Sentencia 9435 de abril 24 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES

RESPONSABILIDAD POR DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN MISIÓN

Magistrado Ponente:

Dr. Francisco Escobar Henríquez

Radicación Nº 9435

Santafé de Bogotá, D.C., abril veinticuatro de mil novecientos noventa y siete.

Se decide el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Leopoldina Berrío, quién actuó como cónyuge sobreviviente de Arnoldo Antonio Ángel Muñoz, y en representación de sus hijos menores Wilson Andrés, Sandra y Natalia Ángel Berrío, contra el fallo emitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 26 de julio de 1996 en el juicio seguido por la recurrente contra Nacional de Recursos Humanos Limitada y Procesadora de Leche San Martín S.A.

Antecedentes

Mediante el fallo impugnado el Tribunal confirmó la decisión emitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín el 21 de mayo de 1996, en el sentido de condenar a la empresa Nacional de Recursos Humanos Limitada a pagar a los demandantes $ 18.121.822, como indemnización total y ordinaria de perjuicios materiales y morales derivados del accidente de trabajo que acabó con la vida del señor Amoldo Antonio Ángel Muñoz y $ 14.644.244 por indexación, y de absolver a la compañía Procesadora San Martín S.A.

En la demanda inicial la parte actora había reclamado estos derechos con fundamento en que el señor Antonio Ángel laboró al servicio de Procesadora San Martín, en razón a que fue enviado por la Nacional de Recursos Humanos compañía que se encargaba de cubrir los salarios y prestaciones. Aseveró también la demandante que el vínculo se mantuvo hasta el fallecimiento del señor Ángel acaecido en abril 25 de 1992, como consecuencia de haber recibido un proyectil de arma de fuego en la cabeza, circunstancia que aconteció en la sede de la empresa en horas de trabajo y sin que Procesadora San Martín suministrara suficientes garantías de seguridad, ya que el agresor ingresó armado al establecimiento y segó la vida del trabajador delante de sus compañeros de labor.

Procesadora San Martín respondió la demanda mediante apoderado quien se opuso a las pretensiones formuladas en contra de su representada. Explicó que el señor Arnoldo Antonio Ángel Muñoz prestó sus servicios a la empresa Nacional de Recursos Humanos Ltda. y propuso las excepciones perentorias de prescripción e inexistencia de la obligación.

En razón de haber sido imposible notificar a la representante de la empresa Nacional de Recursos Humanos Ltda., el juzgado del conocimiento decidió emplazarla y designarle un curador. Pero la demanda no fue contestada por esta demandada.

Fundamentos del fallo recurrido

El Tribunal se limitó a fijar su punto de vista en torno al tema propuesto por la única parte que recurrió, valga decir, la actora. Y el apoderado de ésta se quejó exclusivamente en cuanto la condena no se extendió en virtud de solidaridad a la Procesadora de Leche San Martín, “...empresa esta última para la cual sirvió el trabajador y en la cual fue muerto en forma violenta cuando se encontraba prestando el servicio en calidad de cargador y distribuidor de leche, leche de propiedad de la Procesadora de Leche San Martín...”.

El fallador ratificó el criterio del a quo en el sentido de responsabilizar exclusivamente a la empresa Nacional de Recursos Humanos Limitada y exonerar a la Procesadora San Martín, ya que entendió con base en la Ley 50 de 1990, artículos 71 y siguientes que aquella actuó como único patrono en su calidad de empresa de servicios temporales. Entre otras cosas expuso:

“De conformidad con el artículo 78 de la Ley 50 de 1990, la empresa de servicios temporales es responsable de la salud ocupacional de los trabajadores en misión, en los términos de las leyes que rigen la materia para los trabajadores permanentes.

Cuando el servicio se preste en oficios o actividades particularmente riesgosos, o los trabajadores requieran un adiestramiento particular en cuanto a la prevención de riesgos, o sea necesario el suministro de elementos de protección especial, en el contrato que se celebre entre la empresa de servicios y el usuario se determinará expresamente la forma como se atenderán estas obligaciones. No obstante, este acuerdo no libera a la empresa de servicios temporales de la responsabilidad laboral respecto del trabajador en misión.

