Sentencia 9536 de mayo 29 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Juan Manuel Torres Fresneda

Aprobado Acta Nº 60.

Rad.: 9536

Santafé de Bogotá D.C., veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTOS: «Siendo lo anterior así, e ingresando al análisis individual de cada cargo, sobre el primero se deben subrayar sus deficiencias técnicas, en la medida en que a la vez se invocan contradictoriamente la omisión en la práctica de pruebas (convocación del ofendido y realización de un avalúo), que apunta a un vicio en la actividad del juez con consecuencias de invalidez sobre lo actuado, con la omisión de una evidencia favorable a los procesados (depósito de una suma de dinero por concepto de resarcimiento), que por corresponder a un falso juicio de existencia por omisión debió invocarse por separado, y bajo el amparo de la causal primera de casación, ya que su consecuencia, de resultar probado, era la de llevar a un fallo de sustitución dentro del cual se conciliara la tasación de la sanción dentro de la proporción que indica el artículo 374 del Código Penal, indebidamente inaplicado.

Pero ni aún salvando la impropiedad que acusa esta confusa forma de alegar, podría encontrar el cargo prosperidad alguna, en cuanto parte el censor de unos supuestos que muy lejos están de ser probados.

Así sucede cuando se afirma que la jurisprudencia de esta Sala impone al juzgador que al conocer la voluntad del procesado de indemnizar perjuicios, cumpla el deber de citar al ofendido y de verificar una diligencia de avalúo, a fin de habilitar el pago ofrecido y con él la reducción de pena derivativa del resarcimiento. Al no hacerlo se sorprendió a los acusados, y se les vulneró el derecho de defensa.

Con esta alegación se olvida el impugnante que su reparo lo concretó respecto de los perjuicios morales, y sobre ellos no ha sido ese el sentido de los pronunciamientos de la Sala, porque primero en fallo de agosto 26 de 1982 (Magistrado Ponente: Doctor Gustavo Gómez Velásquez), que trae a memoria el delegado, dijo la Sala que la autorización del juzgador para que en virtud del artículo 106 del Código Penal señale “prudencialmente” la indemnización del ofendido, se halla precisamente referida al daño moral no valorable pecuniariamente, valga decir al derivado de la aflicción, la congoja o el “pretium doloris” ocasionado con la infracción, y además de modo complementario se añadió que esos.

“... perjuicios morales “puros” o “subjetivos, de que trata el artículo 106 del Código Penal no son en su cuantificación susceptibles de avalúo por peritos: así lo tienen dicho la jurisprudencia y la doctrina. Esa tasación está, pues, reservada al buen juicio del sentenciador, que en cada caso observará lo sucedido realmente para calibrar si existe o no ese dolor intimo y el grado de su intensidad” (cfr. Sent. nov. 16/93, M.P. Dr. Guillermo Duque Ruíz).

También y sobre la contingencia del avalúo en materia de perjuicios, como condicionante de la intervención judicial prevista en el artículo 107 del Código Penal son varios los pronunciamientos de la Sala, uno de ellos, el auto de junio 21 de 1994, con ponencia de quien también sustancia e este fallo donde se anota que...».

______________________________________________