Sentencia 932026-41-98 de agosto 13 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

DERECHO A SOLICITAR SUSTITUCIÓN PENSIONAL

NO PRESCRIBE

EXTRACTOS: «Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de septiembre 1º de 1997, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda.

La demanda

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del CCA, el actor pretende que se declare la nulidad de las resoluciones 34 y 81 de marzo 8 y junio 7 de 1993, respectivamente, expedidas por la Gerencia General de Empresas Varias de Medellín, la primera que resuelve negar la sustitución de pensión en favor del demandante, y la segunda, que confirma en todas sus partes el primero de los actos expedidos.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, el demandante solicita a título de restablecimiento del derecho, se condene a la entidad demandada al reconocimiento y pago en su favor, del beneficio de sustitución pensional al que tiene derecho en un 100%, a partir del 6 de noviembre de 1992, con los reajustes ocasionados por la ley y con aplicación de los artículos 176 y 177 del CCA.

Como hechos que sustentan sus pretensiones, el demandante relata que el señor Carlos Jaramillo Cárdenas, su padre, falleció en la ciudad de Medellín el 17 de agosto de 1967, quien al momento de su deceso disfrutaba de la pensión vitalicia de jubilación reconocida mediante Resolución 21 de abril 23 de 1956. Que el occiso había contraído matrimonio católico con la señora Soledad Restrepo Tamayo el 17 de mayo de 1920, procreando varios hijos, entre ellos, el actor.

Afirma que al morir, su padre tenía bajo su cargo y dependencia económica, a su legítima esposa y a su hijo Parmenio de Jesús, éste último en razón a su invalidez desde el nacimiento, ocasionada por retardo mental y epilepsia congénitas. La cónyuge solicitó y obtuvo de la empresa demandada la sustitución pensional vitalicia de la que disfrutaba su esposo al momento de fallecer, y posteriormente murió en la misma ciudad de Medellín el 11 de junio de 1992. Argumenta el actor que en ese momento cumplía con los presupuestos esenciales de dependencia de la causante, dada su invalidez, para acreditar y tener derecho a este beneficio de sustitución.

Señala el actor que el 17 de agosto de 1967, por efectos de lo preceptuado en los artículos 39 del Decreto 3135 de 1968, primero de la Ley 5ª de 1969, 19 y 21 del Decreto 434 de 1971, 1º, 2º y 3º de la Ley 33 de 1973, 8º de la Ley 4ª de 1976 y 8º del Decreto 732 de 1976, el derecho temporal causado en su favor, respecto de la sustitución de la pensión de jubilación de su padre, se convirtió en vitalicia atendiendo la naturaleza de la invalidez que lo viene aquejando, y que muerta su señora madre, conforme a las normas ya citadas y con fundamento también en la Ley 71 de 1988 y el Decreto 1160 de 1989, tiene derecho a reclamar y a obtener la pensión vitalicia de jubilación de su difunto padre, como sustituto y en calidad de hijo inválido.

Producto de lo anterior, el actor presentó ante Empresas Varias de Medellín su petición de sustitución pensional, conforme a escrito de noviembre 6 de 1992, acompañada de las pruebas que acreditan su parentesco, su dependencia económica y su estado de invalidez. Por Resolución 34 de febrero 22 de 1993, notificada el 18 de marzo siguiente, la entidad le negó la sustitución pensional, concediéndole el recurso de reposición para el efecto, el que fuera resuelto mediante Resolución 81 de junio 7 siguiente, notificada el 9 de agosto de ese año 1993, confirmando la primera de las resoluciones y declarando agotada la vía gubernativa en este caso.

(...).

La sentencia

El Tribunal negó las súplicas de la demanda, en consideración a que al hacer el estudio de fondo en el sub lite, se debe partir del hecho de que la sustitución pensional es u derecho que surge a favor de ciertos beneficiarios, sólo a la muerte del pensionado, momento en el que se deben presentar los titulares de tal beneficio para que se les reconozca la pensión a su favor, pero no existe en la ley el derecho a reemplazar a quienes ya sustituyeron al pensionado, como en el caso sub judice.

Por tanto, el Tribunal afirma que no es oportuna la petición de sustitución pensional elevada por el demandante, toda vez que ha debido hacerlo en forma conjunta con su señora madre en momento de fallecer el pensionado Carlos Jaramillo Cárdenas, para que dicha sustitución le fuera concedida en forma compartida, con derecho de acrecer en su favor la cuota de aquélla en el momento de su muerte.

(...).

Consideraciones

Se discute en este evento la legalidad de los actos por los cuales la entidad demandada le negó al actor el beneficio de la sustitución pensional a partir del 6 de noviembre de 1992, es decir, las resoluciones números 34 de febrero 22 de 1993 y 81 de junio 7 del mismo año, expedidas por la gerencia general de la empresa.

A folios 2 a 5 del expediente, aparecen las resoluciones contentivas de la decisión negativa tomada por la entidad y objeto de la presente demanda, desde la cual se viene sosteniendo que adolecen de la violación de preceptos constitucionales y normas de superior jerarquía, en especial, del artículo 29 de la Constitución Política.

