Sentencia 9252 de octubre 18 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

•ACCIÓN DE REVISIÓN

POR CAMBIO DE CRITERIO JURISPRUDENCIAL

Magistrado Ponente:

Dr. Édgar Saavedra Rojas

Revisión Nº 9252

Santafé de Bogotá D.C., dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y cinco.

Vistos

Culminado el trámite previo pertinente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia profiere el fallo correspondiente a la acción de revisión instaurada por el defensor de Pedro Julio Castillo Desalvador, condenado como cómplice del homicidio cometido contra Sixto Sánchez Guerrero.

Hechos

La sentencia de segunda instancia sintetizó el comportamiento que fuera objeto de juzgamiento en este proceso, en los siguientes términos:

“El 13 de diciembre de 1987, día domingo, como de costumbre los campesinos se desplazan al poblado a vender sus productos y proveerse del respectivo mercado, algunos aprovechan para departir con sus vecinos y amigos. Este día concurrieron a la población de Siachoque los hermanos Eduardo y Pedro Julio Castillo Desalvador lo mismo que Sixto Sánchez Guerrero; al parecer, entre Pedro Julio Castillo y Sixto Sánchez se habían presentado con anterioridad algunos problemas. En la citada fecha, a las cuatro de la tarde se encontraron los hermanos Castillo y Sixto Sánchez en la cantina de Ana Tulia Pineda vda. de Caro, de inmediato se presentó entre éstos una discusión y se profirieron amenazas sin que pasaran a las vías de hecho, pues desistieron de su propósito belicoso.

Posteriormente, a las seis de la tarde del citado día, nuevamente se encontraron los contrincantes en una de las calles de la población, luego de discutir y desafiarse, se trenzaron en pelea de la cual Sixto Sánchez Guerrero resultó con múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo, proferidas con arma cortopunzante, que le ocasionaron su fallecimiento en contados minutos”.

Antecedentes

La primera instancia culminó con la sentencia de fecha 12 de diciembre de 1990, en la cual el Juzgado Séptimo Superior de Tunja condenó a Eduardo Castillo Desalvador como autor del delito de homicidio cometido en contra de Sixto Sánchez Guerrero. A su vez, absolvió a Pedro Julio Castillo Desalvador por el mismo hecho punible.

En virtud de la apelación que interpusiera el defensor del condenado, el 4 de abril de 1991, el Tribunal Superior de Tunja profirió el fallo de segunda instancia, revocando la absolución de Pedro Julio, a quien condenó como cómplice de su hermano Eduardo, en el homicidio de Sixto Sánchez Guerrero. En consecuencia, le impuso la pena principal de ocho años y cuatro meses de prisión, más las accesorias de rigor, incluyendo la condena a la indemnización de los daños morales y materiales producidos con la infracción.

La acción de revisión

Como mandatario del sentenciado Pedro Julio Castillo Desalvador, con poder otorgado expresamente para esos efectos, se instauró ante esta Sala la acción de revisión, invocando la causal sexta del artículo 232 del estatuto procesal, con el fin de obtener la invalidación de la sentencia que condenó a su protegido, proferida por el Tribunal Superior de Tunja.

El actor entiende que la prosperidad de la causal que aduce depende de la demostración de que la sentencia atacada esté apoyada en un criterio fijado jurisprudencialmente por la Corte y que haya variado también por decisión jurisprudencial de tal manera que su aplicación al caso fallado lo convierta en ilegítimo.

Por otra parte, el demandante presenta una serie de precisiones sobre la aplicación de la causal sexta, tales como que ésta no impone que en la decisión demandada se haga expresa referencia al pronunciamiento de la Corte, por lo que, en su opinión, lo adecuado es que el accionante demuestre que el fallo sí se apoya en un criterio doctrinal sentado por la citada corporación.

A continuación señala que la sentencia del Tribunal Superior de Tunja se fundamenta en un criterio jurisprudencialmente fijado por la Corte, sobre “la vigencia de los principios de prohibición de reformatio in pejus y plena apelación”.

En seguida, el accionante aborda la presentación del tratamiento legislativo y doctrinal que ha tenido la prohibición de reformar peyorativamente las decisiones judiciales penales, empezando por la sentencia de casación del 6 de diciembre de 1944, cuyo ponente fuera el doctor Ricardo Jordán Jiménez, en la cual la Corte niega la aplicación de la prohibición de la reformatio in pejus, que el Código Judicial consagraba para la apelación en materia civil.

