•Sentencia 9236 de marzo 19 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Delio Gómez Leyva

Actor: Universidad Autónoma de Bucaramanga y otras.

Actos municipales.

EXTRACTOS:

En efecto, en sentencia del 16 de octubre de 1996, expediente Nº Al-07, actor, Francisco Aristides Noguera Rocha y otro, con ponencia de este despacho, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, expresó lo siguiente:

“Es de anotar, sin embargo, que a la luz de la Ley 14 de 1983, los establecimientos educativos privados son sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio, y que en virtud de su artículo 39 sólo se encuentran exentos de dicho gravamen los establecimientos educativos públicos.

Pretender que la exención en comento cobija a los establecimientos educativos de carácter privado por cuanto la norma de la Ley 14 de 1983 se refiere también a las entidades culturales, constituye un desacierto, a juicio de la Sala, pues no necesariamente las entidades culturales son establecimientos educativos.

Es cierto que la educación tiene una íntima relación con la cultura, pero tal vínculo no significa que una y otra sean lo mismo. Existen muchos entes encargados de promocionar e impartir valores culturales tales como el arte, la ciencia, o la investigación que no encuadran en la noción de establecimientos educativos en donde se imparte una educación formal.

Si realmente las entidades educativas y las culturales fueran las mismas, no tendría razón de ser la diferenciación que previó el legislador al declarar como exentas a una precisa categoría de entidades educativas, las públicas, y por otra parte, a las entidades culturales.

Adicionalmente, si hubiera sido el deseo del legislador el de considerar como sujetos exentos a las entidades educativas de carácter privado, o lo hubiera consignado expresamente, o simplemente se hubiera referido a las entidades educativas. Tales precisiones no fueron sin embargo efectuadas, por lo cual, de acuerdo con las previsiones de la Ley 14 de 1983, los establecimientos educativos privados son sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio. Cosa distinta es que en ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 38 de la citada ley, pudieran los concejos municipales otorgar exenciones por un determinado lapso.

En este orden de ideas, es la misma Ley 14 de 1983, la que grava con el impuesto de industria y comercio la educación privada como actividad de servicios, pues tal como lo sostuvo la Sala en sentencia del 29 de enero de 1999, expediente Nº 9119, actor Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, con ponencia del doctor Daniel Manrique Guzmán, “Si conforme al artículo 39 de la Ley 14 de 1983, sólo se excluyen del gravamen los establecimientos educativos públicos, forzosamente los privados están sujetos al mismo, por el principio de que tanto los beneficios como las restricciones de carácter tributario, son de derecho estricto”.

Ahora bien, respecto a la afirmación de la recurrente consistente en que de la prohibición que reprodujo el artículo 39 de la Ley 14 de 1983 no se desprende que sea gravable la educación impartida por las universidades privadas por cuanto éstas son entidades culturales, de una parte, y de otra, no es clara la noción de establecimiento educativo público, reitera la Sala los razonamientos expuestos por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, arriba citados y reiterados a su vez por la sección en su fallo del 29 de enero de 1999, expediente Nº 9119, consejero ponente, doctor Daniel Manrique Guzmán, en el sentido de que no necesariamente las entidades culturales son establecimientos educativos, pues si bien la educación tiene íntima relación con la cultura corresponden a conceptos distintos.

(...).

Debe advertirse, además, que bajo el régimen de la Constitución de 1886, que era la vigente a la fecha de la expedición de la Ley 14 de 1983, el artículo 41 de la Carta distinguía la educación pública de la privada, y otorgaba al Estado (como ahora lo hace la Nueva Carta), la suprema inspección y vigilancia de los institutos docentes, públicos y privados, lo que pone de presente la distinción ya precisada. La noción de establecimiento público que trae el Diccionario Jurídico de Cabanellas, hace referencia al establecimiento u organización jurídica y económica abierta al público para satisfacer sus necesidades, como la banca, los locales comerciales, en fin, y no a la naturaleza de la entidad que presta el servicio.

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