Como razones diferentes a la violación del artículo 29 de la Carta ya citado, amén de otros preceptos invocados en el libelo demandatorio, la parte actora aduce la incorrecta aplicación del Decreto 776 de 1987, afirmando que al desconocérsele al actor un derecho respaldado por la ley, la determinación de la autoridad fue parcializada, injusta e irregular.

En los términos de los actos acusados, la Sala observa que los hechos y circunstancias que sirvieron de fundamento para la decisión en ellos tomada, son esencialmente el que el demandante fue sometido a una evaluación médica por salud ocupacional, entidad ésta que al decir de la resolución 34, presenta deficiencia mental leve, epilepsia actualmente en remisión y espondiloartrosis de columna propia de su edad, patologías de diagnóstico y evaluación incierta en el pasado, pues no acredita medios probatorios suficientes para ser determinadas, especialmente con relación a la muerte del causante, el señor Carlos Jaramillo Cárdenas, ocurrida el 17 de agosto de 1967.

Concluye el diagnóstico que sirvió de fundamento a la decisión tomada, señalando que el actor no es inválido total para todo tipo de trabajo remunerado, pudiendo desempeñar un oficio, y quedando así, por fuera de los requisitos legales para obtener de este modo, el derecho a la sustitución pensional que reclama.

El Tribunal negó las súplicas de la demanda, al considerar que la sustitución pensional es un derecho que surge a favor de ciertos beneficiarios, sólo al momento de la muerte de pensionado, momento en que deben presentarse los titulares de derecho para que se les reconozca la pensión a su favor. No existe pues en la ley, el derecho a sustituir a quienes ya sucedieron a pensionado.

Dijo el a quo que por lo anterior, no es oportuna la solicitud de sustitución pensional formulada por el demandante, toda vez que ha debido hacerlo en forma conjunta con la señora Soledad Restrepo Vda. de Jaramillo, para que dicha sustitución le fuera concedida en forma compartida con su señora madre, con derecho a acrecer en su favor la cuota de ésta, al momento de su muerte.

Para sustentar su decisión, el Tribunal hace referencia a la Ley 71 de 1988, en cuyo artículo 3º, inciso primero y numeral 1, se preceptúa:

“Extiéndase las previsiones sobre sustitución pensional de la Ley 33 de 1973, de la Ley 12 de 1975, de la Ley 44 de 1980 y de la Ley 113 de 1985, en forma vitalicia al cónyuge supérstite o compañero o compañera permanente, a los hijos menores o inválidos, a los padres o hermanos inválidos que dependan económicamente del pensionado, en las condiciones que a continuación se establecen:

1. El cónyuge supérstite o compañero o compañera permanente, tendrán derecho a recibir en concurrencia con los hijos menores o inválidos por mitades la sustitución de la respectiva pensión con derecho a acrecer cuando uno de los dos órdenes tenga extinguido su derecho...”.

Está acreditado que fallecido el padre del demandante en este caso, se presentó a reclamar el derecho de sustitución pensional la cónyuge supérstite, señora Soledad Restrepo de Jaramillo, sin que en esta oportunidad se hubiese constituido en beneficiario de esa prestación, el ahora demandante Parmenio de Jesús Jaramillo Restrepo, por lo que la Sala presume que de ser incapacitado en su momento, no lo hizo toda vez que como tal, iba a continuar dependiendo económicamente de su madre legítima, la precitada Soledad Restrepo de Jaramillo.

Muerta Soledad Restrepo de Jaramillo el día 11 de junio de 1992, el demandante intenta ante esta jurisdicción, obtener para sí ese derecho de sustitución pensional del que aquélla gozaba, en su condición de cónyuge que fuera de Carlos Jaramillo, argumentando que en ese momento cumplía los presupuestos de dependencia del causante, en su condición de inválido e hijo legítimo del mismo, situación que acreditó probatoriamente ante las empresas varias de Medellín, y derecho que como ya se dijo, le fue negado por la entidad.

Sea lo primero advertir que el derecho a gozar de la pensión de jubilación y por ende, de la sustitución de esa prestación en favor de las personas que acrediten el derecho que les asiste, no prescribe, por lo que así las cosas, el actor estaría amparado por la ley para que tal aspiración no se haga ilusoria, ni su derecho nugatorio.

Sobre el particular, el artículo 15 del Decreto 1160 de 1989, reglamentario de la Ley 71 de 1988, prescribe lo siguiente:

“Estado de invalidez. El Estado de invalidez se determinará de acuerdo con la ley o los reglamentos del Instituto de Seguros Sociales y se calificará por el servicio médico laboral o de salud ocupacional de la entidad de previsión o patronal a la cual corresponda el reconocimiento de la pensión, o en su defecto, por el servicio médico que la respectiva entidad hubiese designado”.

Consta en el plenario el informe de evaluación neurológica y neuropsicológica efectuado el 30 de abril de 1993 al señor Parmenio de Jesús Jaramillo Restrepo por el especialista Francisco Lopera R., en el que recomienda revisiones neurológicas para el control de la distonía y la epilepsia, pues hay tendencia a que las convulsiones y/o la distonía empeoren. Dice el informe que su estado neurológico y neuropsicológico no implica invalidez total, y que sus limitaciones le dan una invalidez parcial, pudiendo realizar trabajos simples y vigilados, como el de ayudante de almacén o empresa familiar (fls. 39 a 42).

