Sentencia 9559 de octubre 24 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Exp. 9559

Magistrado Ponente:

Dr. Silvio Fernando Trejos Bueno

Bogotá, D.C., veinticuatro de octubre de dos mil cinco.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la demandada contra la sentencia de 12 de septiembre de 2001 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario promovido por Ana Dolores Gómez de Arango contra la Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A.

I. El litigio

1. Busca la demandante que se declare que la sociedad demandada está obligada a pagarle, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1080 del Código de Comercio, por concepto de las pólizas 374918 expedida el 29 de julio de 1991 la suma de $ 71.701.945 y 444952 expedida el 31 de octubre de 1995 la cantidad de $ 17.600.000, más los intereses moratorios a la tasa máxima vigente en la fecha en que se realice el pago y desde el 1º de enero de 1999.

2. Los hechos en que se apoyan tales pretensiones pueden compendiarse de la manera siguiente:

a) Miguel Ángel Arango Puerta, quien murió de infarto en Medellín el 1º de enero de 1999, tenía al momento de su deceso las dos pólizas de seguro de vida antes referidas en las que se indicaba como beneficiaria a su cónyuge, demandante en este proceso. El tomador desde 1985 había adquirido la póliza de seguro de vida 215308, la cual fue anulada y reemplazada por la 374918, “porque el agente indujo en error al tomador, pues técnicamente no tenía porque (sic) ser anulada”, dado que las declaraciones de asegurabilidad contenidas “no fueron llenadas por el tomador”.

b) La beneficiaria le reclamó el pago de las pólizas vigentes, y la aseguradora mediante comunicación de 15 de febrero de 1999 lo objetó.

3. La demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones y para enervarlas formuló la excepción de fondo que denominó de “nulidad relativa por reticencia o inexactitud en las declaraciones de asegurabilidad” dadas por el tomador.

4. La primera instancia culminó con sentencia de 2 de mayo de 2001 en la que se declaró probada dicha excepción pero solo respecto de la póliza 444952 expedida el 31 de octubre de 1995; por consiguiente, profirió condena por la póliza 374918 en cuantía de $ 71.701.945, más los intereses moratorios a partir del 3 de mayo de 1999, “en la proporción prevista en el artículo 111 de la Ley 510 de 1999”. Contra dicha decisión interpuso la demandada el recurso de apelación, mas el tribunal la confirmó en todas su partes.

II. Fundamentos del fallo impugnado

Ellos admiten el siguiente resumen:

a) La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que le sirve de respaldo a las decisiones adoptadas en la sentencia de primera instancia “es de tal manera diáfana y convincente (...) que iterar en argumentaciones en pro o en contra, resulta tarea hercúlea”; queda únicamente “por analizar el aspecto que concierne al posible significado de la conducta observada por el demandante para entender que no integre tal excepción, sino otro defecto de magnitud superlativa que signifique su ineficacia”.

b) El artículo 1160 del Código de Comercio, que complementa el artículo 1058, configura el principio denominado por la doctrina como “incontestabilidad”, que por la vía contractual puede extenderse a otros aspectos, “pero que de no estipularse así, el texto colombiano no admite tal extensión para las causas de reticencia que producen nulidad relativa, sino apenas para las que conllevarían a la reducción de la prima”.

c) Que ciertas reticencias puedan llegar a superar el campo de la nulidad relativa para afectar la existencia misma de la causa y generar como secuela la nulidad absoluta del contrato de seguro de vida, tal como lo propone la aseguradora, es tema que ha sido propuesto en foros y congresos, “pero mientras tanto las causas de nulidad son típicas y taxativas y existiendo el régimen de los preceptos antes citados estas divagaciones tan solo ofrecen un innegable interés doctrinario pero no podrían apoyar la decisión del juez”.

d) El régimen especial del Código de Comercio es el que consagra la reticencia como vicio del consentimiento del asegurador para fulminar con nulidad relativa aspectos de la inducción a error y de calidades de dolo, circunstancias que en el escenario del “régimen común del Código Civil ni del Código de Comercio acarrearían tal consecuencia. Y todo en razón de la uberrima fidei que con ahínco se pregona de este contrato”.

