Sentencia 9556 de marzo 10 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Ref.: Exp. 9556

Consejero Ponente:

Dr. Juan de Dios Montes Hernández

Santafé de Bogotá, D.C., marzo diez de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTOS: «La indignación y reproche que lo acontecido produjo en la comunidad, sumados a la percepción directa que tuvieron los altos mandos, conllevó a que la policía nacional siguiera al agresor un proceso penal por el delito de lesiones personales, en el que se decretó su detención preventiva. Cumplidas las diligencias de rigor y por iniciativa del fiscal de la causa, se convocó un consejo verbal de guerra; infortunadamente, y pese a las evidencias que lo comprometían, se le absolvió de los cargos que se le imputaban.

La realidad procesal que se recoge en el plenario, en conclusión, ilustra una violación flagrante de la Constitución Nacional, de la ley y de los reglamentos del servicio a cargo de la policía nacional. La falla o falta del servicio que se deduce a la administración, se funda en la conducta absolutamente carente de profesionalismo desplegada por sus servidores, que habiendo sido convocados a enfrentar una simple riña entre vecinos, casi crean un problema de orden público y particularmente, en la conducta desplegada por el servidor público autor del atentado cometido contra la víctima, a quien atacó, pese a encontrarse absolutamente inerme y sometido a su autoridad, haciendo un uso ilegítimo e innecesario de las armas de fuego oficiales, hasta causar el daño a la integridad psicofísica de que dan cuenta estas diligencias.

Visto lo anterior, pues, el proveído objeto del recurso de apelación tiene que mantenerse por estar ajustado a derecho y la realidad procesal, tanto más se advierte que a los autos no se acompaña medio alguno de convicción capaz de liberar la responsabilidad de la entidad pública; en tal virtud, el resarcimiento de los perjuicios ocasionados correrá a cargo del Estado.

El daño inferido a los interesados y la relación de causalidad entre éste y la irregularidad que se le deduce al servicio, están acreditados respecto de la víctima, con los informes oficiales, las copias del proceso penal, la historia clínica y el dictamen de Medicina Legal y; en relación del resto de los demandantes, con el registro civil de matrimonio de H. R. V. y L. J. A. de R., celebrado el 2 de enero de 1963 y con el registro civil de nacimiento de los hijos habidos en esa unión, es decir, E. H., el 24 de octubre de 1963 y J. C. R. J., el 6 de abril de 1966 (fls. 25 a 27 y 127 del c. 1 y cdn. Nº 2)».

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