrar colaboradores sino reemplazos.

Alude que la Corte no planteó una premisa mayor concreta, pues “únicamente existe la manifestación de la defensa que ante la desaparición del perito Luis Eduardo Camargo de la secretaría donde emitía su dictamen, investigó y se enteró que arbitrariamente el jefe del CTI de Cartagena no le daba más viáticos y alarmada, en los alegatos comunicó a la Corte la arbitrariedad, la cual no está establecido (sic) en el expediente probatoriamente y además, no constituiría ninguna imposibilidad, porque con un simple requerimiento de la Corte al funcionario torpemente renuente, solucionaba el impase”.

“Ante la anterior falla (agrega), se debió en la premisa citar las razones laborales, personales y de otra índole que estructuran una imposibilidad física o funcional de manera concreta. Enseguida plantear la premisa menor; es así, que el perito Luis Eduardo Camargo está (sic) imposibilitado física y funcionalmente por lo siguiente... (y probar esta premisa); luego (concluir), se puede reemplazarlo. Y reemplazarlo y decir sin eufemismos que se reemplaza”, o, precisar las razones por las que se encuentra imposibilitado física y funcionalmente y seguidamente mombrarle colaboradores.

Considera que la Corte no dice claramente en el auto si plantea el reemplazo o sí solamente el nombramiento de colaboradores, pues los presenta a la par, sin precisar la imposibilidad física o funcional de Luis Eduardo Camargo, por lo que no llegó a justificar su reemplazo, ni el nombramiento de colaboradores que si son tales, debieron estudiar, investigar y rendir un dictamen conjunto si no mediaren discrepancias.

Agrega que el procesado tiene derecho a que el dictamen pericial sea evacuado de manera completa y respetando el rito en su producción que no permita reemplazar al perito sin causa justificada, ni nombrarle colaboradores “ad libitum” casi al final de su prolijo dictamen ya casi evacuado en su totalidad. “Y ya que se le nombró eufemísticamente colaboradores de apoyo para que dictaminaran lo mínimo que faltaba, por lo menos, se debió observar las diligencias, estudio e investigaciones conjuntas previstos por la norma, para peritos plurales que obviamente no están prohibidos cuando el nombramiento se ajusta al artículo 17 del Código de Procedimiento Penal, y no para cambiarnos de hecho un perito que conceptuó favorablemente en muchos aspectos, como lo hizo, determinó o lo propició el jefe del CTI de Cartagena” sin saberse las razones de ello.

Este requisito, dice, no se refiere a mera praxis, que garantiza seriedad, mayor idoneidad, examen concienzudo, porque 4 expertos deliberantes garantizarían acierto. Agrega que “al no darse diligenciamiento, estudio e investigación conjunta, los peritos en colaboración al contestar las los (sic) últimos puntos con independencia del resto de las respuestas evacuadas, cosa que según la honorable Sala se puede hacer, contradicen sin discusión y examen mancomunados lo favorable a los intereses de la defensa que dictaminó el perito Luis Eduardo Camargo”.

Seguidamente reproduce algunos apartes del dictamen rendido por Luis Eduardo Camargo y de la parte emitida por los peritos José Gregorio Cortazar Forero, Pedro Orlando Ayala Avendaño y Luis Ernesto Rico Parra, y considera que si bien las preguntas del temario están redactadas físicamente de manera independiente, guardan relación intrínseca porque todas versan sobre la validez de la contabilidad de Mesdob y sus comprobantes y soportes sobre el destino de los dineros oficiales. “Por consiguiente los peritos colaboradores al contestar los mínimos últimos puntos del temario contradicen y refutan lo sostenido por el perito Luis Eduardo Camargo bajo los aspectos ya anotados en los párrafos anteriores, precisamente por la relación intrínseca de las preguntas formuladas tanto por la honorable Sala como por la defensa. Las contradicciones demuestran que no se puede dislocar el dictamen, para ser contestado en su parte final por personas diferentes que con criterios diversos dicen cosas diferentes”.

Insiste en que sí se presenta una violación del debido proceso y el derecho de defensa “pues, lo estructurado no es inocuo porque perjudica al procesado al producirse una prueba desfavorable, cuando dada la prueba existente en el proceso debió ser favorable, por el dislocamiento ya que se pone en entredicho el destino de los dineros oficiales que se repartieron de acuerdo al plan de inversión...”.

Alude que el principio de economía procesal no puede ser el contrafuerte para apuntalar actuaciones que no se ajustan a la ley, tampoco cabe frente a la norma rectora de la investigación integral que obliga inquirir lo favorable y lo desfavorable y a no dejar medios probatorios inconclusos y defectuosamente contradictorios como el dictamen de autos; frente a la obligación para el funcionario judicial de corregir los actos irregulares respetando los derechos y garantías de los sujetos procesales y frente a la norma rectora de la contradicción probatoria.