e) De aplicarse el fallador a realizar consideraciones de carácter doctrinario estimaría como procedente que en los seguros de vida debiera establecerse para la incontestabilidad un plazo muy corto, puesto que el riesgo involucrado es la duración de la vida humana, cuya probabilidad aumenta y por la circunstancia de que el cálculo técnico tiene como respaldo principal las tablas de mortalidad genéricamente elaboradas. Además, “un sector importante de la doctrina moderna del seguro prescinde en estos contratos de seguro de vida, del concepto mismo de interés asegurable y supedita la validez del contrato al consentimiento de la persona cuya vida se asegura, a la indicación de la edad y de la suma asegurada”.

f) En fin, “no tienen interés consideraciones doctrinarias al efecto y el principio de la no reformatio in pejus hace igualmente sobreabundante otros análisis”.

III. La demanda de casación

Son tres cargos los que se formulan en ella contra la sentencia: el primero con fundamento en la causal segunda de casación por incongruencia, y los dos restantes en la primera, cuyo estudio se hará en el orden propuesto, aunque de manera conjunta el segundo y el tercero, dado que reclaman consideraciones comunes.

Cargo primero

Con fundamento en la causal segunda del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil se ataca la sentencia por incongruente, pues, decidió extra petita “al declarar a favor de la demandante una excepción de mérito no propuesta por ella contra la excepción de nulidad relativa formulada por la persona jurídica demandada”.

En la sustentación del cargo se hacen las siguientes manifestaciones:

a) La parte demandante cuando descorrió el traslado de la excepción de nulidad relativa propuesta por la demandada se opuso a su declaratoria aduciendo que el término que tenía para alegarla ya se había extinguido “y, como consecuencia, la nulidad relativa había prescrito dado que ‘tal como lo dispone el artículo 1750 del Código Civil colombiano, la nulidad relativa debe alegarse dentro de los cuatro años siguientes’, por lo que ‘al ser alegada solo en enero del año 2000 la misma estaba prescrita’”. El mismo argumento se hizo en el alegato de conclusión “cuando dije que el artículo 1750 del Código Civil ordena que la nulidad relativa debe alegarse dentro de los 4 años siguientes”.

b) La demandante “alegó la prescripción extintiva civil de la nulidad relativa con base en el artículo 1750 del Código Civil (supuesto de derecho), con fundamento en que había transcurrido el lapso de 4 años para invocarla (supuesto de hecho), vale decir que su petición o pretensión (declaración de prescripción extintiva civil de la nulidad relativa), la apoyaba en que se había cumplido el término de cuatro años (causa petendi). No puede ser más inequívoco ni elocuente el silogismo propuesto por la demandante”.

c) El tribunal cuando confirmó la sentencia de primera instancia acogió la declaratoria de la prescripción extintiva de la nulidad relativa propuesta como excepción, respecto del contrato de seguro que obra en la póliza 374918, sobre la base de un término de cinco años de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1081 del Código de Comercio. Por consiguiente, no tuvo en cuenta el sentenciador de segundo grado que la prescripción alegada fue de cuatro años y se basó en el artículo 1750 del Código Civil, lo que condujo a que fundamentara “su fallo en petitum y causapetendi no invocados por la demandante, incurriendo con esto en una evidente incongruencia, al tenor de los artículos 306 y 305 del Código de Procedimiento Civil”, de ese modo procedió de oficio sin que pudiera hacerlo.

d) No excusa la incongruencia “que una y otra prescripción extintivas sean la misma cosa, pues no solamente tienen una estructura jurídica diferente (naturaleza, materia, tiempo, interrupción, suspensión, cómputo) sino que su término de cuatro años para personas naturales, se duplica a ocho años cuando se alega respecto de personas jurídicas”.

Consideraciones de la Corte

1. La aseguradora formuló, en relación con la pretensión de reconocimiento y pago de la suma de $ 71.701.945 por concepto del seguro de vida que obra en la póliza 374918 expedida el 29 de julio de 1991, la excepción de nulidad relativa del acuerdo de voluntades sustentado en la reticencia o inexactitud en la que incurrió el fallecido tomador al responder al cuestionario que se le formuló respecto de su estado de salud, en tanto que bajo juramento negó que hubiera sido sometido a cirugías, padecido enfermedades y haber ingresado a hospitales o clínicas, lo que a la postre resultó desvirtuado, pues según las pruebas recaudadas quedó plenamente acreditado que él padeció colangitis, enfermedad de la que fue tratado varias veces con internación en clínicas.

