Sentencia 9437 de abril 23 de 2002 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 20029437-01, abr. 23/2002

M.P. Leonor Perdomo Perdomo

Aprobado según acta Nº 35 de la fecha

Vistos

A la Sala la impugnación presentada por el Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Cajas de Compensación Familiar Sinaltracaf, contra la sentencia del 22 de febrero de 2002 de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante la cual se negó por improcedente la acción de tutela propuesta por el mismo frente a la Caja de Compensación Familiar Cafam, con ocasión de la terminación de algunos contratos de trabajo de personas que laboraron al servicio de la Caja.

Antecedentes

Según da cuenta el informativo, con ocasión, entre otras razones, dela promulgación de la Ley 633 de 2000, cuyo artículo 65 se ocupó del manejo financiero de las cajas de compensación familiar, hubo lugar a la terminación de algunos contratos de trabajo de personas al servicio de Cafam. Unos por determinación unilateral del empleador, entre quienes se suscitaron algunos litigios, los cuales son del conocimiento de los jueces laborales competentes. Otros, por mutuo acuerdo a través de los mecanismos de conciliación establecidos legalmente (fls.10 a 18, cdno. ppal.).

Para el Sindicato Nacional de Trabajadores de Cajas de Compensación Familiar, Sinaltracaf, lo anterior obedeció a una política del empleador encaminada a debilitar la agremiación sindical, atribuyéndole con dichos retiros, la disminución considerable del número de los afiliados al sindicato y la desaparición, prácticamente, de la sede sindical en Melgar (fls. 7 y 8, ibíd.).

Alega el accionante, que tales hechos violan en particular, los derechos constitucionales fundamentales del sindicato y de sus afiliados de Cafam, a la asociación sindical, a la sindicalización, a la contratación colectiva a la igualdad y al trabajo (fl. 2 ibíd.).

En procura de lograr el amparo de los citados derechos, y como consecuencia de ello, que el juez constitucional ordene perentoriamente el reintegro sin solución de continuidad, de 194 trabajadores sindicalizados separados de Cafam durante el mes de octubre de 2001 (fls. 2 y 69 a 77, cdno. ppal.), el sindicato, a través de su presidente, radicó en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, solicitud de tutela (fls. 1 a 35 ibídem), para lo cual allegó una certificación expedida por el secretario de la agremiación, en donde hizo constar la autorización conferida a aquél por la junta directiva para instaurarla (fl. 201 ibíd.).

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante auto del 11 de febrero de 2002, admitió el trámite de esta acción (fls. 204 y 205 ibíd.), de cuya iniciación dio aviso al sindicato y a la accionada (fls. 206 a 209 ibíd.).

A la acción se opuso la accionada, alegando la legitimidad de su conducta y los efectos de la cosa juzgada en los acuerdos conciliatorios adoptados con sus extrabajadores (fls. 1 a 18 cdno. anexo 01).

Mediante sentencia del 22 de febrero de 2002, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, denegó por improcedente la tutela deprecada (fls. 212 a 224, cdno. ppal.).

La anterior decisión fue impugnada por el accionante y de ella se ocupa esta Sala (fl. 228 Ibíd.).

La accionada.

La Caja de Compensación Familiar Cafam, es una entidad corporativa de carácter privado, sin ánimo de lucro y funciones de seguridad social, con personería jurídica otorgada por el Ministerio de Justicia y del Derecho (fl. 20 anexo 01).

Fundamentos de la acción.

Alega el accionante, que la expansión y crecimiento de dicha organización sindical (fl. 4, cdno. ppal.) se vio entorpecida por Cafam, al punto que de 223 afiliados con los cuales contaba el sindicato en la seccional Bogotá, sólo quedan 58, 10 de ellos aforados y de 33 miembros que tenía la seccional de Melgar, únicamente quedan 10, por debajo del mínimo de 25 exigidos por la ley para seguir funcionando esta última (fls. 4 y 7 ibíd.).

