Sentencia 9467 de abril 3 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

FALLA DEL SERVICIO MÉDICO

PRUEBA DE LA AUSENCIA DE CULPA

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Santafé de Bogotá, D.C., abril tres de mil novecientos noventa y siete.

Ref.: Exp. 9467

Indemnizaciones. Actor: Bernardo Patiño Jaramillo. Demandada: Instituto de Seguros Sociales.

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el tribunal administrativo de Caldas, el 24 de enero de 1994, la cual dispuso rechazar las pretensiones de la demanda.

Antecedentes

1. El presente proceso tuvo origen en la demanda formulada el 8 de marzo de 1990 contra la Nación Colombiana-Instituto de Seguros Sociales, con el objeto de que fueran declaradas patrimonialmente responsables de las lesiones causadas a María Amanda Corrales Álvarez, como consecuencia de un tratamiento quirúrgico al que fue sometida el 14 de marzo de 1988.

Comparecieron como demandantes la víctima directa de las lesiones, María Amanda Corrales Álvarez y su esposo, Bernardo Patiño Jaramillo, quienes pidieron el pago de perjuicios materiales y morales; sus hijos, Diana Marcela,

Beatriz Helena y Sandra Milena Patiño Corrales y su señora madre, Ana Ruth Álvarez de Corrales, quienes pidieron el pago de perjuicios morales.

En los hechos de la demanda se señaló:

a) Que María Amanda Corrales Álvarez, venía sufriendo de dolores de espalda que en principio le fueron tratados en el l.S.S. como espasmos musculares; posteriormente se le diagnosticó una luxofractura de C4-C5 y se le ordenó una intervención quirúrgica que se le practicó el 11 de marzo de 1988 por el doctor Humberto Carvajal Flórez, quien no le advirtió de los riesgos que corría.

b) Que luego de practicada la intervención, la paciente presentó cuadriplejía de sus miembros con compromiso de esfínteres por “compromiso medular”.

c) Que de acuerdo con la historia clínica, en el acto quirúrgico se presentó un desgarro de la duramadre con salida de líquido cefalorraquídeo y conmoción medular.

d) Que la paciente fue intervenida nuevamente por el mismo cirujano con el fin de enmendar su error, “pero éste ya había dejado lesiones irreparables en la paciente”.

2. El I.S.S. dio contestación a la demanda (fl. 246) y se opuso a sus pretensiones señalando que el I.S.S. había puesto a disposición de la paciente “todos los medios médicos y paramédicos tendientes a obtener su recuperación”, aceptó que la paciente fue intervenida quirúrgicamente en dicha institución, sufriendo un pequeño desgarro en la duramadre con salida de líquido cefalorraquídeo, pero afirmó que el mismo no tuvo mayor significación y no comprometió la médula espinal.

3. Mediante auto del 26 de mayo de 1992 el tribunal dispuso la vinculación del Ministerio de Trabajo, el cual dio contestación a la demanda y propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, expresando que el l.S.S. tenía la condición de ente autónomo con personería por lo cual resultaba improcedente demandar a la Nación (fl. 362).

4. En la sentencia de primera instancia el tribunal consideró que, siendo el I.S.S. un ente autónomo con personería jurídica, la demanda no podía comprender también a la Nación, frente a la cual debía prosperar la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

Y estimó que debían rechazarse las pretensiones formuladas frente al Instituto de Seguros Sociales, en la medida en que se había acreditado que la intervención quirúrgica practicada en dicha entidad a la paciente fue adecuada razón por la cual no podía imputársele el daño sufrido por ella.

5. De la anterior decisión salvaron el voto los magistrados María Ruby Montoya de Uribe y Augusto Morales Valencia (fls. 459 al 471) quienes estimaron que debía condenarse a la demandada pues, probado el daño y la relación de causalidad ésta sólo podía exonerarse de responsabilidad acreditando una causa extraña, debiendo acudirse a la “teoría objetiva” en donde “debe demostrarse no propiamente la conducta de la entidad pública (irregularidad en la prestación del servicio), sino la antijuridicidad del daño, estropicio que es antijurídico no sólo por la actividad culposa de la administración sino porque a pesar de ser jurídica la actuación, quien recibe el daño no tiene la obligación de soportarlo” (fl. 46).