Concluye solicitando revocar la providencia recurrida, acceder a la nulidad del dictamen, “por lo menos en la parte evaluada por los peritos de apoyo que introdujeron las antimonias desfavorables”, y requerir a Luis Eduardo Camargo para que complete su dictamen.

De todos modos, sea que la providencia materia de impugnación se mantenga o se revoque, solicita se ordene la comparecencia de los peritos a la audiencia, para que conforme al cuestionario previamente presentado dentro del término que se señale, se explique el dictamen rendido y se responda a las preguntas que sean pertinentes, de las cuales por el momento dice presentar un temario en memorial anexo.

Manifiesta, finalmente, presentar al contador Juan Aquilino Pérez para que se lo reconozca como asesor de la defensa y se le permita el acceso al expediente (fls. 40 y ss. cno. 13).

Se considera:

En la providencia que a iniciativa de la defensa por vía de recurso ahora se revisa, precisó la Corte que es cierto, como se afirma por el libelista, que la mayoría de los puntos propuestos para absolver mediante dictamen pericial, fueron resueltos por el perito Luis Eduardo Camargo y que las restantes preguntas formuladas en el auto que dispuso la prueba, fueron absueltas por otros profesionales adscritos a la misma institución a que aquel pertenece.

Agregó, sin embargo, que no por haberse practicado la prueba en las aludidas circunstancias ésta se encuentra viciada de nulidad con compromiso del debido proceso que amerite declarar la ineficacia de lo actuado, pues al no encontrarse la prueba en relación causativa con las demás actuaciones que componen el trámite, los vicios que aquella pueda presentar no lograrían contaminar el proceso, sino, a lo sumo, la eficacia demostrativa del medio.

En todo caso, advirtió la Corte que ni la prueba deja de ser válida por haberse practicado en las condiciones puestas de presente por la defensa, ni se configura un motivo de ineficacia del trámite; esto si se toma en consideración que la labor de los expertos tiene por objeto dar respuesta a puntos distintos del cuestionario, perfectamente diferenciados, y que, en tales condiciones, el último informe no podría invalidar ni rectificar las conclusiones del primero.

Precisó que la fungibilidad de los peritos es una característica específica de la prueba pericial que la distingue de los demás medios probatorios, pues mientras el testigo, por ejemplo, es irremplazable porque solo él ha visto u oído aquello sobre lo que declara, no ocurre lo propio con el perito, en razón a que su cometido consiste en suministrar unos conocimientos especializados que no son propios de él, sino que también pueden ser poseídos por otras personas, por lo que si por cualquier circunstancia el perito inicialmente dictaminante no pudo absolver todos los interrogatorios propuestos por el juzgador o las partes, pero lo hizo de manera completa sobre alguno o algunos de ellos, cualquier otro de la misma especialidad puede acudir en su lugar para completar el encargo, sin que por ello la pericia realizada quede afectada en su validez o eficacia.

Por vía de ejemplo, indicó la Corte que tal sería el caso cuando el juzgador ordena reconocimiento médico legal en orden a describir las heridas inferidas a la víctima de un delito de lesiones personales, la incapacidad, y las secuelas, y un perito dictamina sobre el primer punto del cuestionario, manifiesta que los otros dos solo pueden ser establecidos posteriormente o por otro u otros especialistas, y respecto de estos dos últimos puntos, un profesional distinto, de la misma o de otra institución oficial o privada, rinde el concepto científico pertinente. Dichas eventualidades, no comprometen la validez o eficacia del medio, pues lo importante no es el nombre o número de peritos intevinientes, sino que la prueba se practique con los requisitos legales, que las partes tengan posibilidad de conocerla, por ende de controvertirla, y que el juzgador cuente con elementos de juicio suficientes para adoptar las decisiones que le compete emitir en el caso del trámite procesal.

Aclaró que incluso puede llegar a ocurrir, que por razones laborales, personales o de otra índole, el perito inicialmente designado se encuentre imposibilitado física o funcionalmente y no pueda siquiera comenzar a desarrollar el encargo, pero no por ello podría llegar a sostenerse que la prueba no ha de ser practicada con la concurrencia de otro u otros peritos diferentes con el mismo nivel de especialización o conocimientos de aquel.

Advirtió que en la actuación llevada a cabo en este caso no se presentó la vulneración de reglas procedimentales, y menos con carácter determinante de la nulidad de la prueba pericial, pues no hubo manifiesta transgresión de los principios básicos a que está sometida la prueba pericial ni afectación real a alguna garantía fundamental.

