Sentencia 9539 de noviembre 16 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

PRUEBA DEL CONTRATO DE SEGURO

Alcance de la reforma contenida en la Ley 389 de 1997.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

Según el artículo 3º de la Ley 389 de 1997 el contrato de seguro es hoy en día de carácter consensual; así, modificando el artículo 1036 del Código de Comercio dispuso que “el seguro es un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva”. Esta reforma fue trascendental porque vino a solucionar numerosos conflictos que se suscitaron cuando se requería la solemnidad de la póliza para su perfeccionamiento.

Esa misma ley modificó el artículo 1046 del Código de Comercio y a partir del carácter consensual de dicho vínculo estableció, sin embargo, un régimen probatorio especial para demostrar su existencia, consistente en que “el contrato de seguro se probará por escrito o por confesión”; se consagró así una de las excepciones al principio general del derecho probatorio por el cual las partes pueden acudir a cualquier medio de convicción lícito para comprobar los hechos cuya verificación les interesa para defender sus derechos, tal como se desprende de lo dispuesto en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil.

2. A ese respecto es sobresaliente la ilustración que ofrecen los antecedes de la Ley 389 citada, puesto que en el proyecto inicial aparecía el artículo 3º, correspondiente hoy al 2º, en el cual se otorgaba la más absoluta libertad probatoria cuando decía que “son admisibles todos los medios de prueba para demostrar la existencia y condiciones del contrato de seguro”.

Empero, esa amplitud probatoria concebida en principio fue recogida en la ponencia para primer debate porque se estimó “conveniente el establecimiento de un sistema especial de prueba del contrato de seguro, siguiendo las legislaciones de México (L. 1935, art. 19), Argentina (L./1968, art. 11) y Bolivia (C.Co. de 1977, art. 1006). El contrato de seguro podrá probarse por escrito o por confesión, conforme al artículo 3º del pliego (...) No consideramos prudente prever una total libertad probatoria, ya que no habría seguridad jurídica en el país si se pudiese probar un contrato de seguro por testimonios o simples indicios”. En consecuencia, se propuso y así se aprobó finalmente la ley que “el contrato de seguro se probará por escrito o por confesión”.

3. En esa dirección considera la Corte que la nueva ley en su empeño de eliminar la exigencia de la póliza como requisito formal ad solemnitatem necesario para la constitución del contrato de seguro, no quiso tampoco generar, como consecuencia del carácter consensual del mismo, márgenes de inseguridad, ni menos servir de simiente a interminables litigios, y optó entonces por exigir un formalismo ad probationem, como es la presencia de un escrito que aunque no repercute en el perfeccionamiento del mismo, sí incide en la manera como debe demostrarse, al cual agregó también la posibilidad de la prueba de confesión, ampliando en esa medida el régimen legal anterior.

El escrito bien puede ser denominado póliza, cuyo original incluso está obligado la aseguradora a entregar al tomador, “con fines exclusivamente probatorios”, como lo señala el mismo artículo 1046, u otro cualquiera con tal de que sea lo suficientemente idóneo para deducir el acuerdo de voluntades y los elementos esenciales del mismo, sin los cuales “el contrato de seguro no producirá efecto alguno”, como lo previene el artículo 1045 del Código de Comercio, y que permita constatar, como apenas es natural, quiénes son los sujetos contratantes, el objeto, la cobertura, la vigencia y la prima pactada, entre los más connotados.

Es decir, ante la falta de póliza, que es el documento que corresponde expedir con fines meramente probatorios, basta un escrito que sea bastante para deducir la existencia del contrato de seguros en los términos indicados; o en ausencia del escrito que se dé la confesión que sirva de apoyo para establecerlo en sus componentes esenciales.

4. Dicho lo anterior, viene al caso verificar si, como lo propone el censor, el representante legal de la sociedad aseguradora confesó la celebración del contrato de seguro respecto del vehículo de placas SKI-740 de propiedad de la sociedad demandante en el interrogatorio absuelto en el curso de la primera instancia, el cual está integrado tanto por el acta llevada a cabo el 1º de noviembre de 2000, folios 97 a 99 del cuaderno principal, como en la que consta la continuación de la diligencia el 17 de los mismos mes y año, folio 132, donde se admitió que el intermediario de seguros o agente fue autorizado para realizar la inspección del vehículo de propiedad de la sociedad demandante con el fin de determinar su asegurabilidad, la que hizo Colserauto Ltda el día 19 de julio de 1995, tal como consta a folio 8.