6. En su recurso de apelación la parte actora señaló que no era cierto que la entidad demandada hubiese acreditado que la intervención quirúrgica se había realizado adecuadamente; y que, por el contrario, se había demostrado que quien la practicó, no tenía experiencia científica en el caso quirúrgico concreto, habiendo incurrido en un grave error al producir el desgarro de la duramadre con salida de líquido cefalorraquídeo, que fue lo que generó la cuadriplejía en la paciente.

7. La demandada presentó alegatos de segunda instancia (fl. 538) solicitando la confirmación de la sentencia.

Consideraciones:

La sentencia de primera instancia será confirmada, pues a juicio del despacho, no obstante estar acreditado que la paciente sufrió un daño como consecuencia de la intervención quirúrgica que le fue practicada por el I.S.S., con el acervo probatorio se acredita que la demandada obró diligentemente, lo cual la exime de responsabilidad.

1. El comportamiento diligente de la entidad demandada está acreditado con las siguientes pruebas.

A. Con la historia clínica allegada al expediente, que aparece resumida en el oficio Nº 0315 del 25 de septiembre de 1991 (fl. 286), de la cual se deduce que la paciente fue atendida por un especialista en ortopedia, y que su intervención tuvo por objeto corregir la luxación en su columna vertebral; que luego de la intervención, realizada el 14 de marzo de 1988 no presentó movilidad en las extremidades, razón por la cual se le practicó una mielografía y se le suministraron dosis de esteroides; que se realizó una interconsulta con neurología y se le practicó una nueva cirugía el 17 de marzo del mismo año, observándose un pequeño desgarro en la duramadre con filtración de líquido, pero con la médula en buenas condiciones; que fue remitida a cuidados intensivos desde el 17 de marzo hasta el 1º de mayo, habiéndose realizado interconsultas con medicina interna y con fisiatría; y que fue dada de alta del hospital el 28 de julio de 1988 con diagnóstico definitivo de lesión medular y cuadriplejía completa.

B. Con los certificados de idoneidad del médico que practicó la cirugía, en los que se demuestra su condición de especialista en ortopedia y traumatología, con capacitación y experiencia en esta área (v. gr. fls. 229 al 242 C.1).

C. Con el testimonio del propio médico tratante, doctor Humberto Carvajal Flórez (fl. 61 y ss. C.2), quien explicó que la enfermedad que presentaba la paciente representaba para ella constantes dolores e incapacidades laborales que determinaban como tratamiento adecuado una intervención quirúrgica de fusión; que en la intervención, tal como quedó anotado en la historia clínica se presentó una ruptura de la duramadre, lo que ocurre con frecuencia por tratarse de una membrana muy delgada, circunstancia que no tiene incidencia en la lesión medular; que ante la pérdida de movimiento se pensó en la existencia de un hematoma o de cualquier otra causa que impidiera el funcionamiento de la médula; circunstancias que fueron descartadas con los exámenes practicados y con la nueva intervención, sin que pudiese explicarse finalmente cuál fue la causa de la lesión medular que finalmente determinó la paraplejía de la paciente.

D. La versión del doctor Humberto Carvajal Flórez aparece respaldada por la del médico anestesista que lo acompañó en la primera intervención y por el neurocirujano que, a petición de la familia de la paciente, intervino con él en la segunda operación.

El anestesista, doctor Omar Castaño Parra (fl. 72 C.2), dijo:

“Todo fue normal durante el acto quirúrgico ... desde el punto de vista anestésico no hubo ninguna complicación. Y desde el punto de vista quirúrgico, tampoco, fue una cirugía muy limpia y muy bien realizada ... Yo terminé la cirugía, trasladé a la paciente a la sala de recuperación, en el examen que le practiqué la paciente presentaba completa normalidad y yo no volví a saber nada más de ella.

