Sentencia de homologación 9399 de noviembre 27 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE TRABAJADORES OFICIALES

NO SE REGULA POR CONVENCIONES COLECTIVAS

EXTRACTOS: «Expresa la recurrente que el tribunal decidió mantener la vigencia del régimen disciplinario establecido en las convenciones colectivas suscritas válidamente por las partes. Al referirse a este punto se argumenta que, dada la expedición de la Ley 200 de 1995, ésta es la aplicable a los trabajadores oficiales y que por lo tanto, su imposición frente a las disposiciones convencionales de carácter disciplinario, no implica violación del debido proceso.

Se considera 

Las leyes han de ser estudiadas, interpretadas y aplicadas, teniendo en cuenta los caracteres del Estado entre los cuales señala el artículo primero de la Constitución Nacional, la prevalencia del interés general.

Al efecto, el vínculo de subordinación entre los servidores públicos y el Estado no es del todo equiparable al lazo laboral trabado entre patrono y trabajadores particulares, porque la función desempeñada por el servidor público está orientada a cumplir los fines del Estado, circunstancia que la cualifica en la medida que es indispensable para la existencia de los beneficios de utilidad que objetivan el cumplimiento de los deberes sociales de aquél. De acuerdo a los anteriores postulados el Estado, en desarrollo de la potestad para dirigir la organización y hacerla efectiva en el logro de sus fines, bien puede arrogarse a través de la ley, el derecho exclusivo de disciplinar a sus servidores para salvaguardar el cumplimiento de los deberes de estos y reprimir la extralimitación de funciones. Potestad que opera sobre las personas naturales sin consideración a que la forma de vinculación sea contractual o legal y reglamentaria, como que al adquirir la persona natural calidad de servidor público, queda bajo la directa subordinación e imperio de aquél.

En consonancia con estos principios, la Corte Constitucional en sentencia de junio 25 de 1996 al decidir la exequibilidad de los artículos 20 y 177 de la Ley 200 de 1995, entre otros, resolvió, que dichas normas no violaban el derecho de libre contratación colectiva, reconociéndole al Estado “una supremacía especial debido a la situación particular en la cual se presenta el enlace entre la administración y la aludida persona” excluyó la posibilidad de que el régimen disciplinario fuese materia de acuerdo entre las partes, “...porque en este campo están en juego valores sociales y estatales que desbordan los intereses de los partícipes en la relación laboral de derecho público”. De lo anterior concluyó en que los trabajadores oficiales eran sujetos al régimen disciplinario impuesto por la Ley 200 y que esta normatividad les era aplicable sin excepción alguna.

De esta suerte, la imposibilidad de celebrar acuerdos entre las partes implica para ellas la pérdida de capacidad para crear normas disciplinarias en convenciones, pactos colectivos o laudos arbitrales. Así mismo, la declaración parcial de exequibilidad del artículo 177 de la Ley 200 en cuanto a las expresiones “sin excepción alguna” y “o especiales”, referidas la primera a los destinatarios de la ley disciplinaria, y la segunda a las disposiciones derogadas, hizo valer la supremacía del interés público sobre el privado, consagrada en diversas normas de la constitución (arts. 1º y 58), imponiendo la obligatoriedad del régimen único disciplinario y proscribiendo la aplicación de regímenes paralelos. Dado lo anterior se concluye, que la derogatoria legal contenida en el artículo 177 de la Ley 200 dejó sin piso las disposiciones disciplinarias reguladas por convenciones, pactos o laudos arbitrales, pues la expresión “sin excepción alguna” referida a la aplicación de la ley para los trabajadores oficiales, las hace inoperantes.

Respecto a la parte resolutiva del laudo titulada “otros pedimentos del pliego”, cuya anulación solicita el municipio impugnante, ha de decirse que cualquier conflicto que esta decisión pudiera suscitar, revestiría carácter puramente jurídico, en la medida en que plantea asuntos referentes a la aplicación de las normas en el tiempo, cuestión que por su naturaleza no incumbía resolver al tribunal de arbitramento y que por lo mismo no es materia o asunto de decisión en el recurso de homologación por la Corte, debiendo ser objeto de examen y decisión en cada caso por el juez de derecho, que tomando en consideración el orden jerárquico de las normas determinará si frente al carácter imperativo de las disposiciones de la Ley 200 de 1995 pueden, sin embargo, subsistir procedimientos disciplinarios convencionalmente establecidos».

(...)

