Sentencia 9401 de mayo 8 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

ACCESO CARNAL VIOLENTO

CONCURSO CON LESIONES PERSONALES

EXTRACTOS: «Se trata de resolver, entonces, si el acceso carnal violento seguido de perturbación psíquica en la víctima, puede llegar a estructurar delito de violación en concurso con lesiones personales, o si esta modalidad de daño en la salud mental se subsume en el tipo penal que describe el acceso, por ser consecuencia natural de este hecho punible.

En relación con las lesiones de naturaleza corporal de que la víctima del acceso pueda ser objeto, tradicionalmente se ha considerado que tanto las causadas por la simple conjunción sexual (perforación del himen, desgarramientos perineales), como las normales inherentes a la violencia física aplicada para vencer su resistencia (equimosis, rasguños, laceraciones), quedan comprendidas por el tipo penal que pune la violación, pero que los daños que desbordan estos límites, deben ser motivo de sanción adicional, bien como delito autónomo, o como simples circunstancias de agravación.

En nuestra legislación, este es y ha sido el criterio imperante. El Código Penal de 1936, en su artículo 318, preveía como circunstancia de mayor punibilidad del referido delito, la muerte o el grave daño en la salud de la víctima, disposición que mereció a nivel de la doctrina y la jurisprudencia las más variadas interpretaciones. Para algunos, esta agravante sólo será aplicable si el segundo resultado no había sido querido por el agente, porque si lo había buscado, debía penarse como delito concurrente. Para otros, la norma comprendía los resultados deseados y los indeseados, pero si las lesiones intencionalmente causadas no tenían la connotación de graves, ni hacían parte de los actos propios de la unión sexual, debían imputarse como delito autónomo, sobre la base de la clasificación de las lesiones en graves, leves y levísimas (Cas. feb. 7/64, tomo CVI, pág. 266). También se acudió al criterio punitivo, de acuerdo con el cual la aplicación de la agravante o del concurso se hacía depender de la mayor benignidad de la pena.

En fin, fueron muchas y muy disímiles las tesis que se esbozaron sobre el particular, pero siempre en el entendido de que los daños en la salud ajenos al acceso carnal violento, intencionales o no, debían penarse, bien por la vía de la agravante, ora por la vía del concurso de hechos punibles.

La comisión redactora del anteproyecto del Código Penal de 1974, al estudiar la conveniencia de la agravante contenida en el artículo 318 del estatuto de 1936, resolvió proponer, en su lugar, una forma preterintencional, en la idea de que cuando de parte del sujeto activo del delito no existiera la intención de herir o matar, se aplicara esta norma, pero que en caso contrario, se acudiera al concurso. De paso, se eliminó la expresión “grave” que calificaba el daño en la salud, en virtud de la diversidad de criterios surgidos en torno a su alcance. El texto aprobado fue el siguiente:

“Forma preterintencional. Si no existiendo intención de matar o herir, los actos ejecutados sobre la víctima le ocasionaren la muerte o lesiones que produzcan incapacidad mayor de 15 días, la pena imponible se aumentará de la mitad hasta otro tanto” (acta Nº 75).

En el anteproyecto de 1978, se retomó la forma agravada, adoptándose una redacción muy similar a la del artículo 318, que se pretendía derogar. La norma propuesta, decía:

“ART. 436.—Circunstancia de agravación punitiva. Si a causa de la realización de alguna de las conductas descritas en este capítulo (se refiere a los delitos contra la libertad y el pudor sexuales), sobreviniere la muerte de la víctima o se le ocasionare lesión personal distinta de la prevista en el inciso primero del artículo 475 o se presentare el aborto o un parto prematuro que tenga consecuencias nocivas para la salud de la agredida o de la criatura, la pena respectiva se aumentará de una tercera parte a la mitad”.

Esta fórmula, fue desechada en el proyecto definitivo del Código Penal vigente, cuya comisión redactora resolvió dejar en libertad al juez para que en los casos de violencia sexual con resultado de muerte o lesiones, aplique, si fuere necesario, las normas sobre concurso de hechos punibles (Proyecto de 1979, acta Nº 30).

No, entonces, por haber desaparecido el texto del artículo 318 del Código de 1936, puede pensarse que las conductas concurrentes con el acceso carnal violento, consistentes en atentados a la vida o la salud, dejaron de ser incriminables. Simplemente se varió su forma agravada de punición por la del concurso, cuando a juicio del funcionario judicial éste se presente, por resultar mucho más técnica y menos llamada a controversias.

Los criterios a tener en cuenta para determinar cuáles actos lesivos de la salud física son integrantes de concurso junto con el hecho atentatorio de la libertad y el pudor sexuales, siguen siendo los mismos de antiguo reconocidos por la doctrina y la jurisprudencia, de manera que solamente pueden tenerse como propios del acceso carnal violento, los connaturales de la unión sexual, como el rompimiento del himen o los desgarros menores, y los inherentes a la violencia material necesaria, desde una perspectiva de observador objetivo, para sojuzgar la voluntad de la agredida.

Si los daños en la salud trascienden estos límites, ya no serán consustanciales del ilícito de violación, sino que concurrirán como especie delictiva autónoma, en la medida que sean imputables al victimario a título de dolo o culpa, pues en relación con el delito de lesiones personales no es predicable la preterintención como forma de culpabilidad, según el punto de vista del criterio adoptado por el derecho colombiano del numerus clausus, para esta forma de imputación subjetiva.