2. Contra la excepción de nulidad propuesta por la demandada, la parte demandante opuso la operancia de la prescripción de cuatro (4) años para alegarla, con fundamento en el artículo 1750 del Código Civil, órbita dentro de la cual estimó que el transcurso del tiempo saneó la eventual nulidad que podía pesar sobre el contrato de seguro.

3. El tribunal le dio cabida a esa excepción situándose en lo dispuesto en la sentencia de la Corte de 3 de mayo de 2000, expediente 5360, donde se dio pleno efecto a la prescripción de la excepción de nulidad relativa por reticencia aplicando el término de cinco (5) años prevista para la extraordinaria en el artículo 1081 del Código de Comercio.

4. A su turno, el recurrente denuncia la inconsonancia del fallo acusado porque el sentenciador quebrantando lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, reconoció a favor de la demandante una prescripción, la extraordinaria de cinco (5) años del artículo 1081 del Código de Comercio, no obstante que la prescripción expresa e inequívocamente formulada por esta fue la de cuatro años del artículo 1750 del Código Civil.

5. Debe dilucidarse, entonces, si se configura la inconsonancia referida en el cargo por el hecho de que el tribunal haya frustrado la excepción de nulidad relativa del contrato de seguro, por haber aplicado la prescripción extraordinaria de cinco (5) años prevista en el artículo 1081 del Código de Comercio, a pesar de haber sido invocada por la demandante la prescripción de cuatro (4) años prevista en el artículo 1750 del Código Civil; aplicación aquella que para el caso de la nulidad relativa del contrato de seguro por reticencia o inexactitud del asegurado, la Corte avaló efectivamente en el fallo citado por el sentenciador.

6. Ahora bien, según lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, la excepción de prescripción debe siempre alegarse en la contestación de la demanda, lo que excluye toda posibilidad de que el juez puede reconocerla de oficio; o dicho más resumidamente, al sentenciador no le está permitido obrar por iniciativa propia para entrar a examinarla.

7. Y es precisamente bajo esa premisa que, en la especie de este proceso, se considera que el tribunal no incurrió en inconsonancia por haber declarado la prescripción extraordinaria de cinco (5) años para dar al traste con la excepción de la nulidad relativa del contrato de seguro, con respaldo en lo previsto en el artículo 1081 del Código de Comercio, en lugar de la que fue alegada por la demandante bajo la égida de los términos de las nulidades relativas del orden civil.

Tal aserto se asienta en que de todos modos la prescripción aducida resulta inescindible del marco de referencia fáctico que motivó la excepción de nulidad relativa por reticencia contra la que precisamente se opuso aquella; vale decir, planteada como fue dicha excepción de nulidad porque hubo reticencia o inexactitud del tomador del seguro, la oposición a la misma por medio de la prescripción en orden a hacerla frustránea, admitía que el tribunal hiciera el análisis correspondiente dentro del marco de las disposiciones del contrato de seguro; claro está, bajo el entendido de que está por fuera de toda duda de que la prescripción se propuso de cara a la susodicha excepción.

8. De allí que la argumentación jurídica para fundamentar la defensa expuesta en forma equivocada, o sea bajo la luz de las normas civiles que son diferentes de las propias del contrato de seguro, no impedía que el fallador, situado en el campo de litigio exacto que tenía ante sus ojos, hubiera provisto sobre el decaimiento de la excepción formulada ante la invocación de la prescripción, cuanto más, si como aquí se observa, la beneficiaria del seguro de vida disputado se opuso expresamente a la prosperidad de la excepción de nulidad relativa tras de aducir que la misma ya se había extinguido por el transcurso del tiempo, que viene a ser el elemento fáctico esencial que encierra la prescripción cuando se propone en cualquier evento como específico medio de defensa.

9. Basta, pues, que se alegue la prescripción, en tanto que la sola expresión de ella envuelve la acusación de abandono que se le endilga a la parte contra quien se opone, para que su examen se imponga al juez dentro del estricto marco legal que corresponda a la respectiva situación jurídica de que se trate; por eso, las inconsistencias que se adviertan en su fundamentación, con mayor razón si tienen venero en el escogimiento de la norma aplicable al caso, no adquieren la significación que le otorga el recurrente de impedir su análisis, por lo que no es dable deducir de la presencia de tales inconsistencias el vicio de procedimiento de la incongruencia extra petita.