Sí, es una intervención de alta cirugía, de alto riesgo quirúrgico porque la cirugía fue practicada sobre la zona de la columna cervical, donde están colocados los centros vitales. Es de alto riesgo porque el sitio donde fue realizada la cirugía (sic) ya que desde este lugar se regula la función motora de la mayor parte del cuerpo... He acompañado al doctor Humberto Carvajal en mucho tipo de cirugía ortopédica, no solamente de columna vertebral sino en otras partes del cuerpo y el resultado ha sido óptimo”.

Y el neurocirujano, doctor Alberto Antonio Muñoz Cuervo (fl. 77), dijo:

“Encontré al abrir la dura una médula cervical de aspecto normal, no habían (sic) signos de trauma medular, como la coloración violácea de la médula, ni tampoco una lesión medular por desgarro o contusión, tampoco encontré una lesión vascular de la médula del tipo de hemorragias o hematomas, repito encontré una médula de muy buena calidad y además pulsátil, lo cual implica que no había ningún tipo de trauma quirúrgico con la primera cirugía (...).

Ese desgarro dural no lo observé yo en la segunda cirugía, pero sí me lo contó el doctor Carvajal y aparece en la nota operatoria. No creo que este pequeño desgarro dural tenga que ver en las consecuencias o mejor en las secuelas desafortunadas que presentó posteriormente esta paciente. Yo como neurocirujano, constantemente estoy rompiendo la duramadre, cada punción lumbar que yo hago y hago por lo menos cinco diarias, rompo la duramadre (...).

Me queda muy difícil determinar la causa o causas de esta desafortunada secuela a este paciente, como neurocirujano por lo menos tres o cuatro pacientes al año me quedan en silla de ruedas y otro tanto se me mueren y en aquellos pacientes a los cuales se quedan en silla de ruedas, aún hoy me sigo preguntando qué fue lo que pasó, puesto que la cirugía fue limpia, los recursos hospitalarios excelentes, el personal idóneo y durante el procedimiento quirúrgico no se presentan complicaciones al menos detectables, por lo cual definitivamente no soy capaz de responder a esa pregunta (...).

Encontré que la paciente tenía una luxación de la columna cervical y consideré como considero ahora que esta paciente necesariamente tenía que ser sometida a un procedimiento quirúrgico con el fin de corregir su luxación o de reducírsela y fusionar su columna, porque si la paciente hubiera seguido con este problema, muy posiblemente hubiera quedado cuadripléjica más adelante porque bien es sabido que pacientes con esta patología no tratada, ante un pequeño resbalón, una caída, un mareo de lo cual no está exento ninguna persona, puede ser suficiente para que esta columna inestable provoque una sección medular con su correspondiente cuadriplejía.

PREGUNTADO... ¿Quiere decir lo anterior que el diagnóstico y el tratamiento practicado a la señora Amanda Corrales Álvarez por el médico que la trató según su criterio científico fue el adecuado? CONTESTÓ: Yo respondo afirmativamente esta pregunta, porque considero que este tratamiento fue el adecuado, tanto desde el punto de vista de los recursos humanos, pues conozco al doctor Carvajal desde hace mucho tiempo, y es una persona idónea, un ortopedista de trayectoria y con amplia experiencia en cirugía de columna, comparto con él su diagnóstico y su tratamiento, además esta paciente recibió un tratamiento adecuado desde el punto de vista de los recursos materiales, pues siendo una paciente afiliada al Seguro Social fue operada en el Hospital Universitario de Caldas, en donde a mi leal saber y entender existe los recursos adecuados para este tipo de cirugía y de allí hemos operado pacientes con la misma patología, algunos de ellos con excelentes resultados que años después de este procedimiento nos siguen dando las gracias.

...Sin ninguna duda, que al conocer la paciente y analizar sus radiografías de columna cervical y encontrar la luxación de sus vértebras y el riesgo implícito que esto significaba para su vida posterior, yo personalmente habría tratado de convencer a la paciente para que se sometiera a este tipo de cirugía. Además hubiera seguido la misma técnica empleada o sea una fusión de luke... Evidentemente toda cirugía conlleva un riesgo, y cuando se trata de tejidos nerviosos, cerebro o médula el riesgo es mayor, pero si sopesamos el riesgo quirúrgico y el riesgo posterior a que estará sometida la paciente, constantemente concluimos que el alto riesgo de esta cirugía habría que tomarlo...”

