Sentencia 9321 de junio 7 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

CIFRAS MONETARIAS DE LAS LEYES PENALES

EL JUEZ NO PUEDE VARIAR SU MONTO

EXTRACTOS: «1. En cuanto a la tesis del actor sobre la devaluación de la moneda y en consecuencia la no agravación en este caso para el peculado que se endilga a Ricci Orozco, dice la delegada que dicha tesis resulta inadmisible “por cuanto siendo la cuantía de lo apropiado un supuesto de la legalidad de la pena, lo es a la vez de la seguridad jurídica de los ciudadanos que no pueden en frente de la tipici-dad penal someterse a una situación de indefinición, cambiante, como sería la de los fenómenos económicos por esencia mutables y completamente extraños al ámbito penal” (fl. 12 cdno. Corte).

“Dicho lo anterior —concluye la delegada— será evidente que la prescripción de la acción penal no se ha producido porque la pena máxima será de 15 años —por ser la cuantía superior a quinientos mil pesos en los actos de apropiación conforme a lo dicho— incrementada en una tercera parte por tratarse de empleado oficial —art. 82 C.P.— lo que llega a 240 meses de pena privativa de la libertad, que reducidos a la mitad en virtud de la regla del artículo 84 ibídem en razón de la interrupción por el auto de proceder, nos vuelve a la cantidad de 120 meses (10 años) que se cuentan a partir del 18 de junio de 1984 y que sólo se vencerán en junio 17 del presente año”.

2. A lo acertadamente dicho por la delegada debe agregar la Sala que, efectivamente como la cuantía de lo apropiado excede los quinientos mil pesos, la disposición aplicable es el inciso 2º del artículo 133 del Codigo Penal, que sanciona tal comportamiento con pena máxima de 15 años de prisión. No puede al respecto admitirse la propuesta del casacionista de que las cuantías de algunas de las apropiaciones (v. gr. $ 568.860, $ 604.200 y $ 988.494) “se rebajen” con miras a eliminar la razón del agravante (apropiación mayor de $ 500.000) y de esta manera encajar la conducta reprochada en el inciso 1º de la mencionada norma.

No: por el contrario, y mientras no cambie el legislador tal aspecto “económico” —al decir de la delegada—, la fijeza de esos topes de cuantía deben obedecerse y no entrar el juzgador más allá de lo que claramente dice la ley.

Entonces, no resultando de recibo el examinado argumento impugnador, se exhibe nítido que la acción penal aún no ha prescrito, pues los referidos 15 años de pena máxima incre-mentados en cinco por virtud del artículo 82 del C.P. hacen que los 10 años (tiempo necesario para que se extinga la acción penal según el artículo 84 ibídem) no se hayan completado aún».

(Sentencia de casación, junio 7 de 1994. Radicación 9321. Magistrado Ponente: Dr. Dídimo Páez Velandia).

___________________________