Las preguntas y respuestas relevantes son del siguiente tenor:

En la primera parte del interrogatorio, folios 97 y 98, se lee: Preguntado Nº 2: Diga ¿cómo es cierto si o que las inspecciones de los vehículos que obran a los folios 8, 10 y 12 del expediente y que fueron acompañadas a la contestación de la demanda y que se le ponen de presente fueron autorizadas u ordenadas por la compañía que usted representa? Contesto: Con base en los documentos que se me ponen de presente las inspecciones se realizaron en Colserauto S.A. y en las mismas aparece el sello de que fueron entregadas a Colseguros en dicho sello se lee: ‘constancia de recibido no implica aceptación’. Igualmente se puede leer ‘la inspección realizada al vehículo, servirá de base para la aceptación o el rechazo de la solicitud y no implica cobertura inmediata del mismo’. En cuanto al motivo de por qué se practicaron las referidas inspecciones comedidamente solicito al despacho se suspenda esta respuesta por cuanto es necesario hacer las indagaciones en la compañía para poder responder quién las ordenó y por qué se hicieron (...) “Preguntado Nº 8: Sírvase decir ¿cómo es cierto sí o no que la firma Seguros Colcober Ltda actuó como intermediaria para la inspección del vehículo de placas SKI-740? Contesto: Igualmente que la pregunta anterior comedidamente solicito se suspenda la pregunta para indagar sobre lo preguntado. El despacho da lugar a dicha suspensión. Preguntado Nº 9: Sírvase decir cómo es cierto sí o no que la inspección al vehículo de placas SKI-740 no fue rechazada o inadmitida por la compañía que usted representa. Contesto: Conforme a la libertad contractual y en concordancia a lo consignado en la fotocopia de la inspección judicial que se encuentra a folio 8 donde se puede leer que la inspección realizada al vehículo servirá de base para la aceptación rechazo de la solicitud y no implica cobertura inmediata del mismo, la compañía aceptó el riesgo expidiendo la correspondiente póliza posteriormente” (resalta la Sala).

En la continuación del interrogatorio para responder las preguntas aplazadas, se lee, folio 132: Pregunta 2 (leída) Contesto: Sí y aclaro, los intermediarios de seguros solicitan se inspeccionen los vehículos, las cuales son realizadas por Colserauto. Una vez expedidas las inspecciones la compañía analiza el estado de los riesgos, y determina si acepta asegurar los bienes inspeccionados o no. Es la inspección la que sirve de base para que la compañía tenga conocimiento del bien que se pide asegurar. Como es sabido por los intermediarios el hecho de que se inspeccione un vehículo no es sinónimo que la compañía vaya a aceptar el riesgo inspeccionado, como bien se puede leer en las inspecciones en letras mayúsculas y destacada que dice: ‘La inspección realizada al vehículo servirá de base para la aceptación o rechazo de la solicitud y no implica la cobertura inmediata del mismo’ (...) Pregunta 8 (leída) Contesto: Sí y aclaro la inspección fue solicitada según se me informó por la compañía Colcober, reiterando que la póliza nunca fue expedida, esto es, que la compañía no aceptó el riesgo que se había inspeccionado” (resalta la Sala).

5. En esas circunstancias no se advierte la comisión del error manifiesto que se le imputa al sentenciador, el cual se hace consistir en la desestimación de la prueba de confesión sobre la celebración del contrato de seguro entre las partes que, según el censor, deriva de las respuestas antes transcritas.

O sea, conformada dicha prueba tanto por las respuestas dadas inicialmente como por las que se dieron en la continuación de la diligencia, se advierte que el representante legal de la aseguradora, no solo hizo aseveraciones que también dejan entrever que no se perfeccionó el acuerdo de voluntades, sino que ninguno de sus apartes arroja datos sobre todos los elementos esenciales del contrato de seguro supuestamente pactado; inclusive, la mera afirmación de que “posteriormente se expidió la póliza” engastada en una de las respuestas, amén de que se contradice con la que en sentido contrario obra en la ampliación, debe ser apreciada con el resto del interrogatorio de parte y la posición del demandante quien vio fundamentalmente en la práctica de la inspección al vehículo la irremisible consecuencia de la concertación del vínculo jurídico, no obstante la previsión que obra en el documento respectivo (folio 8) sobre que su realización no implicaba la aceptación del riesgo, ni menos el advenimiento inmediato de la cobertura.

6. Por consiguiente, no surge el error manifiesto denunciado por el hecho de que el sentenciador no haya derivado de ese interrogatorio la prueba de la confesión inequívoca de la celebración del contrato de seguro; y aun suponiendo que de allí se puede extraer que medió el consentimiento para el aseguramiento del vehículo, lo cierto es que no arroja ninguna evidencia sobre los términos en que finalmente fue convenido; por ejemplo, no se deduce de las expresiones del confesante el término de vigencia y su iniciación, ni menos la cobertura o el alcance del seguro en materia de pérdida total o parcial del vehículo por hurto, ni la prima pactada.