Por lo anterior, el sindicato encuentra disminuidos sus ingresos y sin mayores perspectivas la presentación futura de pliegos de peticiones al contar con tan sólo 68 afiliados, en donde afirma que prestan sus servicios más de 6.000 trabajadores (fl. 8 ibíd.).

Según el accionante, tales hechos son producto del plan de “reestructuración administrativa y operativa” implantado por Cafam, en desarrollo del cual llegó a acuerdos de terminación de contratos de trabajo, entregándole a los trabajadores que se acogieron al mismo, indemnizaciones del 130%, señaladas por el sindicato como “dádivas” de las que, a su juicio, Cafam se valió para hacer posible el “desmantelamiento” del sindicato (fls. 15 y 16 ibíd.).

No obstante, informa el sindicato, que de algunos trabajadores retirados por determinación unilateral de Cafam, cinco (5) demandaron ante la justicia ordinaria (fis. 17 y 18 ibíd.).

Agrega el accionante, que la disminución de sus afiliados, lo cual atribuye a las políticas introducidas por Cafam a partir de la Ley 633 de 2000 (fls. 10 y 16 ibíd.), colocó a esa agremiación en las condiciones de una “minoría impotente”, enmarcable a su juicio en las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-349 de 1995, en cuyo pronunciamiento alude haber quedado consignados los casos de violación o amenaza a los derechos constitucionales fundamentales que en este caso se señalan como transgredidos. Entre ellos, la entrega de “(...) dádivas o regalos económicos que el patrono no tiene por qué dar al trabajador cuando el contrato termina realmente por mutuo consenso...” (fl. 18 ibíd.).

La oposición del accionado.

Alega Cafam, en resumen, la improcedencia de la acción de tutela “(...) cuando existe conciliación...”, remitiéndose para el efecto a la Sentencia T-294 de 1996 de la honorable Corte Constitucional que en ese sentido se pronunció, pues las actas de conciliación son válidas, fruto de acuerdos libres que hicieron tránsito a cosa juzgada (fls. 2 a 7, cdno. anexo 01).

También aduce la falta de inmediatez (fl. 9 ibíd.) y a la “imposibilidad” de ordenar por esta vía los reintegros que se pretenden, “(...) cuando no hay siquiera una sola solicitud o coadyuvancia a esta pretensión por parte de los trabajadores que suscribieron los mutuos acuerdos" (fis. 10 y 11 ibíd.).

La Sentencia de la Sala a quo.

Con apoyo en la Sentencia C-160 de 1999 de la honorable Corte Constitucional (fls. 218 a 220, cdno. ppal.), concluye la Sala a quo, que a través del mecanismo tutelar, “(...) no puede pretenderse desconocer ese “acuerdo de voluntades” regulado por la ley como una forma válida de terminación del contrato laboral, para argumentar una persecución sindical...”, ante lo cual destacó la prevalencia de la voluntad directa de los trabajadores, expresada en las conciliaciones celebradas por la mayoría de ellos para dar por terminados los contratos de trabajo, cuya libre determinación, para la Sala de instancia, no puede limitarse tras asumir que se perturbe la respectiva organización sindical (fl. 222 ibíd.).

Expone también, que si por el sindicato se considera la existencia de vicios en las conciliaciones, que pudieran llegar a afectar su validez, ese es un asunto de competencia de los jueces ordinarios (fl. 222 ibíd.).

En relación con los cinco (5) trabajadores citados por el sindicato como retirados unilateralmente por Cafam, quienes según el mismo formularon sus demandas ordinarias, deduce la Sala a que, que habrán de estarse a las decisiones que se adopten en cada caso particular, (fl. 223 ibíd.) y con estas razones, en síntesis, decidió negar por improcedente el amparo deprecado.

Motivos de la impugnación.

El accionante no expuso ninguno en especial al momento de recurrir la providencia de la Sala Seccional, cuya impugnación fue interpuesta oportunamente, según escrito del 27 de febrero de 2002 (fl. 228, cdno. ppal.). No obstante, ya en trámite en esta instancia, se recibió el 12 de abril un memorial, mediante el cual el impugnante le solicita a la Sala tener en cuenta unas providencias que anexa de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia (fls. 3 a 72, cdno. segunda instancia).