En los casos de accidentes de trabajo de los operarios que presten sus servicios a un patrono o empleador en virtud de contrato con la empresa de servicios temporales, cuando exista culpa suficientemente comprobada por parte del empleador en la ocurrencia de los hechos, como lo define el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, la indemnización de los perjuicios tanto materiales como morales corren por cuenta de la empresa de servicios temporales, por ser estos empleadores, en los términos del artículos 71 y ss., sus verdaderos patronos, no simples intermediarios, y como tales están sometidos al régimen laboral en relación con las personas que a ellas se vinculan como trabajadores, debiendo, en consecuencia, atender el pago de todas y cada una de las obligaciones que contrae como empleador. Así lo definió la Sala de Casación Laboral en sentencia del 3 de febrero de 1988”. (ver folios 161 y 162 del cuaderno de instancia).

El recurso

Persigue la casación del fallo recurrido en cuanto confirmó la absolución impartida en primera instancia a la Procesadora San Martín, a fin de que la Corte como ad quem revoque dicha absolución y en su lugar condene solidariamente a la citada empresa en la misma forma y cuantía como condenó a la empresa Nacional de Recursos Humanos. Con este propósito formula dos cargos que se estudiarán conjuntamente.

Cargo primero

Acusa al Tribunal de haber transgredido directamente, en concepto de infracción directa, los artículos 34 y 35 del Código Sustantivo del Trabajo en relación con los artículos 56, 57, 199, 216 del mismo estatuto, la Ley 50 de 1990, artículos 71, 74, 75, 76 y 78, C.C. artículos 63, 1603, 1604, 1612 y 1613.

El censor sostiene en suma que, al contrario de lo que entendió el Tribunal, la responsabilidad solidaria establecida por el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo entre el contratista independiente y el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, es aplicable a la hipótesis de las empresas de servicios temporales. En este sentido afirma que

“...la Ley 50 de 1990 no derogó ni modificó el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, y por lo tanto las normas contenidas en la Ley 50 de 1990, que regulan la actividad de las empresas de servicios temporales y los terceros beneficiarios, en ningún momento sustrae o deja por fuera de esta normativa a las empresas usuarias de la responsabilidad solidaria por los salarios y las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores en misión”.

...Considerar que la legislación laboral nacional que regula el instituto de la solidaridad no le es aplicable a las empresas de servicios temporales, como contratistas, y las empresas usuarias del servicio, como beneficiarias del mismo o dueñas de la obra, es NEGAR la finalidad del derecho laboral, como es el de lograr la justicia en las relaciones de trabajo; DESCONOCER el principio PROTECTOR del trabajo asalariado, además de ATENTAR contra el principio de IGUALDAD...”.

Segundo cargo 

Acusa al Tribunal de haber transgredido directamente, en concepto de interpretación errónea, de los artículos 71, 74, 75, 76 y 78 de la Ley 50 de 1990, en relación con los artículos 34, 56, 57, 199, 216 del Código Sustantivo del Trabajo, artículos 63, 1603, 1604, 1612 y 1613 del Código Civil.

Nuevamente en este cargo el censor asimila las empresas de servicios temporales a los contratistas independientes para efectos de la responsabilidad solidaria prevista por el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, de manera que entiende que las usuarias son solidarias con respecto de los salarios, prestaciones e indemnizaciones que le correspondan a los trabajadores en misión.

Entre otros argumentos expone que conforme al artículo 78 de la Ley 50 de 1990 la prevención de los riesgos ocupacionales y su indemnización, en principio corren por cuenta de la empresa usuaria del servicio, porque de lo contrario no tendría razón de ser la parte final del inciso segundo de dicha disposición en cuanto establece que el acuerdo que celebren la empresa de servicios temporales y la usuaria, con respecto al suministro de elementos especiales de protección cuando los oficios deban cumplirse en actividades particularmente riesgosas.

Se considera

Empresa de servicios temporales, EST. 

De conformidad con lo definido por la Ley 50 de 1990 (arts. 71 a 94) son personas jurídicas conformadas como sociedades comerciales, cuya actividad se centra en enganchar y remitir el personal que requieran otras personas naturales o jurídicas para los siguientes efectos: 

a) Desempeñar labores ocasionales, accidentales o transitorias, esto es aquellas cuya duración no exceda de un mes y se requieran para cubrir necesidades ajenas a la actividad normal del solicitante de los servicios. 

b) Reemplazar personal en vacaciones, en incapacidad, en licencia ordinaria y en licencia de maternidad. 

c) Atender el incremento de la producción, las ventas, o el transporte. 

d) Recolectar cosechas. 

e) Prestar servicios en general. 

Se denominan usuarios las personas naturales o jurídicas que contraten con las empresas de servicios temporales, y no podrán serlo quienes tengan con estas nexos económicos que impliquen subordinación o control. Deben hacerlo mediante la suscripción de un contrato mercantil escrito, cuyas estipulaciones cuando menos han de referirse a los temas establecidos por el artículo 81 de la Ley 50 de 1990. 