10. Por consiguiente, el cargo no está llamado a prosperar.

Segundo cargo

Por la vía indirecta, se impugna la sentencia del tribunal por haber quebrantado los artículos 1058 y 1081 del Código de Comercio, por aplicación indebida; y los artículos 822, 871, 899 ibídem, 1º y 2º de la Ley 50 de 1936 y 1524 del Código Civil, por falta de aplicación, como consecuencia de errores manifiestos de hecho en la apreciación de la prueba.

Para sustentar el cargo el recurrente, en síntesis, adujo lo siguiente:

a) La base fáctica de la excepción de fondo de nulidad relativa por reticencia o inexactitud en las declaraciones de asegurabilidad suministradas por el tomador, estriba en que este al momento de celebrar el contrato “dijo no padecer para entonces enfermedad alguna ni estar en tratamiento médico, ni haber sido hospitalizado o intervenido quirúrgicamente en los últimos cinco años”, información que resultó falsa porque se estableció, en la historia clínica del tomador, que cuando tomó el seguro sufría de colangitis crónica; y se verificó igualmente que para el 29 de julio de 1991, fecha de la primera declaración de asegurabilidad, “había tenido nueve (9) entradas a la Clínica El Rosario, en Medellín, una por colitis y ocho por colangitis, y cuando suscribió la segunda declaración, en 1995, había tenido dos entradas al Hospital Pablo Tobón Uribe por colangitis bacteriana”.

b) La jurisprudencia latinoamericana y la doctrina extranjera han analizado el fraude en el contrato de seguro para concluir que es un deber general combatirlo y, sobre todo, un deber primordial del Estado; de allí que como “el fin del seguro es la indemnización y no el lucro del asegurado”, cuando el acuerdo de voluntades tiene “causa inmoral o ilícita el contrato es nulo de nulidad absoluta”.

c) La posición de la Sala de Casación Civil relativa a la prescripción extraordinaria de cinco (5) años contados desde el perfeccionamiento del contrato, constituye un concepto insular, pues unánimemente en el derecho comparado se observa que dicho término empieza a contarse desde el día en que la aseguradora ha conocido la omisión o reticencia del asegurado, como que a nadie puede imponerse reclamar lo que no conoce.

d) De otro lado, tal fallo se refiere exclusivamente a la reticencia o inexactitud, pero “no alude al engaño, ni a la mala fe, ni al dolo, ni a conductas fraudulentas, como tampoco a la causa ilícita o a la falta de causa, ni a la nulidad”; la reticencia del asegurado con dolo es asimilable al fraude o al engaño, y la reticencia sin dolo es a la que alude la Corte en la citada sentencia.

e) En el contrato de seguro “el dolo en los actos precontractuales y al suscribirse el contrato mismo, no se ubica como un vicio del consentimiento, sino como un elemento o fuente del delito civil, con sus efectos de responsabilidad civil por causa de ‘no observar la conducta que debe observarse’”, como dice un doctrinante que cita el censor. También la causa lícita es un requisito de validez de todo contrato o acto jurídico y, en caso de no existir, la sanción es la nulidad absoluta.

f) El contrato de que aquí se trata está viciado de nulidad absoluta por contener una causa ilícita, pues, como secuela de las enfermedades que padecía ingresó múltiples veces a clínicas y hospitales de Medellín y fue sometido a diversos tratamientos médicos; el tomador “no estaba buscando una protección (que es la finalidad del seguro de vida) sino que estaba persiguiendo una utilidad, es decir, que su causa para contratar el seguro de vida era ilícita”, en tanto que conociendo su estado de salud anterior no lo informó a la aseguradora. Por consiguiente, se trata de una nulidad absoluta por existir una causa ilícita no comprendida en la reticencia a que se refiere el artículo 1058 del Código de Comercio, y al no haber transcurrido veinte años, dicha nulidad absoluta no había prescrito (L. 50/36, art. 1º) y así debió declararla el tribunal; mas aplicó el artículo 1081 del Código de Comercio, todo por causa del error manifiesto en la apreciación de la prueba.