Este es el tratamiento que de manera general se le ha dado a las lesiones personales, fundamentalmente a las de índole corporal causadas con ocasión del acceso, manejo que por igual es el que cabe aplicar en tratándose de cualquier otro tipo de daño en la salud, como son los de carácter sicológico, pues también en este campo habrá resultados que serán consecuencia natural de la violación y otros que, por su severidad, no tendrán esa connotación.

Serán concurrentes, si la víctima sufre alteraciones de la personalidad, de carácter permanente o transitorio, con compromiso en el desarrollo de una vida normal de relación. No lo serán, si la perturbación psíquica, a pesar de su persistencia, no ha incidido de manera notoria en su conducta de vida, entendiendo por tal todas las facetas de actividad del sujeto, pues, en dicho evento, habrá de estimarse que este daño en la salud, por su menor entidad, es consecuencia propia del acceso violento. Necio sería, en un medio como el nuestro, donde el valor de lo sexual, en hombres y mujeres, posee tanta trascendencia social, desconocer que los delitos sexuales ejecutados bajo la modalidad de violencia dejan generalmente en la víctima traumatismos de orden sicológico difíciles, cuando no imposibles de superar.

Como es obvio, al igual que en los demás casos de grave daño en la salud, la perturbación psíquica con implicaciones severas en el sujeto pasivo, sólo será punible si el agente actuó con culpabilidad, esto es, si quiso el resultado, o lo aceptó como probable, o si objetivamente era previsible atendidas las condiciones personales de la agredida y las circunstancias en que el hecho se comete. En los dos primeros eventos, el compromiso penal será a título de dolo; en el último, a título de culpa.

En el presente caso, el Instituto de Medicina Legal, al examinar por segunda vez a la víctima, dictaminó perturbación psíquica de carácter permanente derivada de los actos sexuales a que fue sometida, en virtud de las severas y persistentes alteraciones de su personalidad advertidas a través de las pruebas científicas practicadas, reveladoras de ansiedad, conflicto, cambio emocional, inestabilidad, abatimiento, fluctuaciones en los niveles de actividad, sentimientos neutros o negativos y pulsiones inhibidas, que más que síntomas reflejan muy claros cambios de comportamiento, como lo evidencia el propio dictamen, al diagnosticar actitud ansiosa, aprensiva, labilidad afectiva, agresividad en aumento, retraimiento social, deterioro de las relaciones familiares y baja capacidad de adaptación laboral (fls. 139 y ss.).

Este cuadro psíquico, de naturaleza permanente, determinante de sustanciales cambios en la vida personal, familiar, laboral y social de la víctima, con tendencia al deterioro —tómese en cuenta la narración del interés que tenía por su empleo y cómo después del hecho, una vez obtiene uno, lo pierde por falta de adaptación—, no puede ser considerado, de acuerdo con lo ya dicho, una consecuencia connatural o normal del acceso violento, como lo sostiene el demandante, sobre todo si se tiene en cuenta que el dictamen es claro al señalar que, en este caso, el daño o perturbación psíquica fue causado por la intensidad del ataque con que se logra causar miedo e intimidar psíquicamente a la ofendida y su receptividad (fl. 143).

Esta aclaración complementaria del dictamen, confirma que las consecuencias de orden psíquico no son de igual naturaleza en todos los casos, y que su severidad dependerá, en buena parte, de la virulencia del ataque y las condiciones personales de la accedida, como debe ser teniendo en cuenta los rasgos de la individualidad del ser humano, siendo entonces perfectamente previsible la causación del daño, según el grado de indolencia, insensibilidad o brutalidad aplicado por el sujeto agente para someter a su víctima.

Dicha condición de previsibilidad del resultado dañoso, fue correctamente deducida en la sentencia del Tribunal para afirmar la responsabilidad de Javier Fernando Sánchez Quintero por el delito de lesiones personales a título de culpa, atendidas las condiciones personales de la ofendida, que alcanzó a conocer perfectamente el procesado, y las especiales circunstancias de la comisión del hecho, que revelan un alto grado de insensibilidad en este último y su inocultable intención de arrasar a su víctima sicológicamente, de provocar en ella los mayores niveles de pánico despiadado, al punto de hacerle creer que, con o sin acceso, de todas maneras la mataría. Esto, obviamente, desde el punto de vista de la estructura de personalidad y la trayectoria de vida intrapsíquica, no es soportado por cualquier persona, menos por una doncella, como la aquí, desgraciadamente, víctima.

Razón tiene la delegada, al sostener, en relación con este aspecto y la previsibilidad del resultado, que la capacidad de asimilación y de reacción ante los estímulos depende del conjunto de experiencias, vivencias, ideales, en fin, del complejo de elementos vivificantes de la personalidad, que alterados por medios no queridos pueden generar trastornos en la psiquis de la persona, premisa en la que se apoya para afirmar que la mutación de valores trascendentes del individuo, lograda contra su voluntad, no puede ser extraña a quien la realiza, en cuanto que siendo consciente de su no aquiescencia, lo es de contera de que si actúa violentamente contra otro ser humano, la psiquis de éste repulsa el estímulo y que su renuencia puede alterarlo mentalmente. Todo, para concluir que, en el caso sub judice, la naturaleza del hecho y la condición del sujeto pasivo, así como el altísimo valor dado por ésta a la sexualidad, permitían prever, dentro del marco de la violencia física y moral que acompañaron el atropello, “la conmoción y el trauma psíquico y emocional en la ofendida, como lo afirmó el Tribunal” (fl. 57 cuaderno de la Corte).

Acertada fue, por tanto, la aplicación para el caso de la norma sustancial que define el concurso de hechos punibles, cuya violación denuncia el casacionista.

Se desestima la censura».

(Sentencia de casación, mayo 8 de 1996. Radicación 9401. Magistrado Ponente: Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll).

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