Sentencia 9364 de mayo 29 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos E. Mejía Escobar

Aprobado Acta Nº 60

Rad.: 9364

Santafé de Bogotá, D.C., veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTOS:«No se ataca una eventual falta de investigación por la no práctica de una prueba importante, sino que se formula una crítica muy personal al proceso en la medida en que el censor cree ver en la ausencia del acopio de la prueba, la presencia de la duda. Demostración que, además, no adquiere relevancia alguna de cara al recaudo probatorio, en tanto fueron varios los elementos de convicción que llevaron acertadamente a los juzgadores a deducir la certeza acerca de la responsabilidad del procesado, por la comisión dolosa del homicidio de que fuera víctima Luis Emiro Palacios y la tentativa del mismo en cabeza de Rivas Rentería.

Los dos cargos, pues, que en sentir de la delegada deben prosperar serían el primero y el segundo, por lo que sugiere a la Corte casar parcialmente la sentencia y decretar la nulidad parcial de la misma, en lo que se refiere a la condena a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y en lo relacionado con la condena en perjuicios, dictando el fallo que corresponda a estos puntuales aspectos.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Primer cargo

El asunto lo reduce el censor a que se incurrió en nulidad, por violación al debido proceso, en tanto se condenó a Juan Domingo Ramírez Peñalosa a la pena accesoria de interdicción en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 15 años, equivalentes a la duración de la pena principal de prisión. El procurador delegado, por su lado, acepta la existencia del vicio y convalida la pretensión del impugnante.

La Ley 40 de 1993 modificó el artículo 44 del Código Penal —que por principio de vigencia es el aplicable al caso— constituyendo nuevos límites máximos punitivos para la duración de algunas penas, pero dejó intacta la duración máxima posible de la interdicción de derechos y funciones públicas en la suma de 10 años. Los topes máximo y mínimo previstos por la ley sustancial penal constituyen los límites de la legalidad de la pena, en cuanto a su cantidad. También hace parte de este principio, en cuanto a su calidad, que no se pueda imponer sino una clase de pena prevista en la ley, y que ella sea la consecuencia jurídica prevista para la conducta realizada.

Así pues, se viola éste principio, que la Constitución prevé como derecho fundamental en su artículo 29, cuando se impone pena no prevista en la ley; cuando se impone pena no prevista para el hecho que se imputa, y cuando se impone pena de duración mayor o menor a los limites establecidos para cada tipo de delito o para cada tipo de pena.

Siendo ello así, en tanto la sentencia impugnada rebasó el tope máximo de 10 años previsto para la interdicción en el artículo 44 del Código Penal, violó el principio de legalidad, llevado al canon constitucional como una garantía fundamental del sistema jurídico colombiano.

Sin embargo, ese error es un defecto de juicio y no un defecto de actividad. No se corrige, a través de la nulidad sino a través de la revocatoria o de la modificación del fallo puesto que entraña la aplicación de una norma de carácter sustancial que la Constitución recoge como fundamental, es decir, como fundamentado del sistema de derecho penal. Es que no todas las garantías constitucionales tienen naturaleza procesal ni se protegen con el remedio de la invalidez. Las que tienen que ver con el sistema de derecho penal material se erigen como límite para el legislador en la creación del derecho, y para el juez en su aplicación. Las que regulan la estructura o la actividad judicial para poder aplicar el derecho, se corrigen al interior del proceso y la nulidad es la manera más drástica de enmendar su desconocimiento.

De ahí que frente a la pretensión del demandante y el aval a ella otorgada por el procurador delegado, la Corte desestimará el cargo, no obstante lo cual casara de manera oficiosa la sentencia, reduciendo la pena de interdicción al término de 10 años. Ello de acuerdo con la parte final del artículo 228 del Código Procedimiento Penal y con el 229.1 del mismo estatuto en cuanto a que la Corte, igualmente procederá a casar de oficio el fallo cuando sea ostensible que atenta contra las garantías fundamentales.

Segundo cargo

Este tiene que ver exclusivamente con la condena en perjuicios y por tanto, como lo ha venido señalando últimamente la Sala, está sujeto a los requerimientos previstos para la casación civil porque así lo dispone el artículo 221 del Código Procedimiento Penal.

Esos requerimientos tienen que ver con la legitimación, con el interés por la cuantía y con las causales que lo fundamenten. En cuanto al interés, para 1994, fecha de presentación de la demanda, la cuantía estaba fijada en 27.440.000 pesos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 366 del Código de Procedimiento Civil (modificado por el D. 2282/89, apartado 182) y 2º, 3º y 4º del Decreto 522 de 1988, suma ésta en mucho superior al monto de la condena impuesta que por ser de 600 gramos oro no superaría los 10 millones de pesos. Debe recordarse, para este efecto, que el interés por razón de la cuantía se materializa en el valor de la resolución desfavorable al recurrente.

Ha considerado la Corte que cuando los cargos que se formulan son de índole penal uno o unos y sobre la indemización de perjuicios otro u otros, cada uno de los puntos a cuestionar debe reunir los respectivos requisitos de los ordenamientos penal y civil. También, que dicha exigencia no es caprichosa sino que obedece a la distinta naturaleza de las pretensiones civil y punitiva, y a la intención de salvaguardar los principios de igualdad y lealtad entre las partes e impedir la formulación de cargos penales infundados con la sola mira de que, pretextando éstos, se tenga acceso a una impugnación de la condena en perjuicios a la cual separadamente no se tendría».

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