En virtud de este contrato las EST a cambio de determinada remuneración, se comprometen a remitir el personal requerido por el usuario, para lo cual han de enganchar los pertinentes trabajadores mediante la modalidad contractual laboral que se acomode a la respectiva necesidad de servicio. Pero si esto persiste para el correspondiente servicio contratado una vez agotados los plazos máximos permitidos por la ley, ya no podrá utilizar válidamente los servicios de una EST, la misma que venía contratando o de otra; así lo reconoce el artículo 2º del Decreto Reglamentario 1707 de 1991 y el Consejo de Estado cuando decidió la legalidad de este texto así: 

“A juicio de la Sala esta disposición se limita a preservar el espíritu de la ley, es decir, a evitar que los contratos con las empresas de servicios temporales se tornen en permanentes, desconociendo los derechos prestacionales de los trabajadores. 

Naturalmente esta norma se refiere a las circunstancias especiales que dieron origen a la contratación. Si posteriormente en otro tiempo vuelve a presentarse un incremento en la producción o en las ventas o viene otra cosecha, se podrán celebrar otros contratos con empresas de servicios temporales, que no sobrepasen el límite establecido en la ley. No se trata entonces de que solamente se pueda celebrar un único contrato de seis meses prorrogables por otros seis, sino que para una misma necesidad ese es el máximo permitido por las normas. Es claro que si las necesidades de servicio son permanentes, deberán vincularse trabajadores bajo esta modalidad”. (Sentencia de octubre 26 de 1994, Expediente 6038). 

Con respecto al personal en misión, para todos los efectos la empleadora es la EST y por tanto ésta se hace responsable del pago de los pertinentes derechos laborales e incluso de la salud ocupacional. A este propósito la ley impone como requisito especial para que el Ministerio del Trabajo autorice su funcionamiento, que la EST constituya garantía con una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, en favor de los trabajadores y en cuantía no inferior a 500 veces el salario mínimo mensual vigente, para asegurar el pago de los correspondientes salarios, prestaciones e indemnizaciones, ante el riesgo de una eventual iliquidez. 

De otra parte, se otorgan en la ley algunas garantías especiales en favor de los operarios en misión así: les asiste derecho a recibir compensación de vacaciones y la prima de servicios en proporción al tiempo laborado, cualquiera que éste sea y sin importar la modalidad contractual acordada; igualmente tienen derecho a percibir cuando menos un salario ordinario equivalente al de los trabajadores del usuario que desempeñen igual actividad, incluyendo los posibles incrementos por antigüedad, y a gozar de los beneficios otorgados por éste a sus empleados en materia de transporte, recreación y educación. 

Importa reiterar que con arreglo al artículo 78 de la Ley 50 de 1990 la EST es responsable de la salud ocupacional de los trabajadores en misión, aun cuando el servido se preste en actividades particularmente riesgosas, solo que en esta hipótesis y cuando los trabajadores requieran de un adiestramiento particular o sea indispensable que se les suministre elementos de protección especial, la ley exige que en el contrato de prestación de servicios se determine expresamente la forma como se atenderán estas obligaciones. 

Y en este punto debe aclararse que no es atinada la propuesta interpretativa que hace el recurrente a propósito del referido precepto, para colegir de él la responsabilidad del usuario en el caso de accidente por culpa, dado que según se acaba de advertir, del texto en cuestión sólo se desprende la necesidad de adicionar determinadas cláusulas al contrato de prestación a propósito de la seguridad ocupacional, pero el canon no hizo excepción a la característica esencial de la figura, esto es la de radicar la responsabilidad laboral exclusivamente en la EST. 

Consiguientemente, en el evento de que un trabajador en misión sufra un infortunio profesional por culpa del usuario, bien sea por haber incumplido este los compromisos adquiridos con la EST en punto a seguridad industrial o debido a una imprevisión injustificada, la culpa se transfiere a la EST en tanto delegante del poder de subordinación pero exclusiva en la carga patronal, sin perjuicio del derecho de ella a repetir o reclamar a la usuaria los perjuicios por el incumplimiento contractual si este se presenta. 

La responsabilidad del usuario. 

