Sentencia 9262 de junio 18 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

DESCUENTOS ILEGALES POR RETENCIÓN EN LA FUENTE

SANCIÓN MORATORIA AL EMPLEADOR

EXTRACTOS: «La cuestión principal materia de debate en el sub examine es relativa a la calificación que el Tribunal le otorgó a la retención en la fuente realizada por la empleadora al trabajador sobre los créditos laborales que reconoció a su favor a la terminación del contrato de trabajo, la que encontró que superaba los límites legales y originó la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo al concluirse que ésta no explicó satisfactoriamente por qué procedió en esos términos. Tal es el tema controvertido a lo largo de la acusación, y por ello es más que pertinente traer a colación lo argumentado al respecto por el sentenciador de segundo grado, a saber:

“La retención en la fuente que ha debido efectuar conforme a la Ley 75 de 1986 y el Decreto 2420 de 1988 vigente a partir del 1º de enero de 1989, ha debido ser solamente de $ 77.360. Sin embargo, efectuó una retención por $ 773.898 que se extiende a cesantía e intereses de cesantía que legalmente estaban exentos de retención, como que el salario mensual promedio según la misma liquidación final de prestaciones fue de $ 611.801,50 inferior al tope mínimo mensual de $ 700.000 que exigía la mencionada normatividad”. (fl. 320, cdno. instancias).

(...).

Corresponde determinar si la decisión del Tribunal de deducir contra la empleadora carga indemnizatoria por mora es consecuencia de los yerros fácticos que bajo el rótulo de “manifiestos” le adjudica la impugnación. Cuestionamiento que debe responderse negativamente porque no es posible que la Sala califique de tal manera la providencia recurrida en el tema examinado, pues a la postre ella se fundamenta en un hecho objetivo colegible de la probanza de folio 201 y de los artículos 6º de la Ley 75 de 1986, 1º del Decreto 2420 de 1988, y 383 y 388 del Decreto 624 de 1989, consistente en que a la terminación del contrato laboral del demandante —aspecto que se repite no controvirtió la censura—, se le efectuaron a créditos laborales retenciones en la fuente que no se ajustan a las normas legales que regulan esa materia, y lo que determina que el pago de los mismos no fuera completo como corresponde en el derecho del trabajo, que es lo que tutela los artículos 59-1 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

En efecto, el artículo 59-1 del Código Sustantivo del Trabajo prohíbe expresamente a los empleadores deducir, retener o compensar sumas de los salarios y las prestaciones sociales de los trabajadores sin autorización escrita de estos o sin previo mandamiento judicial, salvo las excepciones contempladas entre los literales a y c de la norma, a las que deben agregarse, precisa la Sala, las retenciones en la fuente previstas en la normatividad tributaria, pero con sujeción a los parámetros cuantitativos fijados por dicha legislación.

Y el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo persigue la defensa del pago pleno y además oportuno de los salarios y las prestaciones derivados del contrato de trabajo, mandando que “salvo los casos de retención autorizados por la ley, o convenidos por las partes”, a la terminación de aquel vínculo el empleador debe pagar al trabajador dichos créditos sociales, so pena de la indemnización que el precepto prevé.

En el caso concreto de las retenciones autorizadas por la ley a las que alude la última disposición citada, entre las cuales obviamente está las por impuesto anticipado, en principio debe entenderse que las mismas, primero, habrán de estar incorporadas al derecho positivo y, en segundo término, si cumplen tal presupuesto, tienen que sujetarse a la cuantía que el mismo legislador establezca, pues una retención por razones tributarias que no tenga fundamento legal o que supere las cuantías de lo previsto por la norma, deviene en ilegal y de suyo en violatoria de lo dispuesto por el artículo 65 ibídem. Situación que también se daría en el evento que el trabajador diera autorización escrita para descontar o retener determinada cantidad y el empleador lo hiciera por una suma superior.

Lo hasta aquí precisado quiere decir que aparte del fundamento fáctico y probatorio de la sentencia del ad quem en el punto debatido, la misma tiene respaldo jurídico en cuanto el empleador efectivamente infringió no sólo la normatividad tributaria, sino también el régimen de prohibiciones del artículo 59-1 del estatuto sustantivo laboral y a la terminación del contrato laboral no pagó al trabajador los salarios y las prestaciones debidos, es decir, en su total cuantía, como lo ordena el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo; advirtiéndose que con ninguna de las pruebas que se señalan como erróneamente apreciadas e inapreciadas, se demuestra que la suma descontada al actor por concepto de retención en la fuente, es la que por ley le correspondía.

