Sentencia 9478 de mayo 6 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

•SALA DE CASACIÓN PENAL

FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO

COMETIDA POR PARTICULARES

EXTRACTOS: «En cuanto a las inquietudes expuestas por el señor Procurador Delegado, la Sala comparte su criterio de que efectivamente un particular pueda cometer falsedad en documento público, ya que además así lo tiene previsto la ley.

Los juzgadores de instancia dieron por descartado que en el presente asunto se tipificara el delito de falsedad material de particular en documento público sobre estos razonamientos:

“...un particular no puede válidamente ser sujeto activo (sic) punible de falsedad en documento público, toda vez que de acuerdo a lo previsto en el artículo 251 inciso 3º del Código de Procedimiento Civil, documento público es el otorgado por funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención...” (fl. 199 cdno. 4).

Para aclarar el punto, ante todo es indispensable tener en cuenta algunos conceptos básicos que han sido ampliamente ilustrados por la doctrina y que para el caso específico, es necesario traer a colación.

De un lado, la falsedad como tal, en cualquiera de sus modalidades, es genéricamente aquella conducta mediante la cual el agente pretende hacer aparecer como verdadero aquello que en realidad no lo es.

Entratándose de falsedad material, particularmente, ésta consiste en la creación total de un documento falso, o en la imitación de uno que ya existe, simplemente en la alteración del contenido de un documento auténtico. Esa formación total o parcial, puede recaer tanto en documento público como en privado.

Sobre este aspecto, se ha dicho que la falsedad total o propia, es aquella en la cual el sujeto activo crea en su integridad el documento, tanto el contenido como su procedencia, también llamada por algunos genuinidad (tenor), de modo que lo suscribe quien en realidad no lo elaboró o se le hace aparecer como si proviniese de allí.

La segunda forma de falsedad material es la llamada parcial o impropia, que consiste en la creación de alteraciones en un texto ya confeccionado, de tal manera que se le agregan o suprimen algunos aspectos de su contenido.

En el caso concreto de la conducta que describe el artículo 220 del Código Penal, que sanciona al particular que falsifique materialmente documento público, resulta plenamente viable que en el caso de confección total del mismo quien así actúa se haga acreedor a la sanción prevista en la mencionada norma.

La Sala no comparte la tesis de que un particular, por no tener función certificadora o documentadora, no incurra en esta conducta cuando crea totalmente un documento público y si cuando lo altera parcialmente. Si de lo que se trata es de proteger la fe pública y por ende la confianza de los asociados, resulta menos que lógica una conclusión de esa naturaleza, porque, precisamente el agente se está aprovechando del crédito que su calidad “pública” genera en la comunidad para introducir al tráfico jurídico un documento con tal apariencia y de esa manera obtener su propósito a sabiendas de que sólo es posible mediante la utilización de un documento con esas características.

De modo que si se regresa al concepto genérico de falsedad —hacer aparecer como real algo que no lo es— no queda descartada la hipótesis de la que se viene hablando, porque precisamente se está haciendo aparecer como público, un documento que en realidad no lo es.

De ahí que también resulte absurdo que el reproche sea menor para quien crea totalmente un documento público falso que para quien lo altera parcialmente.

Los anteriores argumentos sirven a la vez de precedente, para que la Sala manifieste su disentimiento con los falladores de instancia al condenar a los procesados por el delito de falsedad en documento privado sobre la base, se repite, de que no pueden ser sujetos activos de esta conducta por no estar investidos de la calidad de funcionarios públicos.

Si se analiza de una manera global el material probatorio obrante en autos y sin hacer referencia a algún procesado en particular, allí aparece claro que se alteraron copias de registros de defunción que además luego eran autenticados; se elaboraron integralmente registros de matrimonio y bautismo, así como informes de accidentes de tránsito, documentos que fueron puestos en circulación por los sentenciados y con ello engañaron a la compañía para obtener el beneficio ya conocido. Ante estas circunstancias, indudablemente se encuentra tipificada la conducta descrita en el artículo 220 del Código Penal».

(Sentencia de casación, mayo 6 de 1997. Radicación 9478. Magistrado Ponente: Dr. Carlos E. Mejía Escobar).

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