Esto por cuanto si bien el estatuto procesal autoriza la designación de varios peritos, quienes conjuntamente deberán practicar las diligencias y hacer los estudios e investigaciones pertinentes, no exige, como contrariamente al parecer es entendido por el libelista, que dicha designación plural inexorablemente deba hacerse desde el momento mismo en que la prueba ha sido decretada, pues hay eventos, y este es uno de ellos, en que la especificidad de cada uno de los puntos del cuestionario propuesto permite la separación de temas o aspectos de los que ha de ocuparse la pericia, y posibilita, por tanto, la intervención separada o sucesiva de distintos profesionales de igual o distinta especialidad para que se ocupen de uno o varios de los puntos del cuestionario propuesto en el acto que ordenó la práctica del medio.

Agregó que la propia naturaleza científica, técnica o artística de la prueba, derivada de la especificidad o complejidad del objeto, o incluso motivos de celeridad o eficiencia en orden a conocer con prontitud los resultados del análisis dispuesto y precaver al tiempo la parálisis de la actuación o el vencimiento de perentorios términos establecidos por el ordenamiento, permiten la razonable participación de un equipo de especialistas que dé lugar a culminar con éxito la labor encomendada inicialmente a uno solo de los expertos que, por razones personales o funcionales, no pueda rendir dictamen sobre todos los aspectos del objeto sometido a examen, sin que para ello resulte necesario repetir los estudios y conceptos que hubiere alcanzado a realizar, pues lo contrario iría en contravía con los principios de economía y eficacia que rigen la actuación judicial.

Concluyó, entonces, que en estas condiciones la actuación referida por la defensa no comporta atentado a las reglas que rigen la prueba pericial, menos aún si se toma en consideración que de todas maneras, las conclusiones de los expertos que intervengan en su práctica, pueden ser objeto de controversia por las partes, y no son obligatoriamente vinculantes para el juzgador, ya que han de ser sometidas a ponderación con arreglo al sistema de persuasión racional atendiendo la idoneidad del o los peritos, la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, en conjunto con las demás pruebas allegadas a la actuación, pues lo que los peritos aportan al juzgador no son los hechos sino sus conocimientos científicos, técnicos o artísticos sobre aquellos que puedan resultar necesarios para su correcta apreciación.

Estas consideraciones, relativas a los aspectos esenciales de la actividad pericial, con fundamento en las cuales la Corte decidió denegar, la solicitud presentada por la defensa, no resultan desvirtuadas con la argumentación que ésta presenta en aras de la sustentación del disentimiento, de la cual se colige, en esencia, que la manifestación de inconformidad radica en el hecho de que el perito inicialmente designado no hubiere alcanzado a dictaminar sobre todos los puntos del temario propuesto, y en que las conclusiones a que arribaron los otros peritos designados para completar la misión, no le resultan favorables.

Ninguna transgresión a la normativa que rige la prueba pericial pudo haberse presentado en ese caso, pues es lo cierto que contrario al parecer del recurrente, la ley no exige que la designación del o los peritos dictaminantes deba hacerse nominalmente; tampoco indica, se insiste, que en la práctica de la prueba deba intervenir un número predeterminado de expertos, ni que éste deba ser indicado inequivocamente en la providencia en que se ordena la realización del medio, como para que por dichos aspectos la validez o la eficacia del medio resulten comprometidas.

A más de lo precisado en la providencia recurrida sobre la diversa gama de posibilidades que en la práctica de la prueba pericial pueden presentarse sin que se comprometa la intangibilidad del medio, no puede dejar de resaltarse que en este caso, el perito inicialmente designado dio resupuesta, como se acepta por el defensor, a la gran mayoría de los puntos propuestos en el cuestionario formulado, y que tan solo le quedó pendiente lo relativo a los puntos 1.19.7, 2.19.8 y 2.19.10 de la providencia que dispuso la prueba, los cuales fueron absueltos en el informe presentado por los otros tres profesionales designados por la fiscalía, en cumplimiento de la orden impartida por la Corte con fundamento en lo normado por el artículo 251 del estatuto procesal y conforme a la solicitud de la dirección del cuerpo técnico de investigación —seccional Cartagena— que corre a folios 218 y siguientes del cuaderno original Nº 9.