g) No se puede asimilar la causa ilícita a una simple reticencia que es sancionable con la nulidad relativa, porque debe imponerse aquella que es generadora de nulidad absoluta del contrato de seguro; y “si esta nulidad absoluta, por algún tecnicismo o criterio jurídico no se aceptara, en todo caso esa conducta tampoco podría tutelarse, de modo que el contrato de seguro o sería inexistente (al no existir un riesgo asegurable), o ineficaz (al mediar engaño, fraude, mala fe, dolo como delito civil por parte del asegurado)”; o, cuando menos, de conformidad con los principios generales del derecho, la parte demandante no puede beneficiarse de la conducta reprochable del causante tomador del seguro.

Cargo tercero

Por la vía directa se ataca la sentencia por haber quebrantado los artículos 1058 y 1081 del Código de Comercio, por indebida aplicación, y 899 del mismo Código, por falta de aplicación.

En sustento del cargo exponen los siguientes argumentos:

a) La alegada nulidad absoluta del contrato de seguro fue desechada por el sentenciador, sin mayor motivación, tras de expresar que la invocación de la reticencia del tomador como génesis de la misma solamente se ha propuesto en el plano académico pero carece de respaldo legal que únicamente la sanciona con la nulidad relativa. De esta afirmación del tribunal fluye, entonces, que cuando el artículo 1058 del Código de Comercio establece como sanción la nulidad relativa del contrato de seguro por los motivos de reticencia, error o inexactitud, está consagrando un régimen especial que excluye que el contrato de seguro pueda ser afectado por nulidad diferente de la relativa; o sea, que el régimen de la nulidad absoluta consagrado específicamente por el Código de Comercio, para toda clase de contratos, resulta ajeno al contrato de seguro.

b) De ese modo, el tribunal no apreció en el plano jurídico que el contrato de seguro de vida no está exceptuado de los principios generales de las nulidades propios de todos los contratos bilaterales, onerosos y conmutativos, pues no existe norma que lo excluya. De mantenerse el yerro del sentenciador, el contrato de seguro en ningún caso podría ser afectado de nulidad absoluta, ni de figuras mercantiles tales como el abuso de los derechos (art. 830), el enriquecimiento sin causa (831), la buena fe (863), ni se le aplicarían tampoco las demás disposiciones sobre la perfección, validez y nulidad de los contratos en general.

c) El artículo 899 del Código de Comercio consagra la nulidad absoluta del negocio jurídico y si el juzgador hubiera apreciado que dicho precepto no la excluye para el contrato de seguro de vida, la habría tenido que analizar y decretar por causa ilícita; no se hubiera limitado a verificar la nulidad relativa, “so pretexto de que es la única aplicable a tales contratos por mandato del artículo 1058 del Código de Comercio… sin caer tampoco en cuenta que una cosa es la reticencia (como causal de nulidad relativa del contrato) y otra cosa la causa ilícita (como casual de nulidad absoluta de todos los contratos mercantiles, incluido el de seguro)”.

Consideraciones de la Corte

1. De entrada observa la Corte que el quid del asunto pende enteramente de la respuesta que en el plano estrictamente jurídico debe darse a la acusación que propende por la nulidad absoluta del contrato de seguro, en lugar de la relativa reconocida en el fallo impugnado, bajo el alero de la causa ilícita derivada de la reticencia que se le imputa al tomador sobre su estado de salud precedente, pues solamente abriéndose paso a tal efecto, sería dable recaer sobre la cuestión fáctica que informa este caso; análisis al cual se procede a continuación.

2. El artículo 1058 del Código de Comercio dispone que “El tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinen el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por el asegurador. La reticencia o inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo hubieran retraído de celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa del seguro...”.

(...).

“Si la inexactitud o reticencia provienen de error inculpable del tomador, el contrato no será nulo, pero el asegurador solo estará obligado, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación asegurada ...

Las sanciones consagradas en este artículo no se aplican si el asegurador, antes de celebrarse el contrato, ha conocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre que versan los vicios de la declaración, o si, ya celebrado el contrato, se allana a subsanarlos o los acepta expresa o tácitamente”.