D. Por último, en el concepto rendido por el Instituto de Medicina Legal (fl. 290 C.3), se determinó que “médicamente el diagnóstico y tratamiento seguido a la paciente fue el correcto” y que “las intervenciones quirúrgicas practicadas eran necesarias para la posible recuperación de la paciente pues el punto de vista más reciente sostiene que debe extirparse por cirugía cualquier punto de presión a nivel del conducto raquídeo, con el objeto de darle a la médula espinal las máximas posibilidades de recuperación”.

2. Las pruebas anteriores acreditan entonces la ausencia de falla del servicio en la atención prestada a la paciente; y demostrada la ausencia de falla en la prestación del servicio médico, la entidad encargada del mismo queda exonerada de responsabilidad patrimonial.

3. Es cierto que está acreditada la existencia del daño sufrido por la paciente y la relación de causalidad de dicho daño con la intervención quirúrgica, lo que hace presumir la falla del servicio en la entidad demandada, en la medida en que el resultado dañoso no era lo normalmente esperado como producto de la intervención médica; y precisamente la circunstancia de que el cumplimiento de la prestación médica estuvo a cargo de la demandada es lo que hace, en virtud de la presunción antes enunciada, que a ella le corresponda acreditar que ésta se desarrolló en debida forma.

En otras palabras, demostrado como está en el sub judice que el servicio se desarrolló diligentemente; o, lo que es lo mismo, evidenciada la ausencia de falla en el servicio, la entidad demandada queda exonerada de responsabilidad, toda vez que, como ha tenido oportunidad de reiterarlo la Sala, la obligación que a ella le incumbe en este tipo de servicios no es una obligación de resultado sino de medios, en la cual la falla del servicio es lo que convierte en antijurídico el daño. Afirmar, como lo señalan los magistrados disidentes, que la demandada sólo podía exonerarse demostrando la ocurrencia una causa extraña como determinante del daño, implicaría considerar que la obligación médica es una obligación de resultado, desconociendo su naturaleza; y determinaría someterla al régimen de la responsabilidad objetiva, lo cual no ha sido nunca afirmado por la jurisprudencia, pues resulta claro que en estos casos el riesgo que representa un tratamiento médico se asume por el paciente y es él quien debe soportar sus consecuencias cuando ellas no puedan imputarse a un comportamiento irregular de la entidad prestadora del servicio.

Pretender que cuando la institución médica decide realizar determinada intervención con el consentimiento del paciente, por considerar que es la más adecuada para recuperar su salud, ella corre con los riesgos que dicha intervención acarrea, como lo afirma la parte actora en su recurso de apelación, implicaría asimilar la actividad médica al régimen de las actividades peligrosas en las cuales la responsabilidad se deduce simplemente del riesgo que el responsable crea en su provecho o para su beneficio; aquí, por el contrario, el riesgo que la intervención conlleva se toma es sólo en favor de la víctima.

La doctrina ha explicado el punto de la siguiente manera:

“i) La presunción de responsabilidad por actividades peligrosas se explica de la siguiente manera: cuando el hombre utiliza en su propia labor una fuerza extraña (máquinas, sustancias azarosas o nocivas) aumenta la suya y rompe el equilibrio natural frente a sus semejantes a quienes coloca en inminente peligro (estado de inseguridad) de recibir lesión, aunque desarrolle tal actividad observando toda la diligencia que ella exige. Parte del supuesto de que una persona ejercita una actividad que lo beneficie (de manera egoísta, si se quiere) aunque resulte socialmente útil; y que al hacerlo crea el riesgo de dañar otra. Es el caso típico de la conducción de automotores.

ii) Nada resulta más contrario al ejercicio de la actividad médica. Porque si bien el médico puede prestar sus servicios directamente sobre el cuerpo humano y en su intento de curar al enfermo lo interviene y produce alteraciones, laceraciones y mutilaciones mediante el empleo de medicamentos, instrumentos y procedimientos quirúrgicos, lo hace precisamente para establecer la salud del paciente, para aliviar a los padecimientos en que consiste su dolencia, para curar el mal que lo aqueja, en fin para conjurar un estado de cosas perjudicial” (Felipe Vallejo, La responsabilidad civil médica, Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, Nº 300-301, mayo-noviembre 1993, pág. 62).