Al usuario le corresponde ejercer la potestad de subordinación frente a los trabajadores en misión de manera que está facultado para exigirles el cumplimiento de órdenes, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo. Pero esta facultad se ejercita no por derecho propio sino en virtud de delegación o representación de la EST, pues el personal enviado depende exclusivamente de ella. En otros términos, la usuaria hace las veces de representante convencional del patrono EST, con el alcance previsto por artículo 1º, inciso 1º del Decreto 2351 de 1965 (CST, art. 32), esto es, que lo obliga frente a los trabajadores, al paso que ante éstos los representantes (usuarios para el caso) no se obligan a título personal, sino que su responsabilidad se contrae tan sólo frente al representado, en caso de incumplir lo estipulado en el respectivo convenio que autoriza la representación. 

Desde otro enfoque, relativo a una eventual responsabilidad solidaria, importa observar que la ley califica a las EST como empleadoras de los trabajadores en misión (L. 50/90, art. 71) y en el contrato de trabajo el patrono es en principio el obligado directo y exclusivo conforme se desprende del mismo artículo 22 que define dicho nexo. Sólo en los casos determinados expresamente en la ley se contempla la solidaridad de personas que no figuren también como empleadoras en el nexo laboral (CST, arts. 33, 34, 35 y 36), de suerte que como la ley no dispuso expresamente que los usuarios respondiesen in solidum, debe excluirse que los afecte tal especie de responsabilidad en lo tocante a las acreencias laborales de los empleados en misión. 

Resulta en suma que los usuarios no responden por los salarios, prestaciones e indemnizaciones de los trabajadores en misión ni de su salud ocupacional, aunque en este aspecto puedan contraer obligaciones con la EST, como la adopción de medidas particulares respecto a los ambientes de trabajo o el suministro de elementos de protección y seguridad. Acontece que precisamente mediante el contrato con la EST y con autorización legal, el usuario cancela un sobrecosto sobre el valor real de la fuerza de trabajo que requiere para su actividad económica, a fin de hacerse irresponsable en lo que hace a la remuneración, prestaciones y derechos de los operarios. Desde luego, no se desconoce que por esta razón, entre otras, se ha cuestionado seriamente la institución, con argumentos cuya razonabilidad corresponde estudiar al legislador, mas ello no le resta validez jurídica a los preceptos que en la actualidad permiten y regulan su funcionamiento. 

Pero esta irresponsabilidad laboral del usuario con referencia a los trabajadores en misión, supone que la EST funcione lícitamente, o por mejor decir que su actividad se halle autorizada por el Ministerio del Trabajo (L. 50/90, art. 82), pues de lo contrario la EST irregular sólo podría catalogarse como un empleador aparente y un verdadero intermediario que oculta su calidad en los términos del artículo 35-2 del Código Sustantivo del Trabajo, de forma que el usuario ficticio se consideraría verdadero patrono y la supuesta EST pasaría a responder solidariamente de las obligaciones laborales conforme al ordinal 3º del citado artículo del Código Sustantivo del Trabajo. 

Igualmente, aparte de las sanciones administrativas que procedan, el usuario se haría responsable en la forma que acaba de precisarse con solidaridad de la EST, en el evento de que efectúe una contratación fraudulenta, vale decir transgrediendo los objetivos y limitaciones fijados por el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, bien sea en forma expresa o mediante simulación. Ello por cuanto las normas que regulan el trabajo humano son de orden público, de obligatorio acatamiento y la ilegalidad o ilicitud se sanciona con la ineficacia de las respectivas estipulaciones (CST, arts. 14 y 43). 

Por último en lo que hace a este acápite, conviene recordar que en reciente decisión esta Sala reconoció la viabilidad de que el usuario responda exclusivamente frente al trabajador en misión, si acuerda con éste actividades paralelas ajenas totalmente a las propias del encargo a que se comprometió la EST. En esa oportunidad se dijo: 

“Estima la Sala, en consecuencia con lo dicho, que si bien en principio las empresas de servicios temporales son verdaderos patronos y responsables frente al trabajador en misión de la salud ocupacional, no es lícito ni legítimo que un usuario aproveche los servicios de esta clase de trabajadores para atribuirles funciones que escapan totalmente de los deberes propios del contrato de trabajo celebrado por el empleado con la empresa de servicios temporales y luego pretenda desconocer las naturales consecuencias del marco obligacional que surge del contrato de prestación de servicios celebrado con ésta, para así evadirse de la ineludible responsabilidad laboral que surge de su proceder culposo que origina accidentes de trabajo, los cuales deben ser reparados en la forma prescrita por el artículo 216 del Código del Trabajo. 

