Sentencia 9285 de enero 18 de 2001 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. Nº 20009285 T, ene. 18/2001.

M.S. Leonor Perdomo Perdomo.

Aprobado según Acta Nº dos (2) de dieciocho (18) de enero de dos mil uno (2001).

Objeto de pronunciamiento:

Resuelve la Sala la impugnación formulada por el coronel Miguel Ángel Jiménez director de sanidad del Ejército Nacional contra el fallo del 15 de noviembre del año 2000, mediante el cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca tuteló los derechos fundamentales invocados en la demanda por el señor Fabián Navarro Angarita y en consecuencia ordenó a la dirección de sanidad del Ejército que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia el accionado inicie los trámites pertinentes a fin de practicar “el examen o los exámenes médicos al actor tendientes a determinar si la lesión por la que fue desacuartelado se generó a causa de entrenamiento militar a que fue sometido...” el mismo o si dicha dolencia tiene origen anterior a su incorporación al cuerpo armado.

Igualmente se dispuso que en el evento de probarse que la afección causa del desacuartelamiento del actor se dio durante la prestación del servicio militar obligatorio, “el director de sanidad del Ejército Nacional, dispondrá de los medios necesarios para que en un término de diez (10) días, el actor pueda iniciar el tratamiento médico integral necesario para superar la lesión...”.

Antecedentes:

1. La petición de tutela:

El 4 de octubre del año próximo pasado Fabián Navarro Angarita en nombre propio formuló acción de tutela contra el Ministerio de Defensa Nacional —Ejército Nacional—, Batallón de Infantería Nº 39 Sumapaz con el fin de que se le ampararan sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social y a la salud.

El actor adujo en su libelo que el 6 de julio de 2000 previa la práctica de los exámenes de rigor fue reclutado por el distrito accionado, recibiendo entrenamiento en la ciudad capital y luego en el Batallón 39 Sumapaz en la vecina localidad de Fusagasugá.

Alega además que a raíz de dicho adiestramiento comenzó a sentirse enfermo debido a los excesos en los ejercicios, específicamente, señala, fue atendido en sanidad por dolores en la columna y en los miembros inferiores.

Refiere que el 24 de septiembre de 2000 fecha en la cual juró bandera, junto con el diploma le entregaron la boleta de desacuartelamiento en la cual se hizo constar que “el soldado regular Navarro Angarita Fabián CM Nº 14.326.233 fue incorporado como integrante del 3C/2000 organido (sic) del batallón de infantería Nº 39 Sumapaz, dado de baja por tercer examen médico por (hernia discal intervertebral sintomática), prestó servicio militar obligatorio durante tres meses...”.

Informa que desde entonces se halla postrado en su casa enfermo a la espera de un gesto humanitario de parte del Ejército Nacional, consistente en que se le brinde la atención médica en el Hospital Militar y se le devuelva a la sociedad civil en el mismo estado físico en que se encontraba para cuando ingresó al cuerpo armado, toda vez que para el momento de su desvinculación, tan solo le sugirieron que se interviniera quirúrgicamente, que cobrara los $ 120.000 que el Ejército le adeudaba por asuntos del servicio y que reclamara su libreta militar de segunda categoría.

Termina el actor deprecando del juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales personales a la vida, la salud, la seguridad social y la dignidad humana, como quiera que la situación de desamparo en que se encuentra debido a que mantiene “...imposibilitado por el dolor bestial... con una pierna tiesa, hasta el punto que no puedo realizar actividad productiva alguna...” conculca las garantías fundamentales ya citadas.

