Sentencia 9526 de abril 24 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación Nº 9526

Magistrado Ponente:

Dr. Francisco Escobar Henríquez

Santafé de Bogotá, D.C., abril 24 de 1997.

EXTRACTOS:«Decisiones de instancia. El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, en audiencia pública de juzgamiento celebrada el 11 de noviembre de 1996, absolvió el Instituto de Seguros Sociales de todas las pretensiones de la demanda inicial. Decisión que revocó el Tribunal Superior del Distrito Judicial que conoció de la apelación interpuesta por la parte actora, para en su lugar condenar a la entidad mencionada a pagar a la demandante María Georgina Bedoya de Arboleda y a los menores Jaime Alonso y Noemí Arboleda Bedoya la pensión de sobrevivientes, a partir del 7 de mayo de 1994, en cuantía no inferior al salario mínimo legal, además la condenó a cancelarles la mesada adicional de diciembre de 1994 y las causadas a partir de 1995, aclarando que tales derechos corresponden a la cónyuge supérstite en un 50% y a los hijos menores representados por aquélla, en un 50%, en forma proporcional. Además autorizó al lSS para deducir la suma de $1.740.620, que reconoció por indemnización sustitutiva, en caso de que esa suma hubiera sido pagada.

En torno a la norma aplicable en este caso el sentenciador de segundo grado estimó que si el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 se aplica e interpreta en forma aislada puede llegarse a soluciones inadmisibles, porque habría lugar a pensiones de sobrevivientes con solo 26 semanas de cotización a la fecha de la muerte del trabajador, o con 26 semanas de aportes en el año anterior a su fallecimiento; en cambio no habría lugar a dicha prestación con 300 o más semanas cotizadas en cualquier tiempo. Fundado en esta razón juzga que el mencionado artículo 46 debe interpretarse sistemáticamente, en concordancia con los artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional; el preámbulo y los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 10, 11, 12, 13 y 33 parágrafo 1º de la mencionada Ley 100, en aplicación del principio de favorabilidad y porque el juez laboral por mandato constitucional debe tener en cuenta la situación más favorable al trabajador.

Apoyado en las anteriores razones el tribunal concluyó que en este caso son aplicables las reglas del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, específicamente el artículo 25, que por ser más favorable se aplica preferencialmente y también porque la Ley 100 de 1993 conservó todos los derechos y garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos, establecidos en disposiciones anteriores, además porque esa normatividad ordenó tener en cuenta la suma de semanas cotizadas con anterioridad a su vigencia.

El recurso de casación

Persigue la casación total de la decisión de segundo grado impugnada, con el propósito de que la Corte actuando en sede de instancia confirme en su integridad la sentencia dictada por el juez del conocimiento.

Con la finalidad antedicha el censor presenta un cargo único que no tuvo réplica, orientado por la vía indirecta, en el que denuncia la aplicación indebida de los artículos 6º, 25 y 26 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, 53 de la Constitución Nacional; en relación con los artículos 71 de la Ley 90 de 1946, 13 y 48 de la Constitución Nacional, 1º, 2º, 3º, 4º, 10, 11, 12, 13, 14, 35, 48 y 142 de la Ley 100 de 1993.

La demostración del cargo inicia señalando que los hechos básicos del proceso son evidentes, por cuanto están debidamente probados y no son discutidos por las partes; además estima que las normas aplicadas son claras y que el tribunal no les dio ninguna exégesis equivocada, pero que al acogerlas de una manera inconducente dejó de aplicar los artículos 13 y 46 de la Ley 100 de 1993.

Acerca de este punto menciona que uno de los hechos no discutido es al atinente a que el asegurado fallecido no sufragó siquiera veintiséis cotizaciones dentro del año inmediatamente anterior al día de su muerte y anota que la controversia se suscita en la determinación de cuál es el régimen aplicable a esta situación, pues de acuerdo con el previsto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, la parte actora no tendría derecho a la prestación reclamada, mientras que el regulado por el artículo 25 del Acuerdo 049 de 1990 lo favorece por tener cumplidas las exigencias que esta norma prevé para la configuración del derecho a la pensión de invalidez solicitada.

Al respecto menciona que el sentenciador ad quem resolvió aplicar el régimen previsto en el artículo 25 del Acuerdo 049 de 1990 y demás normas concordantes por estimar que son las mas favorables a los intereses de los asegurados y por constituir la única forma de que estos adquieran el derecho a la pensión aludida, sin la cual no se cumpliría la universalidad que es esencial al sistema de seguridad social. En apoyo de esta aseveración transcribe un aparte de la sentencia de segundo grado en la que están resumidas las conclusiones esenciales.

Expuesto lo anterior el censor se muestra inconforme con la decisión referida pues a su juicio en este caso son claramente aplicables los artículos 13 y 46 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con sus artículos 49, 151 y 289, pues argumenta que existe una regla máxima para la aplicación de la ley según la cual siendo claro el sentido de la ley no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu, toda vez que el desconocimiento de este postulado conduciría a que los jueces se conviertan en legisladores con lo que se quebranta la estructura del estado de derecho.

