Sentencia 9500 de mayo 13 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SOLIDARIDAD POR OBLIGACIONES LABORALES

ENTRE CONTRATISTA Y DUEÑO DE LA OBRA

EXTRACTOS: «Se halla fuera de la discusión jurídica propuesta, el punto relativo a que el contratista independiente que se compromete con el contratante a construir una obra, es el patrono directamente responsable de los derechos laborales correspondientes a los trabajadores que debió vincular para ejecutar la prestación. Tampoco se cuestiona que el beneficiario o dueño de la obra sin ser empleador de estos operarios, por virtud legal es responsable solidario de sus salarios, prestaciones e indemnizaciones, a menos que la obra contratada sea extraña a su actividad normal.

El problema radica en definir el alcance de tal especie de solidaridad, particularmente en lo que hace al cobro judicial de los derechos laborales en juego. A este propósito ha de advertirse en primer término que conforme lo preceptúan los artículos 1568 y 1571 del Código Civil, la solidaridad pasiva supone que el acreedor está facultado para exigir el total de la deuda a cada uno de los deudores y podrá dirigirse contra todos éstos en conjunto o contra cualquiera de ellos a su arbitrio. Esta índole de la solidaridad permite inferir en principio, que si se reclama la obligación a uno de los deudores, no es indispensable citar al juicio a los demás para integrar debidamente el contradictorio necesario.

Sin embargo, no es dable trasladar en términos absoluto esta conclusión a la materia laboral, ya que la naturaleza misma de las relaciones jurídicas puede excluirla, máxime si se toma en consideración que con arreglo a las normas procedimentales que desarrollan el derecho de defensa, “cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujeto de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas ...” (CPC, art 83), de forma que se garantiza que quien pueda verse afectado en sus intereses por la decisión que en determinado asunto deba emitirse por la administración de justicia, ha de ser convocado al proceso, a fin de que tenga la posibilidad de exponer si lo desea su punto de vista, sus razones o justificaciones.

Así, tratándose del contratista independiente, éste es el obligado directo frente al trabajador, el responsable último, el sujeto de la relación sustancial, de modo que si cancela la deuda ésta se extingue en forma definitiva, excluyéndose cualquier posibilidad de repetición, al paso que el beneficiario sólo es obligado indirecto, extraño a la relación de trabajo generadora en sí, el garante de una deuda ajena, de ahí que si llega a cancelar el débito laboral al operario surge a su favor el derecho de repetición ante el contratista, para obtener el reembolso de lo pagado con intereses e indemnización de perjuicios si es el caso.

Se desprende por lo tanto, que si el contratista es demandado único, no es forzoso llamar al beneficiario, pues en la hipótesis de prosperar el reclamo no surge derecho de repetición en contra de éste, de forma que el fallo no lo afecta. En cambio no procede demandar sólo al beneficiario pues resulta indispensable citar al contratista para integrar el contradictorio, en vista de que éste es el sujeto directo de la relación jurídica y se vería afectado en todo caso, dada la viabilidad legal de la repetición, en el evento de una decisión desfavorable.

Ahora bien, la garantía legal de erigir en deudor solidario al dueño de la obra, desde un enfoque procesal se traduce en la facultad del trabajador de demandar sus derechos laborales solo al contratista o incluir como codemandado al beneficiario, de manera que si el trabajador interesado se dirige exclusivamente al contratista y la justicia profiere decisión condenatoria, el afectado único es éste, pues las decisiones judiciales tienen un efecto exclusivo ínterpartes.

Además, por las razones superiores que anota el censor, se impone concluir que ello impide que en otro proceso el trabajador interesado persiga la solidaridad del beneficiario, como ocurrió en el asunto de los autos, ya que a éste se le conculcaría el derecho constitucional que le asiste de controvertir los aspectos probatorios y sustanciales relativos a la relación jurídica con base en la cual se produjeron las condenas cuya extensión se persigue. Y si se buscara proponer de nuevo al beneficiario estos temas en diferente juicio, resultaría indispensable vincular al contratista pues, en reiteración de lo arriba expuesto, éste no podría quedar desligado de un debate judicial relativo a una relación sustancial en la que fue sujeto principal y dentro del cual se cobra nada menos que una deuda suya, de suerte que operaría la cosa juzgada. En estos términos se precisa y rectifica en parte el criterio jurisprudencial contenido en el fallo de diciembre 14 de 1970 (Gaceta Judicial, Tomo CXXXVI 2334-2336, págs. 519 a 526).

El tribunal, entonces, transgredió la ley en la forma descrita por el censor, pues vulneró el derecho de defensa de las empresas municipales de Medellín, al extenderle por vía exclusiva de la solidaridad legal el fallo dictado en otro proceso en el que no fue parte, de forma que no tuvo la oportunidad de controvertir los aspectos sustanciales dirimidos en éste.

El cargo, por consiguiente, prospera con la consecuencia de que se anulará el fallo impugnado.

En sede de instancia se advierte que, con arreglo a la demanda, las empresas públicas de Medellín fueron llamadas al proceso con el propósito de que fueran sometidas por la misma sentencia que condenó a Construcciones Domus S.A. a cancelar al actor determinados conceptos laborales, vale decir que no se le dio oportunidad para discutir los supuestos básicos de los derechos impuestos como por ejemplo, la realidad de un nexo contractual laboral, los extremos temporales, la remuneración, las condiciones de empleo, la forma de desvinculación etc. Así las cosas, como la mera solidaridad a que se refieren los artículos 6º de Decreto 2127 de 1945 y 3º del Decreto 2351 de 1965 no permite imponer las condenas de un fallo a una persona que no tuvo la oportunidad de controvertir los supuestos de las mismas, pues de lo contrario se vulneraría su derecho fundamental a la defensa, se impone revocar el fallo del a quo y en su lugar absolver a la demandada».

(Sentencia de casación, mayo 13 de 1997. Radicación 9500. Magistrado Ponente: Dr. Francisco Escobar Enríquez).

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