2. Actuación procesal:

Asumido el conocimiento de la presente acción por parte del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Honda —Tolima— (fl. 7), y libradas las comunicaciones de ley a las partes (fls. 8 y ss.); el coronel Miguel Ángel Jiménez Hilarión director de sanidad del Ejército al pronunciarse sobre los hechos de la demanda de tutela si bien aceptó que el actor había ingresado a prestar el servicio militar incorporado en el tercer contingente de 2000, orgánico del Batallón de Infantería Nº 39 Sumapaz, refiere que fue a raíz del tercer examen médico realizado dentro de los 45 a 90 días siguientes a la incorporación que tiene por finalidad confirmar alguna patología existente que le fue detectado un problema de hernia discal intervertebral sintomática, que no fue advertido durante la fase inicial del proceso de incorporación o reclutamiento, habida consideración que la citada dolencia había sido adquirida con anterioridad a su acuartelamiento, razón por la cual señala el oficial, al establecerse una causal de “no aptitud para la prestación del servicio militar conforme a la ley de reclutamiento y al Decreto 94 del 11 de enero de 198(sic) reformado por el Decreto-Ley 1796 de 2000”.

Igualmente manifestó que según la Ley 48 de 1993 de reclutamiento artículos 15 al 18 el personal inscrito se someterá a un tercer examen de aptitud psicofísica con el fin de verificar que los incorporados no presenten incompatibilidades con la prestación del servicio militar, detectando así patologías establecidas dentro de las causales de no aptitud.

Además precisa que de acuerdo con lo prescrito en la mencionada ley y la directiva permanente sobre administración de personal Nº 00464 de 1995, el personal que es dado de baja por tercer examen, no se le realiza junta médica laboral y sin embargo, al actor se le brindó la atención médica requerida al momento de evidenciarse la afección referida y hasta su desacuartelamiento.

Refiriendo pronunciamiento de la H. Corte Constitucional el demandado explica que el Ejército está relevado de prestar cualquier atención al actor, toda vez que éste para el momento de su incorporación guardó silencio en torno a su lesión, circunstancia que aunada al dictamen que se llevó a cabo durante el tercer examen médico, vale decir, que la evolución del padecimiento “... venía con una evolución de tiempo atrás...", releva a la institución armada de realizar junta médica teniendo en cuenta que el enfermo no es miembro activo de las Fuerzas Militares.

Finalmente señala que si bien el accionante no ostenta la calidad de afiliado o beneficiario, los costos de su enfermedad deben ser asumidos por él mismo, acogiéndose al régimen subsidiado de salud previsto en el artículo 211 de la Ley 100 de 1993 (fls. 15 y ss.).

Advertida la falta de competencia por parte del estrado civil de conocimiento para fallar la presente acción, el 18 de octubre de 2000 al tenor del mandato que prevé el Decreto 1382 de 2000 ordena el envío de la demanda de tutela al Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima para lo pertinente (fl. 19); instancia que mediante auto del 24 del mes y año en cita al constatar que la posible afectación de los derechos fundamentales del actor tuvo su génesis en el municipio de Fusagasugá remite las diligencias a su homólogo en la ciudad capital (fl. 23).

En este orden de ideas, el 31 de octubre de 2000 el citado Consejo Seccional al avocar conocimiento entre otras pruebas solicitó al señor director de sanidad del Ejército Nacional remitiera fotocopia legible del expediente contentivo del proceso de selección realizada en la persona del actor desde que fue admitido hasta que fue desacuartelado, incluyendo en todo caso, la totalidad de los exámenes médicos y su resultado practicados al señor Navarro Angarita, así como fotocopia de la historia clínica del mismo, y copia del acto por medio del cual fue declarado apto para prestar el servicio militar obligatorio (fls. 30 al 33).

En respuesta al anterior requerimiento el comandante del Batallón Sumapaz aportó al proceso de tutela oficio Nº 6569 con el cual anexa copia del concepto médico emitido por el señor oficial de sanidad en el que se explica que el actor fue desacuartelado por tercer examen médico al diagnosticársele una hernia discal intervertebral sintomática que le limita su marcha y sensibilidad de la pierna izquierda y por ende no puede continuar con su servicio militar obligatorio. Además se agrega que revisada su historia clínica se establece que el actor para el día 17 de julio de 2000 fue hospitalizado en el dispensador sur con un diagnóstico inicial de tendinitis de abductor de muslo derecho, pero que al continuar el paciente con su sintomatología, es hospitalizado y a pesar de que el diagnóstico persistía como lumbalgia radicular el día del tercer examen se encuentra que el paciente muestra “...marcha antálgica, dolor a la manipulación de MID, clínicamente compatible con hernia discal intervertebral...” (fl. 44).