(...).

De otro lado, es cierto que esta corporación ha manifestado en multiplicidad de ocasiones que la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 ibídem no es automática ni inexorable, sino que en cada caso concreto deben examinarse las circunstancias que rodearon el no pago por el empleador de los salarios y las prestaciones debidos al trabajador a la extinción del nexo contractual laboral, pues si las mismas obedecen a razones serias y atendibles estaría desvirtuada la presunción de mala fe en aquella conducta patronal.

Pero en el sub lite, como lo concluyó el ad quem a folio 321 de los autos, la demandada no ha demostrado que existan razones atendibles que justifiquen su actitud de efectuar al trabajador demandante descuentos por retención en la fuente por fuera de lo autorizado por la ley al momento de liquidar sus créditos sociales por la resciliación del ligamen contractual laboral, muy a pesar de que el accionante en los hechos que signó 2.22 y 2.22.1 de su demanda (fl. 24) hizo referencia específica a tal anomalía y en ello fundó su pretensión identificada como la 3.6.22 (fl. 25).

Ha sostenido la Corte, y lo reiteró recientemente en sentencia del 22 de enero de 1997, número de radicación 8807, que

“... la sola manifestación de la empleadora que pagó lo que creyó adeudar y por ello obró de buena fe no es suficiente para exonerarla de la sanción moratoria, pues fundadas las pretensiones como aquí sucedió, en la omisión de factores salariales que en sentir del actor se debieron tener en cuenta a efecto de liquidar los créditos laborales cuyo reajuste reclama, lo obvio y normal que debe hacer aquella para que no se le imponga la aludida indemnización, en caso de concluirse que le asiste razón al demandante, es explicar a qué se debió o qué dificultades pudo tener para determinar los rubros salariales y efectuar los cálculos pertinentes, o exteriorizar los argumentos que rebatan las apreciaciones del ex trabajador relativas a las diferencias que señale a la liquidación de las acreencias laborales”.

En el presente caso, en frente del textual disentimiento que planteó el actor en la demanda en torno a la forma como la demandada tasó el monto de la retención en la fuente de que fue objeto en sus créditos laborales a la terminación del contrato de trabajo, la empleadora no explicó por qué razón liquidó como lo hizo el impuesto anticipado, ni controvirtió las cifras argumentadas por el trabajador referentes al legítimo valor de lo que se le debía retener y a las que constituyen el exceso que denuncia en el escrito con que se inició el proceso. Esa actitud omisiva de la empleadora se puede constatar en la contestación de la demanda (fls. 122 a 126) y en la intervención que a través de su vocero judicial tuvo en el curso de la primera audiencia de trámite (fls. 131 a 135).

Es de advertir que el no haber dado el Tribunal por demostrado que la suma retenida por retención en la fuente al actor se puso a disposición de la Administración de Impuestos Nacionales, hecho que dará por establecido la Sala para el efecto que seguidamente se analizará, no produce la consecuencia que pretende darle el impugnante, o sea, que impida cualquier condena por sanción moratoria. Y esto porque el proceder irregular de la empleadora, que no explicó, de hacer un descuento de retención en la fuente significativamente excesivo, no desaparece por haber entregado ese dinero a un tercero, pues con esa conducta impidió que el trabajador recibiera oportunamente la cantidad a que legalmente tenía derecho por salarios y prestaciones sociales al terminar el contrato.

De otra parte, no sobra puntualizar que el tribunal impuso la sanción moratoria fue por el descuento excesivo por retención en la fuente, y este es el soporte esencial del fallo que, por lo dicho, no aparece desvirtuado, y lo que impone que el mismo deba mantenerse en cuanto a la condena en si. En consecuencia, admitiendo que tangencialmente la sentencia de segunda instancia también expresó que no estaba demostrado que la empleadora consignó lo retenido a orden de la Administración de Impuestos Nacionales, inferir lo contrario, se repite, no hace desaparecer el motivo fundamental que la providencia señala para imponer la condena de indemnización moratoria.

Por lo tanto, lo hasta aquí comentado es suficiente para concluir que no hay lugar a quebrar la sentencia del Tribunal que condenó a la demandada a pagar al actor la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

En lo que sí le asiste razón al recurrente es en cuanto el ad quem. no dio por establecido, estando probado, “... que desde el 18 de abril de 1993, Tecnicontrol Ltda. nada adeuda al demandante por concepto de retenciones sobre salarios y prestaciones sociales” (fl. 9 cdno. de casación), pues efectivamente el demandante confesó haber reclamado de la Administración de Impuestos Nacionales la devolución de los dineros que le retuvo la empleadora, lo que obtuvo, primero el 16 de agosto de 1991 y final y definitivamente el 18 de abril de 1993, tal como se colige de las respuestas 14 y 15 que él absolvió en el interrogatorio de parte visible en el acta de folios 170 a 173 del cuaderno de las instancias, lo que además está corroborado, en general, por los documentales de folios 247 y 248 del expediente, provenientes de las autoridades de impuestos.