Consideraciones de esta Sala

Es competente la Sala para conocer de la impugnación propuesta contra el fallo de primera instancia, de conformidad con los artículos 116 y 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, es un mecanismo extraordinario, de carácter subsidiario, encaminado a garantizar la efectividad de los derechos constitucionales fundamentales cuando éstos resulten vulnerados o se encuentren amenazados de serlo. Procede frente a las actuaciones u omisiones de las autoridades públicas, así como de los particulares en los casos previstos en el mismo precepto superior en concordancia con el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.

Sin embargo, no se trata de una acción simultánea, ni concebida para derogar la jurisdicción propia en la cual deban resolverse los distintos litigios. Tampoco es un medio llamado a revivir las causas perdidas, ni se trata de otra oportunidad para salvar la incuria de las partes en sus intervenciones judiciales.

Excepcionalmente tiene cabida como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, como lo previene el inciso tercero del canon constitucional citado y desarrolla el artículo 8º del decreto reglamentario, en relación con los actos que deben debatirse ante la jurisdicción competente, mientras se acomete por parte del interesado las respectivas acciones previstas en la ley, o el asunto se resuelve dentro de su normal cauce procesal o bien ejercerse simultáneamente con las acciones que proceden ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en procura que el Juez constitucional, por la misma razón de evitar un perjuicio irremediable, ordene no aplicar, mientras dure el proceso, el acto particular en la situación jurídica concreta objeto de protección.

En el presente asunto, como la acción propuesta se dirige contra particular, toda vez que la accionada, Caja de Compensación Familiar Cafam, responde a una entidad corporativa de carácter privado, sin ánimo de lucro y funciones de seguridad social, según lo certifica la Superintendencia de Subsidio Familiar (fl. 20, anexo 01), es necesario establecer previamente si concurren los presupuestos constitucional y legalmente exigidos para la procedencia de la demanda tutelar en estos casos, cuyo estudio se echa de menos, entre otros aspectos relevantes no tratados por la Sala de instancia.

El ejercicio de esta acción contra particulares u organizaciones privadas, cuyas acciones u omisiones vulneren o amenacen los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, fue materia de reglamentación específica en los términos del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, de acuerdo con lo previsto en el último inciso del artículo 86 de la Constitución Política, el cual limitó su procedencia a los casos en que el particular esté encargado de la prestación de un servicio público, o afecte gravemente con su conducta el interés colectivo, o cuando el solicitante se encuentra en estado de subordinación o indefensión en relación contra quien se dirige.

Acreditada aquí en debida forma la existencia del Sindicato Sinaltracaf (fls. 93 a 96 y 144 a 145, cdno. ppal.), cuya organización agrupa a los trabajadores de las Cajas de Compensación Familiar, según lo indica sus estatutos (fl. 63 art. 1º), concretamente a los de Cafam en las seccionales de Bogotá y Melgar (fl. 3 hecho Nº 2, ibíd.), es válido admitir que concurre el supuesto de subordinación jurídica entre aquél y la accionada en su carácter de empleador y en razón de las funciones que por ley le están atribuidas a todo sindicato en defensa de los trabajadores asociados (CST, art. 373), para entender satisfecho el requisito que habilitara, en principio, la procedencia de la acción contra particulares.

Entre otras, porque el rango de derechos que el sindicato accionante estima conculcados, entre los cuales invoca el de asociación sindical, y en conexidad con el mismo, el derecho a la contratación colectiva, sin lugar a dudas corresponde a la categoría de fundamentales enlistados en la Carta Magna (C.P., art. 39) y desde luego con vocación de protección constitucional en caso de llegar a establecerse que ha sido vulnerado, o ante la amenaza grave e inminente de serlo, independientemente si los actos u omisiones que dieron lugar a su trasgresión, provienen de una autoridad pública, o de persona natural o jurídica de carácter privado, pues prevalecen las garantías constitucionales que tal derecho representa, como es la libertad de asociación de los trabajadores, y la protección especial que el Estado otorga a las agremiaciones sindicales para cumplir a cabalidad sus funciones en defensa de los intereses comunes de los afiliados.