Y si aparece diáfano —como en el presente caso— que la empresa de servicios temporales fue totalmente ajena a esa actuación apartada del objeto del contrato en misión, ella no se puede reputar subordinante en estos eventos, y por tanto no será ésta quien deba satisfacer las indemnizaciones pertinentes sino el empresario usuario culpable de la acción o la omisión generadora del infortunio laboral. (Ver sentencia de marzo 12 de 1997, Exp. 8978). 

Antecedentes jurisprudenciales. 

Bajo el régimen anterior a la Ley 50 de 1990, la jurisprudencia de la Sala tuvo ocasión de pronunciarse con respecto a las EST, admitiendo su índole particular y su validez jurídica así: 

En homologación de fecha octubre 9 de 1986, radicación 0511, se expuso lo siguiente: 

“En relación con lo dispuesto por el artículo décimo del laudo, estima la Sala que es inexequible porque si el artículo 1º del Decreto 1433 de 1983 define a las empresas de servicios temporales como aquellas que contratan la prestación de servicios con terceros beneficiarios para el desarrollo de actividades ordinarias, conexas o inherentes a través de personas naturales, es claro que simultáneamente está consagrado, a favor de los patronos o empleadores, el correlativo derecho a acudir a esas empresas de servicios temporales en procura del personal que precisan para la ejecución de sus labores. 

Hay que tener en cuenta, por lo demás, que en los términos del artículo 4º del mencionado decreto, las empresas de servicios temporales son verdaderos. patronos, no simples intermediarios, y como tales deben atender el pago no sólo de todas las obligaciones que la calidad de empleador conlleva, sino también cumplir con los aportes del ISS, Sena, Bienestar Familiar, etc.”. 

En casación del 3 de febrero de 1987, radicación 1875 la Sala dijo: 

“Ahora bien, siendo incontrovertible en el infolio que el contrato de trabajo por el que Toro Palacio desarrollaba labores en Troquel Partes Ltda., fue celebrado con la persona jurídica ATA, Ayuda Temporal y Asesorías Ltda., quien en virtud del cual no solo se afilió al ISS, fl. 17, sino que también era el que le pagaba los salarios, fl. 58, amén de que como patrono, suscribió el informe del accidente de trabajo, fl. 20; y teniendo en cuenta, además, que las empresas de servicios temporales, como la mencionada, en los términos del artículo 1º del Decreto 1433 de 1983 (mayo 20), son verdaderos patronos, no simples intermediarios, y como tales están sometidos al régimen laboral en relación con las personas que a ellas se vinculan como trabajadores debiendo atender el pago de todas y cada una de las obligaciones que contrae como empleador, entre las que está, desde luego, la indemnización discutida y que prevé el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo; ello así, su pago se impondrá exclusivamente a la mencionada empresa, absolviéndose en consecuencia, a Troquelpartes S.A. de la solidaridad pretendida por el demandante”. 

El contratista independiente 

Con arreglo al artículo 3º del Decreto 2351 de 1965, es una persona natural o jurídica que mediante un contrato civil o mercantil se compromete, a cambio de determinada remuneración o precio, a realizar una o varias obras o a prestar un servicio en favor de la persona natural o jurídica con quien contrate. El contratista asume los riesgos propios de la función a su cargo, debe ejecutarla con sus propios medios y goza de libertad y autonomía técnica y directiva. Para poder cumplir su obligación requiere contratar trabajadores, cuya fuerza de trabajo ha de encauzar y dirigir en desarrollo del poder de subordinación, pues se trata de un verdadero empleador y no de un mero representante o intermediario respecto del contratante o beneficiario de la obra o del servicio. Es que con éste no se compromete a llevar trabajadores, sino a lograr por su cuenta y riesgo a cambio de un precio, el objetivo propuesto, de forma que en este orden de ideas su actividad económica no es la intermediación laboral, sino la especialidad que les permite construir la determinada obra o lograr la prestación del servicio. 

En lo que hace al beneficiario del servicio o dueño de la obra, es claro que no es patrono en términos formales o reales con respecto de los trabajadores requeridos por el contratista, ya que no ejerce la subordinación laboral frente a aquéllos o éste, de suerte que sólo es acreedor de un resultado o de un concreto servicio. Con todo, la ley laboral lo hace responsable solidario por la remuneración, prestaciones, indemnizaciones y derechos laborales correspondientes a los trabajadores del contratista, siempre y cuando la obra o servicio que éste deba cumplir no sea extraña a las actividades normales propias de la respectiva empresa o negocio del contratante. 

