Sentencia 9486 de septiembre 24 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Sentencia 9486 de 1999 

Magistrado Ponente:

Dr. Daniel Manrique Guzmán

Santafé de Bogotá, D.C., sepetiembre 24 de 1999.

EXTRACTOS: «Impuesto de industria y comercio - intereses, dividendos, arrendamientos.

La controversia planteada se concreta en determinar si los ingresos adicionados por la administración (...) provenientes de las actividades de inversión (recepción de dividendos, rendimientos financieros, arrendamientos, utilidad en venta de inversiones y corrección monetaria) de la actora durante el año 1993, forman parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio como lo sostienen la entidad oficial, el a quo y el Ministerio Público, o si por el contrario, dichos ingresos están excluidos de la base del gravamen discutido.

La sociedad demandante a lo largo del proceso manifestó que, a su juicio, las inversiones de sus fondos o disponibilidades no hacen parte del objeto de la sociedad, sino simplemente son el desarrollo gerencial de la misma e indicó que los ingresos por dividendos e intereses no pueden entenderse como actividades del giro ordinario de la sociedad y mucho menos tratarse como ingresos por actividad industrial, comercial o de servicios.

(...).

El artículo 20 del Código de Comercio califica como “mercantiles” “para todos los efectos legales”, entre otros, “el recibo de dinero en mutuo interés, con garantía o sin ella, para darlo en préstamo y los préstamos subsiguientes...” (20-3), “la adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a arrendarlos” (20-2), la “intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, los actos de administración de las mismas o la negociación a título oneroso de las partes de interés, cuotas o acciones” (20-5) y el giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos valores, así como la compra para reventa, permuta, etc., de los mismos” (20-6). En el caso el objeto de la sociedad, en los términos del artículo 100 del Código de Comercio es exclusivamente industrial y comercial, pues dicha sociedad no ha contemplado la posibilidad de ejecutar actividad civil.

Así las cosas, la Sala encuentra que los cuestionados ingresos provienen de las citadas actividades de inversión realizadas por la sociedad actora, que hacen parte del objeto social de la misma, el cual, como ya se dijo, incluye expresamente la “inversión de sus fondos o disponibilidades en bienes muebles o inmuebles y la adquisición de acciones cuotas o partes de interés de cualquier tipo de sociedad, bonos, papeles de inversión, cédulas y cualquier otro valor bursátil o no”.

Al respecto se reitera que tanto la Ley 14 de 1983 como las normas municipales contenidas en los artículos 49 y 50 del Decreto 760 de 1991 (Código de Rentas del municipio de Manizales) incluyen dentro de la base gravable del impuesto de industria y comercio “todas” las actividades comerciales, sin efectuar excepciones (como lo serían los actos de naturaleza civil que pudiera ejecutar la sociedad, a los que parece referirse la exclusión prevista en el artículo 49) y refiriéndose únicamente a unas exclusiones no relacionadas con los ingresos discutidos en esta oportunidad.

(...).

Adicionalmente, el Código de Comercio no sólo enunció los actos que se consideran mercantiles “para todos los efectos legales” (art. 20), sino que además señaló en el artículo 24 que la enumeración contenida en el artículo 20 ibídem es declarativa y no limitativa, pues se dejó la posibilidad de incluir los demás actos y contratos regulados por la ley mercantil (20-19), asimismo el artículo 99 ibídem en relación con la capacidad de la sociedad, prevé que se entenderán incluidos dentro del objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y los que tenían como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivadas de la existencia y actividad de la sociedad; el artículo 100 ibídem dispone que se tendrán como comerciales, para todos los efectos legales, las sociedades que se formen para la ejecución de actos o empresas mercantiles; y el artículo 110-4 ibídem establece que el objeto social es la empresa o negocio de la sociedad, aspectos que amplía el ámbito de lo que, según la Ley 14 de 1983 debe entenderse por “actividad comercial”, pues el concepto de “empresa” está definido en el artículo 25 del Código de Comercio como “toda actividad económica organizada” por la realización del proceso económico.

Con base en las razones expuestas, no existe fundamento legal alguno para afirmar la exclusión de los ingresos provenientes de actividades diferentes a la meramente industrial, si la sociedad, acorde con su objeto social, también ejerce actividades calificadas como comerciales, según se precisó anteriormente. No sobra hacer notar que la sociedad sólo puede ejecutar los actos directa o indirectamente contenidos dentro del objeto social y que todos los actos realizados por la sociedad en desarrollo del objeto social reciben de manera obligada la calificación legal de mercantiles.

(...).

En consecuencia, la Sala procederá a confirmar la sentencia de primera instancia, no estando llamado a prosperar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora. (C.E. Sent. 9486, sep. 24/99. M.P. Daniel Manrique Guzmán)».

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