Sentencia 9529 de abril 6 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

FALLA DEL SERVICIO

NEGLIGENCIA DE LA POLICÍA EN CASO DE HURTO

EXTRACTOS: «La responsabilidad patrimonial de la demandada por el daño antijurídico sufrido por el señor Jorge Armando Páez Ubaté, con ocasión del hurto del cual fue víctima el 12 de diciembre de 1988, aparece comprometida como consecuencia de la falla en la oportuna prestación del servicio por parte de la Policía Nacional, a pesar de haber sido avisada de la comisión del ilícito en el momento en el cual se perpetraba.

De excepción resulta el testimonio de la señora L..., vecina del sector en el cual estaba ubicado el establecimiento de comercio en el cual se perpetró el hurto y quien avisó al CAI del barrio Venecia, sobre lo que sucedía. Relató esta declarante:

“A las cinco y medida de la mañana, en el mes de diciembre no recuerdo de hace como dos años, ese día escuché un ruido de una reja el cual yo me levanté a mirar de dónde provenía el ruido de la reja y me dí cuenta que venía el ruido de la reja del edificio de enfrente cuando de pronto estacionaron un bus verde y abrieron la reja nuevamente cuando vi unos tipos sacando cajas en ese momento llegué y llamé inmediatamente al CAI y avisé que estaban unos tipos sospechosos dentro de un edificio, que estaban sacando cosas, que parecían que eran ladrones; me pidieron la dirección, los guíe porque no sabía la dirección del edificio. Volví a asomarme a la ventana sin que se dieran cuenta los tipos y me dí cuenta que eran muchos hombres los que subían y bajaban con máquinas, que estaban armados. Volví y llamé al CAI, de Venecia que queda a casi dos cuadras donde estaban haciendo el robo, inclusive me porté hasta de mal genio con los policías porque nada que aparecían y me acuerdo que los traté mal. Cuando volví a asomarme a la ventana los tipos bajaban con máquinas y cargaron todo y cerraron la reja nuevamente. Ahí fue cuando yo llamé al señor Héctor, no recuerdo el apellido, que él tenía una fábrica en el cuarto piso de ese edificio que estaban robando, para comunicarle lo que había sucedido, pero no contestaban. Estuve esperando que fueran las siete de la mañana que es hora en que llegaba él para avisarle que no fuera a abrir ni a tocar nada porque había robado, pero llegó primero un empleado de él y le dije que le avisara a Héctor que ahí habían robado y que yo lo estuve llamando a Héctor y no lo encontré en el apartamento; entonces él, o sea el empleado, se fue hasta el apartamento, para avisarle a Héctor para que se viniera urgentemente. Yo conocía a Héctor que es el dueño de la fábrica del cuarto piso, cuando en ese entonces apareció el señor del segundo piso, que después supe que se llama Jorge y supe que era a él a quien le habían hecho el robo porque él tenía una fábrica de confecciones para mujer. Los de la policía llegaron como a las siete y media de la mañana, y en lugar de ir a donde sucedieron los hechos fueron a interrogarme a mí ...”.

Esa llamada quedó registrada en el libro de minuta policial del CAI del barrio Venecia, de la cual en lo pertinente obra copia a folios 14 y ss. el cuaderno Nº 2, allí se lee:

“12.12.88, 05:25 Información Línea de 500 posible 9-04. A la hora se recibe una información por línea de 500 donde una señora manifiesta que en la diagonal 49A Nº 51-56 Sur, se encuentra un bus verde y al parecer individuos no reconocidos están efectuando un 9-04, de inmediato se le dio el caso a la patrulla C3AC5...”.

No hay en el proceso una explicación sobre la razón por la cual la policía sólo se hizo presente en el lugar donde se cometía el ilícito, dos horas después de haber recibido el aviso. En efecto, en la minuta de anotaciones se dejó constancia de que la llamada fue recibida a las 5 y 25 minutos de la mañana y la policía sólo llegó al sitio a las 7 y 30 de la mañana, según lo relató la señora L... Si el aviso fue dado al CAI del mismo barrio en el cual se perpetraba el hurto, no hay justificación alguna para que la presencia de la policía sólo se hubiera producido dos horas después de recibirse el aviso. Esa actuación negligente y descuidada constituye una falla en el servicio, porque las autoridades de policía están instituidas para proteger la vida y bienes de los asociados, y tal protección sólo puede lograrse a través de una efectiva y oportuna actuación, la cual brilló por su ausencia en este caso, a pesar de la colaboración ciudadana con la cual se contó.

La existencia del perjuicio sufrido por el demandante con esa falla, también se demostró. En efecto, la declarante que presenció el hurto, da cuenta de que vio cómo la maquinaria y unas cajas eran sustraídas del establecimiento de propiedad del señor Jorge Armando Páez Ubaté. Las pruebas aportadas en cambio, no permiten determinar la cuantía de ese daño, toda vez que no es posible establecer cuáles fueron exactamente los bienes hurtados. Por esa razón, se acudirá al art. 172 del CCA, para condenar en forma genérica a la demandada a pagar al actor la indemnización que resulte liquidada en incidente posterior, el cual se tramitará conforme al art. 137 del Código de Procedimiento Civil, y se sujetará a las siguientes pautas:

1. Por cualquiera de los medios probatorios se establecerá la preexistencia de los bienes que se dice fueron sustraídos del establecimiento de comercio denominado D’Clase Modas, ubicado para la época de los hechos en la diagonal 49 A 51-56 sur, 2º piso, barrio Venecia de esta ciudad.

2. El demandante deberá establecer la propiedad sobre tales bienes, o cualquier otro derecho real principal sobre los mismos elementos hurtados.

3. Se establecerán los valores de los bienes a que apuntan los dos numerales anteriores, para la época de la sustracción.

4. El valor así obtenido se actualizará hasta la fecha del auto que decida el incidente y tendrá intereses del 6% anual sobre el valor histórico a título de lucro cesante de dicho capital.

5. La condena no podrá exceder el valor histórico de $ 28.800.000, pedido en la demanda.

Por último, no se accederá a reconocer indemnización por perjuicio moral, por cuanto en el proceso no se demostró la existencia de tal perjuicio y en tratándose de la pérdida de bienes materiales, ésta no se presume sino que se requiere su prueba fehaciente».

(Sentencia de abril 6 de 1995. Expediente 9529. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández).

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