Sentencia 9383 de julio 9 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

BASE GRAVABLE DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

EXTRACTOS: «Contrariamente a lo que sugiere la apoderada de la parte actora, la Sala ha expuesto, en multitud de fallos y con absoluta claridad, cuál debe ser, a su juicio, la correcta interpretación de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley 49 de 1990, aplicable al caso en la materia, en concordancia con los artículos 32, 33 y 34 de la Ley 14 de 1983 y 154, numerales 2º y 3º del Decreto 1421 de 1993 (o Estatuto de Santafé de Bogotá) (Cfr., entre las más recientes, sentencias de nov. 6/98, Exp. 9017, C.P. Delio Gómez Leyva; jun. 18/99, Exp. 9415).

Dice, en efecto, el citado artículo de la Ley 49 de 1990:

“ART. 77.—Impuesto industria y comercio. Para el pago del impuesto de industria y comercio sobre las actividades industriales, el gravamen sobre la actividad industrial se pagará en el municipio donde se encuentre ubicada la fábrica o planta industrial, teniendo como base gravable los ingresos brutos provenientes de la comercialización de la producción”.

Esto significa, que el impuesto por la actividad industrial se causa sobre la totalidad de los ingresos provenientes de la comercialización de la producción, cualquiera que sea el municipio donde ésta se realice, y debe pagarse en municipio de la sede fabril o planta industrial.

En el caso, no siendo cuestión discutida o discutible que la accionante tuviera su planta industrial o sede fabril única en Santafé de Bogotá, resulta incuestionable que el impuesto por la actividad industrial debía pagarse en el Distrito Capital, sobre la totalidad de los ingresos brutos percibidos por la comercialización de la producción, independientemente del municipio en que ésta se realizara. Como la actora no lo hizo así, también es claro que la adición de ingresos por medio de la liquidación de revisión impugnada, se ajustó a la ley.

Esto lo confirma el numeral 2º del artículo 154 del Decreto 1421 de 1993 antes citado, cuando dice:

“2. Se entienden percibidos en el distrito como ingresos originados en la actividad industrial, los generados por la venta de los bienes producidos en el mismo, sin consideración a su lugar de destino o la modalidad que se adopte para su comercialización” (destacados fuera de texto).

Por su parte, el numeral 3º del citado artículo 154 expresa, refiriéndose no ya a la actividad industrial, sino a la actividad comercial o de servicios, que “se entienden percibidos en el distrito los ingresos originados en actividades comerciales o de servicios cuando no se realizan o prestan a través de un establecimiento de comercio registrado en otro municipio y que tributen en él” (destacados fuera de texto).

O sea, que si las actividades comerciales o de servicios se realizan o prestan a través de un establecimiento comercial registrado en otro municipio y pagan impuesto en éste (caso de la actora), los respectivos ingresos no se tienen como percibidos en el distrito y no son gravables en éste, sino en el municipio de la comercialización.

Se trata, por ende, como bien lo advierte el tribunal, de dos actividades gravables diferentes, la industrial y la comercial, claramente definidas, entre otras normas jurídicas, por los artículos 34 y 35 de la Ley 14 de 1983, y agregaría la Sala, con hechos imponibles, hechos generadores, bases gravables y tarifas completamente distintas, de donde resulta injustificable, en el caso, la pretensión de la actora, de descontar de la base gravable de la actividad industrial ejercida en el Distrito Capital, las bases gravables de las actividades comerciales realizadas en otros municipios. El “descuento” sólo sería previsible tratándose de ingresos “comerciales” (como los provenientes de la comercialización de la producción que hace el industrial directamente) o “exclusivamente comerciales” (realizados por el comerciante común) o de “servicios”, pero no entre “industriales”, que por disposición del artículo 77 de la Ley 49 de 1990, deben acumularse, declararse y pagarse íntegramente en el municipio de la sede fabril, ni menos entre “industriales” y “comerciales” según lo pretende la actora.

No sobra precisar, como lo hizo la Corte Suprema de Justicia en su sentencia de exequibilidad de 17 de octubre de 1991, que el ingreso “industrial” es el proveniente de la comercialización de la producción, realizada directamente por el industrial, dentro o fuera del municipio de la sede fabril, al consumidor o a mayoristas, minoristas o detallistas que hacen llegar el producto al consumidor, pero sin que dicho industrial posea infraestructura o establecimiento comercial para tal efecto. En tanto que los ingresos “comerciales” son los realizados por el mismo productor o por un comerciante común a través de un establecimiento mercantil de su propiedad.

A propósito de la sentencia de exequibilidad, que la actora invoca en sustento de sus planteamientos, dicho fallo es muy claro cuando dice, en uno de sus apartes, que si el empresario actúa a la vez como industrial y como comerciante (caso de la actora), “responderá entonces en un caso como fabricante, habiendo de pagar el impuesto de industria y comercio únicamente en el municipio de la planta y como empresario industrial no puede ser gravado en municipio distinto. Y en otro caso, como comerciante, tributará solamente al municipio en donde cumple su actividad de mercadeo, que puede ser el mismo de la sede fabril u otro municipio, si en cada uno de estos entes territoriales o en alguno de ellos actúa como comerciante, y sin que en ningún caso se grave al empresario industrial más de una vez sobre la misma base gravable” (obviamente alude a la base gravable de la actividad industrial) (destacados fuera de texto).

No es exacto, pues, como repetidamente lo sostiene la actora, que se le haya fijado a ella “la carga de pagar un impuesto por una actividad sobre la cual ya tributó en otro municipio” ni que se le obligue a “pagar dos veces sobre el mismo hecho” ni menos que esté tributando “dos veces sobre la misma actividad”, o, en fin, que en su caso se haya configurado un “doble gravamen” o “doble o múltiple imposición”.

Los elementos que universalmente son identificables en la doble o múltiple tributación, son la unidad de sujeto pasivo, la unidad de causa o de hecho imponible y la unidad o pluralidad de sujeto activo, siendo el elemento característico definitivo del fenómeno, el segundo, la unidad de causa o hecho imponible. Pero, como ya se dijo, siendo sustancialmente diferentes las actividades industrial y comercial, obviamente se configura una pluralidad de causas o hechos imponibles, frente a unos mismos sujetos activo y pasivo, que descarta cualquier hipótesis de doble imposición.

En conclusión, si como industrial o fabricante, la sociedad actora asumió, además, las responsabilidades de comerciante en otro municipio, debió tributar sobre las dos actividades, que es el claro sentido de las normas jurídicas vigentes, en cuyo caso la actuación administrativa impugnada se produjo conforme a derecho y el fallo que la mantuvo debe confirmarse en este punto».

(Sentencia de julio 9 de 1999. Radicación 9383. Consejero Ponente: Dr. Daniel Manrique Guzmán).

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