Sin embargo, en el caso que ocupa la atención de la Sala, es claro que el sindicato ha planteado dos situaciones bien distintas: Una, la relativa a la discusión de la causal de terminación unilateral por Cafam de algunos contratos de trabajo, de cuya especie de litigio conoce la justicia ordinaria laboral, como de hecho lo está haciendo en las demandas propuestas en relación con cinco (5) de ellos, y otra, la situación de los contratos de trabajo que terminaron por vía de conciliación, mediante mutuo acuerdo de cada uno de los trabajadores con la accionada.

Frente a tales circunstancias, que el Sindicato Nacional de Trabajadores de Cajas de Compensación Familiar Sinaltracaf, le imputa a Cafam, aquél deduce la pérdida considerable del número de sus afiliados. No obstante, tal inferencia resulta infundada, y cae más bien en el terreno especulativo, pues lo cierto es que tanto el ingreso, como el retiro de los trabajadores a las organizaciones sindicales, es un acto de la libre disposición de voluntad de cada uno, como lo es también el de mantener o no, la relación laboral.

De otra parte, es indiscutible, que de las acciones derivadas de la relación laboral debe conocer el juez laboral, o el administrativo, según corresponda. Por supuesto, también de cualquier controversia basada en los derechos individuales comprometidos, así como de los litigios derivados de la terminación de dicha relación laboral.

También le corresponde a la jurisdicción laboral conocer de los conflictos colectivos de trabajo de naturaleza jurídica, emanados de pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales en cuanto a su interpretación y aplicación, según se desprende del desarrollo jurisprudencial dado a las disposiciones pertinentes del Régimen Colectivo de Trabajo, al señalar:

“El conflicto jurídico puede ser de naturaleza individual o colectiva, según si la controversia afecta los derechos individuales de una o más personas, o si afecta los derechos de una colectividad de trabajadores. Estos conflictos, por referirse siempre a la aplicación e interpretación de normas, deben ser resueltos por el juez, dentro de la jurisdicción y competencia asignada por la ley” (Comentario Conflictos Colectivos de Trabajo, Régimen Laboral Legis 3834-2, pág. 654).

Por su parte, los sindicatos que sean parte de una convención colectiva de trabajo, están legitimados para exigir su cumplimiento o el pago de daños y perjuicios en los términos previstos en el artículo 475 del Código Sustantivo del Trabajo.

Por consiguiente, cabe precisar, ante todo, que quien está legitimado para discutir los derechos individuales derivados de la relación de trabajo es, de un extremo el empleador, y del otro el trabajador, pues de acuerdo con el artículo 476 del Código Sustantivo del Trabajo, los trabajadores sólo pueden delegar en su sindicato el ejercicio de la acción consagrada a su favor por la misma norma, cuando el perjuicio individual se derive del incumplimiento de la convención colectiva, en cuyo caso la representación judicial por parte del sindicato se admite, siempre y cuando aparezca claramente la voluntad del trabajador en tal sentido, según lo precisó la honorable Corte Suprema a partir de su sentencia de noviembre 14 de 1991, cuando sobre el particular expresó:

“(...) La norma faculta (refiriéndose al CST, art. 476) para que los trabajadores, individualmente considerados, demanden el cumplimiento del convenio normativo de condiciones generales de trabajo o la reparación de los correspondientes perjuicios. O, si lo tienen a bien, para que deleguen su acción particular en el sindicato que celebró la convención.

“(...) Esa representación puede conferirse libremente siempre y cuando no quede duda de la voluntad de cada uno de los trabajadores delegantes para valerse del sindicato con el fin de adelantar su acción..." (providencia citada, casación laboral, Sección Segunda).