3. Sentencia impugnada:

Al fallar en primera instancia el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca precisa en primer término la naturaleza y el alcance de la acción pública que prevé el artículo 86 de la Carta Magna, acorde con la jurisprudencia constitucional, para luego, concretar la petición de amparo deprecada contra el Ejército Nacional por la no prestación de servicios médicos quirúrgicos al actor en relación con la hernia discal intervertebral sintomática que padece el mismo y que se hizo ostensible durante los ejercicios de adiestramiento propios de la instrucción militar y que trajeron como consecuencia su desacuartelamiento.

Consideró el juez a quo que debido a la carencia de elementos de juicio habida consideración de que el accionado no dio oportuna y completa respuesta a los interrogantes contentivos en el requerimiento de la Sala, aunado al hecho de que para el momento de fallar no se había esclarecido con certeza si la enfermedad que padece el señor Navarro Angarita tuvo su origen antes de su vinculación al cuerpo armado, o si por el contrario el padecimiento se debió al exceso en los ejercicios propios del adiestramiento, que no queda otro camino que tutelar los derechos fundamentales invocados por el actor, ordenando en consecuencia que el cuerpo armado accionado, en el término perentorio de 48 horas a partir de la notificación del fallo, se inicien los trámites pertinentes a fin de practicar el examen o exámenes médicos correspondientes al señor Fabián Navarro Angarita tendientes a determinar si la lesión por la cual fue desacuartelado, se generó a causa del entrenamiento militar a que fue sometido o si la hernia discal tantas veces referida tuvo su origen antes de su incorporación.

Igualmente la sentencia precisó que de probarse a través de las resueltas médicas que la dolencia se produjo debido al ejercicio de adiestramiento, el director de sanidad deberá disponer de los medios necesarios para que en un término de diez (10) días el actor sea sometido al tratamiento médico integral necesario para superiorar dicha lesión. Del mismo modo señala la determinación que las pruebas médicas serán practicadas en un término máximo de 15 días contados a partir del día en que se conozcan los resultados de las evaluaciones médicas.

De otro lado, el juez de instancia compulsa copias de la actuación con destino a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima a fin de que se investigue la posible responsabilidad disciplinaria que le asiste al Juez Civil del Circuito de la ciudad de Honda —Tolima—, en virtud de la falta de respuesta a lo dispuesto en el auto fechado 31 de octubre de 2000.

Finalmente decide compulsar copias para ante la Procuraduría Delegada para asuntos militares a fin de que se investigue la omisión de la entidad accionada concretada en la carencia de respuesta y la no aportación de lo solicitado por la Sala a quo y con destino a la presente acción (fls. 64 y ss.).

Durante el lapso de en que se libraron las comunicaciones de rigor a efecto de notificar a las partes Ia anterior determinación, el Juez Primero Civil del Circuito de Honda, allegó al proceso de tutela copia de la declaración rendida por el accionante, en la cual éste además de ratificarse en su pretensión de amparo, adujo que días antes de su incorporación al Ejército le fue practicado el primer examen médico del cual según su propio dicho “...salí bien”, acotando además que al ser interrogado por el personal médico sobre algún tipo de padecimiento él fue enfático al decir que no, que se sentía bien, “...las ansias mías eran de ser soldado profesional, ahí me enfermé y no pudo (sic) hacer nada” (fls. 93 y ss.).

4. Argumentos del impugnante:

Inconforme con la anterior determinación y aduciendo idénticas razones a las plasmadas en el escrito de descargos, el director de sanidad del Ejército impugnó el fallo de tutela solicitando su revocatoria (fls. 1.000 y ss.).

Consideraciones de la Sala

1. Competencia de la Sala.

Acorde con el inciso primero del artículo 116 de la Constitución Política la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y las respectivas Salas de los Consejos Seccionales de la Judicatura como órganos integrantes de la rama judicial les asiste la facultad de administrar justicia, razón por la cual, tienen competencia para conocer de las acciones de tutela formuladas por cualquier persona que reclama el amparo de sus derechos fundamentales presuntamente conculcados.

