SENTENCIA 924 DE MAYO 20 DE 1993

 

Sentencia 924 de mayo 20 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

INHABILIDADES ELECTORALES

NO SE ELUDEN CON RENUNCIAS RETROACTIVAS

EXTRACTOS: «El citado Vargas Salas estuvo laborando al servicio de la Contraloría del Huila, en el cargo de examinador documental I, nivel V, grado 11 (fl. 39), entre el 24 de enero de 1991 y el 6 de diciembre de 1991 inclusive, según constancia expedida por la secretaría general de dicha institución (fl. 36). Su renuncia al cargo le fue aceptada mediante Resolución 1355 del 10 de diciembre de 1991, con efectos retroactivos al 7 de diciembre del mismo año.

Pero el fondo del ataque para impetrar la nulidad a su elección de alcalde se hace consistir en que “continuó ejerciendo y suscribiendo documentos en ejercicio de sus funciones como auditor con posterioridad a su desvinculación...”, no obstante el aparente retiro legal que se vislumbra de la resolución que admitió su renuncia, fechada a 10 de diciembre de 1991 con retroactividad de tres (3) días a su expedición.

Este acto dispositivo contiene, no obstante, una inaceptable inconsistencia: aceptación de la renuncia con efectos retroactivos.

Así como la ley (D. 2400/68, art. 27) prohíbe las renuncias en blanco o sin fecha cierta o mediante cualquier otra circunstancia que coloque con anticipación en manos del nominador la suerte del empleado, así mismo debe entenderse que la aceptación de la renuncia opera hacia el futuro. Debe ser de esa manera, porque el competente para resolver acerca de ella está facultado para formular, cuando no es irrevocable, un juicio de valor respecto de los motivos aducidos. Y tomarse hasta treinta días en todos los casos para definir la situación. De no ser así resultaría ilógico lo previsto en el artículo 113 del decreto 1950 de 1973.

La función pública realizada por el funcionario no se puede interrumpir por la renuncia, más si ella toma de sorpresa al nominador. Con mayores veras si se trata de servicio imprescindible, respecto del cual la intempestiva desincorporación puede ocasionar parálisis de la administración así sea de manera parcial. Ello es lo que con el principio de la autonomía trata aquella de solventar haciendo uso del término que la norma legal le concede para resolver al respecto. Peor aún ocurriría de aceptar renuncias con efecto hacia el pasado, por cuanto ello crearía factores de inestabilidad e inseguridad para la comunidad en cuanto al titular de la función. De allí que quien pretende cargo de elección popular, siendo empleado público, habrá de renunciar para no inhabilitarse con la suficiente antelación, teniendo en cuenta el término que la ley concede al nominador para resolver respecto a esa forma de desvinculación.

Ahora bien: probado está el desempeño como empleado público del Sr. Marco Antonio Vargas Salas hasta el 14 de diciembre de 1991, independientemente de la aceptación de su renuncia con fecha 10 del mismo mes y de que hubiere o no reclamado o cobrado el sueldo y prestaciones hasta esa fecha.

Y esta Corporación tiene por demostrado que la función pública la ejerció el demandado hasta el 14 de diciembre de 1991, porque así lo acreditan numerosos documentos públicos de los cuales no era necesario el reconocimiento de la firma del demandado, pues basta con advertir que esas copias fueron remitidas con destino al proceso con oficio de funcionario de la contraloría departamental del Huila, atendiendo solicitud en orden a lo decretado en el término probatorio.

Es más: en gracia de discusión cabría admitir que por lo menos el demandado desempeñó la función pública hasta el 10 de diciembre de 1991, fecha de aceptación de la renuncia, pues apenas para esa fecha pudo enterarse de su desvinculación legal.

Cierto es que las inhabilidades son taxativas y que por vía de analogía no pueden aplicarse a situaciones no previstas en la respectiva norma. Más el caso presente no corresponde a interpretación analógica o por extensión: se trata de la aplicación correcta de la causal de inhabilidad electoral alegada, derivándose de allí que asistió razón al a-quo cuando profirió la sentencia estimatoria de las pretensiones, con apoyo en elementos cuya eficacia probatoria apreció en conjunto, considerando su concordancia y armonía frente a la situación fáctica aducida por el actor en apoyo de la pretensión nulatoria».

(Sentencia de mayo 20 de 1993. Expediente 0924. Consejero Ponente: Dr. Amado Gutiérrez Velásquez).

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