Sin embargo, el derecho de reintegro al trabajo derivado del contrato individual de trabajo, a lo cual se contrae la pretensión principal del sindicato por esta vía, de una parte, es un derecho personalísimo, de rango puramente individual, que en manera alguna cabe asumir en el linaje de los colectivas en cabeza de las organizaciones sindicales, lo cual, lleva a la Sala a advertir, la falta de legitimación por activa en el Sindicato Nacional de Trabajadores de Cajas de Compensación Familiar Sinaltracaf, para impetrar el fin que persigue con esta acción. Con mayor razón tratándose de individuos que debido a su retiro de la empresa, dejaron de pertenecer a dicha organización sindical.

De otra parte, tal controversia, simple y llanamente tiene su propia jurisdicción para ser debatida y resuelta, mediante el ejercicio, por parte de cada trabajador, de las acciones previstas en la ley laboral, y en el caso de quienes aparecen retirados voluntariamente mediante el acuerdo conciliatorio a que llegaron con la empresa (cdno. anexo 1), en modo alguno puede abrogarse el sindicato la facultad de pretender enervar mediante este mecanismo, sin ninguna autorización del trabajador, tal acuerdo de voluntades adoptado por cada uno, los cuales hicieron tránsito a cosa juzgada y por lo mismo tampoco es legítimo tocar, bajo el aparente alegato de una violación de derechos sindicales (cdno. anexo 1).

También advierte la Sala, que la causa próxima de la disminución del número de afiliados del sindicato, en cuyo hecho se motiva la acción, fue el acuerdo de retiro voluntario de los trabajadores de Cafam, lo cual, de contera, dio como resultado la salida de los mismos del sindicato, por ser aquél una organización de primer grado, mas dicho retiro, se presume un acto de libre voluntad, en cabeza de quienes así lo dispusieron, por tratarse de una de las formas de terminación del contrato de trabajo y en general, de todo contrato, pues en derecho impera la regla, que las cosas se deshacen como se hacen.

Síguese así, que el Sindicato Nacional de Trabajadores de Cajas de Compensación Familiar Sinaltracaf, no está legitimado para impetrar los derechos que en el fondo postula.

Por una parte, porque no tiene ninguna representación legal para obrar por quienes estuvieron afiliados a esa organización sindical y ya no lo están y, de otra, porque no le asiste derecho alguno para desconocer y contrariar la voluntad plasmada por los trabajadores en las conciliaciones que legalmente celebraron e hicieron tránsito a cosa juzgada material, a menos que la propia jurisdicción laboral declare lo contrario.

Por lo mismo, como esta acción igualmente está dirigida a desconocer las actas de conciliación traídas al plenario (cdno. anexo 1), las cuales aparecen suscritas por cada uno de los trabajadores que llegaron a dicho acuerdo con Cafam ante funcionario competente, el hecho que los referidos extrabajadores estuvieran afiliados al sindicato, ello no le traslada a la organización sus derechos individuales, propios de cada uno, para ser convertidos o transformados en derechos de la organización sindical, pues en todo caso, será también a disposición de cada extrabajador que estarán los medios de defensa judicial ordinarios para procurar que se invaliden, en la hipótesis de algún vicio de su consentimiento.

Las razones que preceden son suficientes para declarar la improcedencia de la acción formulada por el sindicato Sinaltracaf por falta de legitimación por activa para invocar los derechos que depreca, y por la existencia de los medios judiciales ordinarios en cabeza de cada trabajador para reclamar los derechos que aquí pretendió controvertir la organización sindical como propios, sin ser el titular de los mismos, con arreglo a los artículos 10 y 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 reglamentario de la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, la Sala jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. MODIFICAR la sentencia del 22 de febrero de 2002, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, que denegó por improcedente la tutela formulada por el sindicato Nacional de Trabajadores de Cajas de Compensación Familiar Sinaltracaf, para en su lugar declararla improcedente con arreglo a las consideraciones contenidas en la parte motiva del presente fallo.

2. Remitir, por la secretaria judicial de esta Sala, el presente fallo a la honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a su ejecutoria, como lo establece el inciso segundo artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Temístocles Ortega Narváez, Presidente—Jorge Alonso Flechas Díaz—Guillermo Bueno Miranda—Eduardo Campo Soto—Fernando Coral Villota—Rubén Darío Henao Orozco—Leonor Perdomo Perdomo.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

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