Así mismo, por ser su superior jerárquico esta corporación es competente para conocer en segunda instancia de los fallos proferidos por los consejos seccionales, tal como lo prevé el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2. Naturaleza de la acción.

Del contenido del artículo 86 de la Carta Política de 1991 y de los abundantes desarrollos jurisprudenciales emanados de la H. Corte Constitucional, se desprende que la acción de tutela constituye una garantía y un mecanismo constitucional de protección, directa, inmediata y efectiva, de los derechos fundamentales de las personas cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que establezca la ley, cuyo trámite compete a los distintos jueces de la República, a fin de que resuelvan sobre las situaciones de hecho que por esas circunstancias se presenten.

Dicha acción muestra por su finalidad un carácter extraordinario, en la medida en que su utilización parte del respeto legal de las jurisdicciones ordinarias y especiales, así como de las respectivas acciones, procedimientos, instancias y recursos que ante las mismas se surten, lo que supone un uso en forma supletiva con carácter subsidiario; de manera que, la procedencia de la tutela se restringe a la inexistencia de otros medios de defensa judicial o a la ineficacia de los mismos, como también a su utilización transitoria ante la presencia de un perjuicio irremediable que permita contrarrestar dicho efecto en forma temporal, con una operancia inmediata, urgente, rápida y eficaz, mediante el trámite de un procedimiento preferente y sumario, hasta tanto la autoridad correspondiente decida el fondo del asunto.

3. El caso concreto.

A. Lo que se demanda:

En el presente evento se trata de establecer si en efecto, como lo informa el actor el cuerpo armado accionado le ha conculcado sus derechos fundamentales a la salud, seguridad social y dignidad humana, en razón al comportamiento omisivo de dicha institución para la cual, el ex uniformado no tiene derecho a la atención médica que éste demanda, toda vez que la enfermedad que generó su desacuartelamiento —hernia discal intervertebral—, no surgió mientras el actor se encontraba vinculado al Ejército, sino que es un padecimiento de vieja data, anterior a la fecha de su incorporación.

B. Jurisprudencia sobre el tema:

La Corte Constitucional ha manifestado que el derecho a la salud (C.P., art. 49) ostenta el carácter de fundamental cuando su protección es indispensable para salvaguardar los derechos a la vida y a la integridad personal (C.P., arts. 11 y 12) del titular. La regla anterior ha sido rigurosamente aplicada en aquellos casos en los cuales “el ciudadano que requiere el servicio está cumpliendo con una carga cívica y patriótica, como es la prestación del servicio militar obligatorio''” (1) .

(1) Sentencia T-534 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón).

Ahora bien, la atención de los derechos prestacionales, como el derecho a la salud, debe procurarse dentro del marco legal que establece y define el conjunto de derechos y obligaciones específicas que dan lugar a cada prestación. Sin embargo, las normas legales y reglamentarias que regulan la asistencia médica que las fuerzas militares están obligadas a dispensar a quienes prestan el servicio militar obligatorio, deben ser interpretadas en consonancia con los principios, valores y derechos constitucionales y, en particular, con el derecho a la vida, el principio de igualdad material y la vigencia de un orden social justo (2) .

(2) Sentencia T-376 de 1997 (M.P. Hernando Herrera Vergara).

Con base en las premisas anteriores, el alto tribunal ha determinado que, en materia de atención médica, la regla general consiste en que aquélla debe brindarse, con carácter obligatorio, mientras la persona se encuentra vinculada a las Fuerzas Militares. Por ende, tal obligación cesa tan pronto se produce el desacuartelamiento. “Sin embargo, es posible aplicar una excepción a esta regla cuando el retiro se produce en razón de una lesión o enfermedad adquirida con ocasión del servicio que, de no ser atendida oportunamente, haría peligrar la vida y la salud del solicitante, cuya protección se traduce en el derecho que tiene a ser asistido médica, quirúrgica, hospitalaria y farmacéuticamente mientras se logra su recuperación en las condiciones científicas que el caso requiera, sin perjuicio de las prestaciones económicas a las que pudiera tener derecho” (3) .