El demandante pasa luego a citar los fallos proferidos en la década del 70, que limitaron la competencia del juez de segundo grado, al decidir apelaciones del procesado o su defensor, sin atribución para hacer enmiendas perjudiciales, entre ellos, los emitidos por la Corte el 27 de noviembre de 1972, el 21 de agosto de 1973, y el 13 de diciembre de 1973. El libelista aclara que la jurisprudencia exceptuó los casos en que concurrían apelaciones de los diferentes sujetos procesales o cuando las sentencias eran consultables.

Según el actor, la posición jurídica de la Corte dio lugar a una disparidad de criterios que vino a resolver el legislador en el artículo 3º de la Ley 17 de 1975, el cual otorgó al ad quem la facultad de resolver las apelaciones sin limitación alguna; normatividad que originó un nuevo giro jurisprudencial, conforme consta en auto del 16 de septiembre de 1976 del cual fuera ponente el doctor Jesús Bernal Pinzón, a partir del cual la tesis no volvió a sufrir modificaciones por cuanto, el Decreto 050 de 1987, que derogó el 409 de 1971 (reformado por la Ley 17 de 1975), mantuvo la institución en su artículo 538.

Bajo los anteriores parámetros se profirió la sentencia del 4 de abril de 1991, afirma el recurrente.

Al decir del impugnante, la modificación del criterio jurisprudencial comentado se produjo como consecuencia de la consagración, en la Carta Política de 1991, de la prohibición de agravar la pena en las apelaciones de las sentencias que fueran interpuestas únicamente por el procesado, pues, al señalar los alcances del principio, la Corte recogió su postura anterior sobre la plena apelación.

Para dar apoyo a la precedente postulación, el demandante alude a algunas de las providencias mediante las cuales la Sala ha delimitado la aplicación del precepto constitucional y legal en referencia; entre ellas, la del 24 de septiembre de 1992 (M.P. Dr. Carreño Luengas) que acepta la vigencia de la prohibición de la reformatio in pejus para el momento en que se examina la legalidad del fallo. Las sentencias del 9 de abril de 1992 (M.P. Dr. Páez Velandia) y del 12 de agosto de 1992 (M.P. Dr. Duque Ruiz) en cuanto extienden la prohibición a la sustitución de una sentencia absolutoria por una condenatoria.

Como síntesis del criterio que la Corte ha adoptado con respecto al principio de la reformatio in pejus, el libelista alude al fallo del 25 de junio de 1993 del cual fue ponente el magistrado que aquí funge en igual condición, cuya copia anexa a la demanda.

De lo expuesto, el actor concluye que ha demostrado cómo con el criterio jurisprudencial últimamente adoptado por la Corte, el fallo absolutorio de Pedro Julio Castillo Desalvador no se habría podido convertir en condenatorio, cuando el apelante fue el otro procesado que sí venía condenado de la primera instancia.

El recurrente destaca que la Corte reconoce la aplicación del precepto constitucional a situaciones consolidadas con anterioridad a su vigencia, y aclara que la sentencia atacada, para el momento en que se profirió no era consultable.

Ahora, el impugnante demanda que se declare probada la causal de revisión; se invalide la sentencia del 4 de abril de 1991, proferida por el Tribunal Superior de Tunja y se declare que el juzgamiento de Pedro Julio Castillo Desalvador precluyó con el fallo de primera instancia.

Alegato final

En esta oportunidad, el actor reitera que aun cuando el fallo atacado se profirió conforme a la legalidad vigente por entonces, su ilegalidad surgió con la nueva Constitución, la cual se impone dada su superioridad e intemporalidad dentro del régimen jurídico, derogando normas y situaciones cuyos efectos se iniciaron antes de su promulgación y que se han prolongado después de ese momento. Este es el criterio de aplicación inmediata de la Carta Política impuesto como regla general en los pronunciamientos de la Corte Constitucional (sentencia C-014-93. M.P. Dr. Angarita Barón; y T-575, diciembre 10 de 1993. M.P. Drs. Cifuentes Muñoz, Gaviria Díaz y Hernández Galindo).