DENUNCIA DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA

ASPECTOS DE SEGURIDAD SOCIAL

EXTRACTOS: «La Sala observa que el Tribunal de Arbitramento acogió en su totalidad la doctrina de esta corporación en el sentido de que el derecho a promover conflictos colectivos es prerrogativa exclusiva de los trabajadores y así, son estos los que fijan el alcance del conflicto, sin que quepa entender que la empleadora esté facultada para la presentación de pliego de peticiones o que la denuncia de la convención, pacto o laudo arbitral pudiera revestir las características y efectos del pliego petitorio.

Se desprende de lo dicho el acierto del tribunal al excluir del conflicto económico entre las partes, el examen de los puntos propuestos por el municipio.

En vigencia del artículo 48 del Decreto 692 de 1993, reglamentario del 11 de la Ley 100 atinente a los derechos de salud y pensión, la Corte se había pronunciado en el sentido de remitir el expediente al tribunal de arbitramento mediando desde luego denuncia de cualquiera de las partes contra normas convencionales reguladoras de estos aspectos, a fin de lograr su armonización con las de la Ley 100 porque dicha disposición la autorizaba, aun cuando la denuncia procediera exclusivamente de la empresa.

Mediante sentencia de 31 de julio de 1996, la sección segunda del Consejo de Estado resolvió sobre la legalidad del artículo 48 del decreto mencionado y declaró la nulidad de la frase “aun cuando la denuncia sólo hubiere sido presentada por una de las partes”, reiterando que sólo los trabajadores tienen el derecho a provocar el conflicto colectivo del trabajo. Dado lo anterior, la denuncia patronal de las normas convencionales referentes a salud, pensión o cualesquiera otra reglada por la Ley 100 de 1993, sólo implica la armonización obligatoria de las disposiciones convencionales con la normatividad legal cuando el sindicato o los trabajadores denuncien la convención, pacto o laudo arbitral sobre esos mismos puntos. Por lo tanto, a falta de denuncia obrera, la armonización de las normas convencionales con las de la Ley 100 resulta improcedente como se desprende de la ameritada sentencia del Consejo de Estado, que en lo pertinente dice:

“Por esa misma circunstancia, dentro de la evolución del derecho colectivo del trabajo se ha sentado y reiterado la tesis de que es privativo de los trabajadores provocar el conflicto colectivo con la presentación del pliego de peticiones, si éste nunca se ha suscitado en la empresa respectiva, o con la denuncia del convenio colectivo vigente y el pliego que contiene las aspiraciones para modificar y mejorar las condiciones de trabajo, en los casos en que existen experiencias anteriores. Esto es, que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido contestes en el sentido de aceptar que la denuncia de los trabajadores y la presentación de su pliego de peticiones son los únicos medios idóneos para generar dicho conflicto colectivo y por ende, el proceso de negociación colectiva”.

Más adelante la sentencia acoge el concepto de la procuradora cuarta delegada ante dicha corporación que cita así:

“De suerte que, en nuestro entender, la norma acusada al señalar que “...los trabajadores y empleadores podrán ejercer el derecho de denuncia que les asiste y el tribunal de arbitramento, si se llegare a convocar tendrá la facultad de dirimir las diferencias, aún cuando la denuncia sólo hubiere sido presentada por una de las partes...” consagra la posibilidad de obtener un fallo arbitral mediante el instituto jurídico de la denuncia presentada por el empleador, lo que de una parte, desborda los parámetros de la norma reglamentada y, de otra, crea una situación no prevista en la preceptiva jurídica que gobierna la materia.

Por ello, se estima que la frase “...aún cuando la denuncia sólo hubiere sido presentada por una de las partes...”, es violatoria del ordenamiento jurídico, debiendo ser anulada”.

En el subexamine, el municipio de Tarazá denunció la convención colectiva en cuanto a normas de salud y pensión vigentes, pero el sindicato se abstuvo de plantear esos mismos puntos como objeto del conflicto colectivo. Siendo esto así, la armonización consagrada por el artículo 48 del Decreto 692 de 1993 resulta impertinente por no hacer parte del conflicto colectivo propuesto por los trabajadores».

(Sentencia de homologación, noviembre 27 de 1996. Rad. 9399. M.P.: Dr. Ramón Zúñiga Valverde).

ACLARACIÓN DE VOTO

La expresión utilizada en el fallo de homologación puede conducir al entendimiento según el cual la denuncia de la convención por el empleador resulta totalmente vana por sí sola, pues la hace depender de que los puntos contenidos en ella coincidan con los tratados por el sindicato en su denuncia y en el consecuente pliego de peticiones.