Entonces, si el perito Luis Eduardo Camargo cumplió su misión en relación con los aspectos del cuestionario a que se ha hecho referencia, al punto que describió el objeto de peritaje, hizo la relación de las operaciones efectuadas, las conclusiones obtenidas conforme a los principios de su ciencia, y suscribió los informes correspondientes, y de manera conjunta los otros profesionales posteriormente designados hicieron lo propio en relación con los demás interrogantes propuestos, ningún menoscabo al debido proceso o el derecho de defensa pudo haberse presentado, pues, se insiste, en materia penal lo importante no es el número o la denominación de los peritos, sino que la prueba técnica se practique oportunamente por profesionales especializados, que se avenga a los requisitos establecidos en la ley procesal y que se permita a las partes la posibilidad de conocerla, por ende de controvertirla, todo lo cual se cumplió en este evento, y por tanto, deja sin piso la alegación de la defensa.

Ahora, con el solo propósito de absolver las inquietudes del recurrente, debe decirse que en presencia de una situación administrativa como la presentada en este caso con el perito Luis Eduardo Camargo, respecto de la cual la defensa dice haberse enterado de modo particular y que la Corte no tenía por qué conocer, ante el hecho evidente de haberse obtenido el concepto técnico con las formalidades legales en relación con gran parte de los interrogantes propuestos, y habiendo quedado pendiente la respuesta a los tres últimos puntos del temario, en su condición de juez director del proceso no tenía más alternativa que adoptar las medidas necesarias en orden garantizar que la totalidad del temario contara con el concepto técnico requerido, y, en tal medida, disponer no solo la continuación del trámite que no podía verse paralizado, sino la práctica de la pericia en los puntos que habían quedado pendientes por resolver, mediante la designación de un número plural de expertos en la materia, no por capricho como se sugiere, sino atendiendo la necesidad de lograr la eficacia de la administración de justicia.

De manera que no se entiende cómo la designación de tres peritos en ciencias contables en orden a obtener respuesta técnica a los tres últimos puntos del cuestionario propuesto por la Corte y la defensa, pueda llegar a constituir irregularidad trascendente que dé lugar a declarar la ineficacia de lo actuado como se propone por la defensa. Menos aún, si no se llega a explicar el fundamento técnico, científico o jurídico que se tiene para sostener, como lo hace, que “4 expertos deliberantes garantizarían acierto” lo que, a su criterio, no acontece cuando son tres los peritos que han practicado conjuntamente las diligencias y realizado los estudios pertinentes para emitir su dictamen, como se hizo en este caso, pues el solo número de expertos no es argumento per se a la hora de establecer la eficacia o validez del medio, aunque tampoco puede dejar de resaltarse, el error en que se incurre al considerar que la validez, eficacia y mérito de una prueba, dependen de que ella favorezca o no a los intereses de las partes, como tal parece que fuera el criterio al sostener que “lo estructurado no es inocuo porque perjudica al procesado al producirse una prueba desfavorable, cuando dada la prueba existente en el proceso debiló (sic) ser favorable” (se destaca), pues este aspecto no ha sido considerado por la ley como motivo de anulación, ni se establece de los principios que rigen su declaratoria. Un tal argumento resulta impertinente a la hora de acreditar no solo la existencia de una irregularidad sustancial que afecte el debido proceso o el derecho de defensa, sino su definitiva incidencia en la afectación de la validez del trámite.

Por esta razón, no entrará la Corte en la controversia que el recurrente propone respecto de las razones por las cuales sostiene que el dictamen del perito Luis Eduardo Camargo resulta favorable a los intereses que representa, lo que, a su criterio, no sucede con lo dictaminado por los expertos José Gregorio Cortázar Forero, Pedro Orlando Ayala Avendaño y Luis Ernesto Rico Parra; de hacerlo, implicaría, en primer lugar, tener necesariamente que prejuzgar por adentrarse en la ponderación de la fuerza persuasiva del medio por fuera de la oportunidad al efecto establecida por el ordenamiento, o, en otro evento, la posibilidad de violar el principio de imparcialidad al disponer la repetición de una prueba tan solo porque la recaudada no satisface las aspiraciones de una de las partes.

Una tal posibilidad menos resulta procedente, si se toma en cuenta que el instrumento a que se acude no es el adecuado a tales efectos, y en los términos en que se solicita, evidencia que se halla distanciada de los invocados principios de investigación integral y de contradicción, pues no se formula ningún cuestionamiento a la obligación de investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al procesado sino solo al mérito de una prueba; tampoco se discute la publicidad del medio o la posibilidad de controvertirlo; menos guarda relación con la necesidad de corregir actos irregulares que en el caso particular, como ha sido repetidamente visto, no se presentan.