De igual forma, el recurrente cita el fallo de casación penal del 18 de marzo de 1993, cuyo proyecto fue elaborado por el magistrado Gustavo Gómez Velásquez, que refiriéndose al artículo 31 de la Constitución, señala que “...desplaza su efecto a sentenciados rematados o en tránsito de consolidarse la providencia que los hará tales, esto para entenderlo como legislación favorable o benigna que desconoce los límites del tiempo y los espacios de la entidad de la providencia que recibe su benéfico impacto”.

En lo demás, el actor reitera los argumentos de su demanda.

Consideraciones de la Sala

Pretende el actor lograr la invalidación de la sentencia condenatoria que el Tribunal Superior de Tunja, actuando como juez de segunda instancia profirió contra Pedro Julio Castillo Desalvador, al revocar la absolución que en su favor había dictado el entonces denominado Juzgado Séptimo Superior de dicha ciudad.

Tal aspiración está edificada en la presunta estructuración de la causal sexta de revisión, que el artículo 232 del estatuto procesal concreta a la siguiente situación:

“Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria”.

Indudablemente esta novedosa causal consulta la esencia que fundamenta la existencia de la acción de revisión, en la medida en que permite franquear la estabilidad jurídica de un fallo en firme para remediar una injusticia, pues, nadie podría desconocer y la desigualdad de los ciudadanos ante la ley que envuelve el hecho de que una persona resulte condenada con fundamento en una tesis jurisprudencial adoptada en un determinado momento, que después deja de aplicarse por el cambio de criterio de los jueces que al más alto nivel de la administración de justicia están encargados de interpretar la ley.

La introducción de esta causal de revisión al sistema procesal colombiano obliga a exponer el entendimiento que debe guiar su aplicación. Así, aun cuando parezca elemental, conviene aclarar que, de acuerdo con los términos de la preceptiva, el cambio de criterio jurídico válido para la estructuración del motivo de revisión es aquel que provenga de la Corte Suprema de Justicia; ello por cuanto, en su especialidad penal, es la máxima autoridad judicial y sus pronunciamientos son unívocos, lo que no necesariamente sucede al nivel de Tribunales Superiores o juzgados.

La anterior afirmación no surje simplemente como una reflexión jurisprudencial sino que es una decisión de carácter legislativo cuando en el artículo 219 del CPP se señala entre los fines primordiales de la casación “...la unificación de la jurisprudencia nacional”.

Igualmente es importante recordar el contenido del segundo inciso del artículo 230 de la Carta de derechos que indica que entre los criterios auxiliares de la actividad judicial se encuentra la jurisprudencia.

Y, finalmente, lo que se dispone en el numeral 6º del artículo 232 del Código de Procedimiento Penal, al contemplar como causal de revisión cuando “...la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria”.

Encontramos entonces una clara concordancia entre una de las finalidades de la casación —unificación de la jurisprudencia— y que al mismo contenido de las decisiones se convierta en un instrumento interpretativo en la actividad jurisdiccional, que toma primordial trascendencia en cuanto a que como causal de revisión el cambio de jurisprudencia que tuvo como fundamento la condena puede llegar a remover la cosa juzgada.

Ahora bien, como acertadamente lo expuso el demandante, no es necesario que la sentencia cuyo quebrantamiento se pretende contenga la manifestación expresa de que aplica un criterio jurídico adoptado por la Corte, pues basta que la sentencia condenatoria tenga como sustento una tesis imperante en los estrados judiciales en el momento de su proferimiento. Lo trascendente de la causal se encuentra en la modificación jurisprudencial, efectuada por el tribunal de casación, surgida con posterioridad al fallo atacado, a través de un pronunciamiento oficial, naturalmente.

Entrando en el fondo de la pretensión que se opone a consideración de la Sala, se advierte que el demandante alega un cambio jurisprudencial respecto a la prohibición de reformar peyorativamente las sentencias cuyo único apelante sea el procesado, que ahora se aplica, pero no existía para el 4 de abril de 1991, cuando se revocó la sentencia absolutoria proferida en favor de Pedro Julio Castillo Desalvador, que éste no había apelado, pues la impugnación la instauró el coprocesado que resultó condenado en primera instancia.

Este planteamiento por ser parcialmente cierto no es exacto y no se ajusta a los presupuestos previstos en el artículo 232.6 del CPP por una razón elemental, cual es la de que la anterior inexistencia de la prohibición de empeorar la situación del sentenciado apelante único y su actual aplicación, no obedece a la modificación de un “criterio jurisprudencial” sino, como claramente lo admite el actor, a una modificación legislativa tanto de orden constitucional (art. 31) como de índole legal (art. 17).