Y acerca de la naturaleza de la responsabilidad médica, la Sala, en sentencia del 13 de julio de 1995 (Exp. 9220, actor Marta Pérez, ponente, Carlos Betancur Jaramillo) dijo:

“Acerca del alcance esta obligación de medios, que consiste en otorgar al paciente atención oportuna y eficaz, la Sala ha dicho que ella “obliga al profesional de la medicina y a los centros de atención a proporcionar al enfermo todos aquellos cuidados que conforme a los conocimientos científicos y a la práctica del arte de curar son conducentes para tratar de lograr el fin deseado, siendo igualmente cierto que no se puede ni debe asegurar la obtención del mismo”. (Sent. abr. 18/94, exp. 7973, demandante: Gonzalo Antonio Acevedo Franco, ponente: Julio César Uribe Acosta).

3. Ahora bien, teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación que no permite garantizar el resultado esperado (la curación del paciente), y tal resultado no se obtuvo a la entidad demandada le correspondía, para eximirse de responsabilidad, demostrar que, no obstante no haberse alcanzado el resultado, como quedó dicho, cumplió adecuadamente con su obligación, pues como también lo ha sostenido la Sala, es el profesional médico quien está en condiciones de poder demostrar que su conducta fue idónea, siendo por el contrario extremadamente difícil que el propio paciente logre acreditar que la conducta del profesional fue inadecuada.

4. La determinación de la carga de la prueba en la entidad demandada, precisa la Sala, en forma alguna desconoce la naturaleza de medios de la obligación médica, ni la torna en objetiva; ni desconoce que los pacientes pueden no obstante haber sido tratados adecuadamente sufrir consecuencias dañosas, distintas a las que se esperaba obtener. Por el contrario, es en razón de dicha naturaleza que, acreditado el daño sufrido por la víctima y su relación de causalidad con la acción u omisión de la entidad encargada de prestar el servicio, si dicha entidad demuestra que cumplió adecuadamente con su obligación, esto es que obró diligentemente poniendo los medios a su alcance para la curación del paciente, dicha demostración la exonerará de responsabilidad, pues quedará establecido que no fue su acción la que causó el perjuicio.

Al respecto, la Sala en sentencia del 3 de febrero de 1995, expediente 9142, actor: Virginio Durán Rizo, ponente: Carlos Betancur Jaramillo dijo:

“La demostración de diligencia que incumbe en estos casos a la parte demandada, permite entonces destruir la relación de causalidad que en principio demuestra el demandante al acreditar que el perjuicio sufrido tuvo como causa el servicio prestado por ella. A él le incumbe, según se dijo antes, demostrar que el daño tuvo como origen el servicio médico prestado por la entidad demandada; y probado este supuesto la carga de desvirtuarlo le corresponde a ésta”.

4. Ahora bien, el hecho de que en el proceso no se hubiese establecido cuál fue concretamente la causa científica que generó la consecuencia perjudicial sufrida por la paciente, no implica que no pueda darse por establecida la ausencia de falla del servicio como causal exoneratoria de responsabilidad para la demandada.

Probar ausencia de falla no significa demostrar cuál fue concretamente la circunstancia que determinó la producción del daño. La carga que incumbe en estos eventos a las entidades oficiales prestadoras de servicios médicos y que se les impone en desarrollo de la falla que en su contra se presume, se limita a demostrar que su conducta fue diligente y que el daño sufrido por la víctima no fue producto de inatención o de atención inadecuada; ello implica, finalmente, deducir que los riesgos propios de la intervención médica, que no permiten que sobre ella se configure una obligación de resultado, se presentaron y fueron los causantes del daño.