7. Aparte de lo anterior, observa la Corte lo siguiente:

a) Es cierto que la aseguradora admitió que inspeccionó dos vehículos diferentes, los SKI-200 y SKI-634 y que aceptó su seguro en la misma fecha de la inspección para lo cual expidió las respectivas pólizas, pero de que así haya ocurrido no aflora la prueba del contrato que ha sido objeto de litigio; a lo sumo sería apenas un indicio, prueba que no es de recibo para establecerlo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 389 de 1997.

b) Tampoco se desconoció por el sentenciador lo relativo a la libertad contractual, esto es, el consentimiento de las partes para perfeccionar el contrato de seguro porque en ningún momento exigió que la prueba tenía que ser la póliza como documento ad substantiam actus, simple y llanamente concluyó que no había existido confesión del acuerdo de voluntades de modo suficiente para darlo por establecido; aserto el cual está, como se dijo, en armonía con una valoración integral del referido interrogatorio de parte.

c) Como el tribunal partió del hecho de que no hubo confesión, y no se ha detectado yerro evidente en esa apreciación, tampoco advienen los errores de hecho consistentes en que las condiciones del contrato o los requisitos se encuentran en el documento de inspección del vehículo que obra a folio 8 del cuaderno principal, puesto que en la parte final del mismo se dice expresamente que ella es un requisito previo para la aceptación del riesgo, pero no estructura el vínculo jurídico, per se, cuanto que el asegurador se reservó la facultad de aceptarlo o rechazarlo, y anticipó expresamente que la práctica de aquella no generaba una cobertura inmediata.

d) La conclusión probatoria sobre que hubo retención de la póliza por parte de la aseguradora, por la que aboga aquí la parte impugnante, no está demostrada, y no pasa de ser una afirmación del censor. Tampoco es cierto que el sentenciador haya exigido la presencia del documento donde ella consta, pues lo único que hizo fue desestimar la existencia de la confesión y agregar que las demás pruebas son insuficientes para demostrarlo.

e) Como en sentir del tribunal no hay prueba de confesión suficiente para demostrar la celebración del contrato de seguro, ni se da la aplicación de la cobertura a raíz de haberse practicado la inspección al vehículo cuyo aseguramiento se quería proveer, adviene enseguida inane que el tribunal haya preterido el documento sobre las condiciones generales y específicas del contrato de seguro de vehículos dispuestas en los formatos de la póliza y los anexos por hurto que la aseguradora depositó en la superintendencia bancaria, de conformidad con lo que ordena el artículo 1046, inciso 3º, del Código de Comercio, máxime si en tales documentos tales condiciones se remiten a “los amparos señalados en la carátula”, o sea bajo el supuesto de la expedición de una póliza; y si se consagra allí, como exclusión, “cualquier clase de hurto o sus tentativas, cuando no haya sido contratada la cobertura de pérdida total o parcial por hurto” (cdno. 1, fl. 190 vto).

f) De igual manera, no fluye error porque el sentenciador haya dejado de apreciar el testimonio del representante legal de Colcober Ltda, compañía que actuó como intermediaria, en el que da cuenta que fue quien vendió el seguro a la demandante, o el documento relacionado con la “cobertura de casos-empresas transportadoras de pasajeros programas de seguros: Asotrans-Colcobert”, folios 177 a 184, puesto que, de acuerdo con lo explicado, no son legalmente eficaces para demostrar la celebración del contrato, y menos si en lo que atañe con dicho documento también la aseguradora dejó previa y expresamente establecido que las pautas comunicadas al agente no generaban, per se, ningún vínculo jurídico concreto de carácter individual.

8. Dadas las circunstancias comentadas, y no evidenciándose una confesión paladina del asegurador sobre la celebración del contrato de seguro, ni obrando escrito que dé pie a dar por sentado el consentimiento de las partes, devienen insuficientes las pruebas constitutivas apenas de indicios o las referidas ulteriormente sobre lo que serían las condiciones del mismo; la apreciación del tribunal sobre la falta de prueba del contrato de seguro queda cobijada con la presunción de acierto, y no alcanza a ser desvirtuada con los razonamientos que propone el censor, los que por sus características no son de entidad para demostrar los errores de hecho en la categoría de manifiestos que se exige en casación, ni para sustituir las consideraciones que respaldan el fallo acusado, como si la que ha expuesto el censor fuera la única propuesta admisible en el ámbito probatorio.

9. Por consiguiente, el cargo único no está llamado a prosperar.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 16 de diciembre de 2002, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por la sociedad Flota Chía Limitada contra la sociedad Aseguradora Colseguros S.A.

Condénase en costas del recurso de casación a la parte recurrente, las cuales serán tasadas en su oportunidad.

Notifíquese y devuélvase.

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