3. Dicho texto legal se halla inspirado en la estricta buena fe que, como principio insustituible, debe rodear tanto la celebración como la ejecución del contrato de seguro, y de él se puede deducir lo siguiente:

1. Que la obligación del tomador de pronunciarse sinceramente frente al cuestionario que le formule el asegurador con el fin de establecer el estado del riesgo asegurado, no tiene por fuente misma el contrato de seguro sino que opera en la fase previa a su celebración y tiene por objeto garantizar la expresión inmaculada de la voluntad del primero de consentir en dicho vínculo o de abstenerse de hacerlo, o de contraerlo pero bajo condiciones más onerosas.

2. De ese modo la formación del consentimiento de la aseguradora libre de vicios, y en cuanto prevé los efectos específicos de la inexactitud y de la reticencia que provengan de error inculpable del tomador distintos de la nulidad relativa que consagra como principio general, significa que esta como sanción fue concebida para los casos en que el tomador obre con dolo o culpablemente.

3. No importan, entonces, los motivos que hayan movido al tomador para comportarse sin fidelidad a la verdad, incurriendo con ello en grave deslealtad que a su vez propicia el desequilibrio económico en relación con la prestación que se pretende de la aseguradora, cuando se le ha inquirido para que dé informaciones objetivas y de suficiente entidad que le permitan a esta medir el verdadero estado del riesgo; sea cual haya sido la razón de su proceder, con intención o con culpa, lo cierto es que la consecuencia de su proceder afecta la formación del contrato de seguro, por lo que la ley impone la posibilidad de invalidarlo desde su misma raíz.

4. La sanción de la nulidad relativa remedia los vicios del error y del dolo que afectan el consentimiento otorgado por el asegurador en la creencia de que el tomador obró con sinceridad, y por lo mismo si con ella se reprueba la conducta del último en la etapa previa a la celebración del contrato de seguro, superada esta fase, ora porque no se dio la reticencia o la inexactitud, ora porque se dio sin culpa, ora porque habiéndose presentado la una o la otra el asegurador pudo verificar el vicio de la declaración o la aceptó posteriormente de modo expreso o tácito, o en fin por efecto de la prescripción, no queda ningún otro camino para dejarlo sin efecto que el indicado en el citado precepto.

5. En esa medida, la nulidad absoluta del contrato de seguro por causa ilícita por la que propende el censor no tiene cabida, pues tampoco es posible, respecto de idénticos hechos consistentes en el propósito de defraudar a la compañía para lo cual se la engaña a fin de que contraiga las obligaciones derivadas del acuerdo de voluntades, deducir al mismo tiempo la sanción de la nulidad absoluta y la relativa de este vínculo.

6. Es palmario que el legislador quiso arropar la falta de lealtad del tomador y su obrar contrario a la buena fe únicamente bajo la sanción de la nulidad relativa, desde el ámbito de la formación del consentimiento, con lo cual, en ejercicio de una actividad que le es propia y para la cual se halla facultado, construyó un régimen particular que inclusive alcanza a superar en sus efectos el ordenamiento común de los vicios del consentimiento, frente al que, tal como fue instituido en el citado artículo 1058, no puede el intérprete hacer distingos; así, se observa que tan específica sanción, la nulidad relativa, se produce independientemente de que el siniestro finalmente no se produzca como consecuencia de los hechos significativos negados u ocultados por el tomador del seguro.

Y puesto que el legislador es autónomo para contemplar los hechos constitutivos de nulidad adscribiéndolos a las especies de la relativa o la absoluta, se impone concluir que por el hecho de que el tomador actúe con dolo, esto es, con la intención positiva de inferir daño al asegurador para lo cual se vale de maniobras engañosas, como la inexactitud y la reticencia pueden serlo, con el fin de obtener el pago de una indemnización que no hubiera obtenido de no haber incurrido en tales actos u omisiones, o que la habría conseguido pero contratando el seguro bajo condiciones más onerosas, no puede afirmarse que se trata de uno de los eventos de causa ilícita.

7. Como ya se dijo, la norma que se comenta contempló esa hipótesis como un fenómeno que únicamente da lugar a la nulidad relativa, motivo por el cual no es posible, bajo la égida del régimen común civil o comercial, deducir la nulidad absoluta, claro está, bajo el entendido de que tampoco resulta admisible que, por vía de interpretación, se extienda la sanción a un acto jurídico distinta de la específica que la ley contempla para él justamente para distinguirlo de otros.