(3) Sentencias T-376 de 1997 (M.P. Hernando Herrera Vergara). En sentido similar, véase la Sentencia T-762 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

Adicionalmente, la jurisprudencia ha sostenido que las autoridades militares deben prestar los servicios médicos necesarios para la recuperación de los soldados que se encuentren prestando el servicio militar obligatorio y que sean víctimas de enfermedades o dolencias adquiridas antes de su incorporación a filas, siempre que se cumplan dos condiciones: (1) que al momento de la evaluación médica para ingreso a la institución militar o de policía, el sujeto hubiere suministrado a la autoridad de sanidad encargada de realizar el examen información veraz, clara y completa sobre su estado de salud; y, (2) que la lesión preexistente se hubiere agravado en razón del entrenamiento militar y de las deficiencias de los servicios médicos de la unidad militar en la que se encontraban incorporados (4) .

(4) Sentencia T-534 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón). En sentido similar, véase la Sentencia T-762 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

En este mismo sentido, la máxima guardiana de la Carta Política ha enseñado:

“...las fuerzas militares no pueden evadir su deber de prestar atención médica a soldados afectados con patologías existentes antes de su incorporación al servicio militar, agravadas con ocasión de éste, con argumentos formalistas, como, por ejemplo, el de que el afectado no había alcanzado a prestar el juramento de bandera” (5) .

(5) Sentencias T-534 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón) y T-762 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

Finalmente, la misma instancia ha considerado que siempre que un soldado alegue la existencia de una lesión o enfermedad que lo invalide o haga peligrar su vida o su integridad personal, las autoridades militares de sanidad se encuentran obligadas a realizar, de manera exhaustiva, todos los exámenes y evaluaciones médicas que se requieran para establecer, con la máxima precisión posible, si la dolencia que el soldado dice padecer existe verdaderamente y cuál es su magnitud (6) . Según la Corte Constitucional, esta obligación se deriva del principio constitucional que obliga a las autoridades públicas a presumir la buena fe de los ciudadanos (C.P., art. 83) y a no eludir sus responsabilidades (7) .

(6) Sentencia T-762 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

(7) Sentencias T-534 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón) y T-762 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

A este respecto, la jurisprudencia constitucional ha sido clara al señalar que las autoridades militares se encuentran obligadas a proteger la vida y la salud de los soldados y a adoptar todas aquellas medidas necesarias para que su permanencia en filas constituya una experiencia lo más humana, dignificante y enriquecedora posible (8) , proporcionándoles “atención suficiente para satisfacer sus necesidades básicas de salud, alojamiento, alimentación, vestuario, bienestar, entre otros, desde el día de su incorporación, durante el servicio y hasta la fecha de licenciamiento (L. 48/93, arts. 13 y 39)” (9) .

(8) Id.

(9) Sentencia T-376 de 1997 (M.P. Hernando Herrera Vergara).

Según la citada corporación, de los riesgos físicos y psíquicos que entraña la prestación del servicio militar obligatorio se desprende el derecho de los soldados que resulten lesionados o que adquieran alguna enfermedad a “reclamar a los organismos de sanidad de las Fuerzas Militares —quienes tienen atribuidas las funciones de prevención, protección y rehabilitación en beneficio de su personal— la atención médica, quirúrgica, servicios hospitalarios, odontológicos y farmacéuticos necesarios, al igual que elementos de prótesis cuando sean indispensables, por el tiempo necesario para definir su situación y sin perjuicio del reconocimiento de las prestaciones económicas a que haya lugar (D. 2728/68, art. 1º; D. 094/89, arts. 38 y 42)” (10) .

(10) Sentencia T-376 de 1997 (M.P. Hernando Herrera Vergara). En el mismo sentido, véase la Sentencia T-762 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

En cuanto a la procedencia de la acción de tutela, la misma Corte ha señalado que, incluso si se trata de un caso ubicado en alguna de las hipótesis antes indicadas —en las que el sujeto tiene el derecho sustancial a recibir atención médica—, la acción de tutela sólo procede si se demuestra la conexidad con algún derecho fundamental y si no existe otro mecanismo de protección o, de existir, la acción se torna necesaria para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

Conforme a las reglas sentadas por la jurisprudencia constitucional resta por determinar si, en el caso sub-lite, la falta de atención médica constituye una vulneración de los derechos fundamentales del actor que puede ser controvertida a través de la acción de tutela.