En verdad, antiguamente la aplicación de la limitación a la decisión de apelaciones interpuestas solo por el procesado surgió de una interpretación jurisprudencial que desembocó en cambios legislativos que hicieron someter obligatoriamente al superior al principio restrictivo, tal como lo reseña la demanda. Sin embargo, en la actualidad, el problema no es jurisprudencial, sino de aplicación de la ley, precisamente porque la prohibición de desmejorar la situación del procesado cuando éste es quien recurre, no es el resultado de una tesis que hubiera producido la jurisprudencia nacional como efecto de su función de interpretación de la ley; se trata simple y llanamente de la observación del precepto constitucional y legal que así lo impone y que en esos términos modificó la disposición que establecía lo contrario.

No es del caso pensar en la intemporalidad de la Constitución para estimar la aplicación de la normatividad política ahora existente al trámite procesal que se adelantó en vigencia de una Carta Política y de una ley que no preveían este fenómeno.

Es criterio de la Sala que cuando el trámite procesal se inicia, tramita y concluye en vigencia de la anterior Carta Política, no es del caso pensar en la aplicación intemporal de la nueva Constitución, puesto que la rituación del proceso se efectuó integralmente de conformidad con el concepto del debido proceso constitucional que en ese momento existía.

En estas condiciones, la causal sexta de revisión no se ha estructurado en este caso, porque, en definitiva, la situación se concreta a un tránsito de legislación; de aquella que concedía plena libertad al juez de segunda instancia para decidir todo lo relacionado con la providencia recurrida, a aquella otra que estableció en forma terminante la prohibición de desfavorecer las condiciones del procesado, apelante único.

En este punto se hace necesario hacer una somera referencia a las limitaciones que sufrió la competencia funcional, primero por decisión del constituyente —art. 31— y posteriormente por el legislador —art. 217 del CPP reformado por el art. 34 de la Ley 81 de 1993— que establecieron para efecto de todas las decisiones que el superior sólo puede revisar los puntos que hayan sido objeto del recurso.

En las condiciones precedentes, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Carta, no se puede hacer mas gravosa la situación del procesado que es apelante único, habida cuenta que de conformidad con el texto constitucional y la ley procesal existe una limitación a la competencia funcional del fallador de segunda instancia, que como se dijo solo puede revisar lo que haya sido objeto del recurso, salvo que se trate de auto o sentencia que tenga señalada la consulta.

De otra parte, siguiendo los postulados doctrinales, recuérdese que una de las características de la ley consiste en que rige hacia el futuro y mientras se mantenga vigente, puesto que sancionar una conducta que no estaba prohibida al momento de su realización, implicaría la violación de principios esenciales como los de justicia y seguridad jurídica. Por ello, la aplicación de la ley hacia el futuro es una garantía que establecen la mayoría de las Constituciones Políticas, como lo hace la de nuestro país en su artículo 29, en cuanto somete el juzgamiento de un acto a leyes preexistentes.

No obstante, no siempre las situaciones son tan claras respecto a la ley aplicable, puesto que, en ocasiones, y en razón de la perdurabilidad temporal de algunas relaciones jurídicas, sucede que la ley vigente bajo la cual surgió la situación, es derogada y regulada de otra manera. Tales eventualidades han propiciado la creación de excepciones al principio general de la vigencia de las leyes hacia el futuro, dando paso a las instituciones de la retroactividad y de la ultraactividad, de aplicación en materia penal, por expresa disposición constitucional, a través del principio de la favorabilidad, de tal manera que la concurrencia de normatividades en una situación iniciada bajo una reglamentación y que debe concluir a la luz de un ordenamiento distinto, se resuelve adoptando la legislación más favorable al procesado.

Sin embargo, tal retroactividad no es absoluta ni indiscriminada, por cuanto la favorabilidad no es aplicable a cualquier tipo de situaciones jurídicas. Los casos están definidos en los artículos 44 y 45 de la Ley 153 de 1887, en cuyos textos se establece:

“ART. 44.—En materia penal la ley favorable o permisiva prefiere en los juicios a la odiosa o restrictiva, aún cuando aquella sea posterior al tiempo en que se cometió el delito.

Esta regla favorece a los reos condenados que estén sufriendo condena.