Agrega a lo anterior que tampoco es de recibo la aplicación hecha por el juzgador del principio de favorabilidad previsto en el artículo 53 de la Constitución Nacional, en razón a que este precepto permite que se elija la situación más favorable en caso de duda en la aplicación o interpretación de las fuentes formales de derecho, por ello aduce que no puede aceptarse la decisión del tribunal en este asunto de considerar que hay lugar a la pensión reclamada con base en las reglas del Acuerdo 049 de 1990.

Igualmente señala la objeción la improcedencia de la invocación del principio de universalidad porque el sistema de seguridad social reconoce y paga sus prestaciones cuando dio una afiliación y el asegurado cumplió estrictamente los requisitos de ley; por ello asegura que de la sola circunstancia de que los demandantes sean habitantes del territorio nacional y de que hayan visto afectada su capacidad económica con la muerte del asegurado, no puede deducirse que se les deba reconocer y pagar una pensión de sobrevivientes, aunque la ley directa y claramente aplicable determine en que evento no existe derecho a una prestación.

También apunta que en este caso es aplicable la Ley 100 de 1993 por cuanto el fallecimiento del trabajador tuvo lugar el 7 de mayo de 1994 y este articulado entró a regir para el sistema de pensiones el 1º de abril de 1994 y reseña sobre este mismo punto que el artículo 289 de esta normatividad dispone que entrará a regir a partir de su publicación dejando a salvo los derechos adquiridos.

En desarrollo de esta afirmación aduce que no cabe mencionar que la pensión demandada era un derecho configurado cuando entró en vigencia la Ley 100, porque esto implicaría el absurdo de obtener el derecho a la pensión de sobrevivientes antes de la muerte del causante y concluye, fundado en el artículo 46 de la mencionada Ley 100, que los accionantes no adquirieron la prestación porque el trabajador estaba desafiliado del seguro cuando ocurrió su fallecimiento, sin que tuviera cotizadas 26 semanas durante el año anterior al surgimiento de esta contingencia.

Se considera

El sistema de seguridad social integral regulado por la Ley 100 de 1993 fue establecido por el legislador en desarrollo de los postulados previstos en el artículo 48 de la Constitución Nacional, con el propósito, entre otros, de beneficiar a toda la población colombiana mediante las prestaciones económicas y de salud determinadas expresamente en su articulado; pero por razones de orden presupuestal esta finalidad en un comienzo no tiene aplicación absoluta, por ello está previsto que este régimen amplíe progresivamente su cobertura conforme lo permite el inciso 3º de la norma constitucional referida.

Esto no significa que en desarrollo del principio de universalidad se permita obviar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para la causación de los derechos conferidos a los afiliados cotizantes al sistema de pensiones, puesto que la propia Carta Política, fuera de prever como ya se observó la ampliación progresiva de la seguridad social, delegó en el legislador la fijación de las reglas que la gobiernan, de forma que es la ley la que establece los supuestos y requisitos de las prestaciones.

Bajo estos presupuestos es del caso señalar también que el sistema general de pensiones consagrado en la mencionada Ley 100 de 1993 comenzó a regir a partir del 1º de abril de 1994, sin que se encuentre establecido en él un régimen de transición para la pensión de sobrevivientes; de modo que no es viable la aplicación de normas anteriores referentes a este tema cuando la muerte del cotizante tuvo ocurrencia después de la fecha anotada, en virtud del principio de la aplicación inmediata de la ley y su efecto retrospectivo característicos de las disposiciones laborales, acogido en el artículo 11 de la normatividad en comento.

Es así que el derecho a la pensión de sobrevivientes reclamada por su propia naturaleza nace con la muerte del asegurado, de ahí que el cumplimiento de la densidad de semanas requeridas para su causación bajo la vigencia de normas anteriores no sea suficiente para su actual configuración, porque el nuevo ordenamiento modificó las exigencias para que se originara tal garantía, de manera que en esas condiciones no es procedente invocar un derecho adquirido por parte de los sobrevivientes del afiliado que falleció cuando se encontraban rigiendo nuevas disposiciones que regulan de manera distinta el tema.

Estas apreciaciones no contradicen la favorabilidad invocada por el tribunal para sustentar su decisión, pues aun admitiendo la aplicabilidad de los principios rectores del estatuto del trabajo (C.N., art. 53) a la materia de la seguridad social, cobijada por postulados diferentes (C.N. art. 48), es claro que “la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho”, citada específicamente por el fallador, sólo tiene cabida frente a preceptos laborales vigentes, mas no regula el tránsito de normatividad.

La acusación en consecuencia es fundada pues demuestra que el sentenciador de segundo grado aplicó indebidamente en este asunto los artículos 6º y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, puesto que la muerte del asegurado tuvo ocurrencia bajo la vigencia de la Ley 100 de 1993, cuyo artículo 46 establece que le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes al grupo familiar del afiliado que fallezca mientras se halle cotizando al sistema y hubiere aportado un mínimo de 26 semanas al momento de morir o de la persona que habiendo dejado de cotizar el sistema hubiere efectuado aportes de por lo menos 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca su deceso, requisitos que de acuerdo con la decisión acusada no se presentaron en este caso».

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