C. Presunta vulneración de los derechos a la salud y a la seguridad social del actor en conexidad eventual con algún derecho fundamental.

Como quedó establecido, en la reseña procesal la negativa del cuerpo armado de prestar la atención integral que amerita la lesión que padece el actor se sustenta en que la hernia discal intervertebral, enfermedad que obligó al desacuartelamiento del señor Navarro Angarita no se produjo como consecuencia del entrenamiento propio de la instrucción, sino que la patología antecede a la incorporación, motivo por el cual no se había producido con ocasión del servicio militar y, por tanto, las fuerzas militares no se encontraban obligadas a prestar la atención médica necesaria para el restablecimiento de la salud del demandante.

Empero, de la misma sinopsis procesal y acorde con los elementos de juicio que aparecen en el plenario, se pudo establecer que el dicho del actor en el sentido de que para el momento de la primer evaluación médica no padecía de ninguna dolencia, no ha sufrido desmedro y por el contrario son los propios documentos suscritos por los galenos adscritos al departamento de sanidad del Ejército que avalan la versión del ex uniformado, toda vez que, la hernia discal intervertebral que le fue detectada al demandante se produjo después de haber superado los dos exámenes previos de rutina que practica el Ejército a fin de decidir el estado físico de Navarro Angarita. Así se colige del oficio 6647 fechado 9 de noviembre de 2000 en el cual el mayor Víctor Hugo Vizcaya Cervera señaló:

“...se cumplirá un segundo examen médico opcional, por determinación de las autoridades de reclutamiento o a solicitud del inscrito, el cual decidirá en última instancia la aptitud sicofísica para la definición de la situación militar...” (11)

(11) Ver folio 62.

De otro lado, no se tiene constancia que desvirtué la manifestación del accionante obrante en el libelo de tutela y ratificada bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente en el sentido de que se encontraba en perfecto estado de salud sin padecimiento alguno y que su intención tan sólo al presentarse de manera voluntaria al Ejército Nacional a cumplir con su obligación de servir a la patria, de otra manera no se explica cómo de frente al riguroso reconocimiento médico que le hicieron en los dos primeros exámenes no le fue detectada la dolencia que en últimas produjo su desacuartelamiento, y además en ninguna parte del informativo de tutela, la autoridad accionada precisó el período de evolución de la enfermedad.

Nótese que al encontrase apto el señor Navarro Angarita fue incorporado al cuerpo armado y sometido al entrenamiento que para la Sala dio origen a la patología ya referida, agravada con el correr del tiempo y el esfuerzo para cumplir con las labores propias del adiestramiento.

Es más, aún en el hipotético caso de que la lesión que le aqueja al actor hubiese existido con anterioridad al reclutamiento, es dable colegir que ante el desconocimiento de dicha circunstancia por parte del actor, la patología se agravó con ocasión del servicio militar, evento en el cual, como se dejó plasmado líneas arriba, las autoridades militares tienen el deber de prestar la atención sanitaria requerida.

Y, más aún, en el expediente no obra prueba alguna que permita establecer —siquiera sumariamente— que la enfermedad que se le diagnóstico al orgánico después de los dos primeros exámenes, se hubiese producido por causas ajenas y con anterioridad al servicio militar, toda vez que como se vio, además de que a favor del actor existe la presunción de buena fe, no desvirtuada, fue la misma institución accionada la que con su actitud negligente al no cumplir con el mandato de los jueces de tutela en el sentido de aportar los elementos de juicio requeridos avaló la pretensión del demandante, sobre el punto es claro que la Sala a quo obró de manera acertada al ordenar la compulsa de copias referida en la sentencia de instancia.