Es fácil advertir entonces que la figura del contratista independiente difiere de la empresa de servicios temporales; entre las notas distintivas, pueden destacarse las siguientes: 

La EST es persona jurídica cuyo funcionamiento autoriza el Ministerio del Trabajo, organismo que siempre debe controlar su actividad, mientras el contratista independiente puede ser persona natural o jurídica cuya labor no se halla controlada por dicho ministerio. 

La EST según la ley se compromete en un contrato de prestación de servicios, pero no se obliga a un particular resultado o a ejecutar en realidad una definida prestación de servicio, sino a facilitar al usuario el servicio de determinados trabajadores, mientras que el contratista se obliga directamente a construir una obra o a prestar un servicio. 

Aunque el contratista y la EST son empleadores, aquél ejerce directamente la subordinación con respecto de los trabajadores comprometidos en el contrato de obra o de prestación de servicios, mientras que ésta delega en el usuario la subordinación relativa a los trabajadores en misión. 

El contratante o beneficiario responde solidariamente con el contratista de las obligaciones laborales adquiridas por éste, mientras que el usuario de la EST no responde por los derechos laborales de los trabajadores en misión. 

Los intermediarios. 

Es importante diferenciar igualmente las EST de las distintas especies de intermediarios laborales o sea, aquellas personas naturales o jurídicas que sin ser empleadores se encargan de contratar trabajadores en nombre de éstos, o de enrolarlos para que laboren al servicio de una determinada empresa o sencillamente de convocarlos y proponerlos al patrono por solicitud de éste como acontece en el caso de las agencias de colocación, conocidas anteriormente como bolsas de empleo. El artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo describe dos clases de intermediarios a saber: las personas que contratan servicios de otras para ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta exclusiva de un patrono y las personas que agrupan o coordinan los servicios de determinados trabajadores para la ejecución de trabajos por cuenta del empleador. 

En todo caso los intermediarios, cualquiera que sea su modalidad, no son el empleador sino su representante para efectos de la contratación (CST, art. 32) e incluso algunos son meros corredores de colocación, conforme arriba se dijo, es decir personas naturales o jurídicas cuya actividad radica en postular trabajadores a solicitud de un eventual empleador interesado, quien, si lo estima pertinente, vinculará directamente al postulado caso en el cual deberá cancelar un monto establecido al agente. 

Pues bien, las EST son empleadores y actúan como tales, mientras que los intermediarios, aunque ocasionalmente pueden comportarse como patronos nunca lo son en realidad. Las EST responden de los derechos de los trabajadores, al paso que los intermediarios no se obligan a título personal sino en representación del patrono, y sólo son responsables por solidaridad cuando ocultan su carácter para revestirse de la apariencia patronal. A diferencia de las EST los intermediarios pueden ser personas naturales o jurídicas, normalmente su actividad se ejerce sin el control forzoso de la autoridad administrativa del trabajo, salvo en lo que toca con las agencias de colocación. 

Examen de los cargos. 

De conformidad con todo lo explicado, que corresponde al marco conceptual básico sobre el tema planteado y quedando a salvo las particularidades que dependen de otros casos específicos, resulta que el Tribunal no transgredió la ley en la modalidad directa denunciada en los ataques, pues aplicó e interpretó correctamente las disposiciones de la Ley 50 de 1990, artículos 71 y siguientes cuando entendió que la Procesadora de Leche San Martín en su calidad de usuaria de la EST Nacional de Recursos Humanos, no es responsable de las indemnizaciones impuestas en favor de la parte actora como consecuencia del fallecimiento del señor Arnoldo Antonio Ángel Mejía, en accidente de trabajo por culpa patronal, mientras se desempeñaba como trabajador en misión, enviado por la EST Nacional de Recursos Humanos a la Procesadora. 

Los cargos, por ende, no prosperan. 

En mérito de lo expuesto La Corte Suprema de Justicia —Sala de casación Laboral— administrando justicia a nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 26 de julio de 1996, en el juicio promovido por Leopoldina Berrío contra Nacional de Recursos Humanos Ltda. y Procesadora de Leche San Martín S.A. 

Sin costas. 

Cópiese, notifíquese, insértese en la gaceta judicial y devuélvase el expediente al tribunal de origen. 

Francisco Escobar Henríquez—José Roberto Herrera Vergara—Rafael Méndez Arango—Jorge Iván Palacio Palacio—Germán G. Valdés Sánchez—Fernando Vásquez Botero—Ramón Zúñiga Valverde. 

Laura Margarita Manotas González, Secretaria. 

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