Creo que tal conclusión no concuerda con el objetivo de la figura de la denuncia de un acuerdo colectivo, sea pacto o convención, pues ella busca formalizar la manifestación de voluntad de terminar uno de tales acuerdos. Para la validez de tal manifestación deben llenarse unos requisitos que están señalados en el artículo 14 del Decreto 616 de 1954 y dentro de ellos no se supedita la denuncia del empleador a la coincidencia con los puntos que incluyan los trabajadores en la suya y en el pliego de peticiones.

La fatuidad de la denuncia de la convención o pacto colectivo que se vislumbra en el fallo riñe con la naturaleza contractual de tales acuerdos y con su finalidad como medio destinado a incidir en las condiciones que deben regir los contratos individuales de trabajo. En una relación caracterizada por la bilateralidad lo consecuente es que los actos de una y otra parte relacionados con su vínculo contractual alcancen efectos, salvo que incumplan las exigencias legales.

Ello no riñe con la favorabilidad como principio general, pues para el caso concreto, se ha tenido y no se discute, que la denuncia del empleador no genera el conflicto colectivo porque tal efecto sólo lo origina la denuncia del sindicato o de los trabajadores no sindicalizados, con la presentación del pliego de peticiones, de donde surge una clara prevalencia que le permite a los asalariados mantener el acuerdo convencional que no desean modificar con la sola ausencia de presentación de su denuncia y del pliego petitorio.

La sola denuncia del empleador como manifestación de desear la terminación de la convención o pacto es válida para tal efecto aunque no de lugar a la iniciación del conflicto colectivo. Pero si este se inicia como secuela de la presentación del pliego de peticiones, que por ir precedido por la denuncia del sindicato (o de los trabajadores o sindicalizados) presupone la voluntad de éste de terminar la convención vigente, en tal momento la denuncia patronal debe alcanzar su significado para ventilar en las etapas del conflicto los aspectos que interesan al empleador. Ello no impone al sindicato la obligación de discutirlos y menos de aceptarlos, pero de ahí no puede derivarse como conclusión que no exista la posición de la empresa y que los puntos que la configuran no sean parte de los que constituyen el desacuerdo resultante de las etapas del conflicto.

Por otra parte, la misma expresión del fallo deja la sensación de que la previsión del artículo 11 de la Ley 100 de 1993 sobre el derecho de denuncia quedó sin efecto por la declaratoria de nulidad sobre una expresión contenida en el artículo 48 del Decreto 692 de 1993, reglamentario de aquél, por lo menos en lo tocante con el empleador.

El régimen de seguridad social, prescindiendo de la evolución histórica en nuestro país, corresponde fundamentalmente a una obligación del Estado dentro de unos parámetros especiales que incluyen la fidelidad a los principios que lo informan y a lo que significa un régimen contributivo. Por ello es admisible que no quede en cabeza del empleador, lo cual se materializa en los distintos mecanismos de subrogación de los riesgos correspondientes que se han diseñado.

Pero el empleador puede comprometerse con algunas obligaciones prestacionales aunque los riesgos que las originan hayan sido asumidos por la seguridad social, como también, en forma contraria, resulta legítimo que se libere de ellas dentro de los lineamientos legales y, para el caso concreto, dentro de las orientaciones señaladas en la Ley 100 de 1993, que debe tenerse por norma prevalente sobre los acuerdos de las partes (contrato, convención, pacto) dado que es de orden público por las materias que regula. Una de las formas de terminar su nexo con obligaciones en este campo, es precisamente la de concluir las disposiciones convencionales que las consagran, dentro de los mecanismos que prevé la citada ley 100 en concordancia con lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo sobre la negociación colectiva.

De cumplirse el ordenamiento que sea pertinente, con la denuncia patronal de por medio y la ausencia de acuerdo sobre los aspectos materia de la misma, el Tribunal de Arbitramento debe adquirir competencia para resolver los puntos específicos, dentro del marco de sus facultades y bajo el análisis, entre otros, de la incidencia en la contratación colectiva de una duplicidad de beneficios (Ley 11 de 1993 y convención) o de la insuficiencia del cubrimiento del riesgo por las prestaciones atendidas por la seguridad social que amerite el complemento por la vía convencional.

Creo por tanto, que la denuncia del empleador no puede limitarse en su efecto a la coincidencia con lo pedido por el sindicato (o trabajadores), particularmente tratándose de materias como las reguladas en una norma como la Ley 100 de 1993 que establece un régimen con cubrimiento para todos los ciudadanos dentro de unos principios de obligatorio y riguroso cumplimiento.

La materia admite muchas otras consideraciones pero ellas no se derivan en forma inmediata del objeto de esta aclaración que pretende señalar que la coincidencia con la decisión final no supone la aceptación de todas las conclusiones de la parte considerativa.

Germán G. Valdés Sánchez. 

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