Sentencia 9353 de abril 22 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente

Jorge Iván Palacio Palacio

REF.: Radicación Nº 9353

Acta Nº 15

Santafé de Bogotá, D.C., veintidós de abril de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTOS: «Conviene tener en cuenta que la decisión del ad quem ni siquiera hace mención de la Ley 100 de 1993 y se concretó a examinar la pretensión sobre pensión de invalidez exclusivamente con base en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por decreto 758 del mismo año, lo cual era admisible puesto que, tanto cuando se llevó a efecto la calificación de la invalidez del actor como cuando se elevó la solicitud de pensión al ISS, actos genitores de la presente acción, todavía no existía la Ley 100 de 1993.

Por tanto, hay que observar al respecto, que tampoco es posible para la Corte hacer la aplicación legal que solicita el recurrente, en la medida en que, así sea partiendo de la tesis jurídica de éste, sobre la retroactividad consagrada en el artículo 288 de la mencionada ley 100 y de acuerdo con el simple tenor literal de este último precepto, no tuvo el ISS la oportunidad de controvertir si se daban o no los requisitos fácticos contemplados en la precitada ley 100.

Ahora, frente a las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990, que el tribunal aplicó, se advierte que no obstante que el recurrente aduce que no tienen aplicabilidad en el presente caso, la Corte hace la siguiente corrección doctrinaria por cuanto considera que el tribunal erró al aplicar el inciso 2º del artículo 9º del acuerdo en referencia, en lugar del artículo 6º del ordenamiento. Es del caso, por tanto, traer a colación lo que sobre el mismo particular ha dicho esta corporación. En efecto, en sentencia del 25 de noviembre de 1996, Radicación 8929 —reiterada en la del 5 de diciembre siguiente, radicación 8885— y en un caso sustancialmente igual al de autos se dijo:

“Conviene dejar sentado que para la Corte resulta equivocado el entendimiento que tiene el recurrente del inciso segundo del artículo 9º del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el decreto 758 del mismo año, pues contradiría los postulados de la seguridad social la interpretación que permitiera concluir que una persona que reúne los requisitos para tener derecho a la pensión de invalidez previstos en el artículo 6º del citado reglamento, pierda tal derecho por las circunstancias de tener 60 años de edad cuando se le declaró inválido, sin haber cumplido los requisitos para obtener la pensión de vejez, pero que tampoco tenga derecho a la pensión de invalidez porque no adquirió el derecho a la de vejez.

La interpretación más razonable fue la que hicieron los falladores de instancia, porque a la par que consulta los fines de la seguridad social, permite entender que la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez fue creada para proteger a los asegurados que sufren la contingencia que los invalida para trabajar mas no cumplen los requisitos legalmente previstos para que se cause el derecho, y no para negarle esa pensión a quienes reuniendo cabalmente los requisitos, no llenan los exigidos para adquirir el derecho a una prestación que cubre un riesgo diferente, como es la pensión de vejez.

Por ello, lo acertado es interpretar el mencionado inciso dentro del contexto de la norma que consagra la indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez, armonizándolo con las demás disposiciones que regulan dicha prestación, y no en forma aislada, equivocando su sentido y cercenando su alcance en razón de interpretarlo con apego a lo literal del texto pero sin consultar los fines de justicia y seguridad social que deben seguir de guía siempre que se trate de interpretar esta clase de normas”.

Contrario fue, sin embargo el entendimiento que a dichas disposiciones dio el ad quem, y por ello es pertinente la observación hecha a modo de corrección doctrinal, toda vez que el recurrente para nada se refirió a la posibilidad de hacer actuar en la litis las precitadas normas. Y sabido es que la Corte tiene que acomodar su actuación a los derroteros fijados por la censura».

Jorge Iván Palacio Palacio—Francisco Escobar Henríquez—José Roberto Herrera Vergara—Rafael Méndez Arango—Germán G. Valdés Sánchez—Fernando Vásquez Botero—Ramón Zúñiga Valverde. 

Laura Margarita Manotas González, secretaria.

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