En tal contexto probatorio sí debe la Sala caracterizar de manifiesto error de hecho del Tribunal el no limitar la extensión de la indemnización moratoria hasta el 18 de abril de 1993, pues conforme las probanzas referidas hasta esa fecha se extendió el no pago íntegro al actor de la totalidad de los créditos laborales a los que tenía derecho por la terminación de su contrato laboral».

(Sentencia de casación, junio 18 de 1997. Radicación 9262. Magistrado Ponente: Dr. Fernando Vásquez Botero).

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «La sanción prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo depende de la existencia de deudas salariales o prestacionales a la terminación del contrato, que no sean razonablemente justificadas por el empleador. Tal justificación supone señalar una razón de su actuar y demostrarla.

En el caso presente la insuficiencia en el pago final de los salarios y prestaciones sociales fue atribuido a una retención en la fuente que se aplicó al demandante en cuantía superior a la que se derivaba de la ley tributaria y aunque el exceso resulta indiscutible, en el proceso aparece la razón que tuvo la empleadora para no cancelar la totalidad de la suma derivada de la liquidación del final del contrato de trabajo.

En efecto, el motivo que tuvo para no entregar al demandante al momento de la terminación del contrato de trabajo, toda la suma derivada de la liquidación final del mismo, fue la aplicación de la figura de la retención en la fuente que corresponde a una disposición legal que, como tal, es obligatoria para el patrono. Tal situación fáctica está claramente demostrada en el proceso e incluso se busca apoyo en ella para llegar a la condena que se impuso en las instancias.

Significa lo expuesto que la recurrente cumplió con los requisitos señalados doctrinariamente para liberarse de dicha condena, en cuanto dio una explicación que por tener sustento legal es razonable (la retención en la fuente) y la demostró no sólo por el hecho mismo de no haber discutido que la retuvo sino por la consecuente actitud de ponerla a disposición de la Administración de Impuestos, conducta esta última que, en nuestra opinión, no fue analizada en el fallo del cual nos apartamos con la atención que realmente merece, pues no puede calificarse de igual manera la actitud de alguien que retiene una suma en la fuente pero la mantiene en su poder y la de quien, efectuada la retención, procede a cumplir la obligación legal de ponerla a disposición del Estado por cuenta del trabajador.

Dentro del anterior desarrollo, estimamos que la demandada sustentó su buena fe en razones atendibles cuyos fundamentos fácticos quedaron debidamente respaldados probatoriamente. Tal circunstancia imponía al actor demostrar que la circunstancia de haberse efectuado la retención en exceso obedecía a una actitud de mala fe y ello no fue establecido, pues si bien es claro que se afectó una suma superior a la que resultaba de aplicar rigurosamente la ley tributaria, dentro del contexto del caso, resultaba necesario probar que ello se había originado en una actitud maliciosa de la demandada, puesto que, como se dijo, ella había cumplido con los postulados tendientes a establecer su conducta de buena fe.

Insistimos en el aspecto relacionado con la consignación en la cuenta del actor en la Administración de Impuestos, pues consideramos que la decisión mayoritaria menosprecia tal situación sin mayores consideraciones, cuando en realidad ella debe relacionarse con la consignación a la que alude el inciso segundo del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, particularmente dentro de las circunstancias de este caso en el que la demandada no retuvo para sí los dineros deducidos y el demandante a la postre recibió la totalidad de lo descontado en exceso.

Apreciamos, por tanto, que la buena fe de la demandada ha debido surtir sus efectos desde el momento de la terminación de contrato (cuando consignó los dineros a órdenes de la Administración de lmpuestos) y no sólo desde que dicha oficina pública devolvió la suma correspondiente al actor, pues con esto último, a la postre se responsabiliza a la misma empleadora de la tardanza de su ex trabajador en reclamar los dineros y de la Administración de Impuestos en atender tal reclamación.

Son las anteriores las razones que nos llevan a separarnos de la decisión mayoritaria adoptada por la Sala».

Rafael Méndez Arango—Germán G. Valdés Sánchez. 

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