Sentencia 9233 de julio 3 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

TRASLADO DE EMPLEADOS

PROHIBICIÓN DE LA DESMEJORA DE CONDICIONES

EXTRACTOS: «Como es sabido, el traslado es una de las formas legalmente establecidas (D.R. 1950/73, art. 24) para el movimiento de personal en actividad y se presenta, en un primer caso, “... cuando se provee, con un empleado en servicio activo, un cargo vacante definitivamente, con funciones afines al que desempeña, de la misma categoría y para el cual se exijan requisitos mínimos similares” (Ibid. art. 29).

Agrega el estatuto en cita: que el traslado se puede hacer por necesidades del servicio siempre que no implique condiciones menos favorables para el empleado; que el funcionario de carrera trasladado conserva los derechos derivados de ella; que el empleado trasladado no pierde los derechos de la antigüedad en el servicio, y, por último, que cuando el traslado sea a otra sede, el funcionario tendrá derecho a que se le reconozcan y paguen los gastos que demande el traslado, según la ley y los reglamentos.

Observa la Sala en primer término, que la figura que se presenta en este caso no es propiamente la del traslado pues el actor, quien se encontraba en servicio activo, no fue destinado para proveer en la sede de Salamina, un empleo vacante.

Se aprecia claramente que, ejerciendo el mismo cargo que ocupaba en la sede de Manizales, le fue señalada como sede de trabajo la ciudad de Salamina.

Pero aún aceptado que el señalamiento de nueva sede implicara necesariamente un traslado, encuentra la Sala que, en este caso, ello no significó desconocimiento de los derechos de estabilidad e inamovilidad en el empleo.

En efecto, el actor, quien aparece inscrito en el escalafón de la carrera administrativa, fue nombrado como consecuencia de formar parte de una lista de elegibles, como Instructor T.C. grado 02, en la regional Caldas del Servicio Nacional de Aprendizaje.

Lo anterior significa que su estabilidad no estaba relacionada directamente con la ciudad de Manizales ni había concursado para un cargo en esa ciudad, sino en la regional de Caldas, quedando la administración con la posibilidad de ubicarlo en otras ciudades comprendidas en dicha regional, según lo exigieran las necesidades del servicio.

Esta Sala en providencia de 30 de octubre de 1995(*), expediente 7106, con ponencia del Consejero Doctor Diego Younes Moreno, al analizar la situación de traslado de un funcionario inscrito en carrera manifestó:

(*) Publicada en J. y D., Nº 288, pág. 1460 (N. del D.).

“... En efecto, tratándose de un funcionario de carrera administrativa, la estabilidad como derecho inherente a esta clase de empleados debe ser objeto de un análisis distinto que si se tratara de un empleado ajeno a la carrera administrativa.

Desde luego que el desmejoramiento no podría alegarse si la convocatoria para el concurso, establece la posibilidad de desempeñarse en diferentes sedes geográficas, por cuanto en este caso no se cambian las reglas de juego que el concursante conocía...”.

De manera pues, que así se hubiera producido un traslado de sede de trabajo, éste era posible por necesidades del servicio que se presumen, a menos de prueba en contrario, sin desmejorar las condiciones del empleado.

La demanda sostiene que con los actos acusados se vulneró, de modo preferente, el artículo 30 del Decreto 1950 de 1973, así como el Acuerdo 130 de 1960 del consejo directivo nacional del SENA por dos razones fundamentales: a) porque el actor era funcionario de carrera administrativa y esa circunstancia impedía el traslado, a menos que fuese a título de sanción disciplinaria, y b) porque el traslado le ocasionó numerosos perjuicios de índole familiar económica, generándole un traumatismo de carácter doméstico, lo que contraría el mandato del artículo 5º de la Constitución Nacional.

El primer cargo ya fue analizado para concluir que si el señor Antia Londoño prestaba sus servicios en la regional Caldas, sus derechos de carrera no resultan menguados por el hecho de señalarle con sede cualquier ciudad comprendida dentro de dicha regional.

Es necesario aclarar también que el traslado de un funcionario de carrera no es en manera alguna una sanción disciplinaria; es una medida administrativa no sancionatoria, que puede tomarse conforme a lo previsto en el artículo 30 del Decreto 1950 de 1973.

En cuanto al segundo cargo formulado en la demanda tampoco encuentra la Sala que pueda prosperar.

Como se ha dicho en ocasiones similares, el artículo 30 del Decreto 1950 de 1973, invocado por el demandante, prohíbe los traslados que impliquen condiciones menos favorables para el empleado. Pero es claro que esas, en principio, son condiciones objetivas, referidas a la categoría del empleo, a la percepción de emolumentos, al nivel y rango de la ocupación de que se trate. Si la ley se refiriera a condiciones subjetivas y personales los traslados serían del todo imposibles pues por regla general ellos siempre implican problemas de instalación, discontinuidad en los estudios de los hijos, desadaptación al clima, desconocimiento de la vida social, etc.

Por ser subjetivas, esas circunstancias —como las que se alegan en este caso sobre el trabajo de la esposa y el estudio del hijo del demandante— no inciden sobre la validez jurídica del traslado, a menos, claro está, de probarse que esos hechos son de tal manera protuberantes y graves que acarrean una evidente desmejora en las condiciones del empleado, tanto en su entorno laboral como en su vida familiar y social.

En este caso los elementos de juicio que obran dentro del proceso indican que continuamente el demandante era enviado a cumplir funciones fuera de Manizales, lo cual significa que estar alejado de su hogar era ya habitual y que para la buena prestación del servicio convenía una reubicación.

Sin esa prueba de la evidente desmejora —que aquí no aparece en autos— el traslado es válido y los actos que dispusieron el cambio de sede deben mantenerse pues la presunción de legalidad que los ampara no ha sido desvirtuada siendo imperativo, en consecuencia, denegar las súplicas impetradas».

(Sentencia de julio 3 de 1997. Expediente 9233. Consejera Ponente: Dra. Clara Forero de Castro).

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