En caso similar al que nos ocupa la Corte Constitucional precisó:

“Ahora bien, la definición anterior sólo puede ser resuelta a partir de un proceso probatorio complejo, motivo por el cual, de alguna manera, podría ser incompatible con la brevedad y sumariedad del proceso de tutela. En efecto, se trata de un asunto científico que debe ser definido por peritos expertos previo análisis médico y no por un funcionario judicial. No obstante, si en el expediente quedara demostrado que se trata de un caso de extrema necesidad, en el que, en principio, puede presumirse razonablemente que hay algún grado de responsabilidad de la entidad demandada y que exige la atención inmediata para evitar la consumación de un daño sobre algún derecho fundamental, el juez debe proceder a conceder la tutela transitoria del derecho amenazado o vulnerado” (12) .

(12) Sentencia T-393 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

Consecuente con lo anterior y habida consideración de que el proceso de tutela revela potencialmente la amenaza del derecho fundamental a la salud en conexidad con la vida del actor, pero sobre todo la circunstancia de postramiento en que se halla el mismo vulnera el derecho a una vida digna, la Sala confirmará la sentencia de instancia, bajo las siguientes precisiones:

Se ha sostenido que para poder definir si las autoridades militares deben brindar al actor, la atención médica que requiere para superar la dolencia que padece, se torna necesario practicar una prueba médico científica. En consecuencia, se ordena al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bogotá, D.C., lleve a cabo los exámenes necesarios para determinar si la afección que sufre el actor tuvo su origen o se agravó, y en qué medida, como resultado de las actividades físicas realizadas durante su permanencia en el Ejército. Para estos efectos, se ordenará al Departamento de Sanidad del Ejército que colabore en la práctica de dichos exámenes.

La prueba médica solicitada deberá practicarse, a más tardar, dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la presente providencia. Al día siguiente de proferidos los correspondientes resultados, deberán remitirse tanto al director de sanidad del Ejército como al fallador de primera instancia, quien verificará el cumplimiento de las decisiones judiciales adoptadas en la presente providencia.

Si el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses llegare a determinar que la dolencia tuvo origen o se agravó hasta el punto de convertirse en causal de exención del servicio militar obligatorio, en virtud de la actividad física a la que fue sometido el actor durante su permanencia en las fuerzas armadas, el director de sanidad del Ejército deberá disponer los medios necesarios para que, en un término de 10 días, el actor pueda iniciar el tratamiento médico integral necesario para aliviar la sintomatología causada por la actividad física a la que estuvo sometido.

Por lo anteriormente expuesto el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

RESUELVE:

1. CONFIRMAR con las precisiones hechas en la parte motiva del presente fallo, la sentencia objeto de impugnación.

2. ORDENAR, al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bogotá, D.C., que lleve a cabo los exámenes necesarios para determinar si la afección que sufre el actor tuvo su origen o se agravó, y en qué medida, como resultado de las actividades físicas realizadas durante su permanencia en el Ejército. Para estos efectos, se ordenará al departamento de sanidad del Ejército que colabore en la práctica de dichos exámenes.

La prueba médica solicitada deberá practicarse, a más tardar, dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la presente providencia. Al día siguiente de proferidos los correspondientes resultados, deberán remitirse tanto al director de sanidad del Ejército como al fallador de primera instancia, quien verificará el cumplimiento de las decisiones judiciales adoptadas en la presente providencia.

Si el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses llegare a determinar que la dolencia tuvo origen o se agravó hasta el punto de convertirse en causal de exención del servicio militar obligatorio, en virtud de la actividad física a la que fue sometido el actor durante su permanencia en las fuerzas armadas, el director de sanidad del Ejército deberá disponer los medios necesarios para que, en un término de 10 días, el actor pueda iniciar el tratamiento médico integral necesario para aliviar la sintomatología causada por la actividad física a la que estuvo sometido.

4. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia la secretaría judicial de esta Sala remitirá el presente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese a las partes en los términos de los artículos 16 del decreto en cita y 5º del reglamento 306 de 1992.

Cúmplase

Magistrados: Leonor Perdomo Perdomo—Jorge Alonso Flechas Díaz—Guillermo Bueno Miranda—Eduardo Campo Soto—Fernando Coral Villota—Rubén Darío Henao Orozco—Temístocles Ortega Narváez.

Silvio Gentil Nieto Beltrán, Secretario Judicial.

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