ART. 45.—La precedente disposición tiene las siguientes aplicaciones:

La nueva ley que quita explícita o implícitamente el carácter de delito a un hecho que antes lo tenía, envuelve indulto y rehabilitación.

Si la nueva ley minora de un modo fijo la pena que antes era también fija, se declarará la correspondiente rebaja de pena.

Si la nueva ley reduce el máximum de la pena y aumenta el mínimum, se aplicará de las dos leyes la que invoque el interesado.

Si la ley nueva disminuye la pena corporal y aumenta la pecuniaria, prevalecerá sobre la ley antigua.

Los casos dudosos se resolverán por interpretación benigna”.

Igualmente, los tratados internacionales suscritos por Colombia, y por tanto de obligatorio cumplimiento, corroboran la preceptiva vigente en el régimen interno. Así, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (L. 74/68), en su artículo 15, consagra el principio de legalidad en los siguientes términos:

“1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocido por la comunidad internacional”.

A su turno, el artículo 9º de la Convención americana sobre derechos humanos (L. 16 /72) impone el principio de legalidad y de retroactividad con el siguiente texto:

“Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”.

El principio de aplicación de la ley en el tiempo, conforme al cual una ley regula los actos desarrollados bajo su vigencia, se reafirma al observar los efectos que produce una declaratoria de inexequibilidad, pues, es sabido que ésta impide que el precepto inconstitucional tenga efectos dentro del ordenamiento jurídico, pero hacia el futuro; puesto que no produce la derogatoria ni invalidación de los actos realizados y cumplidos antes de ser declarado inexequible.

Tomando en cuenta los conceptos que se acaban de comentar, se advierte que, en el fondo, la demanda pretende que se aplique el principio de favorabilidad frente a un tránsito de legislación a nivel constitucional y legal; objetivo inalcanzable por la vía de la acción de revisión, puesto que tal situación no estructura la causal de revisión alegada ni otra de las establecidas en el estatuto procesal.

Desde otro punto de vista, y a pesar de su impertinencia en relación con la acción instaurada y la causal invocada, se advierte que en este caso no se dan los presupuestos para darle retroactividad a los preceptos del procedimiento penal actual, por cuanto el proceso ya había terminado en forma definitiva y, además, las modificaciones legislativas no aluden al quantum punitivo ni descriminalizan la conducta por la cual se condenó a Castillo Desalvador; ellas se refieren al cambio de ritualidad en cuanto a la imposición de limitaciones a la competencia funcional del juez de segunda instancia.

Lo expuesto hace evidente que el demandante ha tratado de demostrar la presencia de la causal que invoca, dándole una amplitud de la cual carece, pues la inteligencia de la situación allí descrita y la filosofía que orienta la acción de revisión revelan que la injusticia que ella quiere prevenir obviamente no es el cambio de jurisprudencia que surge, casi que con carácter de necesidad, con el cambio de legislación, sino, el que significa un entendimiento distinto al precedente, de una misma disposición. Sólo así se comprende que el cambio de jurisprudencia pueda llegar a significar una injusticia. Lo contrario, llevaría a considerar que las modificaciones que hace el legislador son injustas; conclusión que contraría la razón y los objetivos del derecho y de la organización social.

En estas condiciones, en realidad la demanda está edificada sobre el supuesto de un tránsito legislativo que se dio, no en el transcurso del proceso, sino con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia. Luego, se debe reiterar que en la situación alegada como fundamento de la pretensión no se trata de un cambio de jurisprudencia. Ello, basta para concluir que no se han configurado los elementos que estructuran la causal sexta de revisión, y, en consecuencia la acción resulta impróspera.

En mérito de las precedentes consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

DECLARAR que no hay fundamento para ordenar la revisión de la sentencia del 4 de abril de 1991, por medio de la cual el Tribunal Superior de Tunja condenó a Pedro Julio Castillo Desalvador como cómplice de su hermano en el homicidio de Sixto Sánchez Guerrero.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente a la oficina de origen.

Nilson Pinilla Pinilla—Hugo H. Rodríguez Cortés, Conjuez—Ricardo Calvete Rangel—Carlos Augusto Gálvez Argote—Carlos E. Mejía Escobar—Dídimo Páez Velandia—Édgar Saavedra Rojas—Juan Manuel Torres Fresneda.

Patricia Salazar Cuellar, Secretaria.

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