Es cierto, como se alude por el recurrente, que dentro de posibilidades por las cuales un perito puede verse reemplazado se encuentren la muerte, la enfermedad, impedimento, la incapacidad física o mental, o la separación de la entidad cuando se trate de perito oficial, ninguna de cuyas eventualidades se presentó en el caso del perito Luis Eduardo Camargo, pero ello en manera alguna tiene incidencia en la validez o eficacia de la prueba practicada hasta el momento en que se presentó la situación administrativa o financiera en la entidad a la que se halla vinculado, como tampoco la virtualidad de comprometer la pericia rendida por otros profesionales en relación con los otros puntos del temario, pues lo importante no es lo que hubiere sucedido con el perito, sino que, en cada caso, la experticia cumpla los requisitos legales, aspecto que el recurrente no cuestiona.

La Corte no podría culminar sin advertir que ningún comentario le merecen las consideraciones de tipo silogístico que se formulan en el escrito sustentatorio del recurso, específicamente en relación con la forma como a criterio del libelista ha debido confeccionarse el auto mediante el que se atendió la solicitud de la dirección seccional de fiscalía y se dispuso la intervención de un número plural de peritos que se encargaran de absolver la parte final del cuestionario propuesto, pues la corrección jurídica de las decisiones judiciales no se controvierte a través de silogismos construidos a partir de premisas sentadas con criterio particular.

Entonces, ante la falta de fundamento y de razón en la interposición del recurso, la Corte mantendrá incólume la providencia ameritada.

Lo anterior no obsta, para que, por encontrarlo procedente de conformidad con lo previsto por el artículo 256 del Código de Procedimiento Penal, se acceda a las solicitudes subsidiarias que el defensor presenta, en el sentido de ordenar que a la diligencia de audiencia pública comparezcan los señores Luis Eduardo Camargo, José Gregorio Cortázar Forero, Pedro Orlando Ayala y Luis Ernesto Rico Parra, profesionales universitarios del cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación, para que, conforme al cuestionario que previamente presenten los sujetos procesales, expliquen el dictamen pericial rendido por ellos en el presente asunto, y respondan las preguntas que sean procedentes.

Para la presentación de cuestionarios, de conformidad con lo previsto por el artículo 165 del estatuto procesal, se fija un término de cinco (días), los cuales comenzarán a correr al día siguiente a aquél en que esta decisión cobre ejecutoria.

A partir del vencimiento del aludido término, por cinco (5) días la secretaria de la Sala permitirá a los peritos el acceso al expediente, y con la debida antelación comunicará lo aquí decidido, remitiendo copia de este proveído, a la dirección nacional del cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación, a fin de que se adopten las medidas administrativas que resulten procedentes para facilitar el conocimiento oportuno de los cuestionarios y la presencia de los peritos a la audiencia.

Finalmente, en atención a lo solicitado por el memorialista, la Sala tendrá al contador público Juan Aquilino Pérez, como asesor contable de la defensa, en los términos establecidos por el artículo 238-7 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto Extraordinario 2282 de 1989, artículo 1º número 110, aplicable al caso por el principio de integración previsto por el artículo 23 del estatuto procesal penal.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. NO REPONER la providencia materia de impugnación.

2. ACCEDER a lo solicitado por el defensor en el sentido de DISPONER que a la vista pública comparezcan los profesionales universitarios adscritos al cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación, señores Luis Eduardo Camargo, José Gregorio Cortázar Forero, Pedro Orlando Ayala y Luis Ernesto Rico Parra, para que, conforme al cuestionario que previamente presenten los sujetos procesales, expliquen el dictamen pericial rendido por ellos en el presente asunto, y respondan las preguntas que sean procedentes.

3. FIJAR el término de cinco (5) días, contados a partir de la ejecutoria de esta decisión, para la presentación de cuestionarios por los sujetos procesales.

4. A partir del vencimiento del término previsto en el numeral que procede, por cinco (5) días la secretaría de la Sala pondrá a disposición de los peritos el expediente y los cuestionarios que oportunamente hayan sido presentados por los sujetos procesales.

Al efecto, con la debida antelación comunicará lo aquí decidido, remitiendo copia de este proveído, a la dirección nacional del cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación, a fin de que se adopten las medidas administrativas que resulten procedentes para facilitar el conocimiento oportuno de los cuestionarios y la presencia de los peritos en la audiencia.

5. Tener al contador público Juan Aquilino Pérez, como asesor contable de la defensa, en los términos establecidos por el artículo 238-7 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto Extraordinario 2282 de 1989, artículo 1º, número 110. La secretaría de la Sala le permitirá el acceso al expediente.

6. Cumplido lo anterior, se señalará día y hora en que tendrá lugar la vista pública.

Notifíquese y cúmplase.

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