Incluso como el dolo solo vicia el consentimiento cuando es obra de una de las partes y “cuando aparece claramente que sin él no hubiera contratado”, según reza el artículo 1515 del Código Civil, y la causa es el motivo que induce al acto o contrato, siendo ilícita la que es prohibida por la ley, o es contraria a las buenas costumbres o al orden público, según dispone el artículo 1524 ibídem, nunca el primero degenera en la segunda, en ninguno de los regímenes mencionados, que en punto de tales aspectos es común por expreso mandato del artículo 822 del Código de Comercio. Ciertamente que el fraude imputable a una de las partes contratantes no es un hecho propio y exclusivo de la causa ilícita, como parece entenderlo el censor, ya que el dolo también apunta a fraguarlo.

Vertido lo anterior al contrato de seguro, bien se observa que la reticencia de quien aparece en él como tomador, siendo amañada o intencional, apenas conforma una especie calificada del dolo dispuesta bajo los términos y consecuencias señaladas en el artículo 1058 del Código Mercantil que atienden a la naturaleza de ese vínculo jurídico. Y siendo reprimido el dolo, entonces, únicamente con la sanción de la nulidad relativa, no asoma ninguna posibilidad de trastocar ese preciso efecto por el de la nulidad absoluta, ni siquiera acudiendo al régimen común o general.

8. En fin, debe añadirse, como lo dijo el doctrinante J. Efrén Ossa G., en su obra Teoría general del seguro: El contrato, p. 298, que en verdad “el vicio que afecta la voluntad del asegurador, como consecuencia de la declaración inexacta o reticente, deja intactos el objeto (esto es, el interés asegurable) y la causa (esto es, el riesgo) del contrato. Que el grado de peligrosidad del riesgo desborde las previsiones del contrato, la prima entre ellas, no obsta a su subsistencia ni, desde luego, a la del interés respectivo. Y de ahí la nulidad relativa con que lo fulmina la ley”.

A lo cual agregó tal autor lo siguiente: “el consentimiento del asegurador es otorgado con base en la declaración de estado del riesgo. Y debe ser exento de todo vicio para que el contrato de seguro sea válido. Mal podrá ser fuente de obligaciones, si la declaración deforma el concepto del riesgo e induce al asegurador —prevalido de la estricta buena fe que es de la misma entraña del seguro— a formarse un juicio equivocado acerca de la extensión y alcance de los peligros que ha de asumir (...), [eso y para poner mejor cubierto las situaciones de fraude], es lo que explica, a través del artículo 1058 del Código de Comercio, el régimen especial de los vicios del consentimiento del asegurador en el contrato de seguro..., al cual solo escapa la fuerza que, como tal, tan solo podría invocarse a la luz del derecho común...”.

4. Por consiguiente, si de acuerdo con lo expuesto no es posible jurídicamente desembocar por los hechos que perfilan la inexactitud o la reticencia del tomador en la nulidad absoluta del contrato de seguro por causa ilícita, permanece en pie el argumento central del tribunal que, basado en la especificidad y unicidad de la sanción de la nulidad relativa contemplada en el artículo 1058 del Código de Comercio, no le abrió paso a las inquietudes que allá en instancia también planteó el censor a ese respecto; y como consecuencia de ello no es necesario verificar los hechos supuestamente constitutivos de la causal de nulidad absoluta por la que aquí se propende.

Si bien es cierto que alguna parte de la doctrina es partidaria de que cuando se presenta reticencia en la declaración de asegurabilidad del tomador del seguro de vida la sanción a imponer por una conducta de semejante laya sea la de la nulidad absoluta del acuerdo de voluntades, esto no es más que una opinión, un concepto, respetable por lo demás, pero inaceptable por existir norma expresa que le da un significado y una consecuencia jurídica diferente a dicha conducta y que, en el caso concreto del ya citado artículo 1058 ibídem, es la nulidad relativa.

5. Por consiguiente, ninguno de los dos cargos da pie para casar la sentencia del tribunal.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 12 de septiembre de 2001 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario arriba referido.

Se condena en costas del recurso de casación a la parte recurrente, las cuales serán tasadas en su oportunidad.

Notifíquese y devuélvase.

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