En el folio 43 siguiente, se observa el memorando del Departamento de Servicio Médico y Salud Ocupacional, dirigido a la División de Relaciones Industriales - Grupo de Pensionados, expedido el 27 de mayo de 1993, según el cual el profesional Francisco Lopera R. ya citado, señala una merma del 55% de la capacidad laboral del demandante en este caso, a términos del artículo 1º, ítem 5, del Decreto 776 de 1987, porcentaje inferior al necesario para determinar invalidez, definida en un 75% o más, para que dicha incapacidad se dé.

También en los folios 69 a 71, la Sala observa la certificación en manuscrito expedida por el médico Dr. Pedro Turó G., según la cual éste profesional diagnostica una incapacidad total del señor Parmenio Jaramillo Restrepo para ejercer cualquier trabajo, documento que se encuentra autenticado por el secretario general de las Empresas Varias de Medellín en marzo 5 de 1995, toda vez que su original reposa en la entidad demandada.

A folios 123 a 143 del expediente, se encuentran las providencias de abril 29 de 1994 y septiembre 12 del mismo año, expedidas por el Juzgado Octavo de Familia de Medellín y por el Tribunal Superior de la misma ciudad, respectivamente, la primera que decreta la interdicción definitiva de Parmenio Jaramillo Restrepo y la segunda, que confirma la decisión del Juzgado Octavo de Familia.

Ahora bien, reposan en el plenario las declaraciones juramentadas de Fernando de Jesús González Martínez, Turó Gelis y Emiro de Jesús Velázquez Vélez, quienes a folios 51 a 59, narran sobre el conocimiento que del actor tienen, así como de sus padres y de su dependencia económica, a quienes les consta de su incapacidad laboral, su falta de juicio y concentración para hacer cualquier oficio, y la necesidad de una estrecha y permanente supervisión para que pueda realizar alguna labor, como así lo narra en su exposición de folios 54 a 57, el declarante Dr. Pedro Turó Gelis, quien conoce al actor por haber sido éste su paciente de muchos años.

Visto en su conjunto el acervo probatorio arrimado al proceso, para la Sala es evidente que al actor le asiste el indiscutible derecho de gozar de esa sustitución pensional de la que gozó en vida su señora madre, porque está acreditada en el sub examine la incapacidad laboral de que es objeto el demandante, y cuyo amparo económico lo tuvo mientras subsistieron sus padres, encontrándose ahora al margen de cualquier protección de subsistencia.

De todo lo expuesto, no es trabajo concluir que para casos como el que ocupa a la Sala, no existe norma o disposición alguna que precise y obligue al presunto beneficiario de un derecho de sustitución pensional, entrar a reclamarlo conjuntamente con el cónyuge sobreviviente, una vez fallecido el titular de la prestación, precisamente por las razones ya expuestas en esta providencia, y por sobretodo, porque el demandante continuaba luego como dependiente económicamente de su legitima madre, Soledad Restrepo Vda. de Jaramillo.

En este orden de ideas, la Sala advierte que Colombia es un Estado social de derecho, fundamentado en el respeto por la dignidad humana y en el reconocimiento y primacía de los derechos inalienables de la persona como tal, a términos de los preceptos constitucionales consagrados en los artículos 1º y 5º de la nueva Carta, pero en especial, como fundamento del derecho a la vida, que como tal, protege el artículo 11 del texto superior.

Esta es pues, la filosofía y la cobertura jurídico-social del Estado de derecho al que se alude, estructurado indudablemente sobre dos grandes pilares: el acceso a la justicia y la eficiencia de su administración.

Por las razones enjuiciadas, se revocará la sentencia apelada y en su lugar, se accederá a las pretensiones del demandante en los términos del petitum consignado en su libelo demandatorio.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia apelada, dictada el primero (1º) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el proceso incoado por PARMENIO DE JESÚS JARAMILLO RESTREPO.

2. Declárase la nulidad de las resoluciones números 34 y 81, de febrero 22 y junio 7 de 1993, respectivamente, expedidas por la administración de las Empresas Varias de Medellín, que le negaron al demandante el derecho a la sustitución pensional, como hijo legítimo del causante Carlos Jaramillo.

3. A título de restablecimiento del derecho, condénase a la demandada Empresas Varias de Medellín, al reconocimiento de la sustitución pensional en favor del actor y por ende, al pago de las mesadas a partir de la muerte de la madre del demandante, ocurrida el 11 de junio de 1992, con los reajustes que la ley hubiere señalado para estos casos.

4. Para el cumplimiento de esta providencia, la demandada dará aplicación a lo dispuesto para estos casos, en los artículos 176 y 177 del CCA.

En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen».

(Sentencia de agosto 13 de 1998. Expediente 932026-41-98. Consejero Ponente: Dr. Carlos A. Orjuela Góngora ).

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