•Sentencia 9244 de marzo 26 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Delio Gómez Leyva

Actor: UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Actos nacionales - aduaneros.

Fallo

Santafé de Bogotá, D.C., veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve.

EXTRACTOS:

Consideraciones de la Sala

Previamente a decidir de fondo el presente negocio y con ocasión de la solicitud del Ministerio Público en el sentido de que se profiera fallo inhibitorio por cuanto la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales carece de interés jurídico para demandar sus propios actos, pues de conformidad con el artículo 85 del CCA, el legitimado para instaurar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es el particular a quien el acto administrativo le ha lesionado su derecho, observa la Sala lo siguiente:

De conformidad con el artículo 149 del CCA, vigente a la fecha de la presentación de la demanda, las entidades públicas pueden obrar como demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, y pueden incoar todas las acciones previstas en el CCA, cuando las circunstancias lo ameritan. Así mismo, el artículo 136 ibídem, vigente por la época en mención, preveía en su inciso segundo que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caduca al cabo de dos años si el demandante es una entidad pública.

Las normas en mención ponen de presente la legitimación que tiene una entidad pública para demandar sus propios actos, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del CCA, pues no es cierto que la única persona que se puede creer lesionada en su derecho es el particular destinatario del acto, dado que puede suceder que la administración encuentre que su propio acto resulta lesivo a sus intereses amparados jurídicamente, motivo por el cual, a voces del artículo en mención, puede pedir la nulidad de su propio acto administrativo y el restablecimiento del derecho conculcado con el mismo.

La acción ejercida por la entidad de derecho público en defensa de sus propios intereses, conocida en la doctrina como acción de lesividad, procede cuando la administración expide un acto administrativo que le resulta perjudicial en razón de que contraviene el orden jurídico superior, y sin embargo, no puede revocarlo directamente debido a que no se reúnen los requisitos para hacerle cesar sus efectos mediante el mecanismo de la revocatoria directa, ya porque no es viable obtener el consentimiento del particular, ya porque no se da alguna de las condiciones previstas para que proceda la revocatoria según los artículos 69 al 73 del CCA, tal como de tiempo atrás lo ha precisado la Sala, (Exp. Nº 4894, C.P. Jaime Abella Zárate).

En consecuencia, y si bien la administración tiene la facultad de dejar sin efectos sus propios actos administrativos, a través de la revocatoria directa de los mismos, sólo lo puede hacer en los casos expresamente previstos en el artículo 69 del CCA, y cuando se ha creado o modificado una situación jurídica particular y concreta o se ha reconocido un derecho de igual categoría, si tiene el consentimiento expreso y escrito del titular, tal como lo prescribe el artículo 73 ibídem, lo que pone de presente que no siempre es viable el mecanismo de la revocatoria directa, y que en casos en que tal viabilidad no resulte, se hace necesario acudir ante la jurisdicción a fin de que sean los jueces de lo contencioso administrativo los que ordenen que el acto administrativo lesivo a los intereses jurídicamente tutelados de la autoridad que lo expidió, desaparezca del mundo jurídico.

En consecuencia, no acierta la representante del Ministerio Público cuando afirma que el solo hecho de que la administración pueda revocar directamente sus actos le impide acudir ante los jueces en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pues además dicha conclusión desconoce el mandato de los artículos 149 y 136 del CCA:

Adicionalmente, no es de recibo la afirmación del Ministerio Público en el sentido de que la extinción de los actos administrativos a través de la revocatoria directa requiere, en los casos del artículo 73 del CCA, “hacerlo saber al interesado”, pues lo que dicho artículo exige es que el interesado manifieste su consentimiento expreso y escrito para que la administración pueda revocar un acto particular y concreto, y no que simplemente se le informe.

Ahora bien, en el sub judice la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales pretende la nulidad de la Resolución 260 del 24 de enero de 1995, y del Auto de archivo Nº 10027 del 20 de septiembre de 1995. En virtud del primero de los actos citados, la entidad en mención resolvió el recurso de queja instaurado contra la Resolución 10073 del 12 de septiembre de 1994, por la cual se rechazaron los recursos de reposición y apelación contra la Resolución 10050 del 4 de agosto de 1994, por la que se practicó liquidación oficial de corrección y cuenta adicional a la declaración de aduanas Nº 0140701000118-4 del 17 de diciembre de 1993, presentada por el importador Robinson Parra.

En la resolución acusada la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dispuso revocar el contenido de las resoluciones 10050 del 4 de agosto de 1994 y 10073 del 12 de septiembre de 1994, con lo cual quedó privada de hacer efectiva la liquidación oficial de corrección y la cuenta adicional practicada a la declaración de aduanas ya identificada, en detrimento de la Nación, lo que pone de presente su legitimación para instaurar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, a términos del artículo 149 del CCA, vigente para la época en que fue presentada la demanda.

Así las cosas, y por cuanto se encuentra debidamente satisfecho el requisito de legitimación en la causa por activa para instaurar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en cabeza de la Nación Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, no es del caso proferir fallo inhibitorio, y por el contrario, debe proferirse fallo de fondo».

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