Por tal razón, se ha dicho que la prueba de la ausencia de culpa no puede ser nunca en realidad una prueba perfecta, en la medida en que lo que se evidencia, mediante la demostración de la diligencia y del adecuado cumplimiento de las obligaciones de la entidad médica, es simplemente que el daño no ha tenido origen en su falta, sin que tenga que demostrarse exactamente cuál fue la causa del daño recibido por el paciente, pues si se exigiera esta última demostración, se estaría pidiendo la demostración de una causa extraña, que es la causal de exoneración propia de los regímenes objetivos responsabilidad.

Sobre este punto la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 30 noviembre de 1935, con ponencia del Doctor Eduardo Zuleta Ángel, G.J., números 1.905 y 1.906 XLIII, pág. 182 ha dicho:

La prueba de la ausencia de culpa consiste en eliminar, sucesiva y completamente de la conducta de un individuo, si no todas las culpas humanamente posibles, cualesquiera que ellas sean, por lo menos todas aquellas que, dadas las circunstancias concretas del caso, habrían sido por su naturaleza determinantes del hecho perjudicial determinado.

Cuando se trata de la ausencia de culpa, en efecto, es necesario no olvidar que la causa permanece desconocida, porque cuando es conocida no se prueba la ausencia de culpa, se prueba el hecho preciso, generador del daño que excluye la culpa. Si la causa es imposible de descubrir, todo lo que se puede hacer es mostrar que, cualquiera que sea la causa, no podría consistir ella en una culpa del individuo cuya responsabilidad está en juego. Por lo cual él demostrará que no se ha hecho culpable de las culpas que, de costumbre, son cometidas en semejante ocasión; o más bien indicará las precauciones que ha tomado, lo que dará a la prueba su aspecto positivo. La objeción de la negativa indefinida cae, pues, pero al precio de la certeza. Porque es evidente que la prueba perfecta de la ausencia de culpa sería una negativa indefinida. Para escapar a ella, es necesario dejar a la duda un cierto campo; demostrar que tales o cuales culpas no han sido cometidas no prueba que tal otra, en la cual no se piensa, no lo haya sido. De suerte que, por paradójico que ello parezca, la prueba llamada de ausencia de culpa no es más que una prueba imperfecta e indirecta: imperfecta porque no da la certeza absoluta de lo que ella pretende establecer; indirecta, pues sin precisar la causa del daño tiende a certificar por eliminación que no es una culpa”.

4. De otro lado, se precisa que el hecho de la ruptura de la membrana denominada duramadre, ocurrido en la primera intervención quirúrgica y registrado por el propio médico tratante en la historia clínica; y que, tal como aparece demostrado en las pruebas antes mencionadas, no tuvo incidencia en el daño sufrido por la víctima, tampoco puede considerarse como una culpa médica que constituya falla en el servicio y comprometa la responsabilidad de la entidad demandada

No todo error o equivocación puede considerarse como culpa del médico o falla en el servicio. Si bien es cierto que al médico por la especial naturaleza de su oficio, en el cual se involucra la vida humana, debe exigírsele una especial prudencia y diligencia, no es menos cierto que si en el proceso aparece probado que un médico especialmente prudente y diligente habría podido incurrir en el mismo error, es claro que no puede endilgársele culpa, en la medida en que aquí la culpa sólo puede deducirse cuando comparado el comportamiento del responsable con el que en abstracto habría tenido una persona diligente, la conducta del primero pueda ser susceptible de un juicio reproche. En este punto señalan los hermanos Mazeaud que la pregunta que debe formularse el tribunal es: “¿un médico prudente colocado en iguales condiciones externas habría obrado como el autor del daño?”.

El comportamiento del médico y de la institución prestadora del servicio, sólo pueden ser juzgados teniendo en cuenta de una parte la denominada lex artis, lo que, de acuerdo con lo expresado en la obra “La práctica de la medicina y la ley”, implica tener en cuenta “las características especiales de quien lo ejerce, el estado de desarrollo del área profesional de la cual se trate, la complejidad del acto médico, la disponibilidad de elementos, el contexto económico del momento y las circunstancias específicas de cada enfermedad y cada paciente”; razón por la cual se comparten las apreciaciones de la misma obra en la que se señala que “no se puede pedir a ningún médico, como no se puede hacer con ningún otro miembro de la sociedad, el don de la infalibilidad. De lo contrario, todas las complicaciones posibles y las muertes probables deberían ser “pagadas” por los profesionales de la salud, lo cual es absurdo. Lo que se juzga no es en realidad un resultado inadecuado, sino si ese resultado se origina en un acto negligente que no sigue las reglas del arte del momento, habida cuenta de la disponibilidad de medios y las circunstancias del momento en el cual se evalúe el caso”. (La práctica de la medicina y la ley, Fernando Guzmán Mora, Eduardo Franco Delgadillo y Diego Andrés Roselli Cock, Biblioteca jurídica Diké, 1ª edición, 1996, págs. 53 y ss).

Si está demostrado, entonces, que la ruptura de la duramadre ocurrida en la intervención quirúrgica practicada a la paciente (que no se considera tampoco causa eficiente del daño), constituye una circunstancia que se presenta con frecuencia en este tipo de intervenciones, tal como lo expusieron médicos que rindieron declaración en el curso del proceso, su ocurrencia no puede entonces considerarse como producto de una conducta negligente ni determinar una falla en el servicio, sino simplemente como la verificación de un riesgo connatural a este tipo de intervenciones.

Y no puede tampoco dejar de señalarse aquí, que la falla del servicio debe entenderse configurada sólo cuando teniendo en cuenta las posibilidades concretas de atención con las que contaba la administración servicio, éste fue prestado inadecuadamente, pues, como lo ha dicho la Sala, la falla del servicio no puede predicarse de un estado ideal sino que debe ser relativa a las circunstancias concretas en que dicho servicio se desarrolla. Razón por la cual, deberá concluirse que la prestación del servicio fue diligente en los casos en que, como lo ha dicho la Sala, los médicos y demás profesionales que tengan relación con el enfermo le ofrezcan “los recursos técnicos que se encuentran a su alcance, de tal forma que, sin avalar su supervivencia, si le garanticen a cada paciente los mejores y más oportunos auxilios de medicina, laboratorio, cirugía, farmacia, etc., sometidos, desde luego a la capacidad técnica real del establecimiento respectivo”. (Sent. mar. 26/92, exp. 6654, ponente: Daniel Suárez Hernández).

En sentencia del 11 de octubre de 1990 (exp. 5737) la Sala precisó el concepto de la falla relativa del servicio, de la siguiente manera:

“La Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el carácter de relativo que presenta la falla del servicio y ha señalado que para hablar de ella hay que tener en cuenta la realidad misma, el desarrollo, la amplitud y la cobertura de los servicios públicos y que ella no puede tener la misma extensión en un país desarrollado, que en uno como el nuestro que apenas está en vía de desarrollo.

Es cierto que en los términos del artículo 16 de la Constitución Política las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes y que a partir de este texto se fundamenta la responsabilidad del Estado, pero también lo es que esa responsabilidad no resulta automáticamente declarada cada vez que una persona es afectada en tales bienes, pues la determinación de la falla que se presente en el cumplimiento de tal obligación a que llegue el juzgador acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como se hubieren sucedido los hechos así como a los recursos con que contaba la administración para prestar el servicio para que pueda deducir que la falla se presentó y que ella no tiene justificación alguna, todo dentro de la idea de que “nadie es obligado a lo imposible”.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Confírmase en todas sus partes la sentencia proferida por el tribunal administrativo de Caldas, el 24 de enero de 1994.

Cópiese, notifíquese, devuélvase y publíquese en los anales.

Carlos Betancur Jaramillo, Presidente Sala—Jesús María Ballesteros—Juan de Dios Montes Hernández—Daniel Suárez Hernández—Ricardo Hoyos Duque.

Lola